Edgar Salomón Acosta Rodríguez

Expediente 32/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
32/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • Edgar Salomón Acosta Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio suscrito por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento que dentro del amparo directo civil 39/2021 se admitió la demanda de amparo promovida por Herbert Nelson Jauregui, en cuanto endosatario en procuración de Edgar Salomón Acosta Rodríguez. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado por el Técnico de Enlace Administrativo de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento a lo solicitado por este juzgado, informa que el juicio del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio suscrito por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa de recibo del expediente de amparo 32/2021 del índice de este juzgado, e informa que se avocó al conocimiento del asunto, registrado bajo el número 39/2021. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, del estado que guardan los autos, se advierte que mediante auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, este órgano se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno en que se actúa, declinando la competencia al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, gírese oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil de esta ciudad, para que informe a qué tribunal correspondió conocer del juicio de amparo I-32/2021-Y, promovido por Herbert Nelson Jauregui, en cuanto endosatario en procuración de Edgar Salomón Acosta Rodríguez, del índice de este juzgado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Herbert Nelson Jauregui, en cuanto endosatario en procuración de Edgar Salomón Acosta Rodríguez, contra actos del Juez Primero Menor en Materia Civil con residencia en esta ciudad, carácter que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo por así tenerlo reconocido ante la autoridad responsable. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número I-32/2021-Y. Ahora bien, apreciada íntegramente la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa reclama d, lo siguiente: El acuerdo dictado el once de diciembre de dos mil veinte dentro del juicio ejecutivo mercantil 1168/209, por el cual decretó la caducidad de la instancia. Ahora bien, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el amparo directo procede, entre otras, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que establezca la ley de la materia, salvo que la ley les permita la renuncia de los recursos. En ese contexto y contrario a lo que argumenta la parte quejosa, se estima que el acto reclamado no es de la competencia legal de un Juzgado de Distrito en términos del artículo 170 fracción I de la Ley de Amparo, en virtud de que al haberse declarado la caducidad de la instancia, dicho proveído reviste el carácter de definitivo, contra el cual, al dar por concluido el juicio en lo principal y no existir recurso ordinario en su contra, procede el juicio de amparo directo del que debe conocer un Tribunal Colegiado de Circuito. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 67/2014 (10ª), pendiente de publicar, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CADUCIDAD EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE LA DECRETA EN LOS CASOS EN QUE, POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. En relación con la caducidad de la primera instancia en el juicio mercantil, esta Primera Sala fijó, como regla general, en la jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.), que la resolución que la decreta constituye un auto definitivo y no una sentencia definitiva en su connotación material, para establecer que procede el recurso de revocación en su contra cuando por razón de la cuantía no procede el de apelación. Sin embargo, al existir una connotación formal del término "sentencia definitiva" que deriva de reconocer que existen resoluciones que, sin decidir el fondo del juicio en lo principal, o sea, sin ocuparse de establecer el derecho ni una condena o absolución de partes, se emiten en el momento procesal que corresponde a la sentencia definitiva y con las formalidades y denominación expresa de que se trata de una "sentencia definitiva", es necesario precisar que cuando la decisión sobre la caducidad de la primera instancia ocurre formalmente con el dictado de la sentencia definitiva, resulta improcedente el recurso de revocación ya que, por un lado, tal forma de determinar la caducidad tiene el carácter formal indisoluble de sentencia definitiva y, por otro, porque acorde con el contenido conducente del artículo 1334 del Código de Comercio, el recurso de revocación sólo procede en contra de autos o decretos del juez, pero no en contra de una sentencia definitiva. Lo anterior conduce, además, a abandonar parcialmente el criterio sostenido en la diversa tesis de jurisprudencia 1a./J.96/2011, a fin de precisar que el criterio sustentado en esa jurisprudencia solamente es aplicable a autos, desde un punto de vista formal y material, y no a sentencias definitivas en su connotación formal." Se estima de esta manera, toda vez que de las constancias que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, se advierte que se trata de un juicio ejecutivo mercantil promovido el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual el quejoso es la parte actora y reclamó como suerte principal la cantidad de setenta y cinco mil pesos; de ahí que en la especie resulta aplicable el Código de Comercio posterior a las reformas de diecisiete de abril y treinta de diciembre de dos mil ocho, pues en términos del artículo único transitorio de la primera de las reformas aludidas, los asuntos cuya demanda sea admitida con anterioridad a la entrada en vigor de dicha reforma se tramitarán con las reglas anteriores a ésta y el artículo segundo transitorio de la segunda reforma antes mencionada, señala que sólo será aplicable a las demandas que se admitan con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma de diecisiete de abril de dos mil ocho, como en el presente caso. Ahora bien, en materia de impugnaciones, los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio señalan que únicamente procederá revocación para los autos y decretos que no admitan apelación y conocerá de la revocación el juez que haya conocido del asunto o quien lo sustituya en el conocimiento. Dicho medio de impugnación es reconocido como remedio procesal de tramitación horizontal, pues la misma autoridad que dictó el acuerdo que agravia a una de las partes, podrá resarcirla en tal agravio siempre que se trate de auto o decreto y se interponga la revocación. Por su parte, en el capítulo XXV, relativo a la apelación, el artículo 1339 del ordenamiento legal en cita establece que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a quinientos veinte mil novecientos pesos por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente; hipótesis que en la especie no se actualiza, en virtud de que la suerte principal del juicio de origen es de setenta y cinco mil pesos. En ese contexto y dada la cuantía del negocio, no cabía la apelación contra el acuerdo dictado por el Juez Primero Menor en Materia Civil con residencia en esta ciudad, por el cual declaró la caducidad de la instancia. Empero, tampoco procedía la revocación en contra del acuerdo antes descrito, pues no obstante que la jurisprudencia de rubro: "CADUCIDAD EN EL JUICIO MERCANTIL. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA EN LA PRIMERA INSTANCIA, CUANDO POR RAZÓN DE CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN.", la cual establece que procede la revocación contra la resolución que decreta la caducidad de la instancia cuando por razón de la cuantía no procede la apelación, lo cierto es, que dicho criterio queda superado con el diverso antes invocado de rubro: "CADUCIDAD EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE LA DECRETA EN LOS CASOS EN QUE, POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, NO PROCEDE EL DE APELACIÓN.". Es así, toda vez que al declararse la caducidad de la instancia, tiene como consecuencia directa el dar por concluido el juicio, de ahí que tenga la característica indisoluble de una sentencia definitiva, contra la cual no procede la revocación, ya que el artículo 1334 del Código de Comercio establece que dicho recurso sólo procede en contra de autos y decretos del juez, pero no en contra de una sentencia definitiva, por tanto, el criterio referido en primer término en el párrafo precedente, sólo resulta aplicable a autos desde un punto de vista formal y material y no a sentencias definitivas en su connotación formal, como en la especie acontece; de ahí que al resultar improcedente la revocación y no existir diverso medio ordinario de defensa, se concluye que el acto aquí reclamado es competencia de un Tribunal Colegiado. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 47, primer párrafo de la Ley de Amparo, se declina la competencia al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para conocer de la demanda de garantías promovida por Herbert Nelson Jauregui, en cuanto endosatario en procuración de Edgar Salomón Acosta Rodríguez, contra actos del Juez Primero Menor en Materia Civil con residencia en esta ciudad. Remítase la demanda original de garantías, así como sus anexos al Tribunal Colegiado antes mencionado, solicitándole que haga del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, se tiene por señalado el correo electrónico y el domicilio que indica para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes no podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no les fueron conferidas expresamente. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Se autoriza al actuario de este juzgado practicar notificaciones por lista a la parte quejosa de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo cuando para llevar a cabo una notificación personal se constituya en el domicilio correcto de lo cual deberá cerciorarse y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previo aviso fijado en la puerta y las razones que al respecto se levanten. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y de manera electrónica a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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