Edgar Ivan Canto Torres

Expediente 871/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
871/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • Edgar Ivan Canto Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la Materia, en contra del acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del indicado numeral, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el diverso ordinal 15 del citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese para los efectos legales correspondientes, el memorial de cuenta presentado vía electrónica mediante el uso de la FIREL por Edgar Iván Canto Torres, con el que, en cumplimiento a las prevenciones de veinticuatro del actual mes, precisa que este juicio lo promueve como apoderado de Jorge Antonio Kumul Tolosa o Jorge Kumul y Manuel Arturo Kumul Tolosa, y por ello, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el documento digitalizado que acompañó a la demanda de amparo que lo acredita con dicho carácter, es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Asimismo, aclara que solamente reclama la resolución de segunda instancia dictada por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y finalmente, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución reclamada fue el diecisiete de mayo en curso, a través de notificación electrónica; en consecuencia, SE ACUERDA: Ténganse por cumplido dichos requerimientos, quedando sin efectos los apercibimientos relativos. RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD Con apoyo en los artículos 6 de la Ley de Amparo, en relación con el 11 del propio ordenamiento legal, así como en el 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, téngase por reconocido el carácter con que se ostenta el promovente, atendiendo a la manifestación que realiza bajo protesta de decir verdad, en cuanto a que el testimonio de escritura pública de poder otorgado a su favor, que anexó a la demanda de amparo, es copia íntegra e inalterada del documento impreso de donde proviene. DESECHAMIENTO Ahora bien, visto el escrito aclaratorio y la demanda de amparo promovida por Edgar Iván Canto Torres, como apoderado de los quejosos Jorge Antonio Kumul Tolosa o Jorge Kumul y Manuel Arturo Kumul Tolosa, contra el acto que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: La resolución de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revocación interpuesto contra el auto de dieciocho de febrero del propio año, dictado en el toca 139/2021, formado con motivo de la excepción incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada en el juicio ejecutivo civil 171/2020 del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA de plano la demanda de amparo, toda vez que es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, el suscrito juzgador Federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado, no es de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo biinstancial. Ciertamente, los numerales citados disponen lo siguiente en las partes aludidas: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Lo anterior se afirma toda vez que el acto reclamado constituye una infracción de índole procesal que no trastoca de manera cierta e inmediata los derechos de la parte quejosa. De modo tal que la afectación que reclama no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio de origen, por haberse consumado irreparablemente en el disfrute del derecho fundamental de que se trate, teniendo en cuenta que el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales o meramente formales, es decir, únicamente se afectan derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que sólo inciden en la posición que van tomando las partes en el procedimiento con miras a obtener sentencia favorable en él, lo que de ser así, la infracción cuestionada desaparece sin dejar alguna huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. De lo que se sigue que el perjuicio de tal determinación se encuentra condicionada al desenlace de la litis de origen; por lo que, en su caso, será la resolución que ponga fin al mismo, en atención al sentido se determinará si el acto pudiera ocasionarle algún agravio y contra la misma podrá hacer valer los medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto establece. Esto es, si fuere adversa a los intereses de la parte impetrante del amparo, la infracción procesal de mérito será combatible al promoverse, en su caso, el juicio de amparo directo en su contra, por afectar sus defensas al trascender al resultado del fallo, acorde a lo dispuesto en los artículos 170, fracción I y 172 fracción IX de la Ley de Amparo, que estatuyen: El primero, que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; y, El segundo numeral comentado, dispone que en los juicios seguidos ante tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión, así como en los demás casos análogos, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Es aplicable la Jurisprudencia 29/89, consultable en la página 837, del Tomo IV, Segunda Parte, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de la Compilación de Jurisprudencia por "Contradicción de Tesis", cuyo sumario reza: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto contra actos en juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación. El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo efecto de que quien lo sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de reparación en amparo indirecto." En efecto, la actuación que originó el dictado de la resolución reclamada, fue precisamente el incidente de falta de personalidad hecho valer por la parte quejosa en contra de la parte demandada en el juicio de origen, mismo que no fue admitido por improcedente el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Al respecto, cabe mencionar que cuando se insta el amparo contra la resolución recaída a un medio de defensa interpuesto contra una violación intraprocesal, para decidir sobre su procedencia, debe atenderse a la naturaleza de la determinación recurrida, pues la pretensión principal que subyace en la interposición de un recurso es que se revoque o modifique el acto materia de la impugnación, por lo que es partícipe de la naturaleza de este último. Luego, si el acto combatido en la vía ordinaria no es de ejecución irreparable, porque no trastoca derechos sustantivos del demandante, atendiendo al vínculo indisoluble que existe entre aquél y la resolución que decida el medio de defensa, si la acción constitucional no procede contra el acto primigenio, tampoco lo será contra la que recaiga al recurso. Sirve de apoyo la tesis I.1º.A.7 K, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, página 1231 y registro digital: 2005092, que dice: "RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA UN ACTO INTRAPROCESAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA SI LA DETERMINACIÓN RECURRIDA EN LA VÍA ORDINARIA NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de juicio que no sean de imposible reparación, es decir, que no afecten materialmente derechos sustantivos del quejoso consagrados en la Carta Magna o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Consecuentemente, si se insta el amparo contra la resolución recaída a un medio de defensa interpuesto contra un acto intraprocesal, para decidir sobre su procedencia, debe atenderse a la naturaleza de la determinación recurrida, pues la pretensión principal que subyace en la interposición de un recurso es que se revoque o modifique el acto materia de la impugnación, por lo que es partícipe de la naturaleza de este último. Luego, si el acto combatido en la vía ordinaria no es de ejecución irreparable, porque no trastoca derechos sustantivos del demandante, atendiendo al vínculo indisoluble que existe entre aquél y la resolución que decida el medio de defensa, si la acción constitucional no procede contra el acto primigenio, tampoco lo será contra la que recaiga al recurso". Así como la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I , Materia(s): Común, Página 39, que señala: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En ese tenor, si en el caso la parte quejosa estima que por el simple hecho de desecharse la revocación interpuesta, se le ha dejado sin el derecho de poder impugnar la personalidad del apoderado de la demandada (causa subyacente de la resolución reclamada) y con ello se le depara perjuicio a sus derechos; es claro que sus pretensiones se entrelazan indefectiblemente con una cuestión procedimental, lo cual, de acuerdo a los lineamientos establecidos en párrafos precedentes, no constituye un acto de imposible reparación, toda vez que no afecta materialmente derechos sustantivos. Bajo esa línea argumentativa, al no encontrarnos frente a un acto de imposible reparación, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Notifíquese personalmente y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que el oficio 5958/2021 no ha sido devuelto, por lo que solicita una prórroga de quince días para cumplir con el requerimiento. De la revisión de los presentes autos, se advierte que el oficio respecto del que informa no es el que se le requirió a la autoridad oficiante, sino que es el 5959/2021, que se libró en autos el dieciséis de marzo del presente año, donde se reexpidió el oficio al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con sede en la Ciudad de México, a fin de que rinda su informe previo. En consecuencia, se ordena requerir a la Administración del Servicio Postal a efecto de que en el plazo de cinco días informe lo relativo a las pieza postal correspondiente al oficio 5959/2021 enviado a la autoridad responsable en cita; con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

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