Edgar Issachar Del Rio Barajas
Expediente 103/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Edgar Issachar Del Rio Barajas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de febrero de dos mil veintidós. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo y el original del incidente de suspensión, son SUSCEPTIBLES DE DEPURARSE, en razón de haberse por una parte sobreseído y por otra negado el amparo y protección de la justicia federal y concedido la suspensión provisional y definitiva solicitadas; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio principal y el original del incidente. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiéranse los expedientes a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. DESTINO DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. VISTOS; por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa que es a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución de trece de septiembre del año en curso, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se NEGÓ el juicio de amparo promovido por EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto I-103/2020, promovido por EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. RESULTANDOS PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El treinta y uno de enero de dos mil veinte, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Jugados de Distrito con sede en esta ciudad de Morelia, la demanda de amparo indirecto por EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS, por su propio derecho, y recibida por el Oficial de Partes de este Juzgado Tercero de Distrito, en esa misma data, tal como se desprende de la papeleta de turno correspondiente a este Juzgado Tercero de Distrito en esa misma fecha. Lo derechos fundamentales que considera violados son los artículos 9, 14, 16, 17 y 123 apartado A, fracción XX, de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de cuatro de febrero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito, admitió la aludida demanda, registrándose con el número de expediente I-103/2020, se solicitaron los respectivos informes justificados; se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado; se ordenó emplazar al tercero interesado ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, lo cual aconteció el cuatro de diciembre de dos mil veinte; y se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. Ahora bien, en virtud de que en términos de los dispuesto por en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, será éste quien con tales funciones dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia por contradicción de tesis 67/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 853, del tomo XXXIV, julio de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL. El párrafo segundo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que en las ausencias del Juez de Distrito superiores a 15 días, el Consejo de la Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a quien deba sustituirlo durante su ausencia, sin establecer restricción alguna en relación con las facultades que se confieren al secretario designado en tales términos, lo cual encuentra explicación lógica en que las faltas temporales de los titulares de los juzgados que excedan dicho lapso, no deben propiciar que el trámite de los asuntos y el dictado de las sentencias quede paralizado indefinidamente. Consecuentemente, dada la amplitud de las atribuciones que la norma confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto establece que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, el secretario autorizado conforme a la disposición citada está facultado para dictar sentencia aun en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional al cual se encuentre adscrito. En cambio, en los casos en que el secretario queda encargado del despacho durante el periodo vacacional del Juez de Distrito, no es aplicable el mencionado artículo 43, en virtud de que la actuación del secretario que lo supla la regula el párrafo segundo del artículo 161 de la propia Ley Orgánica, que le faculta para resolver única y exclusivamente los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales se hubiesen celebrado en dicho periodo. Conviene hacer dos precisiones más: 1) Sea que se trate de una sustitución con motivo de vacaciones o de una ausencia mayor a 15 días del titular por cualquiera otra razón, el secretario que haga las funciones de Juez de Distrito solamente está facultado para dictar resolución durante el periodo en el que rija la autorización respectiva, de modo que si presidió alguna audiencia y no tuvo oportunidad de dictar sentencia cuando estaba autorizado para ello, ya no podrá hacerlo con posterioridad, ya que sólo corresponderá al titular resolver esos asuntos aunque no hubiera presidido las audiencias respectivas; y 2) Cuando en el Juzgado de Distrito se presente un cambio de titular, basta que en los autos del juicio de amparo obre constancia del aviso de dicha sustitución y que se haga del conocimiento a las partes esa circunstancia, para que el nuevo titular pueda pronunciar las sentencias en los juicios cuyas audiencias se hubieran celebrado con anterioridad al día en que asumió el cargo, para no interrumpir el funcionamiento normal de ese órgano jurisdiccional. Por último, a fin de que exista certidumbre de los términos de la autorización en los cuales los secretarios en funciones de Juez de Distrito asumen el cargo por un lapso superior a 15 días, debe transcribirse en la propia sentencia el contenido de dicho documento y, en su caso, recabarse la copia certificada por el órgano revisor antes de emitir la resolución correspondiente.". Así como la tesis aislada número 1a. II/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 189, del Tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, de rubro y contenido: "SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA SOLA MENCION DE ESTA CIRCUNSTANCIA EN LA ANTEFIRMA GOZA DE LA PRESUNCION DE CERTEZA. Para comprobar que el secretario del Juzgado de Distrito que pronunció la sentencia en funciones de Juez autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, realmente fue facultado para ello, no es indispensable que éste, en cada actuación o en la sentencia que pronuncie, precise el acuerdo o el número de oficio por medio del cual el Consejo de la Judicatura Federal lo autorizó para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, pues la sola mención de esa autorización en la antefirma del acuerdo o de la sentencia, goza de la presunción de certeza, tanto más si ésta fue autorizada por otro secretario de Acuerdos del mismo juzgado, el cual goza de fe pública; en todo caso corresponde al quejoso demostrar lo contrario, pues esta Sala, no puede con su sola afirmación seguir un procedimiento inquisitorio para allegar pruebas en uno u otro sentido, tomando en consideración que conforme al artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal está facultado para conceder tales autorizaciones a los secretarios de los Juzgados de Distrito, y conforme a los artículos 13 y 19 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sus actuaciones deben ser autorizadas por el secretario, lo que corrobora las facultades con que cuenta el funcionario que dicta la sentencia; además de que ningún precepto legal establece que en cada actuación deba hacerse mención al acuerdo u oficio con que fue facultado para tal efecto."; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se impugna una norma general expedida y aplicable dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados, los cuales, una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, así como las constancias que integran el presente juicio de derechos fundamentales, se concluye que reclama lo siguiente: De la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, antes denominado Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia, se reclama la aprobación del Acuerdo Administrativo del diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, concretamente su artículo cuarto transitorio, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco. Del Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, se reclama la publicación del Acuerdo Administrativo del diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, concretamente su artículo cuarto transitorio, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco. De la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, el auto dictado el doce de junio de dos mil diecinueve, dentro del juicio ordinario laboral 3D/117/2019, promovido por el hoy quejoso EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS, contra el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, mediante el cual declinó la competencia legal al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para conocer de dicho juicio, aplicando el artículo cuarto transitorio del Acuerdo Administrativo del diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco. Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, el auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario laboral número 637/2019, a través del cual, aceptó la competencia declinada por la referida Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán; y por tanto, asumió competencia para conocer ahora del conflicto laboral demandado por el ahora quejoso, contra el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, lo anterior con fundamento en los artículos 1 y 2 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, ello en aplicación del artículo cuarto transitorio del Acuerdo Administrativo del diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS. El Director General del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, en su calidad de Secretario de la Junta de Gobierno del citado organismo, negó la existencia del acto que se le atribuye precisado en el inciso a), del considerando que antecede. Dicha negativa se corrobora, como lo afirma la responsable, de la lectura de la publicación del Periódico Oficial del Estado de Michoacán del doce de junio de mil novecientos noventa y cinco, cuya consulta es del conocimiento público puede realizarse en la página de internet https://periodicooficial.michoacan.gob.mx, en cuya fe de erratas contenida en la foja 9 de dicha edición, se plasmó lo siguiente: "FE DE ERRATAS Al Periódico Oficial N° 44 Cuarta Sección, de fecha Lunes 12 de Junio de 1995 En la Pag: seis, segunda columna, a continuación del renglón nueve, se agrega el siguiente párrafo: Por el H. Ayuntamiento, Lic. FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, Presidente; ENRIQUE JUÁREZ TREJO, Síndico; JAVIER PIÑA MARTÍNEZ, ALFREDO ARRIGA ZETINA, JAIME NUÑEZ LÓPEZ, CARLOS ESTRADA CHÁVEZ, FERMINA ARELLANO MONTERO, ÁNGEL DÍAZ PÉREZ, LUIS LAJAS MULLER, JULIO CESAR GONZÁLEZ JIMÉNEZ, RODOLFO SÁNCHEZ MURILLO, SUSANA ESQUIVEL FARIAS, MANUEL GARCÍA CONTRERAS, ANTONIO MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Regidores, ENRIQUE SÁNCHEZ VELASCO, Secretario del Ayuntamiento. (Firmados)" Del contenido de lo antes transcrito, se evidencia, que no fue la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Michoacán, quien aprobó el Acuerdo Administrativo del diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro y en especial su artículo cuarto transitorio, sino el Ayuntamiento de Morelia, acuerdo en el que se aprobó la extinción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia y la creación de Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia. Sin que el solicitante del amparo haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa por parte de dicha autoridad señalada como responsable. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguiente: "Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez." Máxime que ante la negativa de la autoridad responsable, a la parte quejosa le correspondía la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia del acto reclamado y no satisfizo tal extremo con prueba certera y eficiente. Por ilustrativa, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 41/2001, que literalmente dice: "Tesis: VI.2o.A.4 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187728 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Febrero de 2002 Página 903 Tesis Aislada (Común) PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Amparo en revisión 41/2001. José Ricardo Picen Coyotl. 15 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Rosa Iliana Noriega Pérez." Además de lo anterior cabe destacar que en auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su libelo constitucional respecto del Ayuntamiento de Morelia; y no obstante haber sido legalmente notificado del mismo, no hizo manifestación alguna al respecto, de ahí que por tal motivo en relación con la inconstitucionalidad reclamada, también se actualice la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, 63, fracción IV, en relación con el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo. "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 194684 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CLXIV/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Enero de 1999, página 113 Tipo: Aislada DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento. Amparo en revisión 2662/98. Manuel Fernández Caballero. 27 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. En cambio, son ciertos los actos reclamados a las diversas autoridades responsables Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, todos con sede en esta ciudad, en sus respectivas esferas de competencia. Además, en cuanto a la publicación reclamada al Periódico Oficial del Estado de Michoacán, respecto del Acuerdo administrativo del diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, se determina su certeza, en el actuar de dicha autoridad, pues se encuentra probada con el hecho de que dicho acto forma parte de un procedimiento de creación de la norma impugnada, el cual, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no está sujeto a prueba, al tratarse de hechos públicos y notorios. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: Época: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil.". QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Estudio de causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335". "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos". En efecto, este juzgado advierte que en la especie respecto del acto reclamado al Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, precisado en el inciso b), del considerando segundo de esta sentencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción III, en sentido contrario de la Ley de Amparo. Lo anterior debido a que la parte quejosa no combate el acto que a éste le compete (publicación) por vicios propios, única hipótesis en la que sería procedente el juicio de amparo contra tal autoridad, y si en el caso aquélla no atribuye dicho acto por vicios propios, es inconcuso que se debe sobreseer la demanda, respecto del Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2009694 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: XXVII.3o.86 K (10a.) Página: 2128 AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REFRENDO O LA PUBLICACIÓN DE NORMAS GENERALES CUANDO NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. Conforme al artículo 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, en el amparo indirecto contra normas generales el quejoso podrá señalar, con el carácter de autoridades responsables, a las que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, siempre que formule conceptos de violación para impugnar esos actos por vicios propios. Por consiguiente, de la interpretación sistemática de las porciones normativas referidas con el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en la demanda se señalen como actos reclamados el refrendo o la publicación de normas generales, pero no se formulen conceptos de violación para controvertirlos por vicios propios. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 33/2015. Inversora Inmobiliaria Club, S.A. de C.V. 8 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretaria: Claudia Luz Hernández Sánchez. Esta tesis se publicó el viernes 07 de agosto de 2015 a las 14:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación.". En ese sentido en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción III a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer la demanda de amparo promovida por EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS, contra actos Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, consistente en la publicación del Acuerdo Administrativo del diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, concretamente su artículo cuarto transitorio, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco. De igual forma, en relación con el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, indicado en el inciso c), del considerando segundo de esta sentencia, consistente en el auto dictado el doce de junio de dos mil diecinueve, dentro del juicio ordinario laboral 3D/117/2019, promovido por el hoy quejoso EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS, contra el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, mediante el cual declinó la competencia legal al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para conocer de dicho juicio, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción VIII, este último aplicado a contrario sensu. Lo anterior, toda vez que si bien conforme al artículo 107 fracción VIII de la ley de la materia, el juicio de amparo es procedente contra aquellas resoluciones que determinen declinar la competencia o conocimiento del asunto, también es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación de dicha normativa, ha sostenido que el juicio de amparo indirecto procede contra los actos en los que la autoridad jurisdiccional a favor de la cual se declina la competencia la acepta, o bien, cuando se inhibe en el conocimiento de un asunto, por ser en ese momento cuando se produce una afectación personal y directa a la esfera jurídica de los derechos del gobernado; por tanto, contra la resolución original de declinatoria de competencia, no procede el juicio de amparo indirecto. En consecuencia, por lo ya expuesto, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en el auto emitido el doce de junio de dos mil diecinueve, dentro del juicio ordinario laboral 3D/117/2019, promovido por el hoy quejoso EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS, contra el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, mediante el cual declinó la competencia legal para conocer de dicho juicio, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se actualiza la referida causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VIII, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, lo cual conlleva a sobreseer el presente asunto, respecto de dicho acto con fundamento en el artículo 63, fracción V de la misma ley. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2009721 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I , página 5 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Contradicción de tesis 239/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 28 de mayo de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora I. y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la queja 122/2013, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 146/2014. El Tribunal Pleno, el siete de julio en curso, aprobó, con el número 17/2015 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de julio de dos mil quince. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 68/2021 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de presidencia de 13 de abril de 2021. Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de agosto de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." Es de invocarse también la siguiente tesis: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2010898 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: VII.2o.T.6 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, página 3174 Tipo: Aislada COMPETENCIA. EL ESTUDIO DE LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLINA PROCEDE EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LA ACEPTA, AL CONSTITUIR AMBAS UN SOLO ACTO JURÍDICO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, en sesión pública de 28 de mayo de 2015, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, página 5, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", al interpretar la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, determinó que el juicio de amparo indirecto procede contra los actos en los que la autoridad jurisdiccional a favor de la cual se declina la competencia la acepta, o bien, cuando se inhibe en el conocimiento de un asunto, por ser en ese momento cuando se produce una afectación personal y directa a la esfera jurídica de los derechos del gobernado; por tanto, contra la resolución original de declinatoria de competencia, no procede el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia. En ese contexto, se concluye que al no proceder el amparo contra el primer auto o resolución declinatoria de competencia, su legalidad puede ser motivo de inconformidad y de examen constitucional en el juicio de amparo promovido contra el auto de aceptación de dicha competencia, esto, porque la declinatoria constituye el origen de aquella determinación de competencia y, por ende, constituye un solo acto jurídico; de estimar lo contrario, se dejaría en estado de indefensión al quejoso, quien no podría impugnar por vicios propios ese primer acto mediante algún recurso. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 203/2015. Rutilio Espinoza Bernabé. 9 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Lucía del Socorro Huerdo Alvarado, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Eduardo Alonso Ruiz Guerrero. Esta tesis se publicó el viernes 22 de enero de 2016 a las 11:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO. En el concepto de violación cuarto, alega la parte quejosa, en esencia, que, el auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad dentro del juicio laboral número 637/2019, a través del cual aceptó y asumió la competencia declinada por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para conocer el conflicto laboral iniciado por el ahora quejoso en contra del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, infringe en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 123 apartado A, fracción XX, constitucionales. El quejoso aduce que, en el juico laboral por él demandado, no le son aplicables los artículos 1 y 2 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, pues afirma que contrario a lo resuelto dicho cuerpo normativo no es aplicable dentro del conflicto laboral individual suscitado con su empleador -Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Morelia-, pues la parte quejosa considera que para ello era precisó que en una ley decreto o reglamento, se estableciera que las relaciones laborales entre el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, y sus trabajadores se diriman con base en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán; y que esa Ley, Decreto o reglamento se haya expedido conforme a las normas vigentes por las autoridades competentes para tal efecto. El anterior concepto de violación es infundado toda vez que en la especie, sí existe el Acuerdo Administrativo de diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco, el cual, contrario a lo afirmado por la parte quejosa en el concepto de violación en análisis, no lo aprobó el Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, sino el Ayuntamiento de esta ciudad, pues en la fe de erratas contenido en dicho documento se asentó: "FE DE ERRATAS Al Periódico Oficial N° 44 Cuarta Sección, de fecha Lunes 12 de Junio de 1995 En la Pag: seis, segunda columna, a continuación del renglón nueve, se agrega el siguiente párrafo: Por el H. Ayuntamiento, Lic. FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, Presidente; ENRIQUE JUÁREZ TREJO, Síndico; JAVIER PIÑA MARTÍNEZ, ALFREDO ARRIGA ZETINA, JAIME NUÑEZ LÓPEZ, CARLOS ESTRADA CHÁVEZ, FERMINA ARELLANO MONTERO, ÁNGEL DÍAZ PÉREZ, LUIS LAJAS MULLER, JULIO CESAR GONZÁLEZ JIMÉNEZ, RODOLFO SÁNCHEZ MURILLO, SUSANA ESQUIVEL FARIAS, MANUEL GARCÍA CONTRERAS, ANTONIO MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Regidores, ENRIQUE SÁNCHEZ VELASCO, Secretario del Ayuntamiento. (Firmados)" En consecuencia si conforme al artículo cuarto transitorio del aludido acuerdo, expedido por el Ayuntamiento Constitucional de Morelia, los trabajadores que hasta el momento de la publicación de dicho documento, se encontraren prestando sus servicios para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia, sus derechos labores se regirían por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, es indudable que si el ahora quejoso para el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco, aun laboraba para el referido organismo, sus derechos laborales deben regirse conforme a la Ley citada en último término. Congruente con lo anterior, debe decirse que en la especie, fue correcta y legal la determinación del Tribunal responsable al citar los artículos 1° y 96 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y su Municipios, para fundar el auto dictado el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, donde aceptó y asumió la competencia declinada por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para conocer del juicio ordinario laboral 3D-117/2019, instado por el aquí quejoso contra el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, Michoacán, pues el artículo 1° de la Ley citada en último término, es clara en establecer que la misma regula la relaciones laborales entre los trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, por una parte y por la otra entre otros de aquellos organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal en que por leyes, decretos o reglamentos llegue a señalarse su aplicación. De manera que si en la especie el artículo cuarto transitorio del Acuerdo Administrativo de diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, prevé: "Artículo cuarto. Los derechos laborales de los trabajadores que hasta ahora vienen prestando sus servicios para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia, serán respetados en los términos de ley, los cuales se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios" Es indudable que si el ahora quejoso al momento de la expedición de dicho Acuerdo, se encontraba prestando sus servicios para el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia, sus derechos laborales se regirían por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, por lo cual el juicio laboral por éste demandado a su empleador en el año de dos mil diecinueve, deberá tramitarse conforme a los preceptos de dicha ley y no de la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, en el quinto y sexto conceptos de violación, el quejoso alega que el Tribunal laboral señalado como responsable, vulneró en su perjuicio su derecho fundamental contenido en el artículo 14 Constitucional, pues considera que al aceptar la competencia para conocer del conflicto laboral multicitado, (derivado de la aplicación del artículo cuarto transitorio del Acuerdo Administrativo del diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro), lo deja en una desventaja, porque él ingresó a laborar al organismo descentralizado en cita desde el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y uno y que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia, desde el año mil novecientos ochenta y uno, tiene celebrado contrato colectivo de trabajo con el Sindicato de Trabajadores Asalariados del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, que en dicho contrato en la cláusula cuarta se reconoció sus beneficios en favor de todos los trabajadores de dicha empresa y que como ese contrato se encuentra depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, bajo el expediente número J.III-234/2014, donde aduce el peticionario del amparo, se había reconocido la competencia de dicha Junta para conocer y dirimir conflictos colectivos e individuales suscitados entre el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia antes Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia y sus trabajadores; por todo ello, afirma el quejoso que la competencia legal para conocer del conflicto laboral de origen, debe sostenerse a favor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. El quejoso refiere también que el auto del Tribunal laboral responsable, materia de reclamo, infringe en su perjuicio el contenido de los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque no atendió a lo dispuesto por el artículo 925 de la Ley Federal del Trabajo, conforme al cual es competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje conocer y resolver, entre otros, los conflictos relativos a las relaciones de trabajo o derivados de prestación de servicios públicos de aprovechamiento y distribución de aguas destinadas al servicio de las poblaciones; que por disposición expresa del apartado A del artículo 123 Constitucional anterior a las reformas del uno de mayo del dos mil diecinueve, es competente la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, para conocer de los conflictos que se susciten entre las empresas privadas, así como los organismos descentralizados, o empresas de participación estatal o municipal que en leyes, decretos o reglamentos no señalen de manera precisa la aplicación de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. De igual forma, aduce el quejoso, que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los referidos preceptos constitucionales, por falta de aplicación de los artículos 41 y 123 apartado A, fracción XXXI, inciso b), numeral 1 de la Constitución Federal de la República, anterior a las reformas del uno de mayo de dos mil diecinueve, pues considera dicho amparista que conforme a esos artículos, son competentes las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje para conocer de los conflictos que se susciten entre empresas administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal, lo que aduce el inconforme, debe trasladarse al ámbito local de las entidades federativas, respetando el mismo orden normativo; que la facultad de las entidades federativas para legislar en materia de trabajo es únicamente en relación con los trabajadores de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y que esas leyes locales no deben ser contrarias al artículo 123 apartado A, fracción XXXI, inciso b), numeral 1 de la Constitución Federal, al estar prohibido por el artículo 41 de la misma. De ahí que insiste el hoy quejoso, en que la competencia para conocer de los conflictos laborales entre el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, antes Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia y sus trabajadores, corresponde a la Junta Local de Conciliación Arbitraje del Estado y no al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por lo que en la especie estima el amparista que del conflicto laboral por el iniciado ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, compete a ésta y no al Tribunal laboral, señalado como responsable. Los anteriores conceptos de violación son infundados. Es así, pues el artículo 116, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé lo siguiente: "Art. 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: VI.- Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias". De la lectura de dicho precepto constitucional se advierte que nuestra carta magna otorga flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios; y por ello determina que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, lo que indudablemente incluye a los descentralizados de la administración pública local, como en la especie lo es el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia. Con base en lo anterior, se facultó a las entidades federativas para regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial. En consecuencia, conforme a esa facultad otorgada a los Estados, el trece de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado, y con base en ella, el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Acuerdo Administrativo del diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, a través del cual se creó el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, en cuyo artículo cuarto transitorio se estableció que los derechos laborales de los trabajadores que hasta esa fecha venían prestando sus servicios en el aludido organismo, serían respetados en los términos de la ley y los cuales se regirían por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán. De ahí que por disposición constitucional, la competencia para conocer de conflictos laborales entre organismos descentralizados locales con sus trabajadores, es flexible porque con independencia de que sus actividades laborales estén estipuladas en el apartado A o B del artículo 123 Constitucional, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores y si en el caso del Estado de Michoacán se creó la Ley de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado, la cual facultó a los Municipios para legislar en cuanto a la creación del Organismo Operador respectivo y conforme a ello en el artículo cuatro transitorio del Acuerdo Administrativo del diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, se determinó que los derechos laborales de los trabajadores de dicho organismo, se regirían por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, con independencia de que como lo afirma el quejoso exista un contrato colectivo de trabajo depositado en la Junta, y que en él se hubiere incluido, como lo afirma el amparista, incluso a los trabajadores de confianza, lo cierto es que el decreto que creó el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, establece que los derechos de sus trabajadores se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servido del Estado de Michoacán. Sirve de orientación a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2012980 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Laboral Tesis: 2a./J. 130/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 1006 Tipo: Jurisprudencia ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. La voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial. Amparo directo en revisión 6490/2015. Ovidio Rodríguez García. 4 de mayo de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Jocelyn Montserrat Mendizábal Ferreyro. Amparo directo en revisión 671/2016. José Espinosa Medina. 13 de julio de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. Amparo directo en revisión 1366/2016. Susana Leticia Fuentes Sosa. 24 de agosto de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Francisco Manuel Rubín de Celis Garza. Amparo directo en revisión 1913/2016. Manuel Arturo Acevedo Godoy. 24 de agosto de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Francisco Manuel Rubín de Celis Garza. Amparo directo en revisión 1356/2016. Ligia Mirbella Arceo y Avilés. 21 de septiembre de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Ron Snipeliski Nischli. Tesis de jurisprudencia 130/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. ________________ Nota: (*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 180/2012 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 734, con el rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE." Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." En consecuencia contrario a lo que alude en sus conceptos de violación el hecho de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se haya declarado competente para conocer del juicio laboral por él instado, no infringe en perjuicio del trabajador ahora quejoso derecho fundamental alguno. Por último, debe decirse que el amparista, en otra parte de sus conceptos de violación, también alega que como el artículo cuarto transitorio del Acuerdo administrativo de diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, no fue emitido y aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento de Morelia, es una norma inconstitucional y que al no existir una ley o reglamento promulgado y aprobado que establezca que las relaciones laborales del Organismo en cita y sus trabajadores deban regirse por la ley burocrática local, la ley aplicable a dichos conflictos era la Ley Federal del Trabajo y que por tanto, quien debía conocer del juico de donde deriva el acto reclamado, lo era la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. El referido motivo de inconformidad resulta inatendible, ello es así, porque en el considerando tercero de esta sentencia se determinó la inexistencia de la inconstitucionalidad de la norma reclamada a la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia. Mientras que el primer acto de aplicación de la misma la parte quejosa lo hace consistir en el auto de declinación de incompetencia emitido el doce de junio de dos mil diecinueve por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, así como en el proveído dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, dentro del juicio laboral 637/2019, que aceptó y asumió la competencia declinada a su favor, derivado de la aplicación de artículo cuarto transitorio de Acuerdo Administrativo del diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, conforme al cual el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, aplicó los numerales relativos a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado para fundar su competencia. En consecuencia, por lo ya expuesto, como ya se dijo, el concepto de violación en cita es inatendible, al derivar de la aplicación de una norma considerada inconstitucional, respecto de la cual se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo en el considerando tercero de esta sentencia. Es aplicable la tesis: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 320933 Instancia: Segunda Sala Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XCIII, página 1544 Tipo: Aislada LEYES, AMPARO CONTRA LAS. Los conceptos de inconstitucionalidad de una ley sólo pueden ser analizados en relación con el acto del legislador, que consiste en la expedición de la misma, motivo por el cual, cuando dicha autoridad no ha sido señalada como responsable, los conceptos de violación no pueden ser analizados respecto de autoridades a quienes sólo se atribuye la aplicación de dicha ley. Amparo administrativo en revisión 5131/44. Alvarez de Castañeda Carmen y coags. 14 de agosto de 1947. Unanimidad cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente". En consecuencia, ante lo infundado e inatendible de los conceptos de violación procede negar el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto reclamado analizado en el presente considerando. Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS, por los razonamientos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A, EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS, respecto del acto y por la autoridad precisados en el considerando sexto, por los motivos expuesto en el mismo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Así, lo resolvió y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy trece de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Doy fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto I-103/2020, promovido por EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. RESULTANDOS PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El treinta y uno de enero de dos mil veinte, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Jugados de Distrito con sede en esta ciudad de Morelia, la demanda de amparo indirecto por EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS, por su propio derecho, y recibida por el Oficial de Partes de este Juzgado Tercero de Distrito, en esa misma data, tal como se desprende de la papeleta de turno correspondiente a este Juzgado Tercero de Distrito en esa misma fecha. Lo derechos fundamentales que considera violados son los artículos 9, 14, 16, 17 y 123 apartado A, fracción XX, de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de cuatro de febrero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito, admitió la aludida demanda, registrándose con el número de expediente I-103/2020, se solicitaron los respectivos informes justificados; se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado; se ordenó emplazar al tercero interesado ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, lo cual aconteció el cuatro de diciembre de dos mil veinte; y se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. Ahora bien, en virtud de que en términos de los dispuesto por en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, será éste quien con tales funciones dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia por contradicción de tesis 67/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 853, del tomo XXXIV, julio de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL. El párrafo segundo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que en las ausencias del Juez de Distrito superiores a 15 días, el Consejo de la Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a quien deba sustituirlo durante su ausencia, sin establecer restricción alguna en relación con las facultades que se confieren al secretario designado en tales términos, lo cual encuentra explicación lógica en que las faltas temporales de los titulares de los juzgados que excedan dicho lapso, no deben propiciar que el trámite de los asuntos y el dictado de las sentencias quede paralizado indefinidamente. Consecuentemente, dada la amplitud de las atribuciones que la norma confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto establece que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, el secretario autorizado conforme a la disposición citada está facultado para dictar sentencia aun en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional al cual se encuentre adscrito. En cambio, en los casos en que el secretario queda encargado del despacho durante el periodo vacacional del Juez de Distrito, no es aplicable el mencionado artículo 43, en virtud de que la actuación del secretario que lo supla la regula el párrafo segundo del artículo 161 de la propia Ley Orgánica, que le faculta para resolver única y exclusivamente los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales se hubiesen celebrado en dicho periodo. Conviene hacer dos precisiones más: 1) Sea que se trate de una sustitución con motivo de vacaciones o de una ausencia mayor a 15 días del titular por cualquiera otra razón, el secretario que haga las funciones de Juez de Distrito solamente está facultado para dictar resolución durante el periodo en el que rija la autorización respectiva, de modo que si presidió alguna audiencia y no tuvo oportunidad de dictar sentencia cuando estaba autorizado para ello, ya no podrá hacerlo con posterioridad, ya que sólo corresponderá al titular resolver esos asuntos aunque no hubiera presidido las audiencias respectivas; y 2) Cuando en el Juzgado de Distrito se presente un cambio de titular, basta que en los autos del juicio de amparo obre constancia del aviso de dicha sustitución y que se haga del conocimiento a las partes esa circunstancia, para que el nuevo titular pueda pronunciar las sentencias en los juicios cuyas audiencias se hubieran celebrado con anterioridad al día en que asumió el cargo, para no interrumpir el funcionamiento normal de ese órgano jurisdiccional. Por último, a fin de que exista certidumbre de los términos de la autorización en los cuales los secretarios en funciones de Juez de Distrito asumen el cargo por un lapso superior a 15 días, debe transcribirse en la propia sentencia el contenido de dicho documento y, en su caso, recabarse la copia certificada por el órgano revisor antes de emitir la resolución correspondiente.". Así como la tesis aislada número 1a. II/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 189, del Tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, de rubro y contenido: "SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA SOLA MENCION DE ESTA CIRCUNSTANCIA EN LA ANTEFIRMA GOZA DE LA PRESUNCION DE CERTEZA. Para comprobar que el secretario del Juzgado de Distrito que pronunció la sentencia en funciones de Juez autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, realmente fue facultado para ello, no es indispensable que éste, en cada actuación o en la sentencia que pronuncie, precise el acuerdo o el número de oficio por medio del cual el Consejo de la Judicatura Federal lo autorizó para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, pues la sola mención de esa autorización en la antefirma del acuerdo o de la sentencia, goza de la presunción de certeza, tanto más si ésta fue autorizada por otro secretario de Acuerdos del mismo juzgado, el cual goza de fe pública; en todo caso corresponde al quejoso demostrar lo contrario, pues esta Sala, no puede con su sola afirmación seguir un procedimiento inquisitorio para allegar pruebas en uno u otro sentido, tomando en consideración que conforme al artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal está facultado para conceder tales autorizaciones a los secretarios de los Juzgados de Distrito, y conforme a los artículos 13 y 19 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sus actuaciones deben ser autorizadas por el secretario, lo que corrobora las facultades con que cuenta el funcionario que dicta la sentencia; además de que ningún precepto legal establece que en cada actuación deba hacerse mención al acuerdo u oficio con que fue facultado para tal efecto."; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se impugna una norma general expedida y aplicable dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados, los cuales, una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, así como las constancias que integran el presente juicio de derechos fundamentales, se concluye que reclama lo siguiente: De la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, antes denominado Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia, se reclama la aprobación del Acuerdo Administrativo del diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, concretamente su artículo cuarto transitorio, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco. Del Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, se reclama la publicación del Acuerdo Administrativo del diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, concretamente su artículo cuarto transitorio, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco. De la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, el auto dictado el doce de junio de dos mil diecinueve, dentro del juicio ordinario laboral 3D/117/2019, promovido por el hoy quejoso EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS, contra el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, mediante el cual declinó la competencia legal al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para conocer de dicho juicio, aplicando el artículo cuarto transitorio del Acuerdo Administrativo del diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco. Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, el auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario laboral número 637/2019, a través del cual, aceptó la competencia declinada por la referida Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán; y por tanto, asumió competencia para conocer ahora del conflicto laboral demandado por el ahora quejoso, contra el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, lo anterior con fundamento en los artículos 1 y 2 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, ello en aplicación del artículo cuarto transitorio del Acuerdo Administrativo del diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS. El Director General del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, en su calidad de Secretario de la Junta de Gobierno del citado organismo, negó la existencia del acto que se le atribuye precisado en el inciso a), del considerando que antecede. Dicha negativa se corrobora, como lo afirma la responsable, de la lectura de la publicación del Periódico Oficial del Estado de Michoacán del doce de junio de mil novecientos noventa y cinco, cuya consulta es del conocimiento público puede realizarse en la página de internet https://periodicooficial.michoacan.gob.mx, en cuya fe de erratas contenida en la foja 9 de dicha edición, se plasmó lo siguiente: "FE DE ERRATAS Al Periódico Oficial N° 44 Cuarta Sección, de fecha Lunes 12 de Junio de 1995 En la Pag: seis, segunda columna, a continuación del renglón nueve, se agrega el siguiente párrafo: Por el H. Ayuntamiento, Lic. FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, Presidente; ENRIQUE JUÁREZ TREJO, Síndico; JAVIER PIÑA MARTÍNEZ, ALFREDO ARRIGA ZETINA, JAIME NUÑEZ LÓPEZ, CARLOS ESTRADA CHÁVEZ, FERMINA ARELLANO MONTERO, ÁNGEL DÍAZ PÉREZ, LUIS LAJAS MULLER, JULIO CESAR GONZÁLEZ JIMÉNEZ, RODOLFO SÁNCHEZ MURILLO, SUSANA ESQUIVEL FARIAS, MANUEL GARCÍA CONTRERAS, ANTONIO MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Regidores, ENRIQUE SÁNCHEZ VELASCO, Secretario del Ayuntamiento. (Firmados)" Del contenido de lo antes transcrito, se evidencia, que no fue la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Michoacán, quien aprobó el Acuerdo Administrativo del diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro y en especial su artículo cuarto transitorio, sino el Ayuntamiento de Morelia, acuerdo en el que se aprobó la extinción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia y la creación de Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia. Sin que el solicitante del amparo haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa por parte de dicha autoridad señalada como responsable. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguiente: "Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez." Máxime que ante la negativa de la autoridad responsable, a la parte quejosa le correspondía la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia del acto reclamado y no satisfizo tal extremo con prueba certera y eficiente. Por ilustrativa, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 41/2001, que literalmente dice: "Tesis: VI.2o.A.4 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187728 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Febrero de 2002 Página 903 Tesis Aislada (Común) PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Amparo en revisión 41/2001. José Ricardo Picen Coyotl. 15 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Rosa Iliana Noriega Pérez." Además de lo anterior cabe destacar que en auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su libelo constitucional respecto del Ayuntamiento de Morelia; y no obstante haber sido legalmente notificado del mismo, no hizo manifestación alguna al respecto, de ahí que por tal motivo en relación con la inconstitucionalidad reclamada, también se actualice la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, 63, fracción IV, en relación con el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo. "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 194684 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CLXIV/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Enero de 1999, página 113 Tipo: Aislada DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento. Amparo en revisión 2662/98. Manuel Fernández Caballero. 27 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. En cambio, son ciertos los actos reclamados a las diversas autoridades responsables Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, todos con sede en esta ciudad, en sus respectivas esferas de competencia. Además, en cuanto a la publicación reclamada al Periódico Oficial del Estado de Michoacán, respecto del Acuerdo administrativo del diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, se determina su certeza, en el actuar de dicha autoridad, pues se encuentra probada con el hecho de que dicho acto forma parte de un procedimiento de creación de la norma impugnada, el cual, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no está sujeto a prueba, al tratarse de hechos públicos y notorios. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: Época: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil.". QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Estudio de causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335". "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos". En efecto, este juzgado advierte que en la especie respecto del acto reclamado al Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, precisado en el inciso b), del considerando segundo de esta sentencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción III, en sentido contrario de la Ley de Amparo. Lo anterior debido a que la parte quejosa no combate el acto que a éste le compete (publicación) por vicios propios, única hipótesis en la que sería procedente el juicio de amparo contra tal autoridad, y si en el caso aquélla no atribuye dicho acto por vicios propios, es inconcuso que se debe sobreseer la demanda, respecto del Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2009694 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: XXVII.3o.86 K (10a.) Página: 2128 AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REFRENDO O LA PUBLICACIÓN DE NORMAS GENERALES CUANDO NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. Conforme al artículo 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, en el amparo indirecto contra normas generales el quejoso podrá señalar, con el carácter de autoridades responsables, a las que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, siempre que formule conceptos de violación para impugnar esos actos por vicios propios. Por consiguiente, de la interpretación sistemática de las porciones normativas referidas con el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en la demanda se señalen como actos reclamados el refrendo o la publicación de normas generales, pero no se formulen conceptos de violación para controvertirlos por vicios propios. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 33/2015. Inversora Inmobiliaria Club, S.A. de C.V. 8 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretaria: Claudia Luz Hernández Sánchez. Esta tesis se publicó el viernes 07 de agosto de 2015 a las 14:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación.". En ese sentido en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción III a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer la demanda de amparo promovida por EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS, contra actos Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, consistente en la publicación del Acuerdo Administrativo del diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, concretamente su artículo cuarto transitorio, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco. De igual forma, en relación con el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, indicado en el inciso c), del considerando segundo de esta sentencia, consistente en el auto dictado el doce de junio de dos mil diecinueve, dentro del juicio ordinario laboral 3D/117/2019, promovido por el hoy quejoso EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS, contra el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, mediante el cual declinó la competencia legal al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para conocer de dicho juicio, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción VIII, este último aplicado a contrario sensu. Lo anterior, toda vez que si bien conforme al artículo 107 fracción VIII de la ley de la materia, el juicio de amparo es procedente contra aquellas resoluciones que determinen declinar la competencia o conocimiento del asunto, también es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación de dicha normativa, ha sostenido que el juicio de amparo indirecto procede contra los actos en los que la autoridad jurisdiccional a favor de la cual se declina la competencia la acepta, o bien, cuando se inhibe en el conocimiento de un asunto, por ser en ese momento cuando se produce una afectación personal y directa a la esfera jurídica de los derechos del gobernado; por tanto, contra la resolución original de declinatoria de competencia, no procede el juicio de amparo indirecto. En consecuencia, por lo ya expuesto, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en el auto emitido el doce de junio de dos mil diecinueve, dentro del juicio ordinario laboral 3D/117/2019, promovido por el hoy quejoso EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS, contra el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, mediante el cual declinó la competencia legal para conocer de dicho juicio, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se actualiza la referida causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VIII, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, lo cual conlleva a sobreseer el presente asunto, respecto de dicho acto con fundamento en el artículo 63, fracción V de la misma ley. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2009721 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I , página 5 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Contradicción de tesis 239/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 28 de mayo de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora I. y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la queja 122/2013, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 146/2014. El Tribunal Pleno, el siete de julio en curso, aprobó, con el número 17/2015 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de julio de dos mil quince. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 68/2021 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de presidencia de 13 de abril de 2021. Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de agosto de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." Es de invocarse también la siguiente tesis: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2010898 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: VII.2o.T.6 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, página 3174 Tipo: Aislada COMPETENCIA. EL ESTUDIO DE LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLINA PROCEDE EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LA ACEPTA, AL CONSTITUIR AMBAS UN SOLO ACTO JURÍDICO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, en sesión pública de 28 de mayo de 2015, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, página 5, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", al interpretar la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, determinó que el juicio de amparo indirecto procede contra los actos en los que la autoridad jurisdiccional a favor de la cual se declina la competencia la acepta, o bien, cuando se inhibe en el conocimiento de un asunto, por ser en ese momento cuando se produce una afectación personal y directa a la esfera jurídica de los derechos del gobernado; por tanto, contra la resolución original de declinatoria de competencia, no procede el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia. En ese contexto, se concluye que al no proceder el amparo contra el primer auto o resolución declinatoria de competencia, su legalidad puede ser motivo de inconformidad y de examen constitucional en el juicio de amparo promovido contra el auto de aceptación de dicha competencia, esto, porque la declinatoria constituye el origen de aquella determinación de competencia y, por ende, constituye un solo acto jurídico; de estimar lo contrario, se dejaría en estado de indefensión al quejoso, quien no podría impugnar por vicios propios ese primer acto mediante algún recurso. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 203/2015. Rutilio Espinoza Bernabé. 9 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Lucía del Socorro Huerdo Alvarado, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Eduardo Alonso Ruiz Guerrero. Esta tesis se publicó el viernes 22 de enero de 2016 a las 11:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO. En el concepto de violación cuarto, alega la parte quejosa, en esencia, que, el auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad dentro del juicio laboral número 637/2019, a través del cual aceptó y asumió la competencia declinada por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para conocer el conflicto laboral iniciado por el ahora quejoso en contra del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, infringe en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 123 apartado A, fracción XX, constitucionales. El quejoso aduce que, en el juico laboral por él demandado, no le son aplicables los artículos 1 y 2 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, pues afirma que contrario a lo resuelto dicho cuerpo normativo no es aplicable dentro del conflicto laboral individual suscitado con su empleador -Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Morelia-, pues la parte quejosa considera que para ello era precisó que en una ley decreto o reglamento, se estableciera que las relaciones laborales entre el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, y sus trabajadores se diriman con base en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán; y que esa Ley, Decreto o reglamento se haya expedido conforme a las normas vigentes por las autoridades competentes para tal efecto. El anterior concepto de violación es infundado toda vez que en la especie, sí existe el Acuerdo Administrativo de diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco, el cual, contrario a lo afirmado por la parte quejosa en el concepto de violación en análisis, no lo aprobó el Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, sino el Ayuntamiento de esta ciudad, pues en la fe de erratas contenido en dicho documento se asentó: "FE DE ERRATAS Al Periódico Oficial N° 44 Cuarta Sección, de fecha Lunes 12 de Junio de 1995 En la Pag: seis, segunda columna, a continuación del renglón nueve, se agrega el siguiente párrafo: Por el H. Ayuntamiento, Lic. FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, Presidente; ENRIQUE JUÁREZ TREJO, Síndico; JAVIER PIÑA MARTÍNEZ, ALFREDO ARRIGA ZETINA, JAIME NUÑEZ LÓPEZ, CARLOS ESTRADA CHÁVEZ, FERMINA ARELLANO MONTERO, ÁNGEL DÍAZ PÉREZ, LUIS LAJAS MULLER, JULIO CESAR GONZÁLEZ JIMÉNEZ, RODOLFO SÁNCHEZ MURILLO, SUSANA ESQUIVEL FARIAS, MANUEL GARCÍA CONTRERAS, ANTONIO MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Regidores, ENRIQUE SÁNCHEZ VELASCO, Secretario del Ayuntamiento. (Firmados)" En consecuencia si conforme al artículo cuarto transitorio del aludido acuerdo, expedido por el Ayuntamiento Constitucional de Morelia, los trabajadores que hasta el momento de la publicación de dicho documento, se encontraren prestando sus servicios para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia, sus derechos labores se regirían por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, es indudable que si el ahora quejoso para el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco, aun laboraba para el referido organismo, sus derechos laborales deben regirse conforme a la Ley citada en último término. Congruente con lo anterior, debe decirse que en la especie, fue correcta y legal la determinación del Tribunal responsable al citar los artículos 1° y 96 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y su Municipios, para fundar el auto dictado el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, donde aceptó y asumió la competencia declinada por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para conocer del juicio ordinario laboral 3D-117/2019, instado por el aquí quejoso contra el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, Michoacán, pues el artículo 1° de la Ley citada en último término, es clara en establecer que la misma regula la relaciones laborales entre los trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, por una parte y por la otra entre otros de aquellos organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal en que por leyes, decretos o reglamentos llegue a señalarse su aplicación. De manera que si en la especie el artículo cuarto transitorio del Acuerdo Administrativo de diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, prevé: "Artículo cuarto. Los derechos laborales de los trabajadores que hasta ahora vienen prestando sus servicios para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia, serán respetados en los términos de ley, los cuales se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios" Es indudable que si el ahora quejoso al momento de la expedición de dicho Acuerdo, se encontraba prestando sus servicios para el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia, sus derechos laborales se regirían por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, por lo cual el juicio laboral por éste demandado a su empleador en el año de dos mil diecinueve, deberá tramitarse conforme a los preceptos de dicha ley y no de la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, en el quinto y sexto conceptos de violación, el quejoso alega que el Tribunal laboral señalado como responsable, vulneró en su perjuicio su derecho fundamental contenido en el artículo 14 Constitucional, pues considera que al aceptar la competencia para conocer del conflicto laboral multicitado, (derivado de la aplicación del artículo cuarto transitorio del Acuerdo Administrativo del diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro), lo deja en una desventaja, porque él ingresó a laborar al organismo descentralizado en cita desde el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y uno y que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia, desde el año mil novecientos ochenta y uno, tiene celebrado contrato colectivo de trabajo con el Sindicato de Trabajadores Asalariados del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, que en dicho contrato en la cláusula cuarta se reconoció sus beneficios en favor de todos los trabajadores de dicha empresa y que como ese contrato se encuentra depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, bajo el expediente número J.III-234/2014, donde aduce el peticionario del amparo, se había reconocido la competencia de dicha Junta para conocer y dirimir conflictos colectivos e individuales suscitados entre el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia antes Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia y sus trabajadores; por todo ello, afirma el quejoso que la competencia legal para conocer del conflicto laboral de origen, debe sostenerse a favor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. El quejoso refiere también que el auto del Tribunal laboral responsable, materia de reclamo, infringe en su perjuicio el contenido de los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque no atendió a lo dispuesto por el artículo 925 de la Ley Federal del Trabajo, conforme al cual es competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje conocer y resolver, entre otros, los conflictos relativos a las relaciones de trabajo o derivados de prestación de servicios públicos de aprovechamiento y distribución de aguas destinadas al servicio de las poblaciones; que por disposición expresa del apartado A del artículo 123 Constitucional anterior a las reformas del uno de mayo del dos mil diecinueve, es competente la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, para conocer de los conflictos que se susciten entre las empresas privadas, así como los organismos descentralizados, o empresas de participación estatal o municipal que en leyes, decretos o reglamentos no señalen de manera precisa la aplicación de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. De igual forma, aduce el quejoso, que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los referidos preceptos constitucionales, por falta de aplicación de los artículos 41 y 123 apartado A, fracción XXXI, inciso b), numeral 1 de la Constitución Federal de la República, anterior a las reformas del uno de mayo de dos mil diecinueve, pues considera dicho amparista que conforme a esos artículos, son competentes las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje para conocer de los conflictos que se susciten entre empresas administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal, lo que aduce el inconforme, debe trasladarse al ámbito local de las entidades federativas, respetando el mismo orden normativo; que la facultad de las entidades federativas para legislar en materia de trabajo es únicamente en relación con los trabajadores de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y que esas leyes locales no deben ser contrarias al artículo 123 apartado A, fracción XXXI, inciso b), numeral 1 de la Constitución Federal, al estar prohibido por el artículo 41 de la misma. De ahí que insiste el hoy quejoso, en que la competencia para conocer de los conflictos laborales entre el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, antes Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia y sus trabajadores, corresponde a la Junta Local de Conciliación Arbitraje del Estado y no al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por lo que en la especie estima el amparista que del conflicto laboral por el iniciado ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, compete a ésta y no al Tribunal laboral, señalado como responsable. Los anteriores conceptos de violación son infundados. Es así, pues el artículo 116, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé lo siguiente: "Art. 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: VI.- Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias". De la lectura de dicho precepto constitucional se advierte que nuestra carta magna otorga flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios; y por ello determina que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, lo que indudablemente incluye a los descentralizados de la administración pública local, como en la especie lo es el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia. Con base en lo anterior, se facultó a las entidades federativas para regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial. En consecuencia, conforme a esa facultad otorgada a los Estados, el trece de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado, y con base en ella, el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Acuerdo Administrativo del diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, a través del cual se creó el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, en cuyo artículo cuarto transitorio se estableció que los derechos laborales de los trabajadores que hasta esa fecha venían prestando sus servicios en el aludido organismo, serían respetados en los términos de la ley y los cuales se regirían por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán. De ahí que por disposición constitucional, la competencia para conocer de conflictos laborales entre organismos descentralizados locales con sus trabajadores, es flexible porque con independencia de que sus actividades laborales estén estipuladas en el apartado A o B del artículo 123 Constitucional, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores y si en el caso del Estado de Michoacán se creó la Ley de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado, la cual facultó a los Municipios para legislar en cuanto a la creación del Organismo Operador respectivo y conforme a ello en el artículo cuatro transitorio del Acuerdo Administrativo del diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, se determinó que los derechos laborales de los trabajadores de dicho organismo, se regirían por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, con independencia de que como lo afirma el quejoso exista un contrato colectivo de trabajo depositado en la Junta, y que en él se hubiere incluido, como lo afirma el amparista, incluso a los trabajadores de confianza, lo cierto es que el decreto que creó el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, establece que los derechos de sus trabajadores se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servido del Estado de Michoacán. Sirve de orientación a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2012980 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Laboral Tesis: 2a./J. 130/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 1006 Tipo: Jurisprudencia ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. La voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial. Amparo directo en revisión 6490/2015. Ovidio Rodríguez García. 4 de mayo de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Jocelyn Montserrat Mendizábal Ferreyro. Amparo directo en revisión 671/2016. José Espinosa Medina. 13 de julio de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. Amparo directo en revisión 1366/2016. Susana Leticia Fuentes Sosa. 24 de agosto de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Francisco Manuel Rubín de Celis Garza. Amparo directo en revisión 1913/2016. Manuel Arturo Acevedo Godoy. 24 de agosto de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Francisco Manuel Rubín de Celis Garza. Amparo directo en revisión 1356/2016. Ligia Mirbella Arceo y Avilés. 21 de septiembre de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Ron Snipeliski Nischli. Tesis de jurisprudencia 130/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. ________________ Nota: (*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 180/2012 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 734, con el rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE." Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." En consecuencia contrario a lo que alude en sus conceptos de violación el hecho de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se haya declarado competente para conocer del juicio laboral por él instado, no infringe en perjuicio del trabajador ahora quejoso derecho fundamental alguno. Por último, debe decirse que el amparista, en otra parte de sus conceptos de violación, también alega que como el artículo cuarto transitorio del Acuerdo administrativo de diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, no fue emitido y aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento de Morelia, es una norma inconstitucional y que al no existir una ley o reglamento promulgado y aprobado que establezca que las relaciones laborales del Organismo en cita y sus trabajadores deban regirse por la ley burocrática local, la ley aplicable a dichos conflictos era la Ley Federal del Trabajo y que por tanto, quien debía conocer del juico de donde deriva el acto reclamado, lo era la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. El referido motivo de inconformidad resulta inatendible, ello es así, porque en el considerando tercero de esta sentencia se determinó la inexistencia de la inconstitucionalidad de la norma reclamada a la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia. Mientras que el primer acto de aplicación de la misma la parte quejosa lo hace consistir en el auto de declinación de incompetencia emitido el doce de junio de dos mil diecinueve por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, así como en el proveído dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, dentro del juicio laboral 637/2019, que aceptó y asumió la competencia declinada a su favor, derivado de la aplicación de artículo cuarto transitorio de Acuerdo Administrativo del diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, conforme al cual el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, aplicó los numerales relativos a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado para fundar su competencia. En consecuencia, por lo ya expuesto, como ya se dijo, el concepto de violación en cita es inatendible, al derivar de la aplicación de una norma considerada inconstitucional, respecto de la cual se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo en el considerando tercero de esta sentencia. Es aplicable la tesis: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 320933 Instancia: Segunda Sala Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XCIII, página 1544 Tipo: Aislada LEYES, AMPARO CONTRA LAS. Los conceptos de inconstitucionalidad de una ley sólo pueden ser analizados en relación con el acto del legislador, que consiste en la expedición de la misma, motivo por el cual, cuando dicha autoridad no ha sido señalada como responsable, los conceptos de violación no pueden ser analizados respecto de autoridades a quienes sólo se atribuye la aplicación de dicha ley. Amparo administrativo en revisión 5131/44. Alvarez de Castañeda Carmen y coags. 14 de agosto de 1947. Unanimidad cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente". En consecuencia, ante lo infundado e inatendible de los conceptos de violación procede negar el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto reclamado analizado en el presente considerando. Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS, por los razonamientos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A, EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS, respecto del acto y por la autoridad precisados en el considerando sexto, por los motivos expuesto en el mismo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Así, lo resolvió y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy trece de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Doy fe.
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