Edgar Martínez Fernández
Expediente 49/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 49/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Edgar Martínez Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que mediante proveído de nueve de mayo del presente año, se ordenó el archivo definitivo del presente asunto, toda vez que causó ejecutoria la sentencia dictada. Sin embargo, atendiendo a lo ordenado mediante el Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que su destino debió ser depurable, en razón que la justicia de la Unión no amparó a la parte quejosa. Por tanto, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de depuración, ya que se negó el amparo. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, ya que se negó el amparo. Finalmente, devuélvase a la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, los anexos certificados que remitió como complemento a su informe con justificación en tres tomos. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Vistos para resolver el juicio de amparo indirecto 49/2022-III; y, R e s u l t a n d o Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, a través del portal en línea del Poder Judicial de la Federación, y remitido el veinte de enero siguiente por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, Edgar Martínez Fernández, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por el acto que se precisará en el considerando segundo. Segundo. Trámite y admisión de la demanda. Por auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la acción constitucional, se dio la intervención que legalmente le compete a la representante social federal de la adscripción, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia de ley; se emplazó a la tercera interesada Sandra Ramírez Meza, mediante diligencia de veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto impugnado deriva de un procedimiento familiar tramitado ante una autoridad residente dentro del ámbito territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo previsto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se realiza el estudio integral de la demanda de amparo, en cumplimiento además a lo establecido en la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, página 255, con registro digital 181810, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." El acto reclamado lo constituye: La resolución interlocutoria de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de uno de diciembre de ese mismo año, dictado dentro del expediente 69/2016, relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, sobre guarda y custodia y pensión alimenticia, promovido por Sandra Ramírez Meza. Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado en los términos que precisó; por tanto, se tiene plenamente probado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que exhibió la juez responsable, como complemento a su informe justificado, relativas al expediente 69/2016, correspondiente a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, sobre guarda y custodia y pensión alimenticia; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio de fondo del asunto, conviene precisar los antecedentes del acto reclamado, deducidos de las referidas documentales: Que en el expediente 69/2016 relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, tramitado ante la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, Sandra Ramírez Meza promovió en contra de Edgar Martínez Fernández, guarda y custodia y pensión alimenticia, al que fueron acumulados, el procedimiento especial de divorcio incausado ahora controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre compensación y repartición de bienes adquiridos durante el matrimonio promovido por Edgar Martínez Fernández; así como el diverso relativo a la pérdida de la patria potestad, pretensión solicitada por Sandra Ramírez Meza. Que el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se emitió sentencia de fondo dentro del expediente 69/2016 y sus acumulados. Que contra dicha resolución se promovió recurso de apelación 1051/2018, que resolvió Sala Regional de Tlalnepantla, Estado de México y declaró inoperantes e infundados los agravios expuestos. Que contra dicha resolución se promovió amparo directo 188/2019, en el que se otorgó la protección de la Justicia Federal a Edgar Martínez Fernández, razón por la que, la Sala Regional, emitió una nueva sentencia reafirmando como inoperantes e infundados los agravios expuestos. Que mediante escrito de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, el ahora quejoso Edgar Martínez Fernández exhibió el dictamen pericial en materia de trabajo social, emitido por perito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través del cual pretendió justificar la situación de vulnerabilidad en la que aduce se encuentra el promovente. Que dicha promoción fue acordada en auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por exhibido el dictamen para los efectos legales a que haya lugar; y respecto a su petición, la juez responsable señaló que en ese procedimiento, las actuaciones se han llevado a cabo, bajo el principio de perspectiva de género, de conformidad con los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inconforme con dicha determinación, interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto mediante sentencia interlocutoria de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en el sentido de confirmar la sentencia reclamada. Esa determinación es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Quinto. Cuestión jurídica de fondo a resolver. Al no haber causas de improcedencia hechas valer por las partes en relación con el acto reclamado en estudio, ni advertirse de oficio alguna que amerite su análisis, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, resulta procedente el estudio de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos, en obvio de innecesarias repeticiones, porque en la Ley de Amparo no existe artículo que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos. El quejoso aduce que el acto reclamado en la parte donde se aborda la perspectiva de género adolece de fundamentación y motivación; además, que contiene violaciones a los principios procesales de igualdad procesal, de imparcialidad, de exactitud, de método y orden de probidad procesal y de congruencia. Que la sentencia combatida viola en su perjuicio y de su menor hijo la falta de protección y salvaguarda de los derechos humanos, debido a que corresponde al juzgador actuar de oficio y no tomó en consideración el elemento de "contexto de violencia" que invocó. Que de las actuaciones se desprenden los múltiples y graves hechos de violencia que ha ejercido la parte demandada (mujer) en contra del (hombre), así como la sistemática e injustificada obstaculización de la convivencia paterno filial; esto es, en pleno despliegue de poder, la mujer ha utilizado: Intimidación (Carpeta ministerial 1441/16, asentado en el informe del DIF Naucalpan promoción 14454/2016); Crear un ambiente violento en el entorno del menor de edad (Carpeta ministerial 324/2018, promociones 13261/2017 y 14068/2017); Violencia familiar (Expediente Familiar 634/19, Carpeta ministerial 204/16 y carpeta que abrió el Ministerio Público adscrito 879/18 promoción 3814/2018); Causar lesiones y agresiones dentro del propio juzgado (Carpeta ministerial 576/20, promoción 25836/2019); Ejercer agresiones dentro del propio salón de clase del menor de edad denunciado por la propia escuela (Carpeta ministerial 324/18, asentado en promociones 1981/2018, 3104/2018); y, Allanar el domicilio del que suscribe golpeándolo (Carpeta ministerial 1221/20, promoción 5809/2020). Que de la sentencia definitiva de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, emitida en el expediente 69/2016, derivado del resultado de las pruebas periciales en materia de psicología, se dictaminó que es importante que se mantenga la relación paterno-filial constante y previsiblemente; también que, derivado del resultado que arrojó la dinámica familiar del infante en la pericial en psicología y lo expresado por el infante al momento de emitir su opinión, se determinó un régimen de visitas y convivencias entre el quejoso y el menor de iniciales A.M.R. Que la resolución recurrida le causa agravio, toda vez que viola la obligación del Estado de propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el pleno ejercicio de sus derechos, de acuerdo con el artículo 4 de la Carta Magna, así como con los numerales 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño y, 17 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en su aplicación circunscrita del artículo 1.213 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, sin anteponer los Derechos Humanos para remediar los actos de violación. Que la juez responsable debió modificar el acuerdo en el sentido de en entrar formalmente al estudio del contexto sobre si las normas jurídicas, prácticas institucionales y sociales, o determinaciones adoptadas por esa autoridad ha derivado en un trato diferenciado, a partir de lo cual, estará en condiciones de remediar los potenciales actos discriminatorios. Todo lo anterior, a fin de equilibrar el proceso y resarcir los daños. Sexto. Estudio de fondo del asunto. Los conceptos de violación aquí sintetizados serán analizados en el presente caso, en suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, a fin de promover, proteger y garantizar la procedencia del mecanismo por excelencia para tutelar los derechos humanos al encontrarse involucrado un menor en el juicio de origen, dando a la figura de la suplencia el alcance protector más amplio y eficiente posible; de modo que ese análisis se llevará a cabo -con perspectiva de género- como método analítico que permita verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. En principio, conviene precisar que la perspectiva de género en el análisis jurídico pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes al derecho a la igualdad, por lo que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que en este aspecto, es obligación del juzgador, entre otras, identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia, así como cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. En ese contexto, la perspectiva de género en la administración de justicia obliga a leer e interpretar las normas que regulan las instituciones tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar justicia, pues sólo así se puede aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad, ya que a partir de la explicación de las diferencias específicas entre hombres y mujeres, se reconoce la forma en que unos y otras se enfrentan a una problemática concreta, y los efectos diferenciados que producen las disposiciones legales y las prácticas institucionales. En el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que juzgar con perspectiva de género significa hacer realidad el derecho a la igualdad, lo cual responde a una obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder; así, el derecho y sus instituciones constituyen herramientas emancipadoras que hacen posible que las personas diseñen y ejecuten un proyecto de vida digna en condiciones de autonomía e igualdad. Sobre este aspecto, se invoca la tesis 1a. XXVII/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. libro 40, marzo de 2017, tomo I, página 443, décima época, registro digital 2013866, que dice: "JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN. De acuerdo con la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, la perspectiva de género constituye una categoría analítica -concepto- que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino". En estos términos, la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres -pero que no necesariamente está presente en cada caso-, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo. La importancia de este reconocimiento estriba en que de él surgirá la posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de impartir justicia, puedan identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano. Dicho de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres. En estos términos, el contenido de la obligación en comento pueden resumirse de la siguiente forma: 1) Aplicabilidad: es intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones específicas en casos graves de violencia contra las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de contextos de violencia contra éstas; y, 2) Metodología: exige cumplir los seis pasos mencionados en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", que pueden resumirse en la necesidad de detectar posibles -mas no necesariamente presentes- situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación, y finalmente resolver los casos prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres." Lo hasta aquí expuesto, permite establecer que el contenido de la obligación de juzgar con perspectiva de género, puede se circunscribe en: 1) Aplicabilidad: es intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones específicas en casos graves de violencia contra las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de contextos de violencia contra éstas; y, 2) Metodología: exige cumplir los seis pasos mencionados en la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO". Al respecto, conviene citar los seis pasos que se precisaron en la jurisprudencia de referencia, los cuales son: i) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo con el contexto de desigualdad por condiciones de género; v) Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y las niñas; y, vi) Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. En ese contexto, se considera que la obligación de juzgar con perspectiva de género exige actuar remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres, por lo que el Máximo Tribunal del País estableció los elementos que deben observarse para juzgar con perspectiva de género, esto es, dispuso jurisprudencialmente una metodología que debe seguirse para acceder a la justicia en condiciones de igualdad, la cual es de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Puntualizado lo anterior, ahora conviene señalar que en el presente asunto el acto reclamado lo constituye la determinación de la juez responsable, en el que explicó varias consideraciones para desestimar de manera específica los agravios expuestos por el recurrente en contra del auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, lo que en conjunto, sustenta el sentido de esa determinación; sin embargo, los conceptos de violación formulados sobre ese particular no demuestran la existencia de una situación asimétrica de contexto de desigualdad estructural basado en el sexo, que involucre de manera concreta, el estudio de una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, que deba ser tomada en cuenta, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria; por lo que deben declararse infundados. Con el objeto de justificar la precitada decisión, resulta pertinente establecer las consideraciones en que se basó la autoridad responsable para sostener la legalidad de su determinación, consistentes en: Consideró necesario hacer del conocimiento del recurrente que no pueden considerarse como agravio el simple señalamiento de las disposiciones legales que, a su decir, han sido objeto de violación. Estableció que en sus argumentos, el recurrente no señaló como es que cada una de las disposiciones legales que invoca fueron vulneradas, o en su caso, dejaron de ser aplicadas en el acto que recurrió; concluyendo que se limitó a invocar preceptos legales de diversas legislaciones. Determinó que a través del recurso de revocación el agraviado debe impugnar con razonamientos que estén en relación directa e inmediata con los fundamentos y motivos contenidos en el proveído que se combate; lo cual en el caso, el agraviado no materializó al invocar las diversas disposiciones, haciendo notar así la falta de concordancia entre el auto combatido y los dispositivos legales que estima infringidos. Explicó que en su escrito de agravios, el recurrente indicó que: El auto recurrido le causa agravio, toda vez que la A quo se limitó en hacer mención que sus resoluciones han sido conforme a derecho, apagándose entre otros al Protocolo para juzgar con perspectiva de género; no obstante, no realizó análisis valorativo alguno, ni determinó las reparaciones conforme a lo señalado en el Protocolo referido. El precitado agravio fue calificado como INFUNDADO, ya que se le hizo saber a Edgar Martínez Fernández, que todas y cada una de las actuaciones se han llevado a cabo bajo el principio de perspectiva de género, e incluso se fundó la anterior determinación en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin que resultara oportuno realizar un análisis subjetivo en la forma en que pretendió el recurrente. Precisó que todas las resoluciones judiciales tienen un poder individual y colectivo que impacta en la vida de las personas y conforman la identidad del Poder Judicial como un actor imprescindible en la construcción de un estado democrático de derecho. Estableció que juzgar con perspectiva de género permite ejercer la labor de impartir justicia identificando y evaluando en los casos sometidos a su consideración los impactos diferenciados de las normas; la interpretación y aplicación del derecho de acuerdo a roles estereotipados sobre el comportamiento de los hombres y mujeres, las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad de sexo o género; la distribución inequitativa de recursos y poder que deriva de estas asignaciones, y desde luego la legitimidad del establecimiento de tratos diferenciados en las normas, resoluciones y sentencias; detectando las circunstancias estructurales que perpetúan las violaciones a los derechos humanos en virtud de la identidad sexo-genérica de las personas, enfatizando la importancia de que la labor jurisdiccional tome en cuenta la complejidad del contexto social, económico y cultural. Explicó que en todo asunto jurisdiccional para que pueda impartirse justicia con perspectiva de género, debe identificarse si en un caso concreto existe un estado de vulnerabilidad que genere una desventaja real o un desequilibrio patente en perjuicio de una de las partes en conflicto, lo cual no puede presumirse, sino que, es necesario que en autos existan elementos objetivos de los que se adviertan que se actualizan situaciones de poder por cuestiones de género, lo cual no implica proteger a la mujer por el simple hecho de serlo, en tanto que el hombre también puede encontrarse en una posición de vulnerabilidad. Determinó que a través del análisis escrupuloso de los elementos que señaló necesarios para juzgar con perspectiva de género, debe determinarse si en el caso en concreto es razonable tomar medidas que aseguren la igualdad sustancial, por advertir un desequilibrio que produce un obstáculo que impide injustificadamente el goce de los derechos humanos de la parte que previamente se identificó en situación de vulnerabilidad o desventaja; circunstancias que en el auto que se cuestionó no acontece, pues se advierten debidamente garantizados los principios de igualdad y equidad entre las partes, ya que la condición actual de cada uno de ellos no es un factor que impida un correcto acceso a la justicia para cada uno de ellos. Consideró que no obstante el agravio formulado por Edgar Martínez Fernández resultó infundado, era válido y pertinente efectuar un análisis en clave de perspectiva de género, con la finalidad de brindar certeza jurídica y tranquilidad al recurrente. Por lo tanto, argumentó que el agravio relativo a que se ha hecho del conocimiento de ese órgano jurisdiccional, hechos o actos que han ocurrido con posterioridad al dictado de la sentencia y que pese a existir sentencia ejecutoriada sobre el tema de guarda y custodia, deberá proveer lo conducente sobre la petición de modificación de la determinación de guarda y custodia; resultaba INFUNDADO, ya que a través del auto recurrido resulta ilegal realizar el pronunciamiento de modificación de guarda y custodia que solicitó el recurrente. Determinó que el anterior argumento no vulnera el interés superior de su menor hijo, ya que precisamente atendiendo a la seguridad jurídica que debe velarse en todo procedimiento, el recurrente tiene a salvo sus derechos para instar nuevo juicio y en su caso obtener la modificación de la sentencia que pretende le sea favorecida a través del auto que cuestionado, de conformidad con el numeral 1.213, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles. Precisó que de acuerdo con el contenido del artículo invocado, claramente se observa que incluso para poder ejercitar algún derecho de patria potestad, entre ellos el de "guarda y custodia"; primeramente, tendría que recuperar el recurrente la patria potestad, para posteriormente, si es que acredita el cambio de circunstancias obtener una determinación favorable de "guarda y custodia"; aunado a que el juicio principal a la fecha ha concluido y el estado procesal actual, es lo relativo a su ejecución. Las precitadas consideraciones que sustentan el acto reclamado, permiten a este juzgador advertir los argumentos, por los cuales, la juez responsable declaró inoperantes e infundados los agravios del recurrente, pues consideró que no le asistía razón al recurrente en cuanto a modificar el auto combatido, dado que la simple cita de las normas o criterios no garantiza de manera automática que la resolución incorpore perspectiva de género; que la condición actual de cada una de las partes, no es un factor determinante que incida de manera determinarte en el acceso a la justicia; además, de que no resultaba procedente modificar el régimen de guarda y custodia, pues para ello, se requería la instauración de un juicio autónomo. Bajo esa óptica, este órgano jurisdiccional procede a hacer el análisis correspondiente para apreciar si se hizo efectiva y funcional la aplicación de la ley; o bien, se requiere juzgamiento del asunto con una visión especial para garantizar el efectivo cumplimiento y respeto de los derechos humanos del quejoso, con base en una perspectiva de género. El motivo de disenso del quejoso se originó derivado de lo asentado por la juez responsable en el auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, que se transcribe: "Visto el escrito de cuenta presentado por EDGAR MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, atento a su contenido y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.134. 1.135 y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles, se tienen por hechas las manifestaciones en términos del escrito de cuenta y por exhibida la impresión del dictamen que anexa al escrito de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Respecto a su petición, cabe hacer notar al promovente que en este procedimiento, las actuaciones se han llevado a cabo, bajo el principio de perspectiva de género, de conformidad con los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgador hace saber a los justiciables que la función jurisdiccional que se despliega en este proceso, tiene como norte jurídico entre otros el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación. NOTIFÍQUESE." En la transcrita determinación, la jueza responsable determinó tener por exhibida la impresión del dictamen presentado por el ahora quejoso -elaborado por Heriberto Rojas Ríos perito en materia de trabajo social- con base en el que solicitó que se juzgara con perspectiva de género; motivo por el cual, se le indicó que en el proceso de origen, las actuaciones se han llevado a cabo, bajo el principio de perspectiva de género. La anterior actuación permite advertir que no existe una situación de asimetría basada en el género que provoque una situación de desventaja en perjuicio del quejoso, ponderada bajo la condición de varón, ya que la jueza responsable limitó su actuación a ordenar agregar al expediente, la impresión de la documental allegada, sin que ello genere -bajo las consideraciones previamente esbozadas- establecer que ese simple recibimiento provoque al ahora peticionario de amparo, un perjuicio, por su condición de género, desmedido o que lo coloque en una situación de desventaja entre las partes contendientes en el juicio de origen, dado que la cuestión sobre la patria potestad, ya fue resuelta en el juicio de origen, por lo que a través del acto reclamado, claramente se indicó al ahora quejoso que para modificar o alterar ese régimen, se requería necesariamente, el inicio de un nuevo juicio a través del cual se demostrara el cambio de circunstancias que imperaba en un momento determinado. Por tanto, se estima que no existe una base objetiva para considerar que el acto reclamado es contrario a derecho por haber omitido analizar, a decir del peticionario, el asunto con perspectiva de género -en la etapa en la que se encuentra- pues si bien es cierto la juez responsable no realizó un mayor pronunciamiento específico en ese sentido, también lo es que estableció que todas las actuaciones se han llevado a cabo bajo el principio de perspectiva de genero y consideró la inexistencia de alguna situación de poder que, por cuestiones de género causaran un desequilibrio en la controversia, sobre todo, porque no existe obligación legal de expresar la inexistencia de tal cuestión en la resolución; de ahí que los conceptos de violación resultan infundados en ese sentido. Además, cabe destacar, que en los conceptos de violación el quejoso no expone la razón jurídica concreta por la cual considera que en el caso en específico -acto reclamado- podría existir alguna situación de poder entre los contendientes que pudiera causar la desventaja o desequilibrio procesal por cuestión de género, de modo que si el peticionario de amparo no destaca el motivo por el cual considera la existencia de la mencionada situación ni este juzgado la advierte de oficio en cumplimiento a su deber constitucional de analizar los asuntos de esa manera, es decir, con perspectiva de género; entonces, no existe base para considerar que el acto reclamado es inconstitucional por no haberse analizado el asunto con tal perspectiva. Esto es, abundar sobre tópicos que ya fueron dilucidados en el juicio de origen, traería como consecuencia, un pronunciamiento adicional que podría alterar las consideraciones expuestas en las actuaciones judiciales, en perjuicio de la certeza y la seguridad jurídica que han quedado plasmadas en las resoluciones jurisdiccionales emitidas en el proceso de origen. Por tanto, las reglas legales y procesales aplicables al caso concreto, no prevén supuestos de excepción o discrecionalidad para procurar la igualdad de condiciones basados en condiciones de género; por ello, en aplicación directa del artículo 1º constitucional, si bien este juzgador debe tutelar los derechos del quejoso, también lo es que en el presente caso, no existen elementos que permitan obligar a la autoridad responsable a resolver el acto reclamado bajo las premisas de perspectiva de género, pues se insiste, en el acto reclamado, no puede apreciarse alguna distinción directa o indirecta sustentada en ese aspecto -género-. Pues como se vio -de acuerdo con el estándar previamente descrito- y tomando en consideración las circunstancias del acto reclamado, el peticionario de amparo no se coloca en una situación de vulnerabilidad manifiesta con respecto al acto reclamado, que permita ser analizada conforme a lo expuesto en la presente resolución, esto es, que haga imperiosa la aplicación de la perspectiva de equidad de género, por parte de la juez responsable. Lo anterior, se justifica bajo la razón de que, si bien es verdad que, conforme al parámetro de regularidad constitucional, todos los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a juzgar con perspectiva de género, ello no significa ni equivale a estimar procedentes todas las pretensiones que se planteen en función del sexo o el rol de género. Sino que ese modelo de aplicación del principio de "juzgar con perspectiva de género" debe estar basado en elementos objetivos y no apreciarse en elementos abstractos que por el solo hecho de que una autoridad no acoja los argumentos en que se basa una petición, genere, por sí mismo, un impacto diferenciado debido al género. En ese orden de ideas, el solo hecho de manifestar su género y describir los actos de violencia que el quejoso refirió, es insuficiente para considerar que deba aplicarse el método para juzgar con perspectiva de género previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sobre todo, porque, se insiste, con la emisión del acto reclamado, no se advierte la imposibilidad para acceder de forma efectiva al sistema de justicia, ni tampoco situaciones de violencia, condiciones de pobreza o barreras culturales y lingüísticas, lo cual debe apreciarse a través de datos objetivos que revelen condiciones de desigualdad estructural o relaciones asimétricas de poder o sometimiento; sin embargo, ello no ocurre en el caso al no existir datos que así lo pongan de manifiesto. Por el contrario, el acto reclamado precisó por qué no resulta procedente alterar el régimen de guarda y custodia que impera actualmente entre los progenitores y el menor, pues para ello, se requiere la promoción de un nuevo juicio que acredite que las circunstancias que imperaban en el momento en que fue decretada la pérdida de la patria potestad del ahora quejosa, han cambiado y, por ende, que resulta pertinente reestablecer un nuevo régimen de guardia y custodia, sin que tal determinación, conlleve implícitamente una distinción basada en un rol de género, sino que se encuentra sustentada en el precepto que la propia jueza responsable invocó como fundamento de su decisión. En consecuencia, la tarea jurisdiccional de emplear la perspectiva de género tiene lugar cuando el juzgador resuelve un caso concreto valorando el fenómeno objetivo de la desigualdad entre hombres y mujeres, y tomando en consideración la diversidad de los modos en que se presentan las relaciones de género en la sociedad, aplicándolo al caso concreto, lo que en la especie no quedó evidenciado del acto reclamado. Bajo ese contexto, al resultar infundados los conceptos de violación, aún suplidos por la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e ÚNICO. La justica de la Unión no ampara ni protege a Edgar Martínez Fernández, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos precisados en el último considerando de esta determinación. Notifíquese por lista a la tercera interesada, vía electrónica al quejoso, personalmente a la representación social; y, por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista otorgada a las partes en auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, con el informe justificado rendido por la Jueza Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México; en consecuencia, con la finalidad de no transgredir las normas que rigen el procedimiento, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintidós para su verificativo. Notifíquese.
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