Edith Cortés Ramírez
Expediente 53/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 53/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/04/2021
Partes del expediente
- Edith Cortés Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos del que se advierte: Litis constitucional. Parte quejosa. Edith Cortés Ramírez, por propio derecho. Terceros interesados. No existen. Autoridades responsables. 1. Servicios de Salud del Estado de Puebla; 2. Secretaría de Salud del Estado de Puebla; y, 3. Directora de Operación de Personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. Acto reclamado: El oficio DOP/9207/2020 de catorce de diciembre de dos mil veinte, signado por la Directora de Operación de Personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en el que se le niega a la quejosa la entrega del aviso de baja de un ex trabajador que aduce fue su concubino y las prestaciones y beneficios económicos a que tendría derecho con motivo su fallecimiento. Sobreseimiento fuera de audiencia. Es menester precisar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Bajo este contexto, es conveniente señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si en atención a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Con base en lo anterior, la improcedencia notoria y manifiesta que se advierte en este caso deriva, esencialmente, del hecho consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales la ley que los rige prevé un recurso o medio de defensa legal mediante el cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, esto es, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Como se ve, el artículo en cuestión enarbola el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que tiene su razón de ser en la extraordinariedad que caracteriza a ese medio de control constitucional, que implica que solo puede solicitarse cuando se han agotado las vías ordinarias; en el entendido que solo será exigible el agotamiento de un juicio, recurso o medio de defensa, si se encuentra previsto en la ley. Además, establece que la necesidad de agotar el principio de definitividad se encuentra condicionada a: 1) que con la interposición del juicio, recurso o medio de defensa ordinario se puedan suspender los efectos de los actos impugnados; 2) que para el otorgamiento de dicha suspensión no se establezcan mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo; y 3) que no se prevea un plazo mayor al que establece la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión provisional. Los anteriores supuestos, en el caso de no cumplirse actualizan una excepción al mencionado principio, con independencia de que los actos reclamados sean o no suspendibles. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 115/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Ahora, del referido precepto legal y del criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte, se advierte que existen excepciones al principio de definitividad, a saber: a) Si el acto reclamado afecta a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emana; b) Si se trata de un acto administrativo respecto del cual la ley que lo rige exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para suspender su ejecución; c) Si el acto reclamado implica una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; d) Si el acto reclamado implica peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; e) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal, o el acto reclamado carezca de fundamentación; f) Cuando el juicio, recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; g) Cuando se reclama una ley con motivo del primer acto de aplicación, en términos del artículo 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. h) Se trate de un acto administrativo unilateral, cuya fundamentación y motivación pueda ser complementada por la autoridad en el informe justificado. En la especie, los antecedentes más relevantes que le dieron origen al acto reclamado, son los siguientes. Por escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veinte y dirigido a la Directora de Operación de Personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, la quejosa solicitó lo siguiente: (i) se le expidiera el duplicado de la baja laboral del ex trabajador Enrique García Sánchez, para iniciar el trámite de una pensión de viudez; (ii) reclamó la obtención de todas las prestaciones y beneficios económicos generados por el fallecimiento del mencionado trabajador, derivado de que ella había sido su concubina. Para acreditar su carácter de concubina, la quejosa exhibió copia certificada de la resolución de quince de octubre de dos mil veinte, correspondiente al procedimiento no contencioso de información testimonial ad perpetuam sobre relación de concubinato 636/2020 del índice del Juzgado Cuarto de Familiar del Distrito Judicial de Puebla, así como el acta de defunción del señalado trabajador. En contestación a dicha petición, por oficio DOP/9207/2020 de catorce de diciembre de dos mil veinte, la Directora de Operación de Personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla sostuvo que no era posible acceder a sus peticiones, debido a que la copia fotostática del acta defunción que exhibió no contenía nombre en el apartado nombre del cónyuge, aunado a que cualquier conflicto entre beneficiarios debía ser resuelto ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Lo anterior así se advierte del contenido de dicho oficio que a continuación se reproduce: "Por medio del presente le envío un cordial saludo al tiempo que en seguimiento a su escrito, recibido en la Dirección de Operación de Personal el día, 09 de diciembre de 2020, en el que solicita duplicado, de la baja del C. Enrique García Sánchez, así como reclamo de todas las prestaciones y/o beneficios económicos. Al respecto le informo que con fundamento en el artículo 78 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 501 de la Ley Federal del Trabajo, no es posible acceder a su petición toda vez que en la copia fotostática de acta de defunción del C. Enrique García Sánchez, que anexa a su escrito, no contiene ningún nombre en el apartado "nombre del cónyugue" [sic], así mismo cualquier conflicto de beneficiarios, en relación al señalado deberá ser resuelto ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje." Dicho oficio constituye el acto reclamado. Como se advierte, la Directora de Operación de Personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla negó a la quejosa la expedición del documento que contenía la baja del trabajador señalado, así como las prestaciones y beneficios económicos a las que tendría derecho con motivo su fallecimiento, al considerar que del acta de defunción exhibida no se advertía que ésta tuviera la calidad de cónyuge, dado que en el apartado correspondiente no aparecía ningún nombre. Bajo este contexto, es relevante traer a colación el contenido de los artículos 2 y 4, último párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, que dispone: "Artículo 2. La Secretaría de Salud, como Dependencia de la Administración Pública Estatal, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que expresamente le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, las demás leyes, reglamentos, acuerdos, decretos, convenios y sus anexos vigentes, así como las que le encomiende la Persona Titular de la Gubernatura del Estado." "Artículo 4. [.] Para planear, establecer, conducir y coordinar la prestación de los servicios de salud, de conformidad con el Sistema Nacional de Salud y las disposiciones jurídicas, la Secretaría, se auxiliará directamente por el Organismo Público Descentralizado denominado "Servicios de Salud del Estado de Puebla." De los preceptos recientemente transcritos se obtiene que la Secretaría de Salud es una dependencia de la administración pública estatal, la cual se auxilia directamente de un organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla, razón por la que queda evidenciado que tales entidades constituyen instituciones públicas de carácter estatal. En razón de lo anterior, a los trabajadores adscritos a las referidas instituciones les resulta aplicable la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicios de los Poderes del Estado de Puebla, en términos de lo dispuesto en su artículo 1, que indica: "Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto el establecimiento de un régimen de seguridad social que garantice el derecho a la salud, la asistencia médica y el bienestar social y cultural de los trabajadores, jubilados, pensionados de las Instituciones Públicas y sus beneficiarios." El artículo recientemente transcrito establece que la señalada ley tiene por objeto establecer un régimen de seguridad social en beneficio de las personas trabajadoras, jubiladas y pensionadas de las instituciones públicas y sus beneficiarias. Por su parte, el artículo 4, apartado A, fracciones I y VII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, dispone lo siguiente: "Artículo 4. El Tribunal tendrá competencia para conocer de: A. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal o municipal con facultades de autoridad, y los particulares; [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario público estatal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla." De la disposición normativa transcrita se desprende que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla tendrá competencia para conocer de las controversias que se susciten entre autoridades administrativas pertenecientes a la administración pública estatal y particulares, así como respecto de cuestiones en materia de pensiones a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla. En esa medida, si la quejosa reclama la negativa de la Directora de Operación de Personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla de proporcionarle el aviso de baja de quien en vida -afirma-fue su concubino, para que pudiera estar en aptitud de solicitar una pensión por viudez, aunado a que también le negó la obtención de las prestaciones y beneficios económicos a las que tendría derecho con motivo su fallecimiento, entonces, se evidencia que se actualizan los supuestos previstos en el citado artículo 4, apartado A, fracciones I y VII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Lo anterior se estima así, debido a que el oficio reclamado contiene una resolución administrativa que se encuentra íntimamente relacionada con la obtención de una pensión a cargo del señalado instituto asegurador, así como con la negativa de que la quejosa pudiera acceder a las prestaciones y beneficios económicos que le corresponderían por haber sido la concubina de un trabajador fallecido. Por tanto, antes de promover esta acción constitucional, la parte quejosa sí tenía a su alcance el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, dado que reclama de autoridades administrativas la negativa de proporcionarle un documento necesario para obtener una pensión a cargo del mencionado instituto asegurador, así como la negativa que le impide acceder a las prestaciones y beneficios económicos que reclamó con motivo del fallecimiento de un trabajador que indica fue su concubino. Además, cabe precisar que en el caso no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad a que antes se hizo referencia. En primer lugar, no se actualiza la hipótesis descrita en el inciso a), dado que la quejosa no puede ubicarse como persona extraña para efectos del juicio de amparo, ya que se trata del destinatario del acto administrativo mencionado, toda vez que el oficio DOP/9207/2020, de catorce de diciembre de dos mil veinte, signado por la Directora de Operación Personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla se encuentra dirigido a la parte quejosa. Al respecto, debe destacarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en distintas épocas, ha desarrollado el concepto de persona extraña o tercero extraño; sin embargo, existe una nota común, a saber: que la parte quejosa se vio afectada por las decisiones o actuaciones llevadas a cabo en un juicio, propiamente dicho o en un procedimiento seguido en forma de juicio; sin embargo, en la especie se trata de un acto autónomo en materia administrativa que se dirigen a la quejosa y que se encuentra relacionado con la obtención última de una pensión y de beneficios económicos en materia de seguridad social. Por tanto, no es posible tener a la quejosa como tercera extraña, dado que, se insiste, no existe un procedimiento seguido en su contra, sino que simplemente no se ha resuelto su solicitud a favor de sus intereses, por lo que no se ha iniciado algún procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Consecuentemente, no resulta aplicable al caso la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. EL TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN NO DEBE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS TRIBUNALES DE AMPARO SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. Al ser una formalidad esencial en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias cuando el quejoso no es emplazado al mismo o es citado en forma distinta de la prevenida por la ley, -lo que le ocasiona el desconocimiento total del procedimiento-, debe equiparársele a un tercero extraño, debido a que esa situación constituye una violación manifiesta a la ley que le produce indefensión, siendo obligatorio para los tribunales de amparo suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, con fundamento en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. En esta circunstancia es factible que promueva el amparo indirecto sin necesidad de esperar el dictado de la resolución definitiva y sin agotar previamente los recursos o medios de defensa legales por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que estima inconstitucional, en razón de que el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado al haber sido emplazados correctamente y, en ningún caso, a los terceros extraños por equiparación, pues en relación con ellos, no se establece en sede constitucional o legal restricción alguna para la promoción del juicio de amparo." En efecto, la jurisprudencia transcrita expresamente se refiere al tercero extraño por equiparación quien no debe agotar los medios ordinarios de defensa por ser actos emitidos en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y, en este caso, se trata de un acto autónomo o aislado de la administración pública estatal, por lo que no aplica dicha excepción. Por estos motivos no debe estimarse a la quejosa como persona extraña para efectos del juicio de amparo y, por ende, estaba obligada a agotar previamente el juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. De igual manera, debe decirse que los actos reclamados no actualizan la excepción prevista en los incisos c) y d), pues no implican una violación a los derechos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal, además tampoco importan peligro de la privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de ese ordenamiento supremo. Por otra parte, la quejosa no combate una ley con motivo de su primer acto de aplicación, por lo que no se actualiza el supuesto señalado en el inciso g). En otro orden de ideas, debe destacarse que si bien la ley que rige los actos reclamados, no prevé de manera expresa un recurso o medio de defensa en su contra, lo cierto es que la parte quejosa estuvo en posibilidad de promover el juicio contencioso local, por lo que tampoco se actualizan los supuestos señalados en el inciso f). Por otro lado, no se advierte que el acto reclamado carezca de fundamentación; aunado a que tampoco se alegan exclusivamente violaciones directas a la Constitución, razón por la que no se actualiza el supuesto señalado en el inciso e). En efecto, del contenido del oficio reclamado se advierte que la autoridad responsable sí fundamentó su determinación, como se observa de la siguiente transcripción: "Al respecto le informo que con fundamento en el artículo 78 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 501 de la Ley Federal del Trabajo, no es posible acceder a su petición toda vez que en la copia fotostática de acta de defunción del C. Enrique García Sánchez, que anexa a su escrito, no contiene ningún nombre en el apartado "nombre del cónyugue" [sic], así mismo cualquier conflicto de beneficiarios, en relación al señalado deberá ser resuelto ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje." En esa medida, se obtiene que en el caso no se actualice la excepción al principio de definitividad consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación. Por otra parte, es importante recordar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece que en el caso de que solo se aleguen violaciones directas a la Constitución, será innecesario que se agoten los recursos o medios ordinarios de defensa En la especie, de un estudio preliminar a la demanda de amparo, se obtiene que la quejosa si bien alega la violación a los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Federal, lo cierto es que también hace valer cuestiones de legalidad, relacionadas con la aplicación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al aducir que sí acreditó su carácter de concubina. De esta manera, dado que la excepción al principio de defintividad en análisis exige necesariamente que solo se planteen violaciones directas a la Constitución, lo que como se dijo, no acontece en la especie, entonces se arriba a la convicción de que no se configura el señalado supuesto. Al respecto, resulta ilustrativo el siguiente criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Así como el siguiente criterio jurisprudencial del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que establece lo siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." Asimismo, es preciso acotar que el acto que se reclama tampoco participa de la naturaleza de aquellos que se catalogan como actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral, por lo que no se actualiza el supuesto de excepción contenido en el inciso h). Bajo este contexto, sobre los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral, resulta conveniente traer a colación la queja 6/2016 resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, que en lo que interesa dice: "59. Como se puede observar, de las referidas disposiciones se desprenden dos aspectos importantes que, según se vio en párrafos que anteceden, deben ser analizados como parte de un sistema: A) La posibilidad de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado complemente el acto reclamado - tratándose de aquellos materialmente administrativos-, al cual se le atribuye la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación; y B) Que en los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se debe analizar el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la responsable al rendir su informe; so pena que de no cumplir con tales requisitos, en la misma resolución concesoria del amparo se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. 60. Así pues, es importante precisar que el acto administrativo se define como aquella declaración de voluntad unilateral y concreta, dictada por un órgano de la administración pública en ejercicio de su competencia administrativa, cuyos efectos son directos e inmediatos. 61. En tanto que el procedimiento administrativo debe ser entendido como el conjunto de actos que concurren directa o indirectamente en la producción del acto administrativo. 62. Sobre este último aspecto, este Alto Tribunal ha establecido a través de tesis aislada y de jurisprudencia que dichos procedimientos se distinguen generalmente de la siguiente manera: A) Los instaurados en forma unilateral por la autoridad administrativa para verificar el cumplimento de los particulares a disposiciones de índole administrativa, en los que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas y alegar; B) Los que se sustancian a solicitud de parte interesada para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos y concesiones; C) Los que -por vía de control- buscan tutelar derechos e intereses particulares que se ven afectados por los actos administrativos (recursivo); los cuales, siguiendo las formalidades de un juicio exigidas por el artículo 14 Constitucional -oportunidad de conocimiento y oportunidad probatoria- han de concluir con una resolución que confirme, modifique o revoque el actuar administrativo objetado; y D) Aquellos en los que intervienen particulares con intereses opuestos y que definen una situación jurídica en concreto. 63. Según se advierte, este tipo de procedimientos se caracterizan por la intervención del gobernado, cuyo resultado no es discrecional de la autoridad sino que debe ser acorde con el derecho ejercido y con las formalidades establecidas para tal efecto. Lo anterior es así, ya que al formular alguna petición o bien, al emprender el ejercicio de un derecho (como por ejemplo el hecho de comparecer en sede administrativa a ofrecer pruebas para desvirtuar el incumplimiento a disposiciones de tal naturaleza o, la posibilidad de dirimir algún conflicto por vía de control o incluso, entre particulares), necesariamente debe existir una contestación o una resolución que dirima la situación jurídica en particular, so pena de contrariar lo establecido en los artículos 6°, 8°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 64. Ahora bien, en razón de lo anteriormente expuesto, esta Segunda Sala arriba a la conclusión de que cuando el artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece que: "[.] En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado" y que "Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración"; no debe entenderse referido a cualquier tipo de asunto administrativo, sino sólo respecto de aquellos actos materialmente administrativos emitidos de forma unilateral por un órgano de la administración pública (en los que no tiene intervención el gobernado y por tanto, son discrecionales), por corresponder precisamente a la naturaleza de la acción administrativa, es decir, porque configuran la voluntad unilateral y concreta emitida por la autoridad administrativa, cuyos efectos son directos e inmediatos. 65.Se afirma lo anterior, si se toma en consideración que cualquier acto administrativo diferente de los anunciados, que recae a una solicitud de parte interesada o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, por citar algunos ejemplos, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario quedaría inaudita la violación alegada, bajo el argumento de que la autoridad responsable al rendir su informe de ley no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que por lo tanto, existe "un impedimento para reiterarlo", lo cual no es acorde con los objetivos del amparo, como lo es el restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a que respete dicho derecho. 66. De ahí que, tratándose de este tipo de actos, necesariamente éstos deben ser apreciados tal y como aparecen probados ante la autoridad responsable, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Amparo. 67.En ese orden de ideas, es que el referido enunciado no debe ser entendido respecto a cualquier tipo de asunto del orden administrativo, sino únicamente respecto de aquellos actos materialmente administrativos emitidos de forma unilateral por un órgano de la administración pública (en los que no tiene intervención el gobernado y por tanto son discrecionales)." Al emprender el análisis del artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso que tales actos se suscitan cuando no tienen intervención las y los particulares y, por lo tanto, son discrecionales, por corresponder precisamente a la naturaleza de la acción administrativa, es decir, porque configuran la voluntad unilateral y concreta emitida por la autoridad administrativa cuyos efectos son directos e inmediatos. Por lo tanto, es posible concluir que los actos reclamados en este caso no pueden catalogarse como actos materialmente administrativo emitidos en forma unilateral, dado que derivan de las solicitudes realizadas por la parte quejosa. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "PETICIÓN. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE ALEGUE VIOLACIÓN A ESE DERECHO, EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. El precepto referido sólo es aplicable tratándose de actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos; de ahí que cuando en la demanda de amparo se alegue violación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de un acto omisivo, aquel numeral resulta inaplicable, por lo que en este supuesto basta con que se dé vista al quejoso con la respuesta que, en su caso, proporcione la autoridad al rendir su informe justificado, para que pueda ampliar su demanda y alegar los vicios de fondo y forma que estime convenientes, pero sin exigir a dicha responsable que en el propio informe formule algún complemento, pues sería tanto como vincular al Juez de Distrito a prejuzgar que en todos los casos la respuesta adolece de falta o insuficiente fundamentación y motivación, no obstante que la persona afectada desconocía su contenido y no estaba, en consecuencia, en aptitud de plantear un argumento en tal sentido." En consecuencia, no se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad, previsto en el párrafo último del numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Bajo ese panorama, como se precisó, el oficio reclamado que contiene la negativa de proporcionarle a la quejosa el aviso de baja de quien en vida -afirma- fue su concubino, para que pudiera estar en aptitud de solicitar una pensión por viudez, aunado a que también le negó la obtención de las prestaciones y beneficios económicos a las que tendría derecho con motivo su fallecimiento, se ubica en el supuesto contemplado en el citado artículo 4, apartado A, fracciones I y VII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla; por lo que, antes de promover la acción constitucional tenía a su alcance el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Entonces, lo único que podría actualizar una excepción al principio de definitividad sería que la ley que rige el acto exigiera mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución, o previera un plazo mayor al que establece la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sin embargo, en relación con ese tema, cabe señalar que la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, ni establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Se concluye lo anterior en términos del siguiente cuadro comparativo: Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Ley de Amparo. Plazo para proveer la provisional: 24 horas (artículo 55, fracción III, inciso c). 24 horas (artículo 112). Requisitos: -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 55, fracción I). -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 128). Plazo para rendir informe: 48 horas (artículo 55, fracción III, inciso d). 48 horas (artículo 138, fracción III). Cuándo se puede solicitar: Desde el escrito inicial o en cualquier momento antes de la sentencia definitiva (artículo 55, fracción III, inciso a). En cualquier momento mientras no se dicte sentencia ejecutoria (artículo 130). Además, debe indicarse que el artículo 55 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla es de contenido esencialmente igual al numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la ejecución del acto impugnado; criterio jurisprudencial que es de rubro siguiente. "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." Consecuentemente, es factible estimar que el juicio contencioso local no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Por ende, se debe sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ante la necesidad de agotar previamente el juicio contencioso local para impugnar el oficio reclamado, dado que no es posible considerar que se actualice la regla prevista en el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, ni la excepción al principio de definitividad que prevé el diverso 61, fracción XX, de ese ordenamiento jurídico. Adicionalmente, debe sostenerse que en contra de la negativa reclamada, al estar relacionada con la obtención de las prestaciones y beneficios económicos a que tendría derecho la quejosa con motivo del fallecimiento de quien afirma fue su concubino [prestaciones de seguridad social], no solamente procede el juicio contencioso administrativo local para cuestionar dicho acto, sino que también resultaba procedente la vía laboral. En efecto, la quejosa también se encuentra en aptitud de impugnar la negativa reclamada ante el órgano en materia de trabajo competente, con motivo de la naturaleza de las prestaciones que precisamente solicitó. Bajo este contexto, es menester puntualizar que la Suprema Corte ha sostenido que las controversias relacionadas con preservar prestaciones de seguridad social, quedan enmarcadas en los objetivos del derecho de trabajo, por lo que es competente para dirimir dicha cuestión, en primera instancia, el órgano en materia laboral que corresponda. Al respecto, resulta aplicable por su contenido la jurisprudencia 2a./J. 9/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO, LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CXLIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 458, con el rubro: "SEGURO SOCIAL. LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 251 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.", sostuvo que al tener las cuotas del seguro social el carácter de contribuciones, y su pago, la naturaleza de una obligación fiscal, la garantía de audiencia puede otorgarse con posterioridad a la baja que ordene el Instituto Mexicano del Seguro Social del régimen obligatorio de los patrones, sujetos obligados y asegurados, por el incumplimiento en el pago de las cuotas respectivas, concretamente a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. Ahora bien, ese criterio, referido a la oportunidad de defensa contra el acto que impida a los trabajadores acceder a las prestaciones en dinero o en especie que dicho Instituto deba proporcionarles por el régimen en el que se encuentran inmersos, dada la naturaleza fiscal de la obligación incumplida, no implica que tales prerrogativas sean de la misma índole, pues se otorgan en función de una relación laboral. En ese sentido, considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sostenido que toda controversia derivada de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a preservar derechos laborales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho de trabajo, en caso de que los trabajadores o sus beneficiarios impugnen una resolución que modifique o extinga una prestación del régimen obligatorio del seguro social previamente otorgada, se concluye que son competentes para conocer del juicio de amparo y sus recursos los órganos que conozcan de la materia laboral, una vez agotado el recurso de inconformidad mencionado, o bien, emitida la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a la cual deben acudir aquéllos, conforme al artículo 295 de la ley citada, en el que se establece una diversa vía de impugnación para los patrones y demás obligados, al disponer que las controversias entre éstos y el citado Instituto se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Además, es relevante señalar que a similar consideración arribó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 95/2015, en la que determinó que en contra de la omisión de dar respuesta a la solicitud de devolución de pagos indebidos que se realicen para la amortización de una crédito otorgado por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, proceden dos vías, a saber: El juicio contencioso administrativo La vía laboral En este sentido, la Segunda Sala sostuvo que la solicitud de devolver los pagos indebidos realizada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, constituye una petición que da origen a una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no de coordinación. Lo anterior, al considerarse que con la falta de contestación a dicha solicitud la Institución referida ejerce sus facultades como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que su actuación debe considerarse acto de autoridad; de ahí que la señalada falta de respuesta sí actualiza una negativa ficta, en contra de la cual es procedente el juicio contencioso administrativo. Por otra parte, se puntualizó que para obtener la devolución de cantidades pagadas en exceso para la amortización de un crédito FOVISSSTE, la petición ante el Instituto y la posterior negativa ficta no es la única vía para hacer valer dicho derecho, toda vez que el interesado está en aptitud también de demandar directamente al Instituto la devolución de dichas cantidades por la vía laboral. Lo anterior, en atención a la naturaleza de la prestación final involucrada, que implicó el correcto desarrollo de la labor encargada al Fondo de la Vivienda relativa al ejercicio del derecho constitucional contenido en el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 del pacto federal. Lo mencionado así se corrobora con las consideraciones que dieron lugar a lo resuelto en la mencionada contradicción de tesis 95/2015, en la que se sostuvo: "SEXTO. Punto de contradicción. Con base en lo antes relatado, se cumplen los requisitos para que se actualice una contradicción de tesis, pues los argumentos en disputa dan lugar a la formulación de una pregunta sobre el tema jurídico planteado, la cual es: ¿La falta de contestación del Fondo de la Vivienda sobre la devolución de cantidades pagadas en exceso para la amortización de un crédito, actualiza el supuesto de alguna de las materias que se requiere para integrar la negativa ficta a que se refiere el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y por tanto procede el juicio de nulidad en su contra? SÉPTIMO. Estudio de la contradicción. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio que aquí se define, atento a las siguientes consideraciones. [.] En ese sentido, no puede pasar desapercibido que la competencia de ese tribunal ya no se limita a la materia fiscal, como cuando se creó, sino que conoce de otras resoluciones de carácter administrativo, como es el caso de las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional, las que se dicten en materia de pensiones civiles a cargo del erario federal o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir daños y perjuicios con motivo de reclamación en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, entre otras. Ahora bien, del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte que el juicio contencioso administrativo procederá contra resoluciones definitivas, actos administrativos y la resolución negativa ficta, entre otros, dictadas por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo. [.] Ahora bien, cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no contesta una petición hecha por el trabajador beneficiario de un crédito FOVISSSTE de devolución de pagos que considera indebidos, realiza dicho acto (u omisión) en ejercicio de sus facultades como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que su actuación debe considerarse acto de autoridad, dado que en términos de los artículos 5 y 167 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto es el encargado de administrar los Fondos de la Vivienda, ordenar los descuentos a las dependencias y entidades encargadas de aportar los recursos, así como vigilar la aplicación de los recursos y atender las solicitudes que al efecto realicen los derechohabientes. [.] Así, es claro que la omisión de responder a la solicitud de devolución de los pagos indebidos realizada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, constituye una petición que da origen a una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no de coordinación. Por lo que la falta de contestación por más de tres meses de las solicitudes de devolución de pagos indebidos que se realicen al Fondo de la Vivienda de dicho Instituto, encuadran en los supuestos que describen los artículos 17 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y por tanto, en las fracciones XI (cuando se habla de solicitudes) o XII (cuando se interpuso el recurso de revisión) del artículo 14, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por lo tanto, en los casos como los que se estudian, se actualiza el supuesto de "alguna de las materias", que se requiere para integrar la negativa ficta a que se refiere el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y por ello son susceptibles de impugnarse con fundamento en la fracción XIV del numeral citado mediante juicio contencioso administrativo ante el mencionado Tribunal Federal. [.] Ahora bien, no pasa inadvertido para esta Segunda Sala que para obtener la devolución de cantidades pagadas en exceso para la amortización de un crédito FOVISSSTE, la petición ante el Instituto y la posterior negativa ficta no es la única vía que tiene el trabajador para hacer valer dicho derecho. Pues por vía de acción podrá el acreditado demandar directamente al Instituto la devolución de dichas cantidades por la vía laboral en atención a la naturaleza de la prestación final, que implica el correcto desarrollo de la labor encargada al Fondo de la Vivienda relativa al ejercicio del derecho constitucional contenido en el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 del pacto federal." Con base en tales razonamientos, la Segunda Sala emitió la jurisprudencia 2a./J. 80/2016 (10a.), de rubro y texto: "FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA FALTA DE CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS INDEBIDOS QUE SE REALICEN PARA LA AMORTIZACIÓN DE UN CRÉDITO OTORGADO POR ÉSTE, ACTUALIZA LA NEGATIVA FICTA IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La solicitud de devolución de los pagos indebidos para la amortización de un crédito realizada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de su Fondo de la Vivienda, constituye una petición que origina una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no de coordinación en el que el Instituto actuó como particular. Por ello, la falta de contestación por más de 3 meses de las solicitudes de devolución de pagos indebidos que se realicen al Fondo de la Vivienda aludido, encuadran en los supuestos que describen los artículos 17 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, por tanto, en las fracciones XI (cuando se habla de solicitudes) o XII (cuando se interpuso el recurso de revisión) del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por tanto, se actualiza el supuesto de "alguna de las materias", requerido para integrar la negativa ficta a que se refiere el artículo 14 indicado, y por ello, es susceptible de impugnarse con fundamento en su fracción XIV, mediante juicio contencioso administrativo ante el mencionado Tribunal Federal. Sin que pase inadvertido que por vía de acción el acreditado podrá demandar directamente al Instituto la devolución de cantidades por la vía laboral, en atención a que el asunto deriva del ejercicio del derecho constitucional contenido en el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por lo tanto, si en la especie las autoridades responsables le negaron a la quejosa la entrega del aviso de baja de un ex trabajador que aduce fue su concubino y las prestaciones y beneficios económicos a que tendría derecho con motivo su fallecimiento, se evidencia que ésta estuvo en aptitud de controvertir tal determinación, ya sea a través del juicio contencioso administrativo local, o mediante la vía laboral ante el órgano competente, precisamente por reclamarse prestaciones o beneficios económicos en materia de seguridad social. En esa tesitura, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las catorce horas con cincuenta minutos del doce de abril de dos mil veintiuno. Por lo tanto, una vez que cause estado este proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Israel Flores Rodríguez, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante José Carlos Ramírez Huezca, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos del que se advierte: *** Sobreseimiento fuera de audiencia. Es menester precisar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Bajo este contexto, es conveniente señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. *** Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si en atención a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Con base en lo anterior, la improcedencia notoria y manifiesta que se advierte en este caso deriva, esencialmente, del hecho consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales la ley que los rige prevé un recurso o medio de defensa legal mediante el cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, esto es, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: *** Como se ve, el artículo en cuestión enarbola el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que tiene su razón de ser en la extraordinariedad que caracteriza a ese medio de control constitucional, que implica que solo puede solicitarse cuando se han agotado las vías ordinarias; en el entendido que solo será exigible el agotamiento de un juicio, recurso o medio de defensa, si se encuentra previsto en la ley. Además, establece que la necesidad de agotar el principio de definitividad se encuentra condicionada a: 1) que con la interposición del juicio, recurso o medio de defensa ordinario se puedan suspender los efectos de los actos impugnados; 2) que para el otorgamiento de dicha suspensión no se establezcan mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo; y 3) que no se prevea un plazo mayor al que establece la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión provisional. Los anteriores supuestos, en el caso de no cumplirse actualizan una excepción al mencionado principio, con independencia de que los actos reclamados sean o no suspendibles. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 115/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). *** Ahora, del referido precepto legal y del criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte, se advierte que existen excepciones al principio de definitividad, a saber: a) Si el acto reclamado afecta a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emana; b) Si se trata de un acto administrativo respecto del cual la ley que lo rige exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para suspender su ejecución; c) Si el acto reclamado implica una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; d) Si el acto reclamado implica peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; e) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal, o el acto reclamado carezca de fundamentación; f) Cuando el juicio, recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; g) Cuando se reclama una ley con motivo del primer acto de aplicación, en términos del artículo 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. h) Se trate de un acto administrativo unilateral, cuya fundamentación y motivación pueda ser complementada por la autoridad en el informe justificado. En la especie, los antecedentes más relevantes que le dieron origen al acto reclamado, son los siguientes. Por escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veinte y dirigido a la Directora de Operación de Personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, la quejosa solicitó lo siguiente: (i) se le expidiera el duplicado de la baja laboral del ex trabajador Enrique García Sánchez, para iniciar el trámite de una pensión de viudez; (ii) reclamó la obtención de todas las prestaciones y beneficios económicos generados por el fallecimiento del mencionado trabajador, derivado de que ella había sido su concubina. Para acreditar su carácter de concubina, la quejosa exhibió copia certificada de la resolución de quince de octubre de dos mil veinte, correspondiente al procedimiento no contencioso de información testimonial ad perpetuam sobre relación de concubinato *** del índice del Juzgado Cuarto de Familiar del Distrito Judicial de Puebla, así como el acta de defunción del señalado trabajador. En contestación a dicha petición, por oficio *** de catorce de diciembre de dos mil veinte, la Directora de Operación de Personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla sostuvo que no era posible acceder a sus peticiones, debido a que la copia fotostática del acta defunción que exhibió no contenía nombre en el apartado nombre del cónyuge, aunado a que cualquier conflicto entre beneficiarios debía ser resuelto ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Lo anterior así se advierte del contenido de dicho oficio que a continuación se reproduce: "Por medio del presente le envío un cordial saludo al tiempo que en seguimiento a su escrito, recibido en la Dirección de Operación de Personal el día, 09 de diciembre de 2020, en el que solicita duplicado, de la baja del C. Enrique García Sánchez, así como reclamo de todas las prestaciones y/o beneficios económicos. Al respecto le informo que con fundamento en el artículo 78 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 501 de la Ley Federal del Trabajo, no es posible acceder a su petición toda vez que en la copia fotostática de acta de defunción del C. Enrique García Sánchez, que anexa a su escrito, no contiene ningún nombre en el apartado "nombre del cónyugue" [sic], así mismo cualquier conflicto de beneficiarios, en relación al señalado deberá ser resuelto ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje." Dicho oficio constituye el acto reclamado. Como se advierte, la Directora de Operación de Personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla negó a la quejosa la expedición del documento que contenía la baja del trabajador señalado, así como las prestaciones y beneficios económicos a las que tendría derecho con motivo su fallecimiento, al considerar que del acta de defunción exhibida no se advertía que ésta tuviera la calidad de cónyuge, dado que en el apartado correspondiente no aparecía ningún nombre. Bajo este contexto, es relevante traer a colación el contenido de los artículos 2 y 4, último párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, que dispone: "Artículo 2. La Secretaría de Salud, como Dependencia de la Administración Pública Estatal, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que expresamente le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, las demás leyes, reglamentos, acuerdos, decretos, convenios y sus anexos vigentes, así como las que le encomiende la Persona Titular de la Gubernatura del Estado." "Artículo 4. [.] Para planear, establecer, conducir y coordinar la prestación de los servicios de salud, de conformidad con el Sistema Nacional de Salud y las disposiciones jurídicas, la Secretaría, se auxiliará directamente por el Organismo Público Descentralizado denominado "Servicios de Salud del Estado de Puebla." De los preceptos recientemente transcritos se obtiene que la Secretaría de Salud es una dependencia de la administración pública estatal, la cual se auxilia directamente de un organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla, razón por la que queda evidenciado que tales entidades constituyen instituciones públicas de carácter estatal. En razón de lo anterior, a los trabajadores adscritos a las referidas instituciones les resulta aplicable la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicios de los Poderes del Estado de Puebla, en términos de lo dispuesto en su artículo 1, que indica: "Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto el establecimiento de un régimen de seguridad social que garantice el derecho a la salud, la asistencia médica y el bienestar social y cultural de los trabajadores, jubilados, pensionados de las Instituciones Públicas y sus beneficiarios." El artículo recientemente transcrito establece que la señalada ley tiene por objeto establecer un régimen de seguridad social en beneficio de las personas trabajadoras, jubiladas y pensionadas de las instituciones públicas y sus beneficiarias. Por su parte, el artículo 4, apartado A, fracciones I y VII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, dispone lo siguiente: "Artículo 4. El Tribunal tendrá competencia para conocer de: A. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal o municipal con facultades de autoridad, y los particulares; [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario público estatal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla." De la disposición normativa transcrita se desprende que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla tendrá competencia para conocer de las controversias que se susciten entre autoridades administrativas pertenecientes a la administración pública estatal y particulares, así como respecto de cuestiones en materia de pensiones a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla. En esa medida, si la quejosa reclama la negativa de la Directora de Operación de Personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla de proporcionarle el aviso de baja de quien en vida -afirma-fue su concubino, para que pudiera estar en aptitud de solicitar una pensión por viudez, aunado a que también le negó la obtención de las prestaciones y beneficios económicos a las que tendría derecho con motivo su fallecimiento, entonces, se evidencia que se actualizan los supuestos previstos en el citado artículo 4, apartado A, fracciones I y VII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Lo anterior se estima así, debido a que el oficio reclamado contiene una resolución administrativa que se encuentra íntimamente relacionada con la obtención de una pensión a cargo del señalado instituto asegurador, así como con la negativa de que la quejosa pudiera acceder a las prestaciones y beneficios económicos que le corresponderían por haber sido la concubina de un trabajador fallecido. Por tanto, antes de promover esta acción constitucional, la parte quejosa sí tenía a su alcance el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, dado que reclama de autoridades administrativas la negativa de proporcionarle un documento necesario para obtener una pensión a cargo del mencionado instituto asegurador, así como la negativa que le impide acceder a las prestaciones y beneficios económicos que reclamó con motivo del fallecimiento de un trabajador que indica fue su concubino. Además, cabe precisar que en el caso no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad a que antes se hizo referencia. En primer lugar, no se actualiza la hipótesis descrita en el inciso a), dado que la quejosa no puede ubicarse como persona extraña para efectos del juicio de amparo, ya que se trata del destinatario del acto administrativo mencionado, toda vez que el oficio DOP/9207/2020, de catorce de diciembre de dos mil veinte, signado por la Directora de Operación Personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla se encuentra dirigido a la parte quejosa. Al respecto, debe destacarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en distintas épocas, ha desarrollado el concepto de persona extraña o tercero extraño; sin embargo, existe una nota común, a saber: que la parte quejosa se vio afectada por las decisiones o actuaciones llevadas a cabo en un juicio, propiamente dicho o en un procedimiento seguido en forma de juicio; sin embargo, en la especie se trata de un acto autónomo en materia administrativa que se dirigen a la quejosa y que se encuentra relacionado con la obtención última de una pensión y de beneficios económicos en materia de seguridad social. Por tanto, no es posible tener a la quejosa como tercera extraña, dado que, se insiste, no existe un procedimiento seguido en su contra, sino que simplemente no se ha resuelto su solicitud a favor de sus intereses, por lo que no se ha iniciado algún procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Consecuentemente, no resulta aplicable al caso la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. EL TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN NO DEBE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS TRIBUNALES DE AMPARO SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. Al ser una formalidad esencial en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias cuando el quejoso no es emplazado al mismo o es citado en forma distinta de la prevenida por la ley, -lo que le ocasiona el desconocimiento total del procedimiento-, debe equiparársele a un tercero extraño, debido a que esa situación constituye una violación manifiesta a la ley que le produce indefensión, siendo obligatorio para los tribunales de amparo suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, con fundamento en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. En esta circunstancia es factible que promueva el amparo indirecto sin necesidad de esperar el dictado de la resolución definitiva y sin agotar previamente los recursos o medios de defensa legales por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que estima inconstitucional, en razón de que el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado al haber sido emplazados correctamente y, en ningún caso, a los terceros extraños por equiparación, pues en relación con ellos, no se establece en sede constitucional o legal restricción alguna para la promoción del juicio de amparo." En efecto, la jurisprudencia transcrita expresamente se refiere al tercero extraño por equiparación quien no debe agotar los medios ordinarios de defensa por ser actos emitidos en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y, en este caso, se trata de un acto autónomo o aislado de la administración pública estatal, por lo que no aplica dicha excepción. Por estos motivos no debe estimarse a la quejosa como persona extraña para efectos del juicio de amparo y, por ende, estaba obligada a agotar previamente el juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. De igual manera, debe decirse que los actos reclamados no actualizan la excepción prevista en los incisos c) y d), pues no implican una violación a los derechos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal, además tampoco importan peligro de la privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de ese ordenamiento supremo. Por otra parte, la quejosa no combate una ley con motivo de su primer acto de aplicación, por lo que no se actualiza el supuesto señalado en el inciso g). En otro orden de ideas, debe destacarse que si bien la ley que rige los actos reclamados, no prevé de manera expresa un recurso o medio de defensa en su contra, lo cierto es que la parte quejosa estuvo en posibilidad de promover el juicio contencioso local, por lo que tampoco se actualizan los supuestos señalados en el inciso f). Por otro lado, no se advierte que el acto reclamado carezca de fundamentación; aunado a que tampoco se alegan exclusivamente violaciones directas a la Constitución, razón por la que no se actualiza el supuesto señalado en el inciso e). En efecto, del contenido del oficio reclamado se advierte que la autoridad responsable sí fundamentó su determinación, como se observa de la siguiente transcripción: "Al respecto le informo que con fundamento en el artículo 78 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 501 de la Ley Federal del Trabajo, no es posible acceder a su petición toda vez que en la copia fotostática de acta de defunción del C. Enrique García Sánchez, que anexa a su escrito, no contiene ningún nombre en el apartado "nombre del cónyugue" [sic], así mismo cualquier conflicto de beneficiarios, en relación al señalado deberá ser resuelto ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje." En esa medida, se obtiene que en el caso no se actualice la excepción al principio de definitividad consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación. Por otra parte, es importante recordar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece que en el caso de que solo se aleguen violaciones directas a la Constitución, será innecesario que se agoten los recursos o medios ordinarios de defensa En la especie, de un estudio preliminar a la demanda de amparo, se obtiene que la quejosa si bien alega la violación a los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Federal, lo cierto es que también hace valer cuestiones de legalidad, relacionadas con la aplicación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al aducir que sí acreditó su carácter de concubina. De esta manera, dado que la excepción al principio de defintividad en análisis exige necesariamente que solo se planteen violaciones directas a la Constitución, lo que como se dijo, no acontece en la especie, entonces se arriba a la convicción de que no se configura el señalado supuesto. Al respecto, resulta ilustrativo el siguiente criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Así como el siguiente criterio jurisprudencial del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que establece lo siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." Asimismo, es preciso acotar que el acto que se reclama tampoco participa de la naturaleza de aquellos que se catalogan como actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral, por lo que no se actualiza el supuesto de excepción contenido en el inciso h). Bajo este contexto, sobre los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral, resulta conveniente traer a colación la queja 6/2016 resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, que en lo que interesa dice: "59. Como se puede observar, de las referidas disposiciones se desprenden dos aspectos importantes que, según se vio en párrafos que anteceden, deben ser analizados como parte de un sistema: A) La posibilidad de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado complemente el acto reclamado - tratándose de aquellos materialmente administrativos-, al cual se le atribuye la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación; y B) Que en los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se debe analizar el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la responsable al rendir su informe; so pena que de no cumplir con tales requisitos, en la misma resolución concesoria del amparo se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. 60. Así pues, es importante precisar que el acto administrativo se define como aquella declaración de voluntad unilateral y concreta, dictada por un órgano de la administración pública en ejercicio de su competencia administrativa, cuyos efectos son directos e inmediatos. 61. En tanto que el procedimiento administrativo debe ser entendido como el conjunto de actos que concurren directa o indirectamente en la producción del acto administrativo. 62. Sobre este último aspecto, este Alto Tribunal ha establecido a través de tesis aislada y de jurisprudencia que dichos procedimientos se distinguen generalmente de la siguiente manera: A) Los instaurados en forma unilateral por la autoridad administrativa para verificar el cumplimento de los particulares a disposiciones de índole administrativa, en los que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas y alegar; B) Los que se sustancian a solicitud de parte interesada para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos y concesiones; C) Los que -por vía de control- buscan tutelar derechos e intereses particulares que se ven afectados por los actos administrativos (recursivo); los cuales, siguiendo las formalidades de un juicio exigidas por el artículo 14 Constitucional -oportunidad de conocimiento y oportunidad probatoria- han de concluir con una resolución que confirme, modifique o revoque el actuar administrativo objetado; y D) Aquellos en los que intervienen particulares con intereses opuestos y que definen una situación jurídica en concreto. 63. Según se advierte, este tipo de procedimientos se caracterizan por la intervención del gobernado, cuyo resultado no es discrecional de la autoridad sino que debe ser acorde con el derecho ejercido y con las formalidades establecidas para tal efecto. Lo anterior es así, ya que al formular alguna petición o bien, al emprender el ejercicio de un derecho (como por ejemplo el hecho de comparecer en sede administrativa a ofrecer pruebas para desvirtuar el incumplimiento a disposiciones de tal naturaleza o, la posibilidad de dirimir algún conflicto por vía de control o incluso, entre particulares), necesariamente debe existir una contestación o una resolución que dirima la situación jurídica en particular, so pena de contrariar lo establecido en los artículos 6°, 8°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 64. Ahora bien, en razón de lo anteriormente expuesto, esta Segunda Sala arriba a la conclusión de que cuando el artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece que: "[.] En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado" y que "Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración"; no debe entenderse referido a cualquier tipo de asunto administrativo, sino sólo respecto de aquellos actos materialmente administrativos emitidos de forma unilateral por un órgano de la administración pública (en los que no tiene intervención el gobernado y por tanto, son discrecionales), por corresponder precisamente a la naturaleza de la acción administrativa, es decir, porque configuran la voluntad unilateral y concreta emitida por la autoridad administrativa, cuyos efectos son directos e inmediatos. 65.Se afirma lo anterior, si se toma en consideración que cualquier acto administrativo diferente de los anunciados, que recae a una solicitud de parte interesada o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, por citar algunos ejemplos, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario quedaría inaudita la violación alegada, bajo el argumento de que la autoridad responsable al rendir su informe de ley no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que por lo tanto, existe "un impedimento para reiterarlo", lo cual no es acorde con los objetivos del amparo, como lo es el restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a que respete dicho derecho. 66. De ahí que, tratándose de este tipo de actos, necesariamente éstos deben ser apreciados tal y como aparecen probados ante la autoridad responsable, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Amparo. 67.En ese orden de ideas, es que el referido enunciado no debe ser entendido respecto a cualquier tipo de asunto del orden administrativo, sino únicamente respecto de aquellos actos materialmente administrativos emitidos de forma unilateral por un órgano de la administración pública (en los que no tiene intervención el gobernado y por tanto son discrecionales)." Al emprender el análisis del artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso que tales actos se suscitan cuando no tienen intervención las y los particulares y, por lo tanto, son discrecionales, por corresponder precisamente a la naturaleza de la acción administrativa, es decir, porque configuran la voluntad unilateral y concreta emitida por la autoridad administrativa cuyos efectos son directos e inmediatos. Por lo tanto, es posible concluir que los actos reclamados en este caso no pueden catalogarse como actos materialmente administrativo emitidos en forma unilateral, dado que derivan de las solicitudes realizadas por la parte quejosa. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "PETICIÓN. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE ALEGUE VIOLACIÓN A ESE DERECHO, EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. El precepto referido sólo es aplicable tratándose de actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos; de ahí que cuando en la demanda de amparo se alegue violación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de un acto omisivo, aquel numeral resulta inaplicable, por lo que en este supuesto basta con que se dé vista al quejoso con la respuesta que, en su caso, proporcione la autoridad al rendir su informe justificado, para que pueda ampliar su demanda y alegar los vicios de fondo y forma que estime convenientes, pero sin exigir a dicha responsable que en el propio informe formule algún complemento, pues sería tanto como vincular al Juez de Distrito a prejuzgar que en todos los casos la respuesta adolece de falta o insuficiente fundamentación y motivación, no obstante que la persona afectada desconocía su contenido y no estaba, en consecuencia, en aptitud de plantear un argumento en tal sentido." En consecuencia, no se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad, previsto en el párrafo último del numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Bajo ese panorama, como se precisó, el oficio reclamado que contiene la negativa de proporcionarle a la quejosa el aviso de baja de quien en vida -afirma- fue su concubino, para que pudiera estar en aptitud de solicitar una pensión por viudez, aunado a que también le negó la obtención de las prestaciones y beneficios económicos a las que tendría derecho con motivo su fallecimiento, se ubica en el supuesto contemplado en el citado artículo 4, apartado A, fracciones I y VII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla; por lo que, antes de promover la acción constitucional tenía a su alcance el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Entonces, lo único que podría actualizar una excepción al principio de definitividad sería que la ley que rige el acto exigiera mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución, o previera un plazo mayor al que establece la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sin embargo, en relación con ese tema, cabe señalar que la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, ni establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Se concluye lo anterior en términos del siguiente cuadro comparativo: Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Ley de Amparo. Plazo para proveer la provisional: 24 horas (artículo 55, fracción III, inciso c). 24 horas (artículo 112). Requisitos: -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 55, fracción I). -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 128). Plazo para rendir informe: 48 horas (artículo 55, fracción III, inciso d). 48 horas (artículo 138, fracción III). Cuándo se puede solicitar: Desde el escrito inicial o en cualquier momento antes de la sentencia definitiva (artículo 55, fracción III, inciso a). En cualquier momento mientras no se dicte sentencia ejecutoria (artículo 130). Además, debe indicarse que el artículo 55 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla es de contenido esencialmente igual al numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la ejecución del acto impugnado; criterio jurisprudencial que es de rubro siguiente. "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." Consecuentemente, es factible estimar que el juicio contencioso local no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Por ende, se debe sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ante la necesidad de agotar previamente el juicio contencioso local para impugnar el oficio reclamado, dado que no es posible considerar que se actualice la regla prevista en el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, ni la excepción al principio de definitividad que prevé el diverso 61, fracción XX, de ese ordenamiento jurídico. Adicionalmente, debe sostenerse que en contra de la negativa reclamada, al estar relacionada con la obtención de las prestaciones y beneficios económicos a que tendría derecho la quejosa con motivo del fallecimiento de quien afirma fue su concubino [prestaciones de seguridad social], no solamente procede el juicio contencioso administrativo local para cuestionar dicho acto, sino que también resultaba procedente la vía laboral. En efecto, la quejosa también se encuentra en aptitud de impugnar la negativa reclamada ante el órgano en materia de trabajo competente, con motivo de la naturaleza de las prestaciones que precisamente solicitó. Bajo este contexto, es menester puntualizar que la Suprema Corte ha sostenido que las controversias relacionadas con preservar prestaciones de seguridad social, quedan enmarcadas en los objetivos del derecho de trabajo, por lo que es competente para dirimir dicha cuestión, en primera instancia, el órgano en materia laboral que corresponda. Al respecto, resulta aplicable por su contenido la jurisprudencia 2a./J. 9/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO, LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CXLIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 458, con el rubro: "SEGURO SOCIAL. LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 251 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.", sostuvo que al tener las cuotas del seguro social el carácter de contribuciones, y su pago, la naturaleza de una obligación fiscal, la garantía de audiencia puede otorgarse con posterioridad a la baja que ordene el Instituto Mexicano del Seguro Social del régimen obligatorio de los patrones, sujetos obligados y asegurados, por el incumplimiento en el pago de las cuotas respectivas, concretamente a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. Ahora bien, ese criterio, referido a la oportunidad de defensa contra el acto que impida a los trabajadores acceder a las prestaciones en dinero o en especie que dicho Instituto deba proporcionarles por el régimen en el que se encuentran inmersos, dada la naturaleza fiscal de la obligación incumplida, no implica que tales prerrogativas sean de la misma índole, pues se otorgan en función de una relación laboral. En ese sentido, considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sostenido que toda controversia derivada de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a preservar derechos laborales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho de trabajo, en caso de que los trabajadores o sus beneficiarios impugnen una resolución que modifique o extinga una prestación del régimen obligatorio del seguro social previamente otorgada, se concluye que son competentes para conocer del juicio de amparo y sus recursos los órganos que conozcan de la materia laboral, una vez agotado el recurso de inconformidad mencionado, o bien, emitida la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a la cual deben acudir aquéllos, conforme al artículo 295 de la ley citada, en el que se establece una diversa vía de impugnación para los patrones y demás obligados, al disponer que las controversias entre éstos y el citado Instituto se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Además, es relevante señalar que a similar consideración arribó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 95/2015, en la que determinó que en contra de la omisión de dar respuesta a la solicitud de devolución de pagos indebidos que se realicen para la amortización de una crédito otorgado por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, proceden dos vías, a saber: El juicio contencioso administrativo La vía laboral En este sentido, la Segunda Sala sostuvo que la solicitud de devolver los pagos indebidos realizada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, constituye una petición que da origen a una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no de coordinación. Lo anterior, al considerarse que con la falta de contestación a dicha solicitud la Institución referida ejerce sus facultades como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que su actuación debe considerarse acto de autoridad; de ahí que la señalada falta de respuesta sí actualiza una negativa ficta, en contra de la cual es procedente el juicio contencioso administrativo. Por otra parte, se puntualizó que para obtener la devolución de cantidades pagadas en exceso para la amortización de un crédito FOVISSSTE, la petición ante el Instituto y la posterior negativa ficta no es la única vía para hacer valer dicho derecho, toda vez que el interesado está en aptitud también de demandar directamente al Instituto la devolución de dichas cantidades por la vía laboral. Lo anterior, en atención a la naturaleza de la prestación final involucrada, que implicó el correcto desarrollo de la labor encargada al Fondo de la Vivienda relativa al ejercicio del derecho constitucional contenido en el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 del pacto federal. Lo mencionado así se corrobora con las consideraciones que dieron lugar a lo resuelto en la mencionada contradicción de tesis 95/2015, en la que se sostuvo: "SEXTO. Punto de contradicción. Con base en lo antes relatado, se cumplen los requisitos para que se actualice una contradicción de tesis, pues los argumentos en disputa dan lugar a la formulación de una pregunta sobre el tema jurídico planteado, la cual es: ¿La falta de contestación del Fondo de la Vivienda sobre la devolución de cantidades pagadas en exceso para la amortización de un crédito, actualiza el supuesto de alguna de las materias que se requiere para integrar la negativa ficta a que se refiere el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y por tanto procede el juicio de nulidad en su contra? SÉPTIMO. Estudio de la contradicción. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio que aquí se define, atento a las siguientes consideraciones. [.] En ese sentido, no puede pasar desapercibido que la competencia de ese tribunal ya no se limita a la materia fiscal, como cuando se creó, sino que conoce de otras resoluciones de carácter administrativo, como es el caso de las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional, las que se dicten en materia de pensiones civiles a cargo del erario federal o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir daños y perjuicios con motivo de reclamación en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, entre otras. Ahora bien, del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte que el juicio contencioso administrativo procederá contra resoluciones definitivas, actos administrativos y la resolución negativa ficta, entre otros, dictadas por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo. [.] Ahora bien, cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no contesta una petición hecha por el trabajador beneficiario de un crédito FOVISSSTE de devolución de pagos que considera indebidos, realiza dicho acto (u omisión) en ejercicio de sus facultades como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que su actuación debe considerarse acto de autoridad, dado que en términos de los artículos 5 y 167 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto es el encargado de administrar los Fondos de la Vivienda, ordenar los descuentos a las dependencias y entidades encargadas de aportar los recursos, así como vigilar la aplicación de los recursos y atender las solicitudes que al efecto realicen los derechohabientes. [.] Así, es claro que la omisión de responder a la solicitud de devolución de los pagos indebidos realizada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, constituye una petición que da origen a una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no de coordinación. Por lo que la falta de contestación por más de tres meses de las solicitudes de devolución de pagos indebidos que se realicen al Fondo de la Vivienda de dicho Instituto, encuadran en los supuestos que describen los artículos 17 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y por tanto, en las fracciones XI (cuando se habla de solicitudes) o XII (cuando se interpuso el recurso de revisión) del artículo 14, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por lo tanto, en los casos como los que se estudian, se actualiza el supuesto de "alguna de las materias", que se requiere para integrar la negativa ficta a que se refiere el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y por ello son susceptibles de impugnarse con fundamento en la fracción XIV del numeral citado mediante juicio contencioso administrativo ante el mencionado Tribunal Federal. [.] Ahora bien, no pasa inadvertido para esta Segunda Sala que para obtener la devolución de cantidades pagadas en exceso para la amortización de un crédito FOVISSSTE, la petición ante el Instituto y la posterior negativa ficta no es la única vía que tiene el trabajador para hacer valer dicho derecho. Pues por vía de acción podrá el acreditado demandar directamente al Instituto la devolución de dichas cantidades por la vía laboral en atención a la naturaleza de la prestación final, que implica el correcto desarrollo de la labor encargada al Fondo de la Vivienda relativa al ejercicio del derecho constitucional contenido en el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 del pacto federal." Con base en tales razonamientos, la Segunda Sala emitió la jurisprudencia 2a./J. 80/2016 (10a.), de rubro y texto: "FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA FALTA DE CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS INDEBIDOS QUE SE REALICEN PARA LA AMORTIZACIÓN DE UN CRÉDITO OTORGADO POR ÉSTE, ACTUALIZA LA NEGATIVA FICTA IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La solicitud de devolución de los pagos indebidos para la amortización de un crédito realizada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de su Fondo de la Vivienda, constituye una petición que origina una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no de coordinación en el que el Instituto actuó como particular. Por ello, la falta de contestación por más de 3 meses de las solicitudes de devolución de pagos indebidos que se realicen al Fondo de la Vivienda aludido, encuadran en los supuestos que describen los artículos 17 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, por tanto, en las fracciones XI (cuando se habla de solicitudes) o XII (cuando se interpuso el recurso de revisión) del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por tanto, se actualiza el supuesto de "alguna de las materias", requerido para integrar la negativa ficta a que se refiere el artículo 14 indicado, y por ello, es susceptible de impugnarse con fundamento en su fracción XIV, mediante juicio contencioso administrativo ante el mencionado Tribunal Federal. Sin que pase inadvertido que por vía de acción el acreditado podrá demandar directamente al Instituto la devolución de cantidades por la vía laboral, en atención a que el asunto deriva del ejercicio del derecho constitucional contenido en el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por lo tanto, si en la especie las autoridades responsables le negaron a la quejosa la entrega del aviso de baja de un ex trabajador que aduce fue su concubino y las prestaciones y beneficios económicos a que tendría derecho con motivo su fallecimiento, se evidencia que ésta estuvo en aptitud de controvertir tal determinación, ya sea a través del juicio contencioso administrativo local, o mediante la vía laboral ante el órgano competente, precisamente por reclamarse prestaciones o beneficios económicos en materia de seguridad social. En esa tesitura, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las catorce horas con cincuenta minutos del doce de abril de dos mil veintiuno. Por lo tanto, una vez que cause estado este proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Israel Flores Rodríguez, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante José Carlos Ramírez Huezca, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Parte quejosa formula alegatos. Agréguese a los autos el escrito de *** -autorizado en términos amplios de la parte quejosa- mediante el cual formula alegatos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene por formulados alegatos, los cuales serán tomados en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional. Pruebas. Por otra parte, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tienen por ofrecidas las pruebas que anuncia en el escrito de pruebas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Lo anterior, sin perjuicio de dar cuenta con las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Informe Justificado. El Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y del organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado. Vista a las partes. Con el contenido del informe de cuenta dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Delegados y domicilio. Por otra parte, en términos de los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que menciona y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que se indica en el informe. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas la pruebas que anuncia en su informe de cuenta, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Comunicación no procesal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se tiene a la autoridad responsable señalando la cuenta de correo electrónico y número de teléfono que señala, a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con la parte en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
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