Edgar Omar García García
Expediente 1149/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 41 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1149/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 14/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Edgar Omar García García
- Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil en esta ciudad y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de agosto de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo. En tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en alguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20, Fracción I del Acuerdo General, destrúyase el presente expediente. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, las documentales con las cuales se formó un tomo de pruebas; sin que haya a lugar a requerir a la autoridad responsable acuse de recibo toda vez que con el sello de recepción que obre en el oficio, surte el mismo efecto. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************por propio derecho, contra actos que reclama del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, por ********************por propio derecho, promovió demanda de amparo en la que señaló como autoridades responsables a los Jueces Octavo, Primero y Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, a quienes les reclamó actos realizados en tres juicios distintos. En ese ocurso, el quejoso narró indistintamente los antecedentes de dichos juicios y formuló en conjunto los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Separación de juicios. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho asunto al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, por lo que mediante acuerdo de tres de mayo siguiente se registró bajo el número de expediente ********************. Seguido el juicio por sus cauces legales, en proveído de diecisiete de octubre del mismo año se ordenó la separación de juicios en atención a que los actos reclamados en la demanda provenían de procedimientos jurisdiccionales distintos, por lo que se giraron los oficios respectivos a la Oficina de Correspondencia Común para que determinara a qué juzgado le correspondería conocer de los nuevos juicios de amparo. TERCERO. Tramitación del juicio de amparo. Por ende, el dieciocho de octubre del mismo año se turnó a este juzgado la demanda de amparo relativa al segundo de los actos reclamados por el quejoso, atribuido al Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, el cual se reclamó en los siguientes términos: "Del Juez Primero de lo Civil de este Distrito Judicial, en cuanto ORDENADORA, dictar la orden que le dio a la actuaría en funciones de ministra ejecutora de que realizara la ejecución de la diligencia motivo (sic) el acta de requerimiento de pago y/o embargo y/o emplazamiento de fecha 22 veintidós de noviembre del año 2018, dos mil dieciocho, levantada por la actuaria en funciones de ministra ejecutora la licenciada ********************, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, número ********************, que el actor ********************, tramita en contra de los deudores ********************. IV. De la actuaría en cuanto autoridad EJECUTORA, en funciones de ministra ejecutora del Juzgado Octavo de lo Civil de este distrito judicial, la ejecución de la diligencia motivo del acto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de demanda de fecha 22 de noviembre del año 2018." En consecuencia, en proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós se registró bajo el número de expediente ********************, se admitió a trámite la demanda, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diversos diferimientos tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo por materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en la medida en que se reclama un acto proveniente de un juzgado de primera instancia civil, con residencia en esta ciudad, lugar y materia en los que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda. También apoya lo anterior la tesis aislada P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, con número de registro digital 181810, de contenido siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De igual forma, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, con número de registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama en su calidad de tercero extraño, actuaciones realizadas en el juicio ejecutivo mercantil ********************, promovido por ********************, contra ******************** de apellidos ******************** el primero en su calidad de deudor principal y el segundo como deudor solidario. En específico, se combate la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se trabó embargo provisional respecto de las acciones y derechos hereditarios que les corresponden a los demandados dentro del juicio sucesorio testamentario número ********************, a bienes de ********************, tramitado ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Actuación que, según lo expuesto por el peticionario de amparo, trasciende respecto de su esfera jurídica, virtud de que el codemandado ******************** ********************, con anterioridad a la realización de ese embargo precautorio, le cedió sus derechos hereditarios, los cuales abarcaban medularmente la copropiedad del bien inmueble ubicado en el número ********************, el cual no se ha podido adjudicar por haberse registrado el embargo precautorio trabado en el juicio mercantil. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y el actuario adscrito, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro electrónico 1002815, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tal afirmación se corrobora con las constancias originales del juicio ejecutivo mercantil ********************, que remitió la responsable con su informe con justificación, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, al tratarse de un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Al respecto resulta aplicable la tesis 226, del Pleno de nuestro máximo tribunal, con número de registro 394182, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto. Es innecesario analizar los conceptos de violación formulados por el quejoso, dado que este órgano de control constitucional considera que, en la especie, se actualizan diversos supuestos de inejercitabilidad. En primer lugar, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sentido, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. En principio, resulta indispensable precisar que el Máximo Tribunal del País ha sostenido que no puede considerarse como tercero extraño a la parte que alega la falta o ilegal emplazamiento o una afectación derivada del juicio, cuando ya ha comparecido a él, o bien, cuando no haya comparecido, pero haya tenido pleno conocimiento de la existencia del juicio incoado en su contra antes de que se dicte sentencia y ésta cause estado o tenga pleno conocimiento, como podría suceder si durante la secuela procesal se entendiera alguna diligencia con él personalmente. Es así porque en ese supuesto el promovente del amparo estaría en aptitud de ocurrir al juicio natural y hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios. Tales razonamientos se encuentran contenidos en las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia.". "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". (El énfasis es propio). Sentado lo anterior, conviene reiterar que, en el caso, el quejoso reclama en su calidad de tercero extraño, las actuaciones realizadas en el juicio ejecutivo mercantil ********************, promovido por ********************, contra ******************** de apellidos ******************** el primero en su calidad de deudor principal y el segundo como deudor solidario. En específico, la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se trabó embargo provisional respecto de las acciones y derechos hereditarios que les corresponden a los demandados dentro del juicio sucesorio testamentario número ********************, a bienes de ********************, tramitado ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Sin embargo, de las constancias que fueron allegadas tanto por la autoridad responsable, así como por el tercero interesado ********************, respecto de diversas actuaciones que integran el juicio sucesorio testamentario número ********************, a bienes de ********************, se obtiene que: Ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, se tramitó el juicio sucesorio testamentario número ******************** a bienes de ******************** en el cual, una vez culminadas sus etapas procesales, el catorce de julio de dos mil dieciséis se dictó sentencia definitiva, en la que se aprobó parcialmente el proyecto de división y partición presentado, adjudicándose en favor de ********************, éstos de apellidos ********************; ********************, Juan Manuel, César, Magdalena, Marisa Verónica, Rosa Martha, Alma Alicia, de apellidos ********************; ********************y ********************los bienes inmuebles y el usufructo que conforman el acervo hereditario. Destacándose que por lo que ve a la casa marcada con el número en ********************, se adjudicó en favor del aquí quejoso ********************dada la cesión de derechos hereditarios que realizaron en su favor los herederos ******************** y César, de apellidos ********************; en escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil catorce y ratificado el veintinueve de octubre siguiente. Posteriormente, mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el ahora quejoso solicitó al juez Séptimo en Materia Civil de este Distrito Judicial, que se remitieran los autos originales del juicio sucesorio ******************** a bienes de ******************** al fedatario público, a fin de que se protocolizara la adjudicación que hicieron en su favor los coherederos ******************** y César, de apellidos ********************; respecto del referido inmueble, petición a la que recayó el auto de veinticinco de octubre siguiente, en el que el primigenio determinó improcedente su petición, bajo el argumento de que la sentencia emitida en el juicio sucesorio de origen había sido modificada por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, concretamente en lo relativo a que la cesión hecha en su favor no se había enunciado en el proyecto partitorio, en virtud de que el albacea no gestionó lo conducente para modificar o adicionar la propuesta de división y partición de los bienes; de ahí que no acordó procedente dicha protocolización. Enseguida, mediante oficio número 27/2019, de fecha once de enero de dos mil diecinueve, el juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, hace del conocimiento del Juez Séptimo el embargo trabado en la diligencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, respecto de las acciones y derechos que corresponden a los demandados (******************** y César, de apellidos ********************) y que derivan de la sucesión testamentaria número ******************** a bienes de ********************, recayendo el proveído de veintidós de enero siguiente, en el sentido de tener al juez oficiante por informando que dentro del juicio ejecutivo mercantil número ********************, fueron embargadas las acciones y derechos hereditarios que les corresponden a Juan Manuel ******************** y ******************** ********************, dentro de la sucesión respectiva. Y, en diverso oficio 829/2019, de tres de mayo de dos mil diecinueve, el juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, hace del conocimiento del Juez Séptimo y anexa las constancias relativas a que dentro de la actuaciones del juicio ejecutivo mercantil número ********************, fue emitida la sentencia definitiva en la que se declaró procedente la vía ejecutiva mercantil y la acción cambiaria directa, condenándose a los demandados (******************** y César, de apellidos ********************) al pago de las prestaciones reclamadas, el cual, tuvo por recibido en acuerdo de quince de mayo siguiente, emitido dentro de las actuaciones de la sucesión testamentaria ******************** a bienes de ********************. Lo anterior patentiza que, en el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia anunciada con antelación. Ello, en primer lugar, porque de lo narrado se advierte que ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, se tramitó el juicio sucesorio testamentario número ******************** a bienes de ******************** en el cual, el catorce de julio de dos mil dieciséis se dictó sentencia definitiva, en la que se aprobó parcialmente el proyecto de división y partición presentado, adjudicándose entre otros a favor del quejoso ********************los bienes inmuebles y el usufructo que conforman el acervo hereditario; destacándose que por lo que ve al inmueble que defiende en esta instancia constitucional el quejoso, ubicado en el número ********************, se le adjudicó dada la cesión de derechos hereditarios que realizaron en su favor los herederos ******************** y César, de apellidos ********************; en escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil catorce y ratificado el veintinueve de octubre siguiente. Que mediante oficios 27/2019 y 829/2019, de fechas once de enero y tres de mayo, ambos de dos mil diecinueve, el juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, hace del conocimiento del Juez Séptimo, el embargo trabado en la diligencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio ejecutivo mercantil número ********************, respecto de las acciones y derechos que corresponden a los demandados (******************** y César, de apellidos ********************) y que derivan de la sucesión testamentaria número ******************** a bienes de ********************; así como que fue emitida la sentencia definitiva en la que se declaró procedente la vía ejecutiva mercantil y la acción cambiaria directa, condenándose a los demandados (******************** y César, de apellidos ********************) al pago de las prestaciones reclamadas. Ahora, el quejoso afirma que fueron vulnerados sus derechos de audiencia y legalidad, pues en tal juicio no fue llamado para que compareciera a defender sus derechos, dado que en sentencia de catorce de julio de dos mil dieciséis, emitida dentro del juicio sucesorio testamentario número ******************** a bienes de ********************, le fue adjudicado el bien inmueble que defiende en esta instancia constitucional. De ahí que válidamente pueda afirmarse que el quejoso participó activamente en el juicio sucesorio testamentario número ******************** a bienes de ********************; como parte, al menos desde la realización y ratificación de la cesión de derechos hereditarios a su favor, acontecida el diecisiete de octubre de dos mil catorce; por lo cual, conocía la existencia y datos de identificación del juicio ejecutivo mercantil número ********************, del índice del Juzgado Primero de lo Civil de este Distrito Judicial al que dice no fue llamado, de manera que no tiene el carácter de tercero extraño, por lo que estuvo en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia correspondiente. Es aplicable al respecto, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 5/2021 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo I, página 506, de la Décima Época, con el Registro digital: 2023029, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR ACTUALIZARSE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A SU ALCANCE MEDIOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE LA PARTE QUEJOSA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Hechos: Al resolver diversos recursos de queja, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre si procede o no el desechamiento de una demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando quien promueve con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación no acredita tener tal carácter. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede desechar la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando el Juez de Distrito tiene a su alcance medios probatorios suficientes para concluir que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación. Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones, dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas al juicio. Por otra parte, se tiene que el tercero extraño por equiparación es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado al juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En otro orden, se tiene que el Juez de amparo no podrá admitir a trámite la demanda relativa, en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Luego, cuando el juzgador de amparo que conoce de la demanda tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes que le permiten deducir que el promovente no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, es legalmente válido que deseche la demanda de amparo, en tanto que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta." Por otra parte, se advierte la actualización de una diversa causal de improcedencia, tal como lo asevera el tercero interesado en su escrito de alegatos, porque el quejoso consintió tácitamente lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, con respecto al cual se ostenta como tercero extraño, lo que configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Del precepto transcrito se desprende que el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando se promueve después de la conclusión de los plazos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley de la materia, en cuyo caso se entenderá que el quejoso consiente tácitamente los actos reclamados. En efecto, por regla general, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. Ahora bien, a fin de resolver el asunto es necesario cuestionarse ¿A partir de qué momento debe computarse el mencionado plazo de quince días? Esta interrogante admite tres posibles respuestas, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de la materia, a saber: Regla uno, inicia a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado. Regla dos, corre a partir del día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento de ellos o de su ejecución. Regla tres, el plazo inicia a correr a partir del día siguiente al en que el quejoso se ostentó sabedor de los mismos. El supuesto consistente en que el plazo para ejercer la acción de amparo corre a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación (regla uno) es aplicable para los casos en que el acto reclamado derive de procedimientos judiciales y contemplen el medio de la notificación a las partes involucradas. Es aplicable la Jurisprudencia XXI.2º.P.A.J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". En cambio, la segunda regla es aplicable a los casos en que no se prevé la notificación como medio legal de comunicación procesal para dar a conocer los actos emitidos por la autoridad -como pueden ser actos no jurisdiccionales- y a los procedimientos que sí la prevén, pero no puede realizarse a quien se ostenta interesado por no ser parte de la relación jurídica procesal -tercero extraño-. En tanto que la tercer regla, entraña una confesión del conocimiento de un acto de autoridad que transgrede los derechos públicos subjetivos del gobernado. Es aplicable, por las razones que la integran, la tesis 71, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". Ahora bien, en el caso, de los antecedentes que se advierten de las constancias que obran en el juicio ejecutivo mercantil de origen y el diverso sucesorio testamentario ********************; se colige que: El quejoso ********************se ostenta como tercero extraño al juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, con motivo de la afectación que afirma sufrió a su derecho de propiedad sobre el inmueble ubicado en ********************. A su vez, para evidenciar la propiedad sobre dicho bien, el quejoso explicó que dentro del juicio sucesorio testamentario número ********************, a bienes de ********************, tramitado ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, el codemandado ******************** ********************, le cedió los derechos hereditarios que le correspondían en el asunto, entre los cuales se incluye la copropiedad del bien inmueble apuntado. Además, de las actuaciones que allegó el tercero interesado, consistentes en copias certificadas del referido juicio sucesorio se advierte que el ahora quejoso participó activamente en dicho procedimiento como parte, al menos desde la realización y ratificación de la cesión de derechos hereditarios a su favor, acontecida el diecisiete de octubre de dos mil catorce. Asimismo se obtiene que mediante oficio 27/2019, emanado del juicio ejecutivo mercantil ********************, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, informó al diverso Juez Séptimo Civil, de la realización de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se trabó embargo provisional respecto de las acciones y derechos hereditarios que les corresponden a los demandados ********************, de apellidos ********************, dentro del juicio sucesorio testamentario número ********************, a bienes de ********************, tramitado ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Incluso a dicho oficio se anexó copia certificada de las constancias que obran en el citado juicio ejecutivo, entre ellas, la diligencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho aludida; actuaciones que se tuvieron por recibidas el veintidós de enero de dos mil diecinueve, y se notificaron por lista de esa misma fecha. Además, mediante diverso oficio 829/2019, proveniente del mismo Juzgado Primero se le informó al Séptimo que el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve de dictó sentencia definitiva en ese juicio ejecutivo mercantil y que la misma ya había causado estado. Constancias que fueron recibidas por acuerdo de quince de mayo de dos mil diecinueve; y, se notificó por lista de esa misma fecha a las partes. En ese sentido, si en esta instancia constitucional el quejoso pretende defender su derecho de propiedad sobre el inmueble ubicado en ********************, ante diversas actuaciones que tuvieron verificativo en el juicio ejecutivo mercantil ********************, es razonable concluir que durante el desahogo del diverso juicio sucesorio testamentario ********************, en el cual se le reconoció la calidad de parte, por ser causahabiente de uno de los herederos, tuvo conocimiento de la existencia del juicio mercantil en cita y de la afectación que supuestamente sufrió el bien inmueble cuya propiedad pretende defender. Lo anterior en virtud de que en su calidad de parte interviniente en la sucesión en comento, como cesionario de los derechos hereditarios (en su momento), se impuso del contenido de los proveídos de veintidós de enero y quince de mayo de dos mil diecinueve, en las que se acordó la recepción de los referidos oficios, al formar parte de las constancias procesales que integran el juicio sucesorio. Apoya lo anterior la tesis aislada I.6º.C. 84 K localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 2128, Novena Época, Marzo de 2006, Tomo XXIII, con registro 175413 de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. EL HECHO DE QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE, SINO QUE ES NECESARIO QUE SE ENTERE FEHACIENTEMENTE DE QUE EN ESA CONTIENDA SE PODRÍA AFECTAR O SE ESTÁ AFECTANDO SU ESFERA JURÍDICA. De la interpretación del artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 del mismo ordenamiento, excepto los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes, de esa forma, para que se actualice la causal de improcedencia invocada, se tienen que presentar los siguientes supuestos: a) Un acto de autoridad; b) Una persona que se hace sabedora de que puede sufrir o está siendo afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Ahora bien, todos los elementos anteriormente señalados deben concurrir necesariamente, porque ante la falta de alguno de ellos impediría que se reuniera lo indispensable y necesario para estimar que se encuentra actualizada la causal de improcedencia en cita. En este orden de ideas, cuando una persona es tercera extraña a juicio, no es suficiente para considerar que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, el hecho de que ésta haya tenido conocimiento de la existencia del procedimiento, sino que es requisito esencial que se encuentre enterada fehacientemente de que en esa contienda se podría ver afectada o se está afectando su esfera jurídica". En el contexto apuntado, se actualiza la regla dos, conforme a la cual el plazo de quince días con que el quejoso contaba para presentar su demanda respecto a los actos emitidos en juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil de Morelia, Michoacán, en su calidad de tercero extraño a juicio, inició al día siguiente al en que tuvo conocimiento de su tramitación y de la afectación al bien inmueble, cuya propiedad pretende defender, es decir, desde el mes de enero de dos mil diecinueve, que es cuando se recibió en el juicio sucesorio el referido oficio en el que se informó respecto del embargo precautorio realizado en aquél asunto. De ahí que si el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado en enero de dos mil diecinueve, el plazo de quince días previsto en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, evidentemente transcurrió en demasía, toda vez que la demanda de amparo se presentó hasta el veintinueve de abril de dos mil veintidós. Por último, en el presente asunto se actualiza de igual manera la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el dispositivo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, como así lo señala el tercero interesado y que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." En efecto, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, esto es: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En ese orden, en el caso que nos ocupa el quejoso debía acreditar fehacientemente el interés jurídico, que le asiste para defender el bien inmueble materia de este juicio. En la especie el quejoso ********************se ostenta como tercero extraño al juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, con motivo de la afectación que, afirma, sufrió a su derecho de propiedad sobre el inmueble ubicado en el número ********************. A su vez, para evidenciar la propiedad sobre dicho bien, el quejoso explicó que dentro del juicio sucesorio testamentario número ********************, a bienes de ********************, tramitado ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, el codemandado ******************** ******************** le cedió los derechos hereditarios que le correspondían en el asunto, entre los cuales se incluye la copropiedad del bien inmueble apuntado. Tal cesión de los posibles derechos hereditarios que tenían los citados, dejó de tener eficacia, de forma tal que a la fecha inexiste dato alguno que evidencie que el inmueble que defiende la parte quejosa en el presente juicio de amparo, le pertenezca a virtud de la cesión de derechos que dice se realizó en su favor. Ello porque, de las constancias que integran el procedimiento del juicio sucesorio testamentario número ********************, a bienes de ********************, tramitado ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, se advierte que mediante sentencia definitiva de catorce de julio de dos mil dieciséis, se aprobó parcialmente el proyecto de división y partición presentado, adjudicándose en favor de ********************, éstos de apellidos ********************; ********************, Juan Manuel, César, Magdalena, Marisa Verónica, Rosa Martha, Alma Alicia, de apellidos ********************; ********************y el quejoso ********************los bienes inmuebles y el usufructo que conforman el acervo hereditario, destacándose que por lo que ve a la casa marcada con el número ********************, se adjudicó en favor del aquí quejoso ********************dada la cesión de derechos hereditarios que en su momento realizaron en su favor los herederos ******************** y César, de apellidos ********************; en escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil catorce y ratificado el veintinueve de octubre siguiente. Sin embargo, también cierto es que en la diversa sentencia de trece de enero de dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca ********************, modificó la sentencia de primera instancia apelada y, con posterioridad a la cesión referida, en un acto diverso, determinó que por lo que respecta al inmueble ubicado en el número ********************, se adjudicó en favor de los cedentes ******************** y César de apellidos ********************, no así del quejoso. Ello en virtud de que si bien algunos coherederos realizaron algunas cesiones de derecho, las mismas no se enunciaron en el proyecto partitorio, ya que el albacea no gestionó lo conducente para modificar o adicionar el contenido de la propuesta de división y partición de la masa hereditario; y, ante la inconformidad con dicho fallo, se promovió el amparo directo, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, bajo el amparo directo civil ********************, el que mediante ejecutoria de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, negó el amparo a los ahí quejosos. De lo anterior se obtiene que por lo que respecta al inmueble ubicado en el número ********************, que defiende la parte quejosa en el presente juicio de amparo, no ha sido consolidado su derecho de propiedad sobre el inmueble en cita, con motivo de la cesión referida. De ahí que, como se pudo observar de las constancias ofrecidas al presente juicio, no se aprecia alguna titularidad que permita considerar que el solicitante de la protección constitucional se encuentra afectado en sus derechos subjetivos, toda vez que de su contenido no se advierte que ********************sea actualmente titular de un derecho vigente y consolidado respecto del cual recaen los actos que estima inconstitucionales, por ende, los actos reclamados no vulneran su entorno jurídico. Por ende, si la parte inconforme no aportó elementos con los cuales acreditara la titularidad de un derecho que puede ser afectada con motivo de los actos reclamados, es notorio que no se transgreden sus derechos humanos ni sus derechos subjetivos. Cobra vigencia la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Décima Época, página 690, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así las cosas, al no afectarse el interés jurídico de ********************es innegable que el juicio de amparo deviene improcedente, al actualizarse la causa improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer en este juicio constitucional. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en el presente juicio, al haberse actualizado las hipótesis de improcedencia previstas en el diverso 61, fracciones XII, XIV y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sentido, de dicho ordenamiento. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al no atribuírseles vicios propios. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 91-96, Sexta Parte, Séptima Época, página doscientos ochenta y seis, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". En atención a lo resuelto, se hace innecesario realizar el estudio de los conceptos de violación, hechos valer por el peticionario del amparo, ya que al haberse actualizado diversas causales de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad de la materia de reclamo. Sustenta lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Registro digital: 220705 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materia(s): Común Tesis: V.2o. J/15 Fuente: Semanario Judicial de la Federación.Tomo IX, Enero de 1992, página 115 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Cabe referir que la presente determinación tiene efectos exclusivos para el presente juicio de amparo. De manera que el quejoso tiene expeditos sus derechos para acudir ante la jurisdicción ordinaria, de ser el caso, a efecto de ejercer las acciones que estime pertinentes, de ser de su interés. QUINTO. TRANSPARENCIA. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por ******************** en relación con los actos reclamados precisados en el considerando segundo y por las razones señaladas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanza Kidnie, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintidós de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************por propio derecho, contra actos que reclama del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, por ********************por propio derecho, promovió demanda de amparo en la que señaló como autoridades responsables a los Jueces Octavo, Primero y Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, a quienes les reclamó actos realizados en tres juicios distintos. En ese ocurso, el quejoso narró indistintamente los antecedentes de dichos juicios y formuló en conjunto los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Separación de juicios. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho asunto al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, por lo que mediante acuerdo de tres de mayo siguiente se registró bajo el número de expediente ********************. Seguido el juicio por sus cauces legales, en proveído de diecisiete de octubre del mismo año se ordenó la separación de juicios en atención a que los actos reclamados en la demanda provenían de procedimientos jurisdiccionales distintos, por lo que se giraron los oficios respectivos a la Oficina de Correspondencia Común para que determinara a qué juzgado le correspondería conocer de los nuevos juicios de amparo. TERCERO. Tramitación del juicio de amparo. Por ende, el dieciocho de octubre del mismo año se turnó a este juzgado la demanda de amparo relativa al segundo de los actos reclamados por el quejoso, atribuido al Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, el cual se reclamó en los siguientes términos: "Del Juez Primero de lo Civil de este Distrito Judicial, en cuanto ORDENADORA, dictar la orden que le dio a la actuaría en funciones de ministra ejecutora de que realizara la ejecución de la diligencia motivo (sic) el acta de requerimiento de pago y/o embargo y/o emplazamiento de fecha 22 veintidós de noviembre del año 2018, dos mil dieciocho, levantada por la actuaria en funciones de ministra ejecutora la licenciada ********************, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, número ********************, que el actor ********************, tramita en contra de los deudores ********************. IV. De la actuaría en cuanto autoridad EJECUTORA, en funciones de ministra ejecutora del Juzgado Octavo de lo Civil de este distrito judicial, la ejecución de la diligencia motivo del acto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de demanda de fecha 22 de noviembre del año 2018." En consecuencia, en proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós se registró bajo el número de expediente ********************, se admitió a trámite la demanda, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diversos diferimientos tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo por materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en la medida en que se reclama un acto proveniente de un juzgado de primera instancia civil, con residencia en esta ciudad, lugar y materia en los que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda. También apoya lo anterior la tesis aislada P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, con número de registro digital 181810, de contenido siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De igual forma, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, con número de registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama en su calidad de tercero extraño, actuaciones realizadas en el juicio ejecutivo mercantil ********************, promovido por ********************, contra ******************** de apellidos ******************** el primero en su calidad de deudor principal y el segundo como deudor solidario. En específico, se combate la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se trabó embargo provisional respecto de las acciones y derechos hereditarios que les corresponden a los demandados dentro del juicio sucesorio testamentario número ********************, a bienes de ********************, tramitado ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Actuación que, según lo expuesto por el peticionario de amparo, trasciende respecto de su esfera jurídica, virtud de que el codemandado ******************** ********************, con anterioridad a la realización de ese embargo precautorio, le cedió sus derechos hereditarios, los cuales abarcaban medularmente la copropiedad del bien inmueble ubicado en el número ********************, el cual no se ha podido adjudicar por haberse registrado el embargo precautorio trabado en el juicio mercantil. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y el actuario adscrito, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro electrónico 1002815, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tal afirmación se corrobora con las constancias originales del juicio ejecutivo mercantil ********************, que remitió la responsable con su informe con justificación, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, al tratarse de un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Al respecto resulta aplicable la tesis 226, del Pleno de nuestro máximo tribunal, con número de registro 394182, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto. Es innecesario analizar los conceptos de violación formulados por el quejoso, dado que este órgano de control constitucional considera que, en la especie, se actualizan diversos supuestos de inejercitabilidad. En primer lugar, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sentido, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. En principio, resulta indispensable precisar que el Máximo Tribunal del País ha sostenido que no puede considerarse como tercero extraño a la parte que alega la falta o ilegal emplazamiento o una afectación derivada del juicio, cuando ya ha comparecido a él, o bien, cuando no haya comparecido, pero haya tenido pleno conocimiento de la existencia del juicio incoado en su contra antes de que se dicte sentencia y ésta cause estado o tenga pleno conocimiento, como podría suceder si durante la secuela procesal se entendiera alguna diligencia con él personalmente. Es así porque en ese supuesto el promovente del amparo estaría en aptitud de ocurrir al juicio natural y hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios. Tales razonamientos se encuentran contenidos en las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia.". "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". (El énfasis es propio). Sentado lo anterior, conviene reiterar que, en el caso, el quejoso reclama en su calidad de tercero extraño, las actuaciones realizadas en el juicio ejecutivo mercantil ********************, promovido por ********************, contra ******************** de apellidos ******************** el primero en su calidad de deudor principal y el segundo como deudor solidario. En específico, la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se trabó embargo provisional respecto de las acciones y derechos hereditarios que les corresponden a los demandados dentro del juicio sucesorio testamentario número ********************, a bienes de ********************, tramitado ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Sin embargo, de las constancias que fueron allegadas tanto por la autoridad responsable, así como por el tercero interesado ********************, respecto de diversas actuaciones que integran el juicio sucesorio testamentario número ********************, a bienes de ********************, se obtiene que: Ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, se tramitó el juicio sucesorio testamentario número ******************** a bienes de ******************** en el cual, una vez culminadas sus etapas procesales, el catorce de julio de dos mil dieciséis se dictó sentencia definitiva, en la que se aprobó parcialmente el proyecto de división y partición presentado, adjudicándose en favor de ********************, éstos de apellidos ********************; ********************, Juan Manuel, César, Magdalena, Marisa Verónica, Rosa Martha, Alma Alicia, de apellidos ********************; ********************y ********************los bienes inmuebles y el usufructo que conforman el acervo hereditario. Destacándose que por lo que ve a la casa marcada con el número en ********************, se adjudicó en favor del aquí quejoso ********************dada la cesión de derechos hereditarios que realizaron en su favor los herederos ******************** y César, de apellidos ********************; en escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil catorce y ratificado el veintinueve de octubre siguiente. Posteriormente, mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el ahora quejoso solicitó al juez Séptimo en Materia Civil de este Distrito Judicial, que se remitieran los autos originales del juicio sucesorio ******************** a bienes de ******************** al fedatario público, a fin de que se protocolizara la adjudicación que hicieron en su favor los coherederos ******************** y César, de apellidos ********************; respecto del referido inmueble, petición a la que recayó el auto de veinticinco de octubre siguiente, en el que el primigenio determinó improcedente su petición, bajo el argumento de que la sentencia emitida en el juicio sucesorio de origen había sido modificada por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, concretamente en lo relativo a que la cesión hecha en su favor no se había enunciado en el proyecto partitorio, en virtud de que el albacea no gestionó lo conducente para modificar o adicionar la propuesta de división y partición de los bienes; de ahí que no acordó procedente dicha protocolización. Enseguida, mediante oficio número 27/2019, de fecha once de enero de dos mil diecinueve, el juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, hace del conocimiento del Juez Séptimo el embargo trabado en la diligencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, respecto de las acciones y derechos que corresponden a los demandados (******************** y César, de apellidos ********************) y que derivan de la sucesión testamentaria número ******************** a bienes de ********************, recayendo el proveído de veintidós de enero siguiente, en el sentido de tener al juez oficiante por informando que dentro del juicio ejecutivo mercantil número ********************, fueron embargadas las acciones y derechos hereditarios que les corresponden a Juan Manuel ******************** y ******************** ********************, dentro de la sucesión respectiva. Y, en diverso oficio 829/2019, de tres de mayo de dos mil diecinueve, el juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, hace del conocimiento del Juez Séptimo y anexa las constancias relativas a que dentro de la actuaciones del juicio ejecutivo mercantil número ********************, fue emitida la sentencia definitiva en la que se declaró procedente la vía ejecutiva mercantil y la acción cambiaria directa, condenándose a los demandados (******************** y César, de apellidos ********************) al pago de las prestaciones reclamadas, el cual, tuvo por recibido en acuerdo de quince de mayo siguiente, emitido dentro de las actuaciones de la sucesión testamentaria ******************** a bienes de ********************. Lo anterior patentiza que, en el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia anunciada con antelación. Ello, en primer lugar, porque de lo narrado se advierte que ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, se tramitó el juicio sucesorio testamentario número ******************** a bienes de ******************** en el cual, el catorce de julio de dos mil dieciséis se dictó sentencia definitiva, en la que se aprobó parcialmente el proyecto de división y partición presentado, adjudicándose entre otros a favor del quejoso ********************los bienes inmuebles y el usufructo que conforman el acervo hereditario; destacándose que por lo que ve al inmueble que defiende en esta instancia constitucional el quejoso, ubicado en el número ********************, se le adjudicó dada la cesión de derechos hereditarios que realizaron en su favor los herederos ******************** y César, de apellidos ********************; en escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil catorce y ratificado el veintinueve de octubre siguiente. Que mediante oficios 27/2019 y 829/2019, de fechas once de enero y tres de mayo, ambos de dos mil diecinueve, el juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, hace del conocimiento del Juez Séptimo, el embargo trabado en la diligencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio ejecutivo mercantil número ********************, respecto de las acciones y derechos que corresponden a los demandados (******************** y César, de apellidos ********************) y que derivan de la sucesión testamentaria número ******************** a bienes de ********************; así como que fue emitida la sentencia definitiva en la que se declaró procedente la vía ejecutiva mercantil y la acción cambiaria directa, condenándose a los demandados (******************** y César, de apellidos ********************) al pago de las prestaciones reclamadas. Ahora, el quejoso afirma que fueron vulnerados sus derechos de audiencia y legalidad, pues en tal juicio no fue llamado para que compareciera a defender sus derechos, dado que en sentencia de catorce de julio de dos mil dieciséis, emitida dentro del juicio sucesorio testamentario número ******************** a bienes de ********************, le fue adjudicado el bien inmueble que defiende en esta instancia constitucional. De ahí que válidamente pueda afirmarse que el quejoso participó activamente en el juicio sucesorio testamentario número ******************** a bienes de ********************; como parte, al menos desde la realización y ratificación de la cesión de derechos hereditarios a su favor, acontecida el diecisiete de octubre de dos mil catorce; por lo cual, conocía la existencia y datos de identificación del juicio ejecutivo mercantil número ********************, del índice del Juzgado Primero de lo Civil de este Distrito Judicial al que dice no fue llamado, de manera que no tiene el carácter de tercero extraño, por lo que estuvo en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia correspondiente. Es aplicable al respecto, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 5/2021 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo I, página 506, de la Décima Época, con el Registro digital: 2023029, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR ACTUALIZARSE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A SU ALCANCE MEDIOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE LA PARTE QUEJOSA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Hechos: Al resolver diversos recursos de queja, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre si procede o no el desechamiento de una demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando quien promueve con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación no acredita tener tal carácter. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede desechar la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando el Juez de Distrito tiene a su alcance medios probatorios suficientes para concluir que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación. Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones, dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas al juicio. Por otra parte, se tiene que el tercero extraño por equiparación es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado al juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En otro orden, se tiene que el Juez de amparo no podrá admitir a trámite la demanda relativa, en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Luego, cuando el juzgador de amparo que conoce de la demanda tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes que le permiten deducir que el promovente no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, es legalmente válido que deseche la demanda de amparo, en tanto que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta." Por otra parte, se advierte la actualización de una diversa causal de improcedencia, tal como lo asevera el tercero interesado en su escrito de alegatos, porque el quejoso consintió tácitamente lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, con respecto al cual se ostenta como tercero extraño, lo que configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Del precepto transcrito se desprende que el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando se promueve después de la conclusión de los plazos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley de la materia, en cuyo caso se entenderá que el quejoso consiente tácitamente los actos reclamados. En efecto, por regla general, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. Ahora bien, a fin de resolver el asunto es necesario cuestionarse ¿A partir de qué momento debe computarse el mencionado plazo de quince días? Esta interrogante admite tres posibles respuestas, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de la materia, a saber: Regla uno, inicia a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado. Regla dos, corre a partir del día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento de ellos o de su ejecución. Regla tres, el plazo inicia a correr a partir del día siguiente al en que el quejoso se ostentó sabedor de los mismos. El supuesto consistente en que el plazo para ejercer la acción de amparo corre a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación (regla uno) es aplicable para los casos en que el acto reclamado derive de procedimientos judiciales y contemplen el medio de la notificación a las partes involucradas. Es aplicable la Jurisprudencia XXI.2º.P.A.J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". En cambio, la segunda regla es aplicable a los casos en que no se prevé la notificación como medio legal de comunicación procesal para dar a conocer los actos emitidos por la autoridad -como pueden ser actos no jurisdiccionales- y a los procedimientos que sí la prevén, pero no puede realizarse a quien se ostenta interesado por no ser parte de la relación jurídica procesal -tercero extraño-. En tanto que la tercer regla, entraña una confesión del conocimiento de un acto de autoridad que transgrede los derechos públicos subjetivos del gobernado. Es aplicable, por las razones que la integran, la tesis 71, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". Ahora bien, en el caso, de los antecedentes que se advierten de las constancias que obran en el juicio ejecutivo mercantil de origen y el diverso sucesorio testamentario ********************; se colige que: El quejoso ********************se ostenta como tercero extraño al juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, con motivo de la afectación que afirma sufrió a su derecho de propiedad sobre el inmueble ubicado en ********************. A su vez, para evidenciar la propiedad sobre dicho bien, el quejoso explicó que dentro del juicio sucesorio testamentario número ********************, a bienes de ********************, tramitado ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, el codemandado ******************** ********************, le cedió los derechos hereditarios que le correspondían en el asunto, entre los cuales se incluye la copropiedad del bien inmueble apuntado. Además, de las actuaciones que allegó el tercero interesado, consistentes en copias certificadas del referido juicio sucesorio se advierte que el ahora quejoso participó activamente en dicho procedimiento como parte, al menos desde la realización y ratificación de la cesión de derechos hereditarios a su favor, acontecida el diecisiete de octubre de dos mil catorce. Asimismo se obtiene que mediante oficio 27/2019, emanado del juicio ejecutivo mercantil ********************, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, informó al diverso Juez Séptimo Civil, de la realización de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se trabó embargo provisional respecto de las acciones y derechos hereditarios que les corresponden a los demandados ********************, de apellidos ********************, dentro del juicio sucesorio testamentario número ********************, a bienes de ********************, tramitado ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Incluso a dicho oficio se anexó copia certificada de las constancias que obran en el citado juicio ejecutivo, entre ellas, la diligencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho aludida; actuaciones que se tuvieron por recibidas el veintidós de enero de dos mil diecinueve, y se notificaron por lista de esa misma fecha. Además, mediante diverso oficio 829/2019, proveniente del mismo Juzgado Primero se le informó al Séptimo que el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve de dictó sentencia definitiva en ese juicio ejecutivo mercantil y que la misma ya había causado estado. Constancias que fueron recibidas por acuerdo de quince de mayo de dos mil diecinueve; y, se notificó por lista de esa misma fecha a las partes. En ese sentido, si en esta instancia constitucional el quejoso pretende defender su derecho de propiedad sobre el inmueble ubicado en ********************, ante diversas actuaciones que tuvieron verificativo en el juicio ejecutivo mercantil ********************, es razonable concluir que durante el desahogo del diverso juicio sucesorio testamentario ********************, en el cual se le reconoció la calidad de parte, por ser causahabiente de uno de los herederos, tuvo conocimiento de la existencia del juicio mercantil en cita y de la afectación que supuestamente sufrió el bien inmueble cuya propiedad pretende defender. Lo anterior en virtud de que en su calidad de parte interviniente en la sucesión en comento, como cesionario de los derechos hereditarios (en su momento), se impuso del contenido de los proveídos de veintidós de enero y quince de mayo de dos mil diecinueve, en las que se acordó la recepción de los referidos oficios, al formar parte de las constancias procesales que integran el juicio sucesorio. Apoya lo anterior la tesis aislada I.6º.C. 84 K localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 2128, Novena Época, Marzo de 2006, Tomo XXIII, con registro 175413 de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. EL HECHO DE QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE, SINO QUE ES NECESARIO QUE SE ENTERE FEHACIENTEMENTE DE QUE EN ESA CONTIENDA SE PODRÍA AFECTAR O SE ESTÁ AFECTANDO SU ESFERA JURÍDICA. De la interpretación del artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 del mismo ordenamiento, excepto los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes, de esa forma, para que se actualice la causal de improcedencia invocada, se tienen que presentar los siguientes supuestos: a) Un acto de autoridad; b) Una persona que se hace sabedora de que puede sufrir o está siendo afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Ahora bien, todos los elementos anteriormente señalados deben concurrir necesariamente, porque ante la falta de alguno de ellos impediría que se reuniera lo indispensable y necesario para estimar que se encuentra actualizada la causal de improcedencia en cita. En este orden de ideas, cuando una persona es tercera extraña a juicio, no es suficiente para considerar que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, el hecho de que ésta haya tenido conocimiento de la existencia del procedimiento, sino que es requisito esencial que se encuentre enterada fehacientemente de que en esa contienda se podría ver afectada o se está afectando su esfera jurídica". En el contexto apuntado, se actualiza la regla dos, conforme a la cual el plazo de quince días con que el quejoso contaba para presentar su demanda respecto a los actos emitidos en juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil de Morelia, Michoacán, en su calidad de tercero extraño a juicio, inició al día siguiente al en que tuvo conocimiento de su tramitación y de la afectación al bien inmueble, cuya propiedad pretende defender, es decir, desde el mes de enero de dos mil diecinueve, que es cuando se recibió en el juicio sucesorio el referido oficio en el que se informó respecto del embargo precautorio realizado en aquél asunto. De ahí que si el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado en enero de dos mil diecinueve, el plazo de quince días previsto en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, evidentemente transcurrió en demasía, toda vez que la demanda de amparo se presentó hasta el veintinueve de abril de dos mil veintidós. Por último, en el presente asunto se actualiza de igual manera la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el dispositivo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, como así lo señala el tercero interesado y que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." En efecto, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, esto es: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En ese orden, en el caso que nos ocupa el quejoso debía acreditar fehacientemente el interés jurídico, que le asiste para defender el bien inmueble materia de este juicio. En la especie el quejoso ********************se ostenta como tercero extraño al juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, con motivo de la afectación que, afirma, sufrió a su derecho de propiedad sobre el inmueble ubicado en el número ********************. A su vez, para evidenciar la propiedad sobre dicho bien, el quejoso explicó que dentro del juicio sucesorio testamentario número ********************, a bienes de ********************, tramitado ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, el codemandado ******************** ******************** le cedió los derechos hereditarios que le correspondían en el asunto, entre los cuales se incluye la copropiedad del bien inmueble apuntado. Tal cesión de los posibles derechos hereditarios que tenían los citados, dejó de tener eficacia, de forma tal que a la fecha inexiste dato alguno que evidencie que el inmueble que defiende la parte quejosa en el presente juicio de amparo, le pertenezca a virtud de la cesión de derechos que dice se realizó en su favor. Ello porque, de las constancias que integran el procedimiento del juicio sucesorio testamentario número ********************, a bienes de ********************, tramitado ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, se advierte que mediante sentencia definitiva de catorce de julio de dos mil dieciséis, se aprobó parcialmente el proyecto de división y partición presentado, adjudicándose en favor de ********************, éstos de apellidos ********************; ********************, Juan Manuel, César, Magdalena, Marisa Verónica, Rosa Martha, Alma Alicia, de apellidos ********************; ********************y el quejoso ********************los bienes inmuebles y el usufructo que conforman el acervo hereditario, destacándose que por lo que ve a la casa marcada con el número ********************, se adjudicó en favor del aquí quejoso ********************dada la cesión de derechos hereditarios que en su momento realizaron en su favor los herederos ******************** y César, de apellidos ********************; en escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil catorce y ratificado el veintinueve de octubre siguiente. Sin embargo, también cierto es que en la diversa sentencia de trece de enero de dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca ********************, modificó la sentencia de primera instancia apelada y, con posterioridad a la cesión referida, en un acto diverso, determinó que por lo que respecta al inmueble ubicado en el número ********************, se adjudicó en favor de los cedentes ******************** y César de apellidos ********************, no así del quejoso. Ello en virtud de que si bien algunos coherederos realizaron algunas cesiones de derecho, las mismas no se enunciaron en el proyecto partitorio, ya que el albacea no gestionó lo conducente para modificar o adicionar el contenido de la propuesta de división y partición de la masa hereditario; y, ante la inconformidad con dicho fallo, se promovió el amparo directo, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, bajo el amparo directo civil ********************, el que mediante ejecutoria de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, negó el amparo a los ahí quejosos. De lo anterior se obtiene que por lo que respecta al inmueble ubicado en el número ********************, que defiende la parte quejosa en el presente juicio de amparo, no ha sido consolidado su derecho de propiedad sobre el inmueble en cita, con motivo de la cesión referida. De ahí que, como se pudo observar de las constancias ofrecidas al presente juicio, no se aprecia alguna titularidad que permita considerar que el solicitante de la protección constitucional se encuentra afectado en sus derechos subjetivos, toda vez que de su contenido no se advierte que ********************sea actualmente titular de un derecho vigente y consolidado respecto del cual recaen los actos que estima inconstitucionales, por ende, los actos reclamados no vulneran su entorno jurídico. Por ende, si la parte inconforme no aportó elementos con los cuales acreditara la titularidad de un derecho que puede ser afectada con motivo de los actos reclamados, es notorio que no se transgreden sus derechos humanos ni sus derechos subjetivos. Cobra vigencia la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Décima Época, página 690, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así las cosas, al no afectarse el interés jurídico de ********************es innegable que el juicio de amparo deviene improcedente, al actualizarse la causa improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer en este juicio constitucional. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en el presente juicio, al haberse actualizado las hipótesis de improcedencia previstas en el diverso 61, fracciones XII, XIV y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sentido, de dicho ordenamiento. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al no atribuírseles vicios propios. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 91-96, Sexta Parte, Séptima Época, página doscientos ochenta y seis, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". En atención a lo resuelto, se hace innecesario realizar el estudio de los conceptos de violación, hechos valer por el peticionario del amparo, ya que al haberse actualizado diversas causales de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad de la materia de reclamo. Sustenta lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Registro digital: 220705 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materia(s): Común Tesis: V.2o. J/15 Fuente: Semanario Judicial de la Federación.Tomo IX, Enero de 1992, página 115 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Cabe referir que la presente determinación tiene efectos exclusivos para el presente juicio de amparo. De manera que el quejoso tiene expeditos sus derechos para acudir ante la jurisdicción ordinaria, de ser el caso, a efecto de ejercer las acciones que estime pertinentes, de ser de su interés. QUINTO. TRANSPARENCIA. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por ******************** en relación con los actos reclamados precisados en el considerando segundo y por las razones señaladas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanza Kidnie, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintidós de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
- Principal
ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE III 1149/2022, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretario, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo III 1149/2022, promovido por Edgar Omar García García, contra actos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Por otro lado, en este acto se da cuenta con las promociones registradas con los números 8547 y 8549, para su acuerdo. Así también, que dentro del presente juicio de amparo se reconoció el carácter de tercero interesado a Guillermo Rosalio Villicaña Maldonado, el cual compareció en el presente juicio de amparo. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentran presentes. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. SE ACUERDA: Se tiene por recibidos los escritos firmados por el tercero interesado Guillermo Rosalio Villicaña Maldonado. En atención al primero de ellos, se le tiene autorizando a Roberto Ibrahim Bueno Gallegos en términos amplios conforme el artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto al segundo de estos se le tiene ofreciendo diversas pruebas documentales con las cuales se ordena formar un segundo tomo de pruebas. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: El Juez y actuaria adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. EL JUEZ: Se tienen por admitidos y desahogados los medios probatorios de cuenta, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad responsable ofreció documentales consistentes en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil número 907/2018 con el cual se formó un tomo de pruebas; asimismo, el tercero interesado Guillermo Rosalio Villicaña Maldonado ofreció diversas documentales para demostrar los extremos que plantea en su escrito de alegatos. EL JUEZ: Se tienen por admitidos y desahogados los medios probatorios de cuenta, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que el tercero interesado Guillermo Rosalio Villicaña Maldonado formuló alegatos de su parte. EL JUEZ: Se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente sentencia. Se levanta la sesión. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. GUSTAVO ALLFADIR BALANZÁ KIDNIE
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