Edgar Octavio Molina Mercado
Expediente 1175/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1175/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Edgar Octavio Molina Mercado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por EDGAR OCTAVIO MOLINA MERCADO; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo III-1175/2021, promovido por Edgar Octavio Molina Mercado, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. En escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, Edgar Octavio Molina Mercado, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio lo reconocidos en los artículos 1, 8, 14, 16, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose con la misma con el número de expediente II-1175/2021; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. Dicha audiencia fue levantada y presidida por Marbella Juárez García, Secretaria autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", para fungir como encargada del despacho, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos de una autoridad del orden laboral circunscrita al territorio sobre el que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Conforme lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", este órgano jurisdiccional precisa el acto que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, conforme la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, el cual consiste en: I. La omisión en realizar las gestiones pertinentes para que se notifique, emplace y aperciba en términos de Ley a los demandados dentro del juicio ordinario laboral J-V-1443/2020; y en consecuencia: II.-La dilación procesal, dentro del referido juicio al haber señalado también como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones las once horas del veintidós de marzo del dos mil veintidós. TERCERO.- EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en su denominación correcta de la señalada como Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se advierte la certeza de los actos reclamados Lo que se corrobora con las documentales exhibidas en autos, mismas que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO PRECISADO EN EL PUNTO I DEL CONSIDERANDO SEGUNDO. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, se advierte que en relación con el acto reclamado en análisis a la autoridad responsable, consistente en la omisión de realizar las gestiones pertinentes para que se notifique, emplace y aperciba en términos de Ley a los demandados, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, cuyo texto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. .XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Dicha causal se actualiza en razón de que como ya se precisó, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de la autoridad responsable de realizar las gestiones pertinentes para que se notifique, emplace y aperciba en términos de Ley a los demandados en el juicio natural; luego, de las constancias que obran agregadas en autos y que fueron previamente valoradas se desprende que el quince de diciembre de dos mil veintiuno, se emplazó a la parte demandada, inclusive, la responsable exhibe las copias de las que se advierte tal circunstancia, las cuales obran agregadas en autos. Con vista a lo anterior, es claro que el acto reclamado, consistente en realizar el emplazamiento el juicio de origen a la parte demanda, cesó en sus efectos, dado que ya se emplazó a la parte demandada en el juicio de origen, lo cual era el fin pretendido por el promovente del amparo, de lo que como se dijo tuvo conocimiento a través de este juicio de garantías, ya que estuvo en aptitud de imponerse del contenido del informe justificado relativo. La referida circunstancia conlleva a la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De donde se sigue que, sobreviene la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, en virtud de que conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la ley de la materia, el efecto y finalidad del juicio de amparo, es conseguir la restitución en el goce de la garantía violada a favor de la parte quejosa, volviendo las cosas al estado que guardan antes de la violación constitucional, por lo que si en la especie, la materia sobre la cual recayó el acto reclamado dejó de surtir efectos, es indudable que no podrá restituirse al gobernado en el goce de la garantía conculcada, al haber dejado de producir consecuencias legales, por lo que el amparo es improcedente, actualizándose de esta manera la hipótesis normativa prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. Ello es así, pues los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y se repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe: "Registro digital: 328198 Instancia: Segunda Sala Quinta Época Materias(s): Común, Administrativa Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXVIII, página 984 Tipo: Aislada ACTO RECLAMADO, AMPARO IMPROCEDENTE POR CESE DE LOS EFECTOS DEL. Si bien es verdad que la ley impone a las autoridades responsables, la obligación de poner en conocimiento de los Jueces de Distrito, la circunstancia que hizo cesar los efectos del acto que se reclama, también es verdad que la omisión en el cumplimiento de dicha obligación, sólo da margen a que se les imponga una multa, pero en manera alguna puede decirse que por esa omisión no han cesado los efectos del mismo acto, pues basta que el Juez pueda apreciar por las constancias de autos, que dichos efectos han dejado de existir, para que de oficio declare que el juicio es improcedente, de acuerdo con lo prescrito por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, debiendo sobreseerse, con apoyo en la fracción IV del artículo 74 del mismo ordenamiento. Tal es el caso en el que se reclama la aplicación del acuerdo que fija el precio de algún producto, por determinado tiempo y que los Jueces de Distrito, al tiempo de citar sus fallos, se dan cuenta de que ya ha expirado el término en el que rigió el precio referido, esto es, los efectos del acto ya cesaron, pudiendo tener como tal ese hecho, aunque la autoridad responsable no se lo comunique". QUINTO.- Por otra parte, en torno al diverso acto reclamado precisado en el punto II, del considerando segundo de esta sentencia, consistente en la dilación procesal, dentro del juicio de origen, al haber señalado una fecha que el quejoso considera lejana para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, se actualiza el motivo de inejercitabilidad de la acción constitucional previsto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 77 ambos de la Ley de Amparo. Los numerales en comento disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.". El primer precepto citado prevé que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. En este sentido, del segundo numeral transcrito se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. Así, el efecto de la sentencia que conceda el amparo y protección de la justicia de la unión es la de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando sea jurídica y materialmente posible. En ese tenor, la causal en estudio se actualiza cuando existe imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios de la garantía que la parte quejosa estima violadas en su perjuicio. Ahora, la parte quejosa reclama que en el juicio laboral de origen, el diez de noviembre de dos mil veintiuno, se señaló como nueva fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, el veintidós de marzo del año de dos mil veintidós. Ahora, de lo anterior se advierte que las fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones se encuentra cercana, puesto que median treinta y tres días hábiles para su desahogo. Por lo tanto, en el hipotético caso de que se llegara a conceder el amparo y protección de la justicia federal, la restitución en el goce de la garantía individual violada resultaría inalcanzable, ya que, no podría cumplirse con la sentencia, dado que sería necesario que transcurriera el término de diez días que confiere a las partes la ley de la materia, para promover el recurso de revisión, y como se advierte, tan sólo median treinta y tres días hábiles, a los que deberán descontarse los plazos que establece la Ley de Amparo, para que surtan efectos las notificaciones. Ahora bien, una de las etapas del derecho a la tutela judicial, la que se encuentra ubicada de forma posterior a juicio, está relacionada con la eficacia de las resoluciones emitidas o el derecho a ejecutar la sentencia, que puede definirse como el que tienen todos los ciudadanos a obtener de los juzgados y tribunales que se ejecuten los pronunciamientos judiciales, como regla general, en sus términos, o bien, de manera coactiva o forzosa. Comprende, en principio, el derecho a la ejecución del pronunciamiento judicial en sus propios términos pues, en caso contrario, las decisiones judiciales y los derechos que en éstas reconozcan o declaren, no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna. El derecho a la ejecución impide que un incumplimiento sin causa justificada, de lo previsto en el fallo que ha de ejecutar, o que se puedan adoptar las medidas necesarias para proveer a la ejecución de la misma, pero siempre que ello sea legalmente exigible, en tanto que el incumplimiento no se deba a una decisión arbitraria, ni irrazonable. De ahí que no puede tenerse indefinidamente un juicio de amparo en etapa de cumplimiento de sentencia o en estado de ejecución, pues las sentencias de amparo deben tener un fin práctico; lo cual no sería posible, dado que la fecha señalada para el desahogo de las diligencias anotadas, se encuentra cercana. Por lo tanto, en el caso concreto, sea improcedente el juicio de amparo, de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia con los datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 197245 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Diciembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: P./J. 90/97 Página: 9 "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Cabe anotar que las causas de improcedencia que aquí se estiman actualizadas no causan afectación a la parte quejosa, pues no se trata de una improcedencia permanente, ya que al reclamarse una omisión, que se actualiza de momento a momento, de haberse señalado una nueva fecha para el desahogo de las pruebas anotadas, la parte quejosa se encuentra en aptitud de plantear una nueva demanda, si estima que se vulneran sus derechos. En las relatadas circunstancias, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Edgar Octavio Molina Mercado respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Marbella Juárez García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargada del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecisiete de enero al treinta y uno de enero del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de enero de dos mil veintidós. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.mmg
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de enero de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, rinda su informe justificado, término que se le concedió mediante proveído de tres de diciembre de dos mil veintiuno. Lo anterior, en virtud de que si bien se observa que la citada autoridad fue notificada por oficio el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, también lo es que, el veinte siguiente comenzó su segundo periodo vacacional concluyendo el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, tal como se advierte del aviso oficial de la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, publicada en la página web https:// juntalocal.michoacan.gob.mx/avisos- oficiales/aviso-oficial-86/; por ello, es claro que a la fecha han transcurrido solo tres días hábiles desde que se hizo el requerimiento citado. En ese sentido, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy Fe
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