Edgar Román Resendiz Bernardino
Expediente 338/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 30 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 338/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 13/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Edgar Román Resendiz Bernardino
- Fiscal Regional de Justicia de Zamora, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el mismo. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.marilyn 18485. FISCAL REGIONAL DE JUSTICIA DE ZAMORA, MICHOACÁN. 18486. DIRECTOR REGIONAL DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN. 18487. DIRECTOR REGIONAL DE LITIGACIÓN. 18488. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 18489. DIRECTORA REGIONAL DE CONTROL DE PROCESOS. 18490. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 18491. DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA FISCALÍA REGION BAJÍO. 18492. AGENTE PRIMERO DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR. 18493. COMANDANTE EN TURNO DE LA POLICÍA MUNICIPAL. ZAMORA, MICHOACÁN. DENTRO DE LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL JUICIO DE AMPARO 338/2018 PROMOVIDO POR EDGAR ROMÁN RESENDIZ BERNARDINO, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el mismo. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe. LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS QUE SE INDICAN. MORELIA, MICHOACÁN, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018. A T E N T A M E N T E: EL SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LICENCIADO OSCAR HERNÁNDEZ GARCÍA.
- Principal
Se notifica a la parte QUEJOSA Edgar Román Reséndiz Bernardino por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 338/2018, sin la comparecencia de las partes. El secretario certifica: Que a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se entabló comunicación al teléfono (443) 3 22 36 00, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, llamada que fue atendida por el asesor adscrito a la Coordinación General de Fiscalías Regionales, quien informó a este juzgado que no existe la autoridad que el quejoso señaló como Agente Quinto del Ministerio Publico Investigador, con residencia en Zamora, Michoacán. El juez provee: con fundamento en los artículos 5°, fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, se tiene por no señalada como responsable a la referida autoridad por lo que se ordena suspender toda comunicación con la misma. Enseguida, el secretario hace constar que el presente Expediente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de convicción. El juez provee: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para formular los alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el seis de abril de dos mil dieciocho, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Zamora, Michoacán y posteriormente, el diecisiete siguiente ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Edgar Román Resendiz Bernardino, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Fiscal Regional de Zamora, Michoacán; 2. Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora, Michoacán; 3. Director de Litigación de la Fiscalía de Zamora, Michoacán; 4. Agente del Ministerio Público encargado de la Dirección Regional de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora, Michoacán; 5. Directora Regional de Control de Procesos de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora, Michoacán; 6. Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Zamora, Michoacán; 7. Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Región Bajío, con residencia en Zamora, Michoacán; 8. Agente Primero del Ministerio Público Investigador, con residencia en Zamora, Michoacán; y, 9. Comandante en Turno de la Policía Municipal, con residencia en Zamora, Michoacán. Segundo. Admisión de la demanda. Por acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el veinticinco de julio del año en curso se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional en relación con las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la parte quejosa reclama actos positivos atribuidos a autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: Pretender privar al quejoso de su libertad. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. Al momento de rendir su informe justificado las siguientes autoridades responsables: 1. Fiscal Regional de Zamora, Michoacán; 2. Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora, Michoacán; 3. Director de Litigación de la Fiscalía de Zamora, Michoacán; 4. Agente del Ministerio Público encargado de la Dirección Regional de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora, Michoacán; 5. Directora Regional de Control de Procesos de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora, Michoacán; 6. Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Zamora, Michoacán; 7. Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Región Bajío, con residencia en Zamora, Michoacán; y, 8. Agente Primero del Ministerio Público Investigador, con residencia en Zamora, Michoacán. Manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atentos al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Dicha determinación se hace extensiva al Comandante en turno de la Policía Municipal, con residencia en Zamora, Michoacán, pues no obstante que fue debidamente emplazado al sumario en que se actúa, como se aprecia del acuse de recibo que obra a foja 49, no rindió su informe justificado; sin embargo, las autoridades responsables ordenadoras negaron la existencia de los actos reclamados y ésta en su carácter de ejecutora no puede materializar actos inexistentes. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Edgar Román Resendiz Bernardino, por inexistencia de los actos reclamados en términos de la consideración tercera de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, de las piezas postales que anteceden se advierte la inexistencia de las siguientes autoridades: Fiscal Especializado en Atención de Violencia Familiar; Fiscal Especializado en Atención de Delitos Sexuales; Fiscal Especializado en Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género; Agente Segundo del Ministerio Público Investigador; Agente Tercero del Ministerio Público Investigador; Agente Cuarto del Ministerio Público Investigador; y, Director de Atención Temprana de la Fiscalía Regional de Zamora. Todos con residencia en Zamora, Michoacán. En tal virtud, con fundamento en los artículos 5°, fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, se tiene por no señaladas como responsables a las referidas autoridades por lo que se ordena suspender toda comunicación con las mismas. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 26 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Edgar Omar Gamiño Chávez1381/2019
- Edgar Omar Gamiño Chavez1361/2023
- Edgar Omar Pérez Melo393/2023
- Edgar Ramiro Jiménez Velez277/2015
- Edgar Raúl Yépez Navarro1119/2018
- Edgar Rodriguez Barrera100/2023
- Edgar Salomón Acosta Rodríguez32/2021
- Edgar Sharael Ochoa Carreón773/2021
- Edgar Solis Trejo508/2022
- Edgar Tinoco Gutiérrez892/2022
- Edgar Valdovinos Arriola1190/2017
- Edgar Valdovinos Arriola4/2018