Edgar Ivan Canto Torres

Expediente 689/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
689/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
29/06/2021

Partes del expediente

  • Edgar Ivan Canto Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudiera causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el once de junio de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Visto para resolver los autos del juicio de amparo 689/2021-III-B, promovido por ***en contra del acto que reclama de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán con sede en esta ciudad; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ***, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la referida Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Meidante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se registró la demanda con el número 689/2021-III-B, misma que previa aclaración, se admitió a trámite el treinta de abril siguiente; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la Directora responsable, se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de acordar la solicitud con número de folio 35500-2021, de diez de marzo de dos mil veintiuno. TERCERO. No es cierto el acto reclamado atribuido a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba alguna en contrario. En efecto, de lo informado por la referida Directora en su informe de ley y de las constancias remitidas como anexo, a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte la inexistencia del acto, dado que previo a la presentación de la demanda de amparo, ya se había dado respuesta a la solicitud con número de folio 35500-2021, de diez de marzo de dos mil veintiuno. Se afirma lo anterior, dado que mediante oficio INSEJUPY/DRPPYC/3424/2021, de catorce de abril de dos mil veintiuno, la multicitada Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, se pronunció respecto a la solicitud de folio 35500-2021, informando a la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, que el trámite de toma de razón ordenado por dicha Juzgadora mediante oficio 457/2021, de uno de marzo de dos mil veintiuno, se encuentra suspendido por el término de cuarenta y cinco días hábiles, por las razones que expuso en la misiva de mérito. Circunstancia de la que tuvo conocimiento la autoridad judicial desde el veintiuno de abril del año en curso, como se desprende de la fecha del acuse de recibo del oficio de referencia; lo que acreditó la Directora responsable con las constancias relativas que adjuntó a su informe de ley, a las que ya se les otorgó pleno valor probatorio. Bajo esa tesitura, se actualiza el sobreseimiento en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo. Ahora bien, el invocado artículo 63, fracción IV, primer párrafo de la Ley en comento prevé: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." El citado precepto dispone que cuando quede claramente demostrado que no existe el acto reclamado, procede el sobreseimiento del juicio de amparo. En este punto, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la misma. En el caso particular se está en el supuesto de ley invocado, ya que ha quedado claramente demostrado en autos la inexistencia del acto reclamado por la parte quejosa. Así es, de lo anterior se llega a la conclusión de que es evidente la inexistencia del acto reclamado, en virtud de que, como ya se expuso, a la fecha de la presentación de la demanda que dio inicio al presente juicio, es decir, el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, no existía la transgresión a los derechos fundamentales que expresa la impetrante, porque la Directora responsable ya se había pronunciado respecto a la solicitud 35500-2021. Tiene apoyo a la anterior consideración, la tesis IV.3o.72 K, con número de registro 213793, visible a página 254, tomo XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Del mismo modo, sustenta lo antedicho la jurisprudencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En tal virtud, dado que la parte quejosa no ofreció prueba alguna para desvirtuar dicha circunstancia, al ser inexistente el acto reclamado, procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." CUARTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por EDGAR ***, contra el acto de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la materia, en contra del acuerdo de veintiséis de mayo del presente año, mediante el cual se desechó de plano la ampliación de demanda. En mérito de lo anterior, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado en el citado proveído de veintiséis de mayo último mediante oficio que al efecto se gire, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, copia certificada de las constancias conducentes que integran este juicio de amparo y del escrito de ampliación, a efecto de que se proceda a su registro como una nueva demanda y se sirva turnarla a este Juzgado de Distrito en términos de lo dispuesto en la Circular SECNO/31/2020, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. PRESENTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el escrito presentado vía electrónica mediante el uso de la FIREL de EDGAR IVÁN CANTO TORRES, mediante el cual, con el que pretende realizar la ampliación de su demanda, contra el acto que reclama de la que señala como nueva autoridad responsable Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, que hace consistir en: "ACTO RECLAMADO AMPLIADO: La negativa de la notificación del contenido del oficio número INSEJUPY/DRPPYC/3424/2021 de fecha catorce de abril del año dos mil veintiuno, por medio del cual la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, informa a la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, que el trámite de embargo del predio marcado con el número 527, de la calle 187 M, del Fraccionamiento Santa Cruz, de la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán, mismo que fue ordenado en el expediente número 408/2020 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el hoy quejoso en mi carácter de endosatario en procuración de ALICIA CONCEPCIÓN CONTRERAS BLAS, en contra del señor PATRICIO ALBERTO GONZALEZ CANCHE, se encontraba suspendido." Al efecto, se acuerda: con apoyo en el artículo 111 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, en el presente asunto procede desechar de plano la ampliación de la demanda de mérito, en cuanto a los referidos actos precisados en los puntos 1, 2 y 3, se refiere. Con el fin de evidenciar lo anterior, es necesario traer al contexto el aludido artículo 111 de la ley reglamentaria de los diversos 103 y 107 constitucionales aplicable, el cual establece lo siguiente: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación. II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Este numeral elevó a rango de ley, la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable bajo el número P./J 15/2003, Novena Época, publicada en la página 12 del Tomo XVIII, julio de 2003, que dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." En relación con el citado dispositivo legal, debe decirse que la demanda de amparo puede ampliarse cuando en el informe justificado rendido por las autoridades responsables aparezcan datos desconocidos por el quejoso en el que se fundamente o motive el acto reclamado, o bien, cuando el aludido impetrante, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los señalados en primer término. Por lo que, el ocurso de ampliación puede recaer sobre actos reclamados, autoridades responsables o conceptos de violación, siempre que se presente dentro de los plazos establecidos para tal efecto en el numeral 17 de la ley de la materia y no se haya celebrado la audiencia constitucional, pues en este supuesto deberá promoverse un nuevo juicio constitucional. En efecto, el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo establece que la demanda de amparo podrá ampliarse cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en su demanda inicial. Con relación al término "estrecha relación" y atento a su definición, se considera que debe entenderse como la exacta conexión o correspondencia entre los actos reclamados originalmente con los nuevos propuestos en la ampliación, por su relación de causalidad o conexidad. Ahora bien, sentado lo anterior, tenemos que de las constancias que obran en este expediente, permiten al suscrito llegar a la conclusión, que la referida ampliación que se pretende llevar a cabo es sobre actos que no se encuentran estrechamente vinculados con el diverso señalado en el escrito de demanda. Pues si bien están ligados en distinta forma al expediente ejecutivo mercantil 408/2021, del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, el acto original deriva de una solicitud realizada al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán, es decir una autoridad administrativa que no tiene injerencia en el procedimiento mercantil, a la cual se le atribuye una omisión en el desempeño de sus funciones. Mientras que el nuevo acto que señala el quejoso recae completamente en la tramitación del referido procedimiento judicial, por parte de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Situación que resulta suficiente para concluir que se trata de actos desvinculados entre sí, contra los cuales resulta improcedente la tramitación de la ampliación de demanda, pues dichos actos reclamados, en su caso, serían combatibles mediante la interposición de un diverso juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1339, Tomo XIX, de enero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos." Por tanto, en aras de salvaguardar en favor del quejoso el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, una vez transcurrido el plazo al que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, se ordena remitir, sin previo acuerdo, el escrito de ampliación de demanda relativo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, previa extracción de copias certificadas del mismo, para que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional que corresponda, a fin de darle el trámite conducente, por cuanto hace a los nuevos actos precisados, TODA VEZ QUE LOS MISMOS NO GUARDAN ESTRECHA VINCULACIÓN CON EL DIVERSO ACTO PRECISADO EN LA PREVENCIÓN INICIAL. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: I.1o.A.E.69 K (10a.), Décima Época. Registro: 2014243. Instancia: Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo Materia(s): Común. Tesis: t1o.A.E.69.K (10a.). Página: 1870; de rubro y texto siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SI NO SE ACREDITA SU ESTRECHA RELACIÓN CON EL ESCRITO INICIAL, DEBE PROVEERSE SU TRÁMITE COMO DEMANDA INDEPENDIENTE. Cuando el promovente de un juicio de amparo indirecto pretenda modificar los términos de la litis original, por ejemplo, al reclamar nuevos actos, señalar nuevas autoridades o ampliar los conceptos de violación, como ello implica el ejercicio de la acción de amparo, es necesario que lo plantee como ampliación a la demanda, con la oportunidad que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, y la admisibilidad de ésta se entiende condicionada a la existencia de una estrecha relación entre una y otra causas, lo que corresponde a la figura procesal de la conexidad y atiende a los principios procesales de economía y de concentración, por virtud de los cuales, se estima favorable la sustanciación de ambas en un solo procedimiento, en aras de brevedad y para evitar decisiones contradictorias entre sí. Por tanto, si no se acredita la estrecha relación entre el escrito inicial y lo que se plantea como ampliación, en observancia al principio pro actione, el juzgador debe tener esta última como una demanda independiente para salvaguardar, en favor del quejoso, el derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y proveer lo conducente para que se remita al Juez correspondiente." En virtud de lo anterior, a fin de dar oportunidad a que transcurra el referido término establecido en el artículo 98 de la ley de la materia, se difiere la audiencia constitucional que estaba programada para tener verificativo en esta misma data y se impone su diferimiento, por lo que se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Finalmente, agréguese a estos autos el alegato ministerial número 381/2021, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mismo que será tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional en el presente asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase en su oportunidad la copia solicitada, previo recibo que se otorgue en estos autos. Notifíquese, haciéndolo personalmente al quejoso y cúmplase.

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