Edmundo Bermea de León
Expediente 698/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 698/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Edmundo Bermea de León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de proveído de veintidós de septiembre del año en curso (fojas 79 a 84), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido de la sentencia de referencia. (.) En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo señalada, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo citada, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Finalmente, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos, el informe justificado rendido por la autoridad: Comisario de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad. Por tanto, póngase a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte lo siguiente: Mediante escrito recibido por la Secretaria de Guardia, a las veintitrés horas con diez minutos del ocho de septiembre de dos mil quince, Izzamary Bermea de León, en representación de Edmundo Bermea de León, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables denominadas: Encargado, Jefe y/o Comandante del Grupo de Armas y Tácticas Especiales "G.A.T.E". Ciudad. Delegada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Norte I. Ciudad. Agente Investigador del Ministerio Público del Primer Turno de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Delegación Norte I. Ciudad. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Investigadora, Mesa Uno. Ciudad. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa Segunda Investigadora. Ciudad. Comisario de Seguridad Pública Municipal, ciudad. Comisario y/o Director de la Policía Estatal Acreditable, ciudad. Por el acto reclamado siguiente: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- La DESAPARICION FORZADA de EDMUNDO BERMEA DE LEON, aunado a su ilegal detención, retención, incomunicación y puesta en peligro de su vida, actos que en tracto sucesivo han realizado las diversas autoridades señaladas en la presente como responsables bajo las consideraciones y antecedentes de hecho que se narran en el apartado correspondiente.". En la citada fecha, se ordenó por conducto de la Actuaria de la adscripción, la ratificación del escrito de demanda por parte del quejoso directo y se ordenó suspender de plano los actos reclamados a las responsables. En esa tesitura, de la razón actuarial de nueve de septiembre de dos mil quince (foja 14), efectuada por la funcionaria adscrita se advierte que el quejoso directo Edmundo Bermea de León, ratificó la demanda de amparo promovida en su favor. De ese modo, mediante proveído de diez de septiembre de dos mil quince (fojas 59 a 62), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, es hecho notorio para este Juzgador, que en este órgano jurisdiccional, en el área de procesos penales, se ventila la causa penal número 93/2015-III, instruida contra el aquí quejoso Edmundo Bermea de León, y otros como probable responsable en la comisión de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, con la agravante estipulada en el penúltimo y último párrafo del mismo articulado, en relación con el artículo 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína, con fines de comercio en la hipótesis de venta, previsto y sancionado en el artículo 476, en relación con los diversos 234, 237 y 245 de la Ley General de Salud, en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal; portación de arma de fuego de uso exclusivo de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso a), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, posesión de cartuchos de uso exclusivo de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, Quat, fracción I, en relación con el diverso 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal. En ese sentido, de lo narrado y conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65, de la Ley de Amparo , se desprende la posibilidad que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de dicha ley, la cual de actualizarse, provoca el sobreseimiento en el juicio de amparo. En el caso, se patentiza de manera indudable y manifiesta la actualización de una de ellas, antes de la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente que dice: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)" Del análisis al numeral 61 que antecede, se advierte que la fracción XVII establece que el juicio de amparo es improcedente por cambio de situación jurídica, cuando por regla general, se producen los supuestos siguientes: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Orientan esta interpretación en lo conducente, los criterios jurisprudenciales emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visibles a fojas doscientos diecinueve y ciento noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, y VIII-septiembre de mil novecientos noventa y uno, de la Novena y Octava Épocas, con registros electrónicos 199808 y 222034, respectivamente, que textualmente dicen: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguientes requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último". En este caso particular, es evidente que se actualizan uno a uno los elementos esenciales que integran la causa de improcedencia de mérito, debido a que mediante oficio número 1590/2015, el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Agencia Segunda Investigadora, con residencia en esta ciudad, remitió a este Tribunal el original y duplicado de la averiguación previa número AP/PGR/COAH/PN-II/316B/2015, a través de la cual ejerció acción penal contra el ahora quejoso, como probable responsable en la comisión de los delitos mencionados anteriormente. En ese sentido, este órgano jurisdiccional, el dieciocho de septiembre de dos mil quince, resolvió la situación jurídica del impetrante de amparo determinando en la parte que interesa lo que a continuación se transcribe: "...PRIMERO. Han quedado acreditados los elementos constitutivos del cuerpo del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, con la agravante estipulada en el penúltimo y último párrafo del mismo articulado, en relación con el artículo 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína, con fines de comercio en la hipótesis de venta, previsto y sancionado en el artículo 476, de la Ley General de Salud; así como, la probable responsabilidad penal de Edmundo Bermea de León, José Guadalupe Salazar Banda, Osvaldo Gabriel Banda y/o Osvaldo Gabriel Banda Escandón y Pilar Fabián Santos Mejía, en su comisión, en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal. Asimismo, quedaron acreditados los elementos constitutivos del cuerpo de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso a), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, posesión de cartuchos de uso exclusivo de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, Quat, fracción I, en relación con el diverso 11, inciso a), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; así como, la probable responsabilidad penal de Edmundo Bermea de León, en su comisión, en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal. SEGUNDO. En consecuencia, siendo las catorce horas con treinta minutos del dieciocho de septiembre de dos mil quince, encontrándonos dentro del término constitucional prorrogado, se decreta auto de formal prisión contra Edmundo Bermea de León, José Guadalupe Salazar Banda, Osvaldo Gabriel Banda y/o Osvaldo Gabriel Banda Escandón y Pilar Fabián Santos Mejía, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos precisados en el resolutivo que antecede.". Circunstancia que se trae a colación como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que forma parte de un expediente del índice de este Juzgado. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 74/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página novecientos sesenta y tres, del tomo XXIII, junio de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 174899, que dice: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento". Además, la tesis de jurisprudencia número XXII. J/12, que sustenta el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página doscientos noventa y cinco, del tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 199531, que es de la literalidad siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Con lo narrado, se concluye que, si el acto reclamado se hizo consistir principalmente en la ilegal privación de la libertad, atribuido a las autoridades responsables que refiere en su demanda de amapro, y en la actualidad la situación jurídica del quejoso se rige por el auto de formal prisión antes mencionado; es evidente entonces que ha operado el cambio de situación jurídica del peticionario de amparo, porque inicialmente la afectación era la ilegal privación de la libertad de éste, sin embargo al resolverse su situación jurídica reiteradamente operó un cambio en ella, por lo que es indiscutible que, tal determinación hace que la violación reclamada se considere irreparablemente consumada, y por lo mismo resulta imposible jurídicamente analizar la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, toda vez que al estar sujeto al auto de formal prisión que se le dictó dentro del término constitucional, se actualiza la citada causal de improcedencia. Por tanto, la ilegal privación de la libertad, que se impugna no puede válidamente analizarse en este juicio de amparo desde el momento en que se resolvió su situación jurídica, porque esa nueva figura, constituye un obstáculo legal para que se emita pronunciamiento alguno respecto del acto reclamado en este juicio, sin que se afecte en su caso la nueva situación jurídica de aquí quejoso. En apoyo a lo anterior, cabe citar por analogía la jurisprudencia II.1o.P.J/3, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, febrero de dos mil, página novecientos cuarenta, Novena Época, con registro electrónico 192468, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA DEL QUEJOSO, SEGÚN REFORMAS A LA LEY DE AMPARO DE OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE. Cuando la parte quejosa promueve el juicio biinstancial contra una orden de aprehensión y se allega al mismo el informe del Juez responsable en el que se hace del conocimiento del federal, que se ha dictado contra aquélla auto de formal prisión, ello actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, de acuerdo a las últimas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, en vigor al día siguiente, en virtud de que las violaciones reclamadas se consideran irreparablemente consumadas, al acontecer un cambio de situación jurídica del impetrante". Cabe mencionar igualmente por analogía y en lo que interesa, la diversa tesis IV.2º.P.43 P, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, localizable en la página mil trescientos setenta y tres, del tomo XXX, octubre de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 166233, que literalmente dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO).Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación". Apoya igualmente por analogía, la tesis jurisprudencial, II.3o.J/59, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se localiza en la página cincuenta y siete, del tomo, 70, octubre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, con registro número 214594, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR. La aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, son los motivos a través de los cuales se pueden restringir la libertad personal; teniendo cada una de estas modalidades características peculiares. Al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos a que se ha hecho mención, se le denomina situación jurídica; de tal manera que cuando ésta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, desapareciendo así los efectos del acto reclamado, lo que hace improcedente el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con treinta minutos del veintiuno de octubre de dos mil quince (fojas 59 a 62). Sin que en el caso resulte necesario adjuntar copias certificadas de las constancias relativas del proceso penal que se cita como hecho notorio, solo en el caso de que la presente determinación sea recurrida adjúntense las copias certificadas conducentes.
- Principal
El día de hoy queda notificada la parte quejosa por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de veintidós de septiembre de dos mil quince, dictado dentro del juicio de amparo, en el que se determinó que se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, por lo que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; lo anterior, por no haberse presentado la parte quejosa ni sus autorizadas a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.
- Principal
Vista la cuenta, agréguense a los autos, los informes justificados rendidos por las autoridades relacionadas : Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Investigadora, Mesa Uno, con residencia en esta ciudad. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Mesa Segunda Investigadora, con residencia en esta ciudad, y anexo Por tanto, pónganse a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo vigente, se tiene como prueba del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Mesa Segunda Investigadora, con residencia en esta ciudad, la documental que acompaña a su informe de cuenta; probanza que se admite y se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · 8,673 expedientes
- Edith Eunice García Ramírez227/2017
- Edith Hernández Pérez264/2015
- Edith Paez Vigaud285/2022
- Edith Sofia Vallejo Murillo539/2023
- Edith Xiomara Ramírez Ordoñez848/2022
- Edith Yuriana Rodríguez Berain288/2019
- Edna Ariana García Rubio760/2019
- Edna Aurora Fuentes Flores124/2022
- Edna Griselda Regino Zapata1419/2021
- Edna Leticia García Medrano506/2015
- Edna Rocio Treviño González188/2015
- Edna Yuritzy López Zamorano227/2021