Edgar Martínez Fernández
Expediente 1489/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1489/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Edgar Martínez Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la parte quejosa no interpuso revisión dentro del término legal contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sentido de la resolución, pues se negó el amparo y protección de la justicia federal. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Finalmente, remítase a la autoridad responsables los tomos de pruebas que acompañó como complemento a su informe justificado.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el escrito del quejoso; atento a su contenido y toda vez que exhibe certificado médico del que se advierte que actualmente se encuentra contagiado de virus Covid-19, notifíquesele vía electrónica la sentencia dictada en este juicio de amparo a través del usuario que refiere; lo anterior, en términos del artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa en los términos indicados. EXP: 1489/2019-IV-II-PRAL. (SENTENCIA DE SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE) Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1489/2019-IV-II; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante oficio presentado el veintinueve de noviembre de dos rmil diecinueve, en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en esta ciudad, remitió por conocimiento previo la demanda promovida por Edgar Martínez Fernández, en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan Estado de México, por el acto que se precisará en el considerando segundo. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA. El dos de diciembre del mismo año, este Juzgado Federal se avocó al conocimiento del asunto, el cual se registró con el número 1489/2019-IV-II y, previa prevención, el nueve del mismo mes y año, se admitió a trámite la demanda en estudio, se pidió a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en virtud que el acto reclamado se está materializando donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto que se advierte del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, se considera que el quejoso reclama: - El auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 69/2016 y sus acumulados 364/2016 y 1332/2016, por el cual inadmitió el recurso de revocación hecho valer contra el proveído de siete de noviembre anterior. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Juez Cuarto Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan Estado de México, al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto que se le atribuye. Lo que además se corrobora con las copias certificadas del expediente 69/2016 y sus acumulados 364/2016 y 1332/2016, las cuales cuentan con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos y certificados por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Al no advertirse causa de improcedencia alguna sobre la cual se esté obligado a pronunciarse, ni las partes hicieran valer alguna, este órgano jurisdiccional procede analizar los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa, los que se tienen por reproducidos, como si a la letra se insertaran, sin que el no transcribirlos implique infracción a lo dispuesto en la ley reglamentaria, pues no existe precepto que obligue a reproducir su texto. QUINTO. ESTUDIO DEL FONDO. Los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso resultan infundados. Aduce el solicitante del amparo en sus motivos de disenso, sustancialmente, que el acto reclamado vulnera en su perjuicio lo dispuesto por los numerales 1 y 4 constitucionales, ya que determina la inadmisión del recurso de revisión que interpuso, sobre la premisa de los días y temporalidad con la que debe ser cumplida la convivencia entre el infante y su progenitor, así como la actividad escolar del niño, pues desatiende las fechas que ya se encontraban establecidas entre las partes para ese evento, impidiéndole convivir con su menor hijo; además de que deja de ponderar, como antecedente, la conducta procesal de la progenitora - aquí tercera interesada-, que obstaculiza la relación con el menor, omitiendo por ello dictar las medidas que asegure su cumplimiento. Carece de razón jurídica en lo que afirma el inconforme, tomando en consideración que de las constancias de autos del juicio de origen se desprende, en lo que interesa a este estudio, lo siguiente: 1. El cinco de noviembre de dos mil diecinueve Edgar Martínez Fernández, solicitó al juzgador de instancia requiriera a Sandra Ramírez Meza, permitiera llevar a cabo el régimen de visitas y convivencias con su menor hijo; por lo que ante tal petición, mediante proveído de seis de noviembre siguiente, la responsable le solicitó al demandado -aquí quejoso- señalara la fecha en la que tendría lugar la próxima convivencia. 2. En acatamiento a lo ordenado por el juzgador de instancia, por escrito presentado el seis de noviembre de dos mil diecinueve, Edgar Martínez Fernández indicó que la próxima convivencia estaba programada para el ocho de ese mes y año; al efecto, la responsable en auto de siete de noviembre ordenó turnar los autos a la notificadora a efecto de que constatara que se llevara a cabo la convivencia entre Edgar Martínez Fernández y su menor hijo, la cual debía tener lugar el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, toda vez que para la fecha que indicó el progenitor en su ocurso -ocho de noviembre- no sería posible verificarse, en virtud que se ordenó girar exhorto para dar cumplimiento a su determinación. 3. Inconforme con esa determinación, por escrito presentado ante la autoridad responsable el once de noviembre de dos mil diecinueve, Edgar Martínez Fernández interpuso recurso de revocación, el cual fue inadmitido por el juzgador en proveído de esa fecha, al considerar que el auto combatido cumple con los principios de exactitud, orden, método y debido proceso contenidos en los artículos 1.134, 1.35 y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, y salvaguarda el interés superior de la niñez a través de la intervención del notificador competente, así como del Ministerio Público en caso de ser necesario y legalmente procedente, máxime que, afirmó el juzgador, el medio de impugnación resulta improcedente atendiendo a los días y temporalidad con la que debe ser cumplida la convivencia entre el infante y su progenitor, así como a la actividad escolar del niño. La determinación anterior, que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, está sustancialmente ajustada a derecho, atento a que conforme al artículo 1.136 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se desprende la potestad del juez de instancia de desechar promociones, recursos o incidentes que considere notoriamente improcedentes. En este sentido, en el caso, se advierte que el aquí quejoso al inconformarse de la determinación de siete de noviembre de dos mil veinte, a través del recurso de revocación, argumentó en esencia, que de acuerdo con el calendario de visitas acordado entre las partes, la próxima convivencia con su menor hijo debía tener verificativo el dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve y no el veintidós de ese mes y año, como asentó el juez responsable; además que omitió tomar las medidas necesarias para que se llevara a cabo dicha convivencia. Sin embargo, si se atiende a la dinámica procesal del recurso que interpuso el aquí quejoso, de acuerdo con los artículos 1.363, 1.364 y 1.365 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, esto es, que se presenta al día siguiente de notificado al recurrente el auto que dice le agravia; que habrá de darse vista a la parte contraria por tres días con su interposición; y, una vez hecho ello, se dictará la resolución correspondiente dentro del tercer día, contando además las notificaciones que habrán de verificarse para dar a conocer las determinaciones que se vayan adoptando en el trámite, así como los plazos con que cuenta la autoridad jurisdiccional para dictar sus determinaciones; es válido establecer que, atendiendo a la fecha en que se interpuso el recurso de revocación, esto es, el once de noviembre de dos mil diecinueve y el trámite para su solución, conforme a los plazos estrictamente procesales; para el momento en que se emitiera la sentencia interlocutora correspondiente, ya se hubiera actualizado la fecha fijada para la convivencia entre el aquí quejoso y su menor hijo, tornando ineficaz el medio de impugnación. Por tanto, si se toma en cuenta esa dinámica procesal y los términos estrictamente establecidos para el trámite del recurso de revocación, fue correcta la conclusión a la que arribó la autoridad responsable de inadmitir el medio de impugnación, sobre la premisa de los días y temporalidad con la que debe ser cumplida la convivencia entre el infante y su progenitor; porque si efectivamente ésta se verificaría el dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, a la probable fecha en que se emitiera resolución al recurso de revocación ya se hubiera consumado. Sin que con esa decisión se desatienda el interés superior del menor, como pretende destacarlo el quejoso, porque si el objetivo es convivir con su descendiente, la autoridad responsable procuró que esa convivencia se materializara, de manera que con el trámite del medio de impugnación, dicha convivencia se hubiera obstaculizado, pues se reitera, de acuerdo con los términos estrictamente procesales, no hubiera dado oportunidad de resolver el recurso de revisión. En mérito de lo anterior, no es posible afirmar que la autoridad sin fundamento alguno inadmitió el recurso, porque su facultad para desecharlo, como se anticipó, se encuentra establecida en el artículo 1.136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en correlación con los términos estrictamente procesales para resolver los medios de impugnación. Apoya lo anterior, el criterio P. CXVI/2000, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Constitucional, Común, página 143, de contenido y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Ahora, con relación con lo que argumenta, en cuanto a que el Juez responsable no dictó las medidas pertinentes para asegurar la convivencia, como se adelantó, también resulta infundado porque contrario a lo aseverado, de actuaciones se advierte que la autoridad ya ha tomado las medidas pertinentes a fin de lograr la convivencia, las cuales podrán verificarse en caso de que la convivencia entre el quejoso y su descendiente no se lleve a cabo, tales como dar vista al Ministerio Público y la entrega y recepción del menor al inicio y fin de la convivencia en el Centro de Convivencia Familiar de Ecatepec de Morelos; de ahí lo infundado de su agravio, porque como se refleja, la autoridad sí ha tomado las medidas relativas a fin de lograr la convivencia sin desatender el interés superior del menor. Máxime que el Juzgador de origen de acuerdo con su potestad judicial, puede tomar las determinaciones que estime convenientes a fin de lograr la efectiva convivencia entre el menor con su progenitor. Apoya lo anterior, por su contenido, el criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, materia civil, página: 2349, de contenido y texto siguientes: "MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA TUTELAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS. LOS TRIBUNALES FAMILIARES DEBEN ACTUAR CON CELERIDAD Y CREATIVIDAD. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los tribunales de lo familiar están facultados para intervenir, de oficio, en los asuntos que afecten a la familia, en el ámbito de sus competencias, especialmente tratándose de menores, y en ejercicio de esa facultad deben decretar las medidas precautorias que tiendan a preservar a la familia y proteger a sus miembros. Esto implica que deben estar sensibles, prestos y expeditos para decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese ipso facto cualquier situación irregular que esté ocurriendo con perjuicio de los intereses de los niños, y no mantenerse en una actitud pasiva o ceñida a la inercia, mediante la toma de decisiones ordinarias a pesar de encontrarse frente a situaciones extraordinarias, como sucede cuando a pesar de haberse dispuesto la aplicación de los medios de apremio y haber dado vista al Ministerio Público, no se logra vencer la resistencia del custodio, con el daño indiscutible que pueden resentir los menores con el alejamiento innecesario e ilegal de su padre o madre, de modo que sin apartarse el Juez de la ley, debe hacer uso de su creatividad para superar al punto esa situación, requiriendo, por ejemplo, al custodio para que en la fecha inmediata de las establecidas para el efecto, presente al menor al Centro de Convivencia Familiar Supervisada, con el apercibimiento, para el caso de persistir en su negativa posición, de suspenderlo de inmediato en el ejercicio de la custodia, para poner al menor bajo el cuidado de otras personas previstas por la ley, que faciliten la convivencia del niño con ambos padres, hasta que se resuelva la controversia incidental en definitiva, siguiendo al efecto las exigencias de audiencia y contradicción, pero con la celeridad que impone el caso, y que les permiten los artículos 942 y siguientes del código adjetivo invocado." En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación y sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a .
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, fórmese cuaderno de antecedentes y una vez dictada la sentencia, sin ulterior acuerdo, glósese al expediente del que deriva. Por otro lado, agréguese el escrito de la parte quejosa; atento a su contenido; dígase que deberá estarse a lo resuelto en esta fecha.
- Principal
ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ...
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