Edgar Martínez Fernández

Expediente 534/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
534/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • Edgar Martínez Fernández

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso recurso de queja contra el desechamiento de la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de mayo de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto atribuido al Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México; fórmese expediente con el número 534/2023-III que le correspondió en el libro electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: - La resolución de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones planteado por el aquí agraviado contra la certificación asentada en el proveído de diez de enero de este año, en el que se hizo constar la forma en que transcurrió el plazo de cinco días para inconformarse contra la interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas derivado del expediente ********************. DESECHAMIENTO El suscrito juzgador estima que en este caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. De conformidad con la disposición invocada, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa ordinario dentro del procedimiento, siempre que mediante su interposición se puedan modificar, revocar o nulificar; de donde se desprende el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis número I.8o.C.15 K , cuyo tenor es: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCION RECLAMADA. La fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al agotamiento del recurso ordinario dentro del procedimiento, previamente a la interposición del juicio de garantías. La expresión "dentro del procedimiento" se refiere a cualquier procedimiento en que se haya dictado la actuación reclamada, independientemente de que tal acto se haya dictado en la etapa de ejecución, puesto que, dicho dispositivo debe entenderse en el sentido de que el recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento (cualquiera que éste sea, verbigracia el principal, de ejecución, incidental, etc.) en que se haya emitido la resolución reclamada, para que el afectado se halle en necesidad de agotarlo previamente a la promoción del juicio de garantías." De lo anterior, se desprende que tratándose de resoluciones emitidas dentro de un procedimiento de índole jurisdiccional, ventilado ante tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, existe la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa en su contra, previo a ocurrir a la justicia federal en demanda de amparo, en el entendido que de no hacerlo será declarada improcedente la acción constitucional. Bajo el esquema apuntado, el artículo 5.76, fracción III del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, legislación que regula el procedimiento del cual emana el acto reclamado en la presente instancia constitucional (controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar), prevé como medio de defensa el recurso de apelación, el cual procede en contra de las resoluciones interlocutorias y definitivas, como en el caso sucede con la interlocutoria dictada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones planteado por el aquí agraviado, de lo cual se colige que la procedencia del juicio biinstancial se encuentra sujeta a que previamente se controvierta en el juicio de origen mediante el recurso de apelación, el cual constituye un medio ordinario de defensa que tiene como efecto modificar, revocar o nulificar la resolución impugnada en esta vía. Si bien es cierto el diverso numeral 1.378 del código procesal civil de la entidad también regula la procedencia de la apelación contra resoluciones interlocutorias, en el asunto que nos ocupa debe atenderse en específico al diverso artículo 5.76, fracción III de esa normatividad, ya que el expediente de origen constituye una controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, y este último precepto legal está inmerso dentro de las reglas de sustanciación de este tipo de procedimientos. Sirve de sustento, por identidad de criterio, la tesis II.4o.C.21 C, pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito , de contenido: "APELACIÓN, PROCEDE ESTE RECURSO EN CONTRA DE TODAS LAS SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). En términos generales, los medios de impugnación tienen como finalidad primordial brindar seguridad jurídica a las partes en conflicto; certidumbre jurídica que, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa sino la certeza dada al individuo que acude ante los órganos jurisdiccionales, por cuanto a que sus derechos procesales no serán objeto de ataques ilegales de parte de la autoridad o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas la protección y reparación, a través de los medios que al efecto el legislador prevea, los cuales se tramitarán ante el mismo Juez que los emita, o bien, ante distinto órgano de mayor jerarquía; medios de impugnación que, en caso de prosperar, evitarían la intervención de la Justicia Federal, dado que la propia ley contempla esa posibilidad de modificar o revocar los actos de las autoridades comunes, a través de los recursos. Ahora bien, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en el título noveno, capítulos I, II, III y IV, prevé como tales, de forma irrenunciable, el de revocación, apelación y queja; en lo que interesa, el artículo 1.378 de la propia legislación dispone que serán apelables "las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este código". A partir de lo anterior, si bien en dicho numeral el legislador comprendió como apelables no sólo a las sentencias interlocutorias, sino además a los autos, ello no significa que, en tratándose de las primeras, la procedencia del recurso de apelación esté supeditada a lo que a lo largo del código se establezca respecto de cada incidente, pues la exigencia contenida en la parte final transcrita, sólo es aplicable para los autos, lo cual resulta congruente con el diverso 1.362, que prevé que "los autos que no fueren apelables y los decretos son revocables.", con lo que se entiende que el propio código, necesariamente establecerá los autos que en específico resulten apelables, pues la regla general es que la revocación procederá en contra de la generalidad de autos, salvo que la ley expresamente establezca que determinado auto en específico resulte apelable, o incluso irrecurrible. En tal contexto, se concluye que en términos del mencionado artículo 1.378, procede el recurso de apelación en contra de todas las sentencias interlocutorias; conclusión que se asume no sólo con lo antes considerado sino, además, con el análisis del capítulo XII, del título séptimo, del libro primero; capítulo denominado: "De los incidentes", en el que a lo largo de él (artículos 1.216 al 1.222), no se advierte que el legislador hubiere referido en específico la procedencia del recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria respectiva, cuestión que de forma similar se advierte del análisis de los diversos 1.187 al 1.191 de la legislación en cita, artículos que prevén el denominado en la práctica "incidente de nulidad de notificaciones", en donde tampoco se establece la procedencia del recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria respectiva; lo cual denota, ejemplificativamente, de forma clara que el legislador en el multicitado numeral 1.378 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, incluyó la procedencia del recurso de apelación en contra de todas las sentencias interlocutorias." No se soslaya que el numeral 2.184 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, dispone que las resoluciones que ordenan la ejecución no son recurribles, sin embargo, desde un punto de vista lógico jurídico, tal precepto encuentra sustento en evitar la interrupción para ejecutar una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada; característica que no todas las resoluciones emitidas en ejecución de sentencia poseen, pues habrá unas que pretendan un efecto contrario, es decir, impedir la ejecución, y otras que guardan total autonomía e independencia a la ejecución de sentencia. Así, es evidente que la resolución reclamada no tiene como propósito ordenar la ejecución de la sentencia, sino más bien, guarda autonomía con respecto a la ejecución del fallo, pues lo que se resolvió fue el incidente de nulidad de actuaciones planteado por el ahora impetrante; por tanto, se concluye que el referido artículo 2.184 de la legislación adjetiva civil de la entidad sólo aplica para aquellos autos que se emiten con el objeto de lograr la ejecución, lo que de acuerdo con lo antes expuesto no sucede en el caso concreto, y por ende, puede ser impugnado tal auto a través del recurso de apelación previsto en el numeral 1.378 del citado ordenamiento. Además de lo expuesto, el quejoso no se ubica en ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad que señala el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tampoco se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso, no impugna una resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto u otro que afecte la libertad personal del quejoso, no se trata de una sentencia definitiva dictada en materia penal. Menos aún se trata de un juicio de amparo en el que la persona que lo promueve sea extraña al procedimiento, dado que el amparista es parte formal y material en el expediente ********************. Por último cabe precisar que si bien los efectos de la determinación combatida pueden consideran como de imposible reparación, aun así es menester que se agote el medio ordinario de defensa respectivo antes de acudir al juicio de amparo, pues así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 11/2018, que señala: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." De igual manera, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." De ahí que el promovente, antes de acudir al amparo contra el acto reclamado, se encontraba obligado a agotar el medio de defensa de mérito, el cual está previsto en la ley ordinaria. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con arreglo en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones consideradas de carácter personal vía electrónica por conducto del usuario "********************" por así haberlo solicitado; además, se tienen las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Se precisa que la parte quejosa queda obligada a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Con relación al correo electrónico que proporciona, no ha lugar a tenerlo como medio para realizarle notificaciones por no estar contemplado en la Ley de Amparo; sin embargo, se tiene como medio de comunicación no procesal en caso de ser necesario. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. HORARIO DE ATENCIÓN Se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente; II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación; III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; y, IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano