Edgar Rodriguez Barrera

Expediente 100/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
100/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
10/05/2023

Partes del expediente

  • Edgar Rodriguez Barrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del diecinueve de abril de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 100/2023, sin la comparecencia de las partes. La Secretaria da cuenta con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con la prueba documental ofrecida por el Titular de la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, por razón de su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas las documentales exhibidas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que las partes no los formularon. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, ********************, dirigió escrito al Juez Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, a efecto de ampliar su demanda ********************, inicialmente presentada ante el citado juzgador, respecto del diverso acto consistente en la retención de un vehículo de su propiedad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, mediante auto de veintisiete de enero siguiente, el Juez Segundo de Distrito en el Estado, determinó improcedente la citada ampliación y ordenó remitir el escrito del quejoso a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, a fin de que se registrara y turnara como nueva demanda. Segundo. Recepción de demanda y devolución. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 100/2023; y en auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, determinó no aceptar la competencia para conocer del asunto, en atención a que los actos inicialmente reclamados por el quejoso (detención ilegal), y el que pretendía combatir consistente en la retención de su vehículo, guardan una estrecha relación, como exige el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó enviar el juicio de amparo al juzgado remitente, a efecto de que determinara lo que en derecho correspondiera. Tercero. Returno y trámite del juicio de amparo. Mediante oficio 1305 de nueve de febrero de dos mil veintitrés, el Juez Segundo de Distrito en el Estado, informó que no acepta la competencia planteada, y sostuvo su postura inicial en el sentido de que los actos inicialmente reclamados por el quejoso y los señalados en la ampliación de demanda, no tienen su origen en un expediente administrativo ni derivan de un mismo juicio natural, por lo que son actos desvinculados entre sí, ya que el acto reclamado en el juicio ********************, fue la privación de la libertad; motivo por el cual ordenó la devolución del expediente a este Juzgado de Distrito. Atento lo anterior, en proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda en los términos planteados y se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; asimismo, se otorgó la intervención legal que le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó día y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Cuarto. Vista ampliación de demanda. Posteriormente, en atención al acto reclamado y las constancias que allegó con su informe justificado el Titular de la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa, el dos de marzo de dos mil veintitrés, se requirió a la parte peticionaria del amparo para que dentro del término de quince días, contado a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho auto, manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al Encargado del Corralón Monarcas-Zacapu. Proveído que, previo aviso, fue notificado mediante lista publicada en los estrados de este juzgado el nueve de marzo de dos mil veintitrés, sin que el peticionario de amparo hubiere realizado manifestación alguna al respecto, dentro del plazo que le fue concedido para ello. Atento lo anterior, mediante auto de diez de abril de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional hizo efectivo el apercibimiento decretado el dos de marzo del mismo año y se ordenó continuar con el trámite del presente juicio de amparo únicamente por las autoridades y acto señalados en el escrito inicial de demanda. Finalmente, seguido el procedimiento respectivo, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue ejecutado en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, del análisis del escrito inicial de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "La retención de mi vehículo el cual es un taxi, marca Nissan Tsuru, modelo 2015, con placas del servicio público. El cual me quitaron sin mandamiento judicial ni procedimiento y sin haber cometido delito alguno." Acto que atribuyó a las autoridades: Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán; y, Guardia Civil, Centro Estatal de Retención Administrativa con residencia en Morelia, Michoacán. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia, P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Inexistencia. La autoridad Secretario de Seguridad Pública del Estado, por conducto del Jefe del Departamento de Amparo, negó la existencia del acto reclamado por el quejoso, consistente en la retención de un vehículo de su propiedad, con lo que se dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido. No obstante lo anterior, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de la autoridad responsable en cita, aun cuando se le dio vista con el informe justificado, a pesar de que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En ese estado de cosas, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, únicamente por lo que se refiere a la autoridad mencionada en esta consideración. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarta. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Titular de la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado cuya ejecución material se le atribuye, consistente en la retención del vehículo marca Nissan Tsuru, modelo 2015, con placas del servicio público. Al respecto dijo que si bien es cierto que el quejoso fue detenido por elementos de la Guardia Civil e ingresado a esa Dirección, derivado de la comisión de una falta administrativa consistente en la afectación a la convivencia social (violentar a la autoridad y ejercer resistencia a la labor de cualquier autoridad), mismo que después de cumplir con la sanción impuesta fue puesto en total libertad; asimismo, que al momento de su detención, quienes tuvieron conocimiento de la persona, así como del vehículo mencionado, fueron los oficiales primeros, quienes mandaron bajo resguardo el vehículo al corralón Monarcas-Zacapu, bajo número de inventario de grúa 32895, y únicamente remitieron a esa área administrativa una copia del dictado inventario para conocimiento, misma que le fue entregada al infractor al momento de su egreso. Lo que se corrobora con las constancias que envió dicha autoridad, consistentes en copia certificada del informe policial homologado elaborado con motivo de la detención del aquí quejoso por faltas administrativas y diversas documentales relativas al examen de integridad, lectura de derechos, constancia de llamada telefónica, resguardo y recibo de pertenencias, acta de libertad, identificaciones y la copia de la hoja de inventario del servicio de Grúas Monarcas-Zacapu, de fecha veintidós de enero de dos mil veintitrés, respecto del vehículo marca Nissan, color blanco, placas ********************[mismas que obran agregadas al presente juicio de la foja 50 a la 81]. Probanzas que atenta su naturaleza tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Quinta. Procedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este órgano de control constitucional -de oficio- estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, en su fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la retención del vehículo taxi marca Nissan Tsuru, modelo 2015, que le fue asegurado al quejoso por elementos de la Guardia Civil al momento de su detención, por las razones que a continuación se exponen. Las porciones normativas citadas disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; [.]". La interpretación invertida de lo establecido en la porción normativa del segundo de los numerales transcrito, en relación con el contenido de la diversa del que se reprodujo en primer lugar, pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso deje de anotar en su demanda alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, como es el relativo al señalamiento de la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. La finalidad de lo anterior radica en que se considere que en el juicio de amparo, como todo tipo de procedimiento jurisdiccional, debe respetarse el derecho de audiencia y defensa de quienes formen parte en el desarrollo del mismo, esto es, que si el peticionario de amparo decide someter al análisis de constitucionalidad un acto emitido por una autoridad, resulta necesario que dicho acto se tenga como parte de la relación procesal del juicio de amparo, ello, a efecto de que tenga oportunidad de defender la constitucionalidad del referido acto a cuyo estudio se abocará el juzgador. El alcance jurídico de la porción normativa a que alude la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, no sólo se restringe a lo explicado en los párrafos precedentes, sino que encuentra también su operatividad en el establecimiento de un equilibrio procesal entre las partes que integran el proceso constitucional. En ese sentido debe destacarse que cuando del análisis integral al escrito de demanda, el órgano de control constitucional advierta la existencia de un acto o autoridad no señalados por el justiciable de manera destacada, habrá de prevenir al quejoso a efecto de que la regularice, tal y como lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 30/96, visible en la página 250 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, registro 200588, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA". De igual forma, es necesario puntualizar que el referido órgano de control constitucional ha sustentado el mismo criterio pero en el caso en que la participación de una autoridad se advierta del contenido del informe que rinda una diversa o de las constancias que al efecto ésta allegue a la sede constitucional, como se encuentra establecido en la jurisprudencia 112/2003, visible en la página 93 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, Novena Época, Materia Común, registro 182617, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA". Es tan contundente en el juicio de amparo la regla procesal precisada en párrafos precedentes, que uno de los supuestos en que opera la ampliación de demanda es cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación incluso sobre una diversa autoridad de la inicialmente señalada como responsable, tal y como así se lee en el artículo 111 de la Ley de Amparo. En la especie, como se dejó anotado en el resultando cuarto de esta sentencia, este juzgador al analizar el señalamiento de actos reclamados, así como las constancias allegadas al juicio con el informe justificado de la autoridad responsable, advirtió la información del Titular de la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán, relativa a que el quejoso fue detenido por elementos de la Guardia Civil e ingresado a esa Dirección, derivado de la comisión de una falta administrativa; asimismo, que al momento de su detención, quienes tuvieron conocimiento de la persona, así como del vehículo mencionado, fueron los oficiales primeros, quienes mandaron bajo resguardo el vehículo al corralón Monarcas-Zacapu, bajo número de inventario de grúa 32895, y únicamente remitieron a esa área administrativa una copia del dictado inventario para conocimiento, misma que le fue entregada al infractor al momento de su egreso. Atento lo anterior, en proveído de dos de marzo de dos mil veintitrés, se requirió a la parte peticionaria del amparo para que dentro del término de quince días, contado a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho auto, manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al Encargado del corralón Monarcas-Zacapu, donde según se advierte de las constancias allegadas, se encuentra en resguardo el vehículo del cual aduce ser propietario el quejoso. Proveído que, previo aviso, fue notificado mediante lista publicada en los estrados de este juzgado el nueve de marzo de dos mil veintitrés, misma que de conformidad con el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, surtió efectos al día siguiente, esto es, el diez de marzo, por lo que el plazo concedido transcurrió del trece de marzo al cuatro de abril del mismo año, descontando los sábados, domingos y día inhábil, sin que la parte quejosa hubiere realizado manifestación alguna al respecto, dentro del plazo que le fue concedido para ello. Atento lo anterior, mediante auto de diez de abril de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional hizo efectivo el apercibimiento decretado el dos de marzo de dos mil veintitrés y se ordenó continuar con el trámite del presente juicio de amparo, únicamente por las autoridades y acto señalados en el escrito inicial de demanda. En el entendido que, en la especie resultaba necesario que se señalara como autoridad responsable al Encargado del corralón Monarcas-Zacapu, donde según se advierte de constancias, se encuentra resguardado el vehículo del que aduce ser propietario el aquí quejoso, y cuya retención ilegal reclama. De ahí que la parte quejosa debió señalar al menos como autoridad responsable al citado Encargado, ya que se duele de la retención ilegal del vehículo de su propiedad; por ende, dicha autoridad es la directamente encargada de defender la legalidad de la retención y/o resguardo del vehículo en el corralón de que se trata. En este orden de ideas, debe tomarse nuevamente en consideración la interpretación en sentido contrario de la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, que pone de manifiesto que para la debida integración de la relación procesal en el juicio de amparo, y en concordancia al respeto del derecho de audiencia y defensa previa, no es posible que en el juicio de amparo pueda ser analizada la constitucionalidad de la omisión o acto reclamado si no fue señalado como tal por parte del quejoso, pues así quedó demostrado con las constancias que obran en autos. Así, debe entenderse que si la parte quejosa no cumplió con el requisito señalado en la fracción IV del artículo 108 de la Ley de Amparo, emerge el supuesto de improcedencia aludido, que conlleva el obstáculo procesal de que no se puede atender la litis constitucional efectivamente planteada sin menoscabar el derecho de audiencia y defensa que le resulta a la autoridad responsable por la que dicho acto subsiste pero que no formó parte del desarrollo procesal de este juicio, de ahí la improcedencia de mérito; tomando en consideración además que la razón por la que una de las partes, esto es, la autoridad responsable, no fue llamada a juicio, reside en la voluntad tácita de la justiciable que así lo decidió, como ha quedado demostrado en autos del presente expediente. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis 2a. CLXIV/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 113 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, enero de 1999, Novena Época, Materia Común, registro 197684, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Así como la jurisprudencia VI.2o. J/205, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 468 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, Octubre de 1995, Novena Época, Materia Común, registro 208065, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, en relación con el diverso 61, fracción XXIII y 108, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio en relación con el acto consistente en la retención del vehículo del cual aduce ser propietario el quejoso. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos expuestos en las consideraciones tercera y quinta de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    (...) R E S U E L V E: UNICO. Por lo expuesto en la presente interlocutoria, se niega a **********, la suspensión definitiva, en atención a lo expuesto en la consideración segunda. (...)

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que feneció el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en auto de dos de marzo del año en curso, para el efecto de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo y señalar como nueva autoridad responsable al Encargado del Corralón Monarcas-Zacapu, sin que haya hecho manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese proveído, y con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se sigue el presente juicio únicamente por la autoridad y actos señalados en el líbelo constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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