Edgar Guadalupe |Aguilar Sandoval
Expediente 821/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 821/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Edgar Guadalupe |Aguilar Sandoval
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio número C-506 signado por actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, recibido en línea, el cual cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se tiene a la Superioridad informando que remitió los autos originales del juicio de amparo 821/2022, y un tomo de pruebas, así como remitiendo copia de la resolución dictada en el amparo en revisión 73/2023 de su índice, de la cual se aprecia que la superioridad confirmó la sentencia que la que se negó el amparo en el presente asunto promovido por Edgar Guadalupe Aguilar Sandoval; por tanto, se reserva de proveer lo conducente hasta en tanto se reciban los autos originales del citado juicio de amparo de este índice. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el actuario judicial adscrito Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito con sede en esta Xalapa, Veracruz; recibido en línea, en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase al referido Tribunal informando que admitió el recurso de revisión interpuesto en autos, el cual fue radicado con el número de toca 73/2023; por tanto, estese en espera de que la Superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, uno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, en su carácter de parte quejosa; en atención a su contenido; se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en autos el doce de enero de dos mil veintitrés; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e) 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas entre las partes como corresponda. Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones tanto de la sentencia como del recurso de revisión y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que ello ocurra, remítase el juicio en que se actúa, un tomo de prueba, así como el original y copia del escrito de agravios con registro 1582 al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con sede en Xalapa, Veracruz, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación de dicho recurso. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica en esta fecha y por este conducto a la parte tercero interesada, por así estar ordenado en autos.
- Principal
Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 821/2022 y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado mediante Buzón Judicial el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma data, Edgar Guadalupe Aguilar Sandoval promovió juicio de amparo, contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye al Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, con residencia en Veracruz (fojas 3 a 14). SEGUNDO. Admisión. Por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, se acordó admitir a trámite la demanda; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación; fijar data y hora para celebrar audiencia constitucional; solicitar el informe justificado a la autoridad responsable; sin tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado y emplazar a la tercera interesada Nancy Cecilia González Ruíz, por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad de identidad reservada bajo las siglas D. A. G. y M. A. G. (fojas 15 a 19). TERCERO. Trámite. El diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se le tuvo a Nancy Cecilia González Ruíz, por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad de identidad reservada bajo las siglas D. A. G. y M. A. G., por emplazada a juicio (fojas 25 a 26 y 29). CUARTO. Audiencia Constitucional. Finalmente, agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable, quien no hizo valer causal de improcedencia (fojas 27 a 28, un cuaderno de pruebas) la audiencia constitucional tuvo verificativo el veintidós de noviembre de dos mil veintidós (fojas 32). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Lo anterior, por razón de la vía, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal emitido por una autoridad judicial, susceptible de afectar directa e inmediatamente derechos fundamentales relativos al derecho de recibir alimentos, lo que es impugnable en amparo indirecto. Por la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia en todas las materias. Así también, se es competente por territorio, toda vez que se trata de un acto que se atribuye a una autoridad que radica en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado y que es el lugar en el que se emitió y surte sus efectos dicho acto. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos) e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo y las constancias de autos principalmente el informe justificado de la autoridad responsable se tiene que, los actos reclamados en el presente juicio son: La resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro del Juicio Sumario 1948/2021 del índice Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, que resolvió declarar improcedente el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso Edgar Guadalupe Aguilar Sandoval. Resolución que le fue notificada por lista, a las doce horas con cincuenta minutos del día veintinueve de agosto de dos mil veintidós, bajo el número 130 (fojas 437, cuaderno de pruebas). Establecida la fijación clara y precisa de los actos reclamados, por cuestión de técnica jurídica, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, con residencia en Veracruz, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 27 a 28, cuaderno de pruebas). Además, la existencia de la resolución se corrobora con las copias certificadas del Juicio Sumario 1948/2021, que remitió la citada autoridad responsable como justificación de su acto, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas expedidas por un servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley y de las que se advierte la resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, de ahí que debe tenerse por cierto el acto reclamado (fojas 429 a 437, cuaderno de pruebas). Al respecto de lo anterior, tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden preferente, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo que dispone la jurisprudencia número 814, visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al no advertirse causa de improcedencia que se actualice en la especie, y tampoco las partes las señalaron, se procede al análisis de la constitucionalidad del acto recamado que se precisó en el punto anterior, conforme a los conceptos de violación expresados. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Se procede al análisis de los conceptos de violación que vierte la parte quejosa, y que en este apartado se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, ya que no existe obligación de transcribirlos, ello con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164618, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." MARCO NORMATIVO En atención a que la cuestión a dirimir en el presente asunto está relacionada con trasgresiones a las formalidades esenciales del procedimiento, a la garantía de fundamentación y motivación e Justicia pronta, completa, imparcial, gratuita y expedita a que hacen referencia los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también a la figura jurídica de "los alimentos", "pensión alimenticia", es conveniente referir la regulación constitucional y legal de esos aspectos. Formalidades esenciales del procedimiento. El artículo 14 de la Constitución Federal, en la parte que interesa, dispone: "Artículo. 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas, el cual se desdobla en dos vertientes: 1ª. La referida a las formalidades esenciales del procedimiento (adjetiva) -la que, a su vez, admite dos perspectivas: desde quien es sujeto pasivo de su procedimiento que puede resultar en un acto privativo y desde quien insta la función jurisdiccional para reivindicar el derecho-; y, 2ª. La relativa a la vertiente sustantiva, en la que se enlistan determinados bienes constitucionalmente protegidos mediante dichas formalidades esenciales del procedimiento, como la libertad, propiedad, posesión y otros derechos. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. De ahí que una autoridad al emitir la resolución debe estar facultada para ello, de no ser así constituye una violación a los derechos de las partes, garantizados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a la garantía de que los particulares cuenten con la seguridad de que en cada procedimiento se cumplan las formalidades esenciales que le son propias, ya que de lo contrario no se estaría administrando justicia en la forma, plazos y términos establecidos en la ley. Fundamentación y motivación. Respecto a la garantía de la fundamentación y motivación que requiere el acto reclamado, ésta encuentra su origen en la parte conducente del artículo 16 constitucional que es del contenido siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ." Del precepto constitucional transcrito prevé el derecho humano de legalidad, consistente en que toda resolución de autoridad judicial competente debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación; para cubrir cabalmente con tal imperativo, la autoridad responsable está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos invocados a los hechos de que se trate. Resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 97-102, Tercera Parte, página 143, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Así también, debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de fundamentación y motivación es la omisión total de expresar el dispositivo aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero, resulta inaplicable al caso; mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa o bien se interpreta en forma errónea. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/47 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 1964, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." Lo anterior también ve reflejado en el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el que se dispone que la autoridad jurisdiccional debe emitir sus resoluciones apegadas a la claridad, precisión y congruencia a efecto de resolver exhaustivamente los puntos que integran la litis de reclamación; numeral que es del contenido siguiente: "Artículo 57. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes, con la demanda y la contestación y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se dará la resolución correspondiente a cada uno de ellos. ." Así pues, del numeral anteriormente citado se desprende que las sentencias (entendidas éstas en un sentido amplio) que emitan las autoridades jurisdiccionales en materia civil, deben ser congruentes con la demanda y la contestación, así como con el resto de las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, decidiendo todos los puntos litigiosos del debate; pero, sobre todo, con el contenido de la resolución misma. Justicia pronta, completa, imparcial, gratuita y expedita. El artículo 17 Constitucional, en la parte que interesa, señala: "Artículo 17. . Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ." En el precepto transcrito se consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia a favor de los gobernados y conforme a los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así pues, el citado derecho fundamental está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, y las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales; esto es, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. De modo que las autoridades judiciales o las que realizan actos materialmente jurisdiccionales, están obligadas a su observancia, pues de faltar a cualquiera de los principios contemplados en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizan la violación al derecho de impartición de justicia pronta, lo que tiene apoyo en la tesis de rubro que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." De igual forma, el artículo 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contempla como derecho humano el derecho a obtener justicia dentro de un plazo razonable, en los siguientes términos: "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." En relación con lo anterior, conviene tener presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sustentado que la función de los órganos judiciales intervinientes en un proceso no se agota en posibilitar un debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino que debe además asegurar que se realice en un tiempo razonable. Criterio que es vinculante para el Estado Mexicano en términos de la tesis P. LXV/2011 (9a.) de rubro: "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO". La figura jurídica de "los alimentos" y "pensión alimenticia". Por su parte, la figura jurídica de "los alimentos" se encuentra comprendida en los artículos 232 al 254 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y es definida por estos, como una institución conforme a la cual una persona denominada acreedor alimentista tiene la facultad jurídica de exigir a otra denominada deudor alimentario, lo necesario para su manutención y subsistencia, como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, de la adopción, del divorcio y, ante la satisfacción de determinados requisitos del concubinato. Así las cosas, la obligación alimentaria trata de cubrir, jurídicamente, una necesidad apremiante y perentoria de subsistencia de quienes tienen derecho a reclamarla; es decir, se pretende asegurar a los acreedores alimentistas los medios de vida suficientes cuando éstos no se encuentren en aptitud de procurárselos por sí mismos, por lo que el crédito por alimentos tiene un carácter especial, ya que está destinado a cubrir necesidades impostergables de personas colocadas en situación de desamparo, en especial los menores de edad. Por otra parte, establece que los cónyuges deben darse alimentos; la Ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma Ley señale. Se trata, entonces, de una institución de orden público e interés social, cuyo fundamento reside en el principio de solidaridad que une a la familia, y en un deber de conciencia. De ahí que, para fijar la pensión alimenticia, deben considerarse las condiciones del alimentado y las posibilidades del alimentante, pues en el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se establece que los alimentos habrán de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Asimismo, el artículo 239 de esa legislación dispone cuáles son los conceptos que comprenden los alimentos, como lo son en general la comida, el vestido, la habitación la asistencia en casos de enfermedad, y gastos de educación. Por otra parte, cabe destacar que la legislación civil estatal, en aras de garantizar ese derecho (que es de orden público como se ha dicho) y la subsistencia de los acreedores alimentarios, establece que al admitir la demanda en los juicios de alimentos, el juez podrá fijar y asegurar los alimentos provisionales que los deudores deben dar a los acreedores mientras no se dicte sentencia en el juicio, pues será en esta última ocasión en la que se decide en definitiva si se acreditó el derecho a alimentos y, en su caso, se determina el monto definitivo de la pensión, pero ya con base en el material probatorio rendido por las partes. También es importante destacar que, en torno al monto y la forma en que se asegura el cumplimiento de la pensión alimenticia provisional, el juez de origen puede conceder ésta fijando un porcentaje sobre el total de los ingresos que tenga el deudor alimentario. Ahora, si bien la referida forma, esto es, la fijación de un porcentaje sobre el sueldo mensual y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el deudor por el producto de su trabajo, en lugar de una cantidad líquida, se considera que no determina por sí misma una trasgresión al principio de proporcionalidad de los alimentos, pues incluso, por lo general resulta más conveniente en la medida en que se ajusta a las circunstancias que son cambiantes con la realidad social. Sin embargo, será la deficiente motivación en la fijación de su monto la que en su caso determinará la ilegalidad de la misma, pues ésta no está exenta del cumplimiento de tal prerrogativa constitucional, debe tenerse en cuenta que la regulación respecto de la correspondencia entre la necesidad de quien deba recibirlos y la capacidad económica del deudor alimentista, no puede ser fijada arbitrariamente por la autoridad, sino que es necesario que ésta la decida fundada y razonadamente, a fin de dar cumplimiento a dicha garantía constitucional. Al respecto, por las razones que los contienen, orienta a lo anterior la jurisprudencia I.3o.C. J/41 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y la tesis aislada Tesis: II.2o.C.126 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que son del rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS. CONVENIENCIA DE SU FIJACIÓN EN UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS DEL DEUDOR. La fijación de una pensión alimenticia en forma definitiva consistente en el porcentaje del sueldo mensual y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el deudor por el producto de su trabajo, en lugar de que esa fijación se haga en cantidad líquida, no agravia a la acreedora ya que en cualquier caso, la fijación debe sujetarse a la regla de proporcionalidad de los alimentos prevista en el artículo 311 del Código Civil para el Distrito Federal, independientemente de que la fijación de una pensión alimenticia consistente en un porcentaje de los ingresos del deudor, es más conveniente en la medida en que se ajusta a las circunstancias que son cambiantes con la realidad social. "ALIMENTOS. EL PORCENTAJE QUE MODIFICA LA SALA EN UNA PENSIÓN DE. DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MOTIVADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Conforme a los artículos 291 y 294 del Código Civil del Estado de México, el objetivo fundamental de la figura jurídica de los alimentos consiste en proveer al acreedor de lo necesario para su propia subsistencia, entendiéndose por esto el sustento, vestido, habitación, atención médica, educación en caso de los hijos, etcétera, de acuerdo con las necesidades preferentes del derechohabiente y a las posibilidades de quien los debe proporcionar; no obstante ello, el último de los preceptos mencionados no establece ningún medio o forma para definir esa proporcionalidad; aun así, la regulación respecto de esa correspondencia entre la necesidad de quien deba recibirlos y la capacidad económica del deudor alimentista, no debe ser fijada arbitrariamente por la autoridad, sino que es necesario que ésta la decida fundada y razonadamente, máxime, cuando se modifica el porcentaje que como pensión alimenticia había señalado el Juez en el fallo apelado, y de no hacerlo así la resolución resulta violatoria de garantías." En ese contexto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 210, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la parte que al estudio interesa, se advierte que en contra de la pensión alimenticia que inicialmente se fije en un juicio de alimentos, el deudor alimentario puede inconformarse interponiendo el recurso de reclamación, a efecto que el juzgador reanalice la citada medida, atendiendo a las nuevas circunstancias que el reclamante exponga y pruebe, de lo que es evidente que el juez debe admitir pruebas en dicha reclamación, siempre y cuando sean documentales y se encuentren ofrecidas en el propio escrito de su interposición, del desahogo de vista y de la demanda formulada por la parte actora, con la salvedad de que sean esenciales para decir, sobre todo cuando está de por medio el interés superior del menor. El juzgador debe resolver dentro del término de tres días, para lo cual tomará en cuenta los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta ese estadío procesal. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia VII.1o.C. J/21, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Novena Época, Materia Civil, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, noviembre de 2005, página 775, con registro digital 176670 del rubro y texto siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. AL PROMOVERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN SU CONTRA, DADA LA PRONTITUD CON QUE SE ORDENA RESOLVER, EL JUEZ ÚNICAMENTE DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS APORTADOS AL INTERPONERLO, ASÍ COMO LAS PRUEBAS QUE OBREN HASTA ESE ESTADÍO PROCESAL Y NO AQUELLAS EN QUE SE SOLICITÓ SU PREPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su párrafo tercero, textualmente señala: "Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el Juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.". Del precepto mencionado se desprende la existencia de un trámite procesal que se sustanciará con la sola vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, debiendo el juzgador resolver dentro del término de tres días, para lo cual tomará en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta ese estadío procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el a quo valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, como por ejemplo, la solicitud de un informe a determinada autoridad o la ratificación judicial de algún documento, con los que la reclamante pretenda demostrar hechos que permitan al juzgador natural reducir la pensión alimenticia provisional decretada, en razón de la prontitud con que se ordena resolver." En ese sentido, la tramitación del citado recurso exige que el juez debe dar vista por un término de tres días, con el mismo, a la parte acreedora, a efecto que esté en aptitud de controvertir lo manifestado por el deudor y exhibir pruebas, y una vez cumplido con lo anterior, el juzgador deberá resolver lo procedente, para lo cual tendrá la obligación de llevar a cabo el análisis de todos los medios de prueba exhibidos por los contendientes y tomar en consideración las manifestaciones por ellos vertidas, tanto en el escrito de reclamación como en el escrito de desahogo de la misma, pues sólo de esa manera se salvaguarda el principio del justo equilibrio procesal entre las partes. Dicho en otras palabras, al resolverse la reclamación con base en las pruebas aportadas por las partes, el juzgador debe analizar lo relativo a la confirmación o modificación del monto de la pensión provisional, con la única limitante de que no puede cancelarla. Es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles de la citada entidad federativa dispone que en los casos en que se reclamen alimentos, en el auto en que se dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, el Juez podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Lo anterior pone de manifiesto que la pensión alimenticia puede ser provisional o definitiva, y se presenta en dos etapas procedimentales: la primera se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; mientras que la segunda se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba aportados por las partes en el juicio, ya que es cuando el juzgador está en mejores condiciones de normar su criterio. Por tanto, tomando en cuenta que la finalidad de la pensión alimenticia consiste en proporcionar al acreedor los medios necesarios para subsistir, la reclamación que se interponga en contra del auto que la fija de manera provisional jamás podrá tener el alcance de cancelarla o dejarla insubsistente, pues dado el escaso término establecido en la ley para su trámite y resolución, es evidente que el juzgador difícilmente podría contar en ese lapso con el material probatorio suficiente para decidir el derecho que le asiste al acreedor alimentario, quien puede demostrar durante el juicio su derecho a recibir los alimentos, desvirtuando los motivos aducidos para pedir su cancelación o cesación." De igual manera, los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos, y a la necesidad del que debe recibirlos; y por lo mismo, en su determinación puede haber cambios ante la variación de circunstancias, por lo cual no rige la cosa juzgada. En ese sentido, la acción de reducción de pensión alimenticia tiene por objeto, como su nombre lo indica, que se reduzca el monto de la pensión, ya sea provisional o definitiva, fijada por el juzgador para el pago de alimentos, y generalmente se promueve con base en situaciones posteriores, que no se consideraron por el juzgador al momento de determinar el monto del pago de los alimentos. Esta acción implica un proceso contencioso en el que se hacen valer hechos posteriores al momento en que se dictó la resolución que fijó la pensión alimenticia y se ofrecen pruebas para demostrar que las circunstancias que en su momento tomó en cuenta el juzgador para determinar la cantidad a pagar, han cambiado. Por su parte, el demandado (acreedor alimentario) se podrá oponer a esa pretensión y controvertir los hechos, así como aportar pruebas para demostrar sus defensas y objetar las del promovente. Así, la litis se centra, como se ha dicho, en determinar si debe reducirse o no la pensión alimenticia. Con base en los hechos y pruebas que rindan las partes junto con los elementos que, en su caso, ordene el Juez de oficio en ejercicio de sus facultades, dicho órgano jurisdiccional se encontrará en condiciones de analizar la capacidad económica del que debe dar alimentos y las necesidades de quienes deben recibirlos, junto a lo necesario para la propia subsistencia del deudor alimentario para, a partir de tales elementos, determinar si la pensión preexistente fijada en favor de una parte de los acreedores debe ser reducida o no. ANTECEDENTES Precisado el marco jurídico referencial que precede, el cual representa la premisa mayor del silogismo legal a practicar, conviene hacer referencia a los antecedentes que se desprenden de las copias certificadas del Juicio Sumario 1948/2021, del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, que la autoridad responsable remitió en justificación de sus actos, que adquieren el carácter de premisa menor, y con la finalidad de contar con la información suficiente para justificar el criterio que aquí se sostiene, conviene hacer referencia a los antecedentes que de ellas se desprenden, a saber: 1. Mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veintiuno, Edgar Guadalupe Aguilar Sandoval, por su propio derecho, promovió juicio en la Vía Sumaria donde demandó de Nancy Cecilia González Ruíz I. El divorcio judicial incausado; II. El régimen de convivencia con sus menores hijos (fojas 2 a 10, cuaderno de pruebas). 2. Auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite con el número de Juicio Sumario 1948/2021, ordenó emplazar a la demandada y se fijaron las nueve horas con treinta minutos del veintidós de febrero de dos mil veintidós, a efecto de realizar la audiencia de menores (fojas 14 a 15, cuaderno de pruebas). 3. Diligencia emplazamiento de uno de febrero de dos mil veintidós, realizada a Nancy Cecilia González Ruíz (fojas 18 a 20, cuaderno de pruebas). 4. Acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós, por el cual se tuvo a Nancy Cecilia González Ruíz dentro del término concedido para ello, dando contestación a la demanda instaurada en su contra, por opuestas sus excepciones y defensas e interponiendo reconvención el pago de una pensión alimenticia y otras prestaciones, se decretó una pensión alimenticia provisional de dos salarios mínimos a favor de cada uno de los dos menores acreedores alimenticios de identidad reservada bajo las siglas D. A. G. y M. A. G., generando un total de cuatro salarios mínimos que asciende a $172.87 (ciento setenta y dos pesos 87/100 moneda nacional) diarios que genera la cantidad de $691.48 (seiscientos noventa y un pesos 48/100 moneda nacional) con lo cual se dio vista a la parte actora para que dentro del término de tres y nueve días manifieste lo que a su interés convenga y se ordenó realizar la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida de depósito de persona (fojas 21 a 23 y 24 a 44, cuaderno de pruebas). 5. El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se realizó la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida de depósito de persona, en la que el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, con residencia en Veracruz, en compañía de Secretario de Estudio y Cuenta, con carácter de fedatario público, se constituyeron en el domicilio ubicado en Calle Los Pinos número 163, entre Molina y Murillo del Fraccionamiento Los Pinos en esta ciudad de Veracruz, Veracruz, para la realización de la diligencia; se resolvió el depósito judicial de los menores de edad solicitado por su señora madre a favor de María Reyna Ruiz González; así también se fijó la convivencia entre los menores de edad y su progenitor de manera digital a través de videollamada en el Centro de Convivencia Familiar de Veracruz, los días martes y jueves de cada semana en un horario de las dieciséis a dieciséis horas con cincuenta minutos a partir de que sea notificado el padre de los menores (fojas 123 a 128, cuaderno de pruebas). 6. Proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia especial de menores en la que, se reiteró la convivencia entre los menores de edad y su progenitor de manera digital a través de videollamada en el Centro de Convivencia Familiar de Veracruz, los días martes y jueves de cada semana en un horario de las dieciséis a dieciséis horas con cincuenta minutos, agregando además, los días sábados de cada semana en horario de doce a las catorce horas en el domicilio en que viven los menores con su progenitora (fojas 131 a 134, cuaderno de pruebas). 7. Diligencia de emplazamiento por comparecencia de veintidós de febrero de dos mil veintidós, realizada a Edgar Guadalupe Aguilar Sandoval (fojas 141, cuaderno de pruebas). 8. Auto de once de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a Edgar Guadalupe Aguilar Sandoval en tiempo y forma contestando la demanda de reconvención instaurada en su contra e interponiendo recurso de reclamación en contra de la medida provisional de la pensión alimenticia decretada el quince de febrero de dos mil veintidós, acta que se dio vista a la parte actora en reconvención (fojas 153 a 154 y 161 a 176, cuaderno de pruebas). 9. Por acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se modificaron las convivencias entre los menores de edad y su progenitor, los días lunes de cada semana en un horario de las diecisiete a las dieciocho horas, los domingos de cada semana en horario de las doce a las trece horas mediante video convivencias a través del Centro de Convivencia Familiar de Veracruz (CECOFAM) entre el padre no custodio y los menores acreedores alimenticios de identidad reservada bajo las siglas D. A. G. y M. A. G. (fojas 402, cuaderno de pruebas). 10. El veintitrés de agosto del año en curso se ordenó turnar los autos a la vista del juzgador a efecto de resolver lo procedente respecto a la reclamación interpuesta (fojas 416 a 417, cuaderno de pruebas). 11) Resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de reclamación: ". Por lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverse y se: RESUELVE: PRIMERO. Se declara IMPROCEDENTE LA RECLAMACIÓN planteada por el Ciudadano EDGAR GUADALUPE AGUILAR SANDOVAL, en contra de la pensión provisional de alimentos fijada en el auto fijado en fecha quince de febrero de dos mil veintidós, a favor de NANCY CECILIA GONZALEZ RUIZ, en representación de sus hijos aquí involucrados de apellidos AGUILAR GONZALEZ en consecuencia. SEGUNDO. Se CONFIRMA el monto de la pensión provisional alimentaria fijado en el auto de fecha quince de febrero de dos mil veintidós, la cual consiste en cuatro salarios mínimos diarios, distribuidos en dos salarios para cada menor de edad de apellidos AGUILAR GONZALEZ, a razón de $172.87 (ciento ochenta y dos (sic) pesos 87/100 M.N.) dando como resultado un monto total de $691.48 (Seiscientos noventa y un pesos 48/100 M.N.) diarios a cargo del demandado EDGAR GUADALUPE AGUILAR SANDOVAL; en consecuencia, requiérase personalmente a EDGAR GUADALUPE AGUILAR SANDOVAL, para que con base en la medida alimentaria provisional decretada deposite por semanas adelantadas ante este Tribunal la medida provisional de alimentos aquí fijada. TERCERO. Esta medida impuesta, se dicta sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia. CUARTO. Remítase copia de la presente resolución a la Superioridad para su debido conocimiento y llévense a cabo las anotaciones de rigor en los libros de gobierno que al efecto se llevan en éste Juzgado. QUINTO. Notifíquese POR LISTA a las partes." (fojas 429 a 437, cuaderno de pruebas). Resolución que constituye el acto reclamado. Que fue notificada por lista, bajo el número ciento treinta, el mismo veintinueve de agosto de dos mil veintidós (fojas 437, cuaderno de pruebas). 11. El veinte de septiembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia respecto al divorcio judicial incausado, cuyos resolutivos son: ". Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se: RESUELVE: PRIMERO. Ha sido procedente la vía sumaria de Divorcio sin expresión de causa instado por EDGAR GUADALUPE AGUILAR SANDOVAL, en contra de NANCY CECILIA GONZÁLEZ RUIZ. SEGUNDO. Se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a EDGAR GUADALUPE AGUILAR SANDOVAL Y NANCY CECILIA GONZÁLEZ RUÍZ. TERCERO. Sin que haya lugar de pronunciarse sobre la declaración de sociedad por haberse casado bajo separación de bienes. ." (fojas 447 a 448 vuelta, cuaderno de pruebas). SUBSUNCIÓN. En el contexto normativo y fáctico anterior, se puede concluir que, de la lectura integral de la demandada de amparo, se advierte que la parte quejosa sostiene que la autoridad responsable al emitir el acto reclamado infringió en su perjuicio sus derechos fundamentales relativos a la valoración de pruebas, legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente: a) Al carecer de fundamentación y motivación. b) No ser congruente con la demanda y contestación, en relación con las pruebas aportadas por ambas partes, al no hacer una correcta valoración de pruebas. c) Debió resolver con base a los principios de proporcionalidad y equidad, abordar la capacidad económica de la actora en reconvención, para así determinar el porcentaje provisional del pago de pensión alimenticia, ya que también a ella le corresponde de conformidad con el artículo 234 y 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En ese orden de ideas, son infundados los conceptos de violación que aquí se analizan, sin que se advierta queja que suplir en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. En efecto, la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, con residencia en Veracruz al declarar improcedente el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso Edgar Guadalupe Aguilar Sandoval, dentro del Juicio Sumario 1948/2021 de su índice, respecto a los agravios de la parte demandada, actor en el recurso de reclamación, consideró lo siguiente: I. Que los derechos alimentarios solicitados por Nancy Cecilia González Ruíz, en representación de sus menores hijos de apellidos Aguilar González; estaban justificados en forma provisional, al justipreciar que obran agregadas la copia certificada del acta de matrimonio número 01735 de data de registro veinticinco de junio de dos mil once, expedida por el Registro Civil de la ciudad de Veracruz, Veracruz; así como las diversas de los hijos de los contendientes; las cuales acreditan su vínculo matrimonial, así como el paterno filial de los menores involucrados con el demandado en reconvención; documentales que concedió valor probatorio para acreditar la hipótesis que prevé el artículo 234 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. II. En relación a la capacidad económica del deudor, justipreció estaba acreditada, con su manifestación realizada en su escrito de contestación de demanda y en el diverso que interpuso el recurso de reclamación contra de la pensión alimenticia provisional decretada, lo que era indicativo que obtenía ingresos. III. Que al tener la capacidad económica a él corresponde suministrar los alimentos que, comprenden la comida, vestido, habitación, asistencia médica en caso de enfermedad, así como los gastos necesarios para su educación básica y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias personales. IV. Que los agravios expresados por Edgar Guadalupe Aguilar Sandoval, resultaban improcedentes. IV.1. En atención a lo alegado relativo a que se desempeña como médico urólogo y cirujano en trasplante renal, sin pertenecer a una institución pública de salud en la que perciba un salario fijo, renta su consultorio médico en el domicilio ubicado en el Instituto de Investigaciones médica quirúrgicas, S. C., calle Paseo de la Niña número 103 casi esquina Boulevard Adolfo Ruiz Cortines en la ciudad de Boca del Rio, Veracruz, en el que da consultas particulares a pacientes que lo solicitan, con ingresos variables, realiza gastos mensuales, los cuales le imposibilitan cumplir con la pensión alimenticia provisional decretada. Agravio que justipreció era parcialmente fundado pero improcedente, al determinar que exhibió dos facturas de pago expedidas por la empresa Doctoralia México, S. A. de C. V.; tres facturas expedidas a su nombre por el Instituto de Investigaciones Médica Quirúrgicas, S. C; dos recibos de dinero expedidos a favor del reclamante, por el Instituto de Investigaciones Médica Quirúrgicas, S. C; dos facturas expedidas a favor del demandado por la compañía telefónica Telcel; acuse de recibo por la declaración de impuestos federales por actividad empresarial y servicios profesionales que ejerce el recurrente, presentada ante el Servicio de Administración Tributaria por el ejercicio del mes de enero de dos mil veintidós; seis impresiones de transferencias de otros bancos del domicilio conyugal; cinco facturas expedidas a nombre a su nombre por el Centro de Estudios Iberoamericano, S. C.; diversos comprobantes de pago de comida y gasolina; caratula de póliza de seguros de la camioneta marca Mitsubishi Montero Sport, modelo dos mil quince, expedida por GNP Seguros; así como tres recibos de pago de nómina folios 10305, 01414 y 10382 uno de diciembre dos mil veintiuno, y dos de enero de dos mil veintidós, expedidas a nombre de la demandada en lo principal y actora en reconvención. A los cuales concedió valor probatorio en términos de lo que establecen los artículos 235 fracciones I, III, 239 y 266 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para tener por acreditado los gastos que eroga el deudor alimentario, así como su capacidad económica. No obstante consideró que, no exista en el sumario constancia o documental idónea que justificara que los anteriores gastos lo dejaran en estado de insolvencia y no poder cumplir con su obligación de dar alimentos a sus acreedores alimentarios, en el entendido de que cuentan con la presunción de ser alimentados por su progenitor no custodio, determinado que, por tanto, dichos gastos en nada benefician al deudor para poder regraduar la pensión alimenticia que se combate. IV.2. Con respecto al segundo de los agravios, en el que refiere que siempre ha cumplido con sus obligaciones alimentarias. La autoridad responsable determinó que, una vez analizado resulta parcialmente fundado pero improcedente, toda vez que si bien el deudor exhibió ocho impresiones de comprobantes de transferencias bancarias; a las cuales se les concedió valor en términos del numeral 266 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para tener por acreditado parcialmente el cumplimiento con sus acreedores alimentarios. No obstante justipreció que, la contribución voluntaria de quien debía proporcionarlos, no constituía la prueba idónea en el recurso de reclamación que, justifique la reducción del monto de la pensión provisional decretada, debido a que se trata de una obligación de tracto sucesivo, por generarse de momento a momento, de ahí que su cumplimiento no podría sujetarse a la voluntad del deudor, para brindarlos en la forma y términos que este estime convenientes, sino que atendiendo al derecho de los alimentarios, debía fijarse por el órgano jurisdiccional, considerando la necesidad del acreedor y la posibilidad económica del obligado, en términos del artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de ahí que era obvio que no acreditara cumpliera con sus deberes alimentarios de manera continua constante y permanente. V. De ahí que ponderó que, las pruebas aportadas tanto de la accionante como del accionado, han sido justipreciadas de forma individual y en su conjunto, concediéndoles o negándoles valor conforme a las reglas previstas en nuestra legislación, a la luz de la sana critica, los principios de la lógica, raciocinio, conocimiento y máximas de la experiencia. V.1. Que con ese fallo se atendieron los hechos esgrimidos por los accionantes en sus escritos de demanda, contestación y reclamación, donde se desprendieron sus peticiones alimentarias, sus circunstancias personales, priorizando los derechos que les asisten, sin que con ello se vulneren aquellos que le corresponden al demandado, como se explicaron en la resolución. VI. Para concluir que, resultaba improcedente la reclamación planteada, por consecuencia, ajustado a derecho confirmar el monto de la pensión provisional alimentaria fijado en el auto de quince de febrero de dos mil veintidós, consiste en cuatro salarios mínimos diarios, distribuidos en dos salarios para cada menor de edad de apellidos Aguilar González, a razón de $172.87 (ciento ochenta y dos pesos 87/100 M.N.) dando como resultado un monto total de $691.48 (Seiscientos noventa y un pesos 48/100 M.N.) diarios a cargo del demandado Edgar Guadalupe Aguilar Sandoval; por lo que con base en la medida alimentaria provisional decretada se requirió deposite por semanas adelantadas ante ese Tribunal la medida provisional de alimentos ahí fijada. Con el apercibimiento que de no hacer el pago se hará acreedor alguna de las medidas de apremio que establece la Ley o cualquier otra que se estime optima al caso, inclusive dar vista a la Fiscalía por incumplimiento a una obligación alimentaria. Además se le hizo saber que, cuando el deudor o deudora no estuviere presente, o estándolo rehusare a entregar los alimentos a que está obligado u obligada, será responsable de las deudas que los acreedores contraigan; para lo cual será el Órgano Jurisdiccional quien deberá resolver respecto al monto de la deuda, obligando al deudor o deudora a cubrirlas y en caso de que se rehusare, se procederá al embargo de bienes, dándole vista a la fiscalía General del Estado. Justipreció que la medida provisional impuesta, se dicta sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia, es decir, que los acreedores alimentarios pueden proporcionar los medios de prueba idóneos que justifiquen además de los extremos de la acción y necesidad de la medida definitiva, con los cuales se puede, inclusive, elevar el monto de la pensión aquí impuesto; así como el deudor alimentario aportar los suficientes medios de convicción para justificar las excepciones hechas valer en la contestación de la demanda. Sentado lo anterior, debe decirse que no le asiste la razón a la parte quejosa. Ello es así, en virtud de que se evidencia que la autoridad responsable en la resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en la que declaró improcedente el recurso de reclamación, no carece de fundamentación, argumentación y motivación, además de que cumple con los principios de congruencia y exhaustividad, al dar contestación a los puntos planteados en el recurso de reclamación en los términos asentados. Se afirma lo anterior, ya que la resolución fue emitida por la autoridad responsable con base al artículo 210 en relación con el 56, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, fue congruente con la demanda y contestación de la reclamación, así como con las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, se decidió sobre todos los puntos litigiosos del debate. En ese sentido, no se soslaya que el juez responsable para la tramitación del recurso llevó a cabo el análisis de todos los medios de prueba exhibidos por los contendientes y consideró las manifestaciones por ellos vertidas, tanto en el escrito de reclamación como en el escrito de desahogo, salvaguardando el principio del justo equilibrio procesal entre las partes. Todo lo cual concluyó que al resolverse la reclamación lo fuera con base en las pruebas aportadas por las partes -a las cuales concedió valor probatorio en términos de lo que establecen los artículos 235 fracciones I, III, 239 y 266 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para tener por acreditado los gastos que eroga el deudor alimentario, así como su capacidad económica, pero ponderó que no había en el sumario constancia o documental idónea que justificara que los anteriores gastos lo dejaran en estado de insolvencia y no poder cumplir con su obligación de dar alimentos a sus acreedores alimentarios- para así llegar a declarar improcedente el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso Edgar Guadalupe Aguilar Sandoval. De ahí que, contrario a lo que sostiene en su concepto de violación señalado en el inciso a) y b) expuso los motivos y razones que ya se precisaron por las cuales consideró improcedente la reclamación, por lo que la resolución emitida por la autoridad responsable se encuentra fundada y motivada. En relación a su concepto de violación señalado en el inciso c) debe decirse que, contrario a lo que sostiene el impetrante de garantías, la autoridad responsable sostuvo que la fijación de la pensión provisional decretada, atendiendo al derecho de los alimentarios, debía fijarse por el órgano jurisdiccional, considerando la necesidad del acreedor y la posibilidad económica del obligado, en términos del artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de ahí que era obvio que no acreditara cumpliera con sus deberes alimentarios de manera continua constante y permanente. Proceder que fue correcto por parte de la autoridad responsable, toda vez que, cuando se promueve la acción de reducción de pensión alimenticia, es necesario llevar a cabo el análisis integral de todos los elementos que permitan valorar las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de los acreedores, a fin de que el Juez determine el importe que el deudor debe cubrir, así como lo necesario para la propia subsistencia del deudor, y a partir de ahí, considerar si es necesaria o no la reducción de la pensión que previamente se había fijado en favor de los acreedores. Máxime que el quejoso no acredita que sus ingresos no sean suficientes para atender sus necesidades. En consecuencia, es evidente que la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, con residencia en Veracruz, analizó de manera integral todos los elementos que aportaron las partes, con los cuales determinó que el acreedor alimentario no acreditó su estado de insolvencia y el no poder cumplir con su obligación, ya que sólo acredito los gastos que eroga y su capacidad económica; además dicha autoridad responsable expuso las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal, además de que expreso los preceptos legales que regulan la tramitación del recurso de reclamación y sus consecuencias jurídicas, las razones por las cuales consideró que los agravios vertidos y previo análisis de las constancias que integran el expediente a estudio mediante un razonamiento lógico jurídico, eran improcedentes. CONCLUSIÓN Por tanto, se considera que dicha resolución no vulnera los derechos fundamentales de la parte quejosa, por lo que es procedente negar el amparo solicitado. SEXTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 73, 74, 77 y 79 todos de la aplicable Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Edgar Guadalupe Aguilar Sandoval, contra el acto y autoridad precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de Ley.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes
- Edgar Ernesto Hernández López163/2023
- Edgar Fabricio Castro669/2020
- Edgar Fernando Garces Vasquez1186/2016
- Edgar Fernando Garces Vasquez1046/2016
- Edgar Fernando Garces Vasquez77/2017
- Edgar Geovanny Chpavez Mojica900/2021
- Edgar Guadalupe Aguilar Sandoval353/2020
- Edgar Hernández Sánchez1030/2017
- Edgar Iván Rivera Hernández98/2016
- Edgar Lagunes Navarrete1114/2022
- Edgar Leonardo López Jiménez1138/2022
- Edgar Omar Ruiz Tecalco155/2016