Edgar Ernesto Hernández López

Expediente 163/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
163/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
25/05/2023

Partes del expediente

  • Edgar Ernesto Hernández López
  • Juez Segundo de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la actuaria judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; recibido en línea, en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase al referido Tribunal informando que admitió el recurso de revisión interpuesto en autos, el cual fue radicado con el número de expediente ********************; por tanto, estese en espera de que la Superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, once de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por Ignacio Carvajal Luna, en su carácter autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido; se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en autos el veintiocho de abril de dos mil veintitrés; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e) 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas entre las partes como corresponda. Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones tanto de la sentencia como del recurso de revisión, y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que ello ocurra, remítase el juicio en que se actúa, un tomo de pruebas, así como el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con sede en Xalapa, Veracruz, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación de dicho recurso. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente. Por otro lado, se instruye a la oficial encargada del SISE, para que proceda habilitar la consulta del expediente electrónico a la Superioridad, a fin de que tenga el debido acceso a las constancias del presente sumario y se encuentre en aptitud de proveer lo conducente respecto al medio de impugnación que nos ocupa. Notifíquese en términos de ley. Lo anterior, se notifica a los terceros interesados Miguel Ángel Matilde Silva y Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte a través de su apoderado legal, por así estar ordenado en autos.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica por este conducto a la tercero interesada (Areli Josseline Medina García), el proveído de once de mayo de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos el escrito signado por Ignacio Carvajal Luna, en su carácter autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido; se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en autos el veintiocho de abril de dos mil veintitrés; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e) 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas entre las partes como corresponda. Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones tanto de la sentencia como del recurso de revisión, y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que ello ocurra, remítase el juicio en que se actúa, un tomo de pruebas, así como el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con sede en Xalapa, Veracruz, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación de dicho recurso. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente. Por otro lado, se instruye a la oficial encargada del SISE, para que proceda habilitar la consulta del expediente electrónico a la Superioridad, a fin de que tenga el debido acceso a las constancias del presente sumario y se encuentre en aptitud de proveer lo conducente respecto al medio de impugnación que nos ocupa. Notifíquese en términos de ley. Lo anterior, se notifica a los terceros interesados Miguel Ángel Matilde Silva y Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte a través de su apoderado legal, por así estar ordenado en autos.

  4. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 163/2023, del índice de este Juzgado de Distrito, y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado al día siguiente, Edgar Ernesto Hernández López promovió juicio de amparo en contra de actos que atribuyó al 1. Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, y la 2. Oficial Judicial adscrita a dicho órgano jurisdiccional, los cuales posteriormente serán precisados (fojas 2 a 26). SEGUNDO. Previo desahogo de prevención formulada por este Juzgado, mediante proveído de diez de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó admitir la demanda de amparo por lo que hace al Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz y otra autoridad; se requirió de dichas autoridades sus informes justificados; dar la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; notificar a Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Areli Josseline Medina García y Miguel Ángel Matilde Silva en su carácter de terceros interesados en términos del artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, así como fijar fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 67 a 71). TERCERO. Agotada la secuela procesal por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de las autoridades responsables (foja 91) así como la constancia de notificación de las partes tercero interesadas (fojas 76 a 80) asimimo se agregaron los escritos de alegatos suscritos por el quejoso y su autorizado (fojas 86 y 99) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de actos susceptibles de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales relacionados con la garantía de audiencia y debido proceso, así como de posesión, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, toda vez que el acto reclamado tiene efectos dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de forma clara y precisa, el acto reclamado a las autoridad responsable consiste en: La falta de llamamiento a juicio especial hipotecario 1997/2011 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, así como las consecuencias de dicho acto, incluido todo lo actuado en ese expediente, y la orden de lanzamiento del domicilio que habita el quejoso y su ejecución. De esta forma, establecida la fijación clara y precisa de los actos reclamados, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Certeza de actos reclamados. Del informe rendido por las autoridades responsables 1. Juez Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, y 2. Oficial Adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Veracruz, se aprecia que los actos reclamados son ciertos. Lo anterior porque las autoridades así lo reconocieron en su informe justificado (foja 91) en su calidad de ordenadora y ejecutora. Aunado a lo anterior porque así se aprecia de las constancias del juicio especial hipotecario 1997/2011 del índice del Juzgado responsable, de las que se aprecia el auto de cinco de diciembre de dos mil once y nueve de abril de dos mil veintitrés, en que se ordenó el emplazamiento de las personas demandadas al juicio, las cuales son distintas al aquí quejoso (fojas 82 y 83) así como el proveído de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en que se ordenó el desalojo del inmueble ubicado en calle Circuito Bosques número 46, del fraccionamiento Geo Villas Rincón de los Pino Dos de Veracruz, Veracruz (foja 82, 83 y 253 del tomo de prueba). A las referidas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. Definida la certeza de los actos reclamados, a continuación es menester examinar si resulta procedente la acción de amparo, dado que en caso de no ser así, las causas de improcedencia son de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto. En el caso, el quejoso Edgar Ernesto Hernández López aduce que con relación al juicio especial hipotecario en el que se ordenó la entrega del bien inmueble señalado, él guarda el carácter de tercero extraño a juicio, ya que tiene en posesión el referido edificio desde el año dos mil diecisiete, en que celebró contrato de comodato con quien se ostentó como propietario de dicho edificio. En esas condiciones, quien esto resuelve advierte, oficiosamente, la actualización de la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, dado que el quejoso no acreditó ser titular de un derecho subjetivo o tener un interés jurídico respecto del cual se le afecte en su esfera jurídica. MARCO NORMATIVO El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo que dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Por su parte, el diverso artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 5°.- Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]". Lo resaltado es propio de esta sentencia. De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos de los gobernados contra los actos u omisiones de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, o sea, aquella a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Así, de conformidad con el artículo 107, fracción I, constitucional, y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo es requisito indispensable que el quejoso resienta un agravio personal y directo; esto es, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y dicho interés, como condición indispensable para la procedencia de la acción constitucional, sólo puede comprobarse mediante la demostración de que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cobra aplicación la tesis con datos de identificación, rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Luego, en términos del artículo 5, fracción I, de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, para acreditar la procedencia del juicio de amparo es menester que la parte agraviada acredite indubitablemente su interés jurídico, por lo que es evidente que el análisis de las pruebas aportadas para tal efecto se constriñe a determinar si el promovente del amparo es titular del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica, y que es afectado por el acto reclamado. Antes de continuar con el estudio del asunto, es conveniente hacer algunas precisiones sobre la figura jurídica del tercero extraño a juicio (con la que se advierte de las constancias que le recae a los aquí quejosos) a saber: La misma se traduce en el amparo promovido por violación al derecho fundamental de audiencia consagrado en el artículo 14 Constitucional y en términos generales se puede clasificar en dos modalidades. La primera como instrumento procesal extraordinario promovido por un sujeto para interferir en un juicio preexistente, del cual es extraño, en el que hace valer intereses propios y distintos a los del actor y demandado, teniendo como único objetivo retirar el derecho afectado: tercero extraño en estricto sentido. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona (moral o física) distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila; esto es, la "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal. Así, en el caso del tercero extraño en sentido estricto, como su posición es ajena a la controversia judicial, y por ende, distinta a los sujetos de la controversia que en él se ventilan, el efecto del amparo no es llamarlo al juicio de origen en la controversia natural; sino, en su caso, el de reintegrarla en sus derechos afectados, como pueden ser los bienes que están en litigio, pero sin que ello implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. Ahora bien, la segunda modalidad, se actualiza como un instrumento procesal por medio del cual se puede dejar sin efecto una sentencia, promovida por el sujeto demandado en ese juicio, alegando ser extraño por falta o indebido emplazamiento o por un sujeto que considere debió ser parte de la relación jurídica procesal en ese controvertido: tercero extraño por equiparación. En este caso, como su condición resulta ser la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, no fue llamado a juicio o lo fue indebidamente, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación. En esas condiciones, para acreditar el interés jurídico que debe asistir a un quejoso para promover el juicio de amparo, se requiere que se ostente en cualquiera de estas modalidades, esto es, requiere requisitos particulares para acreditar la afectación a su interés jurídico; porque como se vio, cada modalidad busca fines diversos con la promoción del juicio de amparo. Señalado lo anterior, se establece que la modalidad de tercero extraño a juicio en que se ubica la parte quejosa es en estricto sentido, pues en esencia, busca proteger su derecho como poseedor del inmueble afectado con el juicio natural, pues en éste, en ejecución de sentencia ya se decretó su adjudicación e incluso se realizó el desalojo. En congruencia, resulta necesario establecer los requisitos que debió acreditar la parte quejosa para comprobar su interés jurídico, dado el citado carácter con el que se ostenta, pues en este caso promueve el amparo con la finalidad de interferir en un juicio preexistente, del cual no es parte, para hacer valer intereses propios y distintos a los del actor y demandado, teniendo como único objetivo retirar el derecho afectado con el acto de autoridad. Por tanto, en esa modalidad de tercero extraño a juicio, para acreditar el interés jurídico requiere demostraran lo siguiente: a).- Que es poseedor del inmueble afectado con el acto reclamado. b).- Que esa posesión en su caso sea legítima, ya sea originaria o derivada, y que por lo tanto se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de poseer la superficie de terreno en cuestión. c).- Que el derecho que considera afectado lo tenía en su esfera patrimonial al momento de emitirse el acto reclamado. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Por otra parte, y a efecto de contar con los datos suficientes para la cabal comprensión de esta resolución, tenemos que de las constancias remitidas por la autoridad responsable relativas al juicio especial hipotecario 492/2009 de su índice destacan, en lo que aquí importa, los antecedentes siguientes: Mediante escrito y anexos presentados el trece de octubre de dos mil once, ante el Juez Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, Jorge López Salazar, en su carácter de representante legal de Hipotecaria Nacional S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero BBA Bancomer, demandó en la citada vía especial hipotecaria a Miguel Ángel Matilde Silva y Areli Josseline Medina García, entre otras prestaciones, el vencimiento anticipado del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria de catorce de marzo de dos mil ocho; pago de la cantidad de $201,063.91 (doscientos un mil sesenta y tres pesos 91/100 M.N.) como suerte principal, así como la realización de la garantía hipotecaria del inmueble otorgado en garantía consistente en lote de terreno y construcción existente sobre el mismo marcada con el número cuarenta y seis de la calle Circuito Bosques, colonia Geo Villas Los Pinos Dos de Veracruz, Veracruz (fojas 2 a 7 del tomo de prueba). En auto de cinco de diciembre de dos mil once, el citado juez segundo dio curso a la demanda promovida por el actor, registrándola como Juicio Especial Hipotecario 1997/2011, y se ordenó emplazar a la parte demandada; asimismo, en auto de nueve de abril de dos mil catorce, se reconoció la personalidad de Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como cesionario de los derechos litigiosos de la persona moral demandante original (fojas 82 y 83 del cuaderno de prueba). Dado que no pudo localizarse domicilio donde emplazar al demandado Miguel Ángel Matilde Silva, dicha notificación se realizó vía edicto, y el treinta de octubre de dos mil dieciocho, se emplazó a Areli Josseline Medina García, por lo que en autos de veintitrés de enero dos mil dieciocho y catorce de febrero de dos mil dieciocho, se indicó que los citados demandados no dieron contestación a la demanda presentada en su contra (fojas 134 a 137, 138, 152 vuelta a 154 y 156 del cuaderno probatorio). El seis de marzo de dos mil diecinueve, el 1. Juez Segundo de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, dictó sentencia en el juicio especial hipotecario en mención, en la cual se declaró judicialmente que la parte actora probó su acción, mientras que la demandada fue declarada en rebeldía; por lo que se le condenó a Miguel Ángel Matilde Silva y Areli Josseline Medina García, al pago de las prestaciones reclamadas y la ejecución de la hipoteca respecto del inmueble ubicado en calle Circuito Bosques número cuarenta y seis, colonia Geo Villas Los Pinos Dos de Veracruz, Veracruz; resolución que causó estado el quince de enero de dos mil veinte, y el siete de febrero siguiente se ordenó formar la sección de ejecución (fojas 158 al 159, 203, 206 del tomo probatorio). Mediante resolución de doce de marzo de dos mil veintiuno, se aprobó la planilla de liquidación formulada por la parte actora, y el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se decretó la adjudicación del bien inmueble hipotecado en favor de la actora (fojas 221 y 223 del tomo probatorio). En auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, se requirió a los codemandados Areli Josseline Medina García y Miguel Ángel Matilde Silva para que acudieran ante el notario designado para que firmaran la escritura de adjudicación y en auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se les requirió para que desocuparan y entregaran el inmueble ubicado en calle Circuito Bosques número 46, del fraccionamiento Geo Villas Rincón de los Pino Dos de Veracruz, Veracruz (fojas 239 y 257 del cuaderno de prueba). En auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó el desalojo con uso de la fuerza pública del inmueble ubicado en calle Circuito Bosques número 46, del fraccionamiento Geo Villas Rincón de los Pino Dos de Veracruz, Veracruz, para lo cual se fijaron las quince horas del día ocho de febrero de dos mil veintitrés, por lo que en la citada fecha se llevó a cabo la citada diligencia (fojas 263 y 284 del cuaderno probatorio). Estos son los datos que, en lo que al caso importa, se desprenden del juicio natural. SUBSUNCIÓN Expuesto lo anterior, y de las constancias que remitieron las autoridades responsables se advierte que el ahora quejoso se ostenta como tercero extraño a juicio en sentido estricto, al aducir que es titular de un derecho subjetivo trastocado por el acto reclamado, ajeno a la controversia del juicio de origen, incluso a la obligación personal que dio origen al mismo; de ahí que en términos del artículo 5, fracción I, de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, para acreditar la procedencia del juicio de amparo es menester que la parte quejosa acredite indubitablemente ese interés jurídico que aduce, esto es, la titularidad del derecho subjetivo protegido por una norma jurídica, y que dice ser afectado por el acto reclamado. No obstante, en el contexto de la reclamación constitucional, la demostración del estatus de propietario o al menos poseedor por causa legítima, y por ende, el interés jurídico para acceder al juicio constitucional exigía al quejoso acreditar fehacientemente la debida existencia legal del citado contrato con el anterior poseedor del lote; así como el perjuicio que el acto reclamado le ocasiona, es decir, la afectación material y real con motivo de los actos de autoridad que se reclaman. Al respecto, el peticionario de amparo no ofreció pruebas suficientes e idóneas con el objeto de acreditar ese interés jurídico, como se verá más adelante. De esta forma, debe destacarse que la posesión respetable a través del juicio de amparo por un acto de autoridad, no es sino la originaria que se tiene en concepto de dueño o la de carácter derivado que se alcanza por virtud de un acto jurídico como el arrendamiento, la prenda, el depósito o algún otro de la misma naturaleza, siempre que el acto respectivo que dé nacimiento al derecho tutelado, se encuentre debidamente formalizado para surtir efectos frente a terceros. Al respecto los numerales 826, 827, 828 y 829 del Código Civil para el Estado de Veracruz, establecen que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho como manifestación de un derecho, esto es, siempre y cuando dicho poder de hecho tenga una causa u origen que lo faculte a usar, disfrutar y disponer de la cosa, ya sea a título de poseedor originario o derivado, pues la simple posesión material de un bien no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, en caso de que la posesión que se aduce no se encuentre sustentada en un título (entendiéndose por título no un documento sino la causa jurídica por la que posee el bien relativo) los juzgadores de control constitucional deberán sobreseer en el juicio por falta de interés jurídico, en términos de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por cuanto hace a su contenido, la jurisprudencia por contradicción número P./J. 1/2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y testo siguientes: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Así entonces, la posesión susceptible de ser protegida a través del juicio de amparo, no es sino la originaria que se tiene en concepto de dueño, o la derivada que se alcanza por virtud de un acto jurídico, que otorgue un poder jurídico sobre el bien o cosa de que se trate, siendo éste último caso el que alega el quejoso que se surte en su caso. A efecto de acreditar que es el legítimo posesionario del inmueble ubicado en calle Circuito Bosques número 46, del fraccionamiento Geo Villas Rincón de los Pino Dos de Veracruz, Veracruz, el quejoso aportó el siguiente material probatorio: Contrato privado de comodato con fecha asentada de primero de febrero de dos mil diecisiete, entre Omar Saavedra Hernández y Edgar Ernesto Hernández López, respecto del inmueble ubicado en calle Circuito Bosques número 46, del fraccionamiento Geo Villas Rincón de los Pino Dos de Veracruz, Veracruz (fojas 27 a 29). Constancia de residencia de catorce de febrero de dos mil veintitrés, expedida por Myrna Astrid Rodríguez Fernández jefe de manzana 022 con domicilio en El Palmar número 93, de Circuito Las Palmas y Cedro Africano de Geovillas Los Pinos Dos, Veracruz, Veracruz, en la que hizo constar que Edgar Ernesto Hernández López tiene su domicilio en calle Circuito Bosques número 46, del fraccionamiento Geo Villas Rincón de los Pino Dos de Veracruz, Veracruz, donde vive desde seis años antes a la expedición de dicha constancia (foja 30). Testimoniales a cargo de José Luis Cruz Prieto y Daniel Vázquez Hernández al tenor de los interrogatorios proporcionados por el quejoso, las cuales se desahogaron en la audiencia constitucional que antecede a la presente sentencia (fojas ). Sin embargo, como se adelantó, se advierte del estudio de los autos del presente juicio que el aquí quejoso no acreditó de forma adecuada y suficiente, ser legítimo posesionario del citado inmueble y por lo tanto, no se aprecia la afectación del aludido interés jurídico, que se aduce en la demanda de amparo. Ello es así, dado que, en primer término, el original del "contrato de cesión de derechos" exhibido por el quejoso no genera convicción respecto de la causa legal que tiene el quejoso de poseer del inmueble inmueble ubicado en calle Circuito Bosques número 46, del fraccionamiento Geo Villas Rincón de los Pino Dos de Veracruz, Veracruz, que pretende defender en esta instancia constitucional. Se sostiene lo anterior, puesto del contenido del citado documento la fecha en que éste supuestamente se celebró es incierta, y que si bien se señala como fecha de elaboración el uno de febrero de dos mil diecisiete, se trata de un documento privado, que en principio, por si mismo, carece de fecha cierta, puesto que no fue presentado ante alguna autoridad o fedatario público para dar certeza sobre la fecha de celebración. Lo anterior debido a falta de demostración de alguna de las circunstancias reconocidas por la ley y la jurisprudencia para que adquiera el carácter de fecha cierta, a saber, que se pase ante la fe pública de un notario o funcionario público, se inscribiera dicho contrato en el registro público de la propiedad o bien por la muerte de uno de los contratantes Por identidad de razón, apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/308, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA INCIERTA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO. Si quien se queja en el amparo indirecto de haber sido afectado en sus derechos de propiedad y posesión de un bien inmueble, y exhibe un contrato privado de compraventa, con tal documento no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente, su interés jurídico pues, para que ello ocurra, resulta necesario que el referido título sea de fecha cierta, lo que acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, desde la muerte de cualquiera de los firmantes, o bien desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio pues, en caso contrario, tal documento sólo produce efectos jurídicos entre las partes que originalmente intervinieron en la operación contractual, mas no frente a terceros, dado que la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilita determinar si el embargo y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de que se duele el quejoso, fueron actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso. Y ello es así por resultar claro, que la fuerza convictiva de un título privado, que contiene un acto traslativo de dominio no abarca la fecha en que aparezca realizada la enajenación cuando éste es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos." Con independencia de lo anterior, debe resaltarse que del contenido del citado contrato se aprecia que la persona que figura con carácter de el "comodante" se ostentó como propietario del inmueble ubicado en calle Circuito Bosques número 46, del fraccionamiento Geo Villas Rincón de los Pino Dos de Veracruz, Veracruz, sin que se acompañara título o documento alguno que acreditara tal calidad, lo que pone en relieve que no es manifiesta la causa legal por medio de la cual se originó la posesión que el ahora peticionario de amparo afirma tener; de la cual resulta la ineficacia del mismo para acreditar el derecho de posesión con justo título que alega el impetrante de amparo. Así, el citado "contrato de comodato" exhibido, del que no se advierte esa causa generadora de la posesión, en el mejor de los casos, sólo serviría de indicio respecto a la mera detentación material que no engendra el interés jurídico necesario para que la concesión de la protección constitucional solicitada. Misma suerte que sigue la constancia de residencia de catorce de febrero de dos mil veintitrés, ofrecida por el aquí quejoso, pues lo más que lograría acreditar es la detentación material del bien inmueble. Finalmente las testimoniales de José Luis Cruz Prieto y Daniel Vázquez Hernández tampoco constituyen indicio suficiente que permita establecer el derecho posesorio del amparista sobre el inmueble ubicado en calle Circuito Bosques número 46, del fraccionamiento Geo Villas Rincón de los Pino Dos de Veracruz, Veracruz puesto que de los mismos, se advierte que no les consta el origen de la posesión que manifiestan tiene del citado lote el quejoso Edgar Ernesto Hernández López, ya que sólo pudieron atestar de su presunta posesión, más no así de la forma en que la obtuvo, ya que no hicieron referencia a ello e incluso indicaron que no conocen a la persona de nombre Omar Saavedra Hernández. De lo expuesto, se desprende que en el caso concreto no se encuentra debidamente probado derecho alguno -derivado de la ley- que indique que el quejoso tiene la potestad de posesión que aduce sobre el inmueble objeto de controversia en el juicio de origen. Por tanto, la parte quejosa no exhibió medio de convicción con el cual acreditara de manera eficaz, que tiene el derecho a oponerse al acto reclamado; y por ende, no demostró que tenga algún reconocimiento expreso o tácito de que ejerce un derecho de posesión sobre el inmueble en cita; esto es, no pone de manifiesto que le asista un derecho a disponer del bien de referencia que dice poseer, para considerar que éste forma parte de su patrimonio. En esa misma línea de razón, aún en el supuesto, no concedido, de que efectivamente el quejoso habite el inmueble en cuestión, este sólo hecho es insuficiente para considerar la existencia de un interés calificado relevante para acceder a la protección constitucional, pues para ello era indispensable la plena comprobación de que el título es justo y tiene fecha cierta; lo anterior es así, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación, y por tanto no protegida a través del juicio de garantías. Por identidad de razón, sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia II.2o.C. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal." Cabe señalar, que dentro de los autos del presente juicio de amparo, se recibieron copias certificadas de las constancias del juicio especial hipotecario 1997/2011 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz (del cual deriva el acto aquí reclamado) y en el cual Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, demandó de Areli Josseline Medina García y Miguel Ángel Matilde Silva el vencimiento anticipado del contrato de crédito simple con garantía hipotecaria, así como el hacer efectiva la garantía otorgada, juicio en el que, como se indicó se determinó la identidad del inmueble, así como la titularidad de las personas que eran propietarias del mismo; además que la actora probó su derecho sobre los mismos por lo que se ordenó la desocupación y entrega a la misma. Así las cosas, es dable concluir que el aquí quejoso no acredita tener derecho alguno que jurídicamente deba ser salvaguardado a través de esta vía constitucional, ya que no demostró la causa generadora del derecho que aduce se violó en su perjuicio; por tanto, es inconcuso que no acreditó fehacientemente su interés jurídico para acudir a la presente instancia constitucional. CONCLUSIÓN. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la misma Ley, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo por lo que hace a los actos reclamados y las autoridades precisadas en el considerando segundo de la presente sentencia. Finalmente, importa precisar que en congruencia con lo anterior no se analizan los conceptos de violación que expone la parte quejosa, toda vez que la figura del sobreseimiento implica precisamente la terminación y archivo del asunto sin resolver la litis de fondo; lo que tiene sustento en la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, así como su publicación a través del SISE para su consulta por cualquier persona, en términos del reformado numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2020. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 73 a 79 y demás relativos de su ley reglamentaria, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Edgar Ernesto Hernández López respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta resolución, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.

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