Edgar Lagunes Navarrete
Expediente 1114/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1114/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 03/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Edgar Lagunes Navarrete
- Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral Sala "A" en Veracruz, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, tres de marzo de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 1114/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, tres de marzo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente único de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de cinco de enero de dos mil veintitrés (fojas 69-74), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, de autos se advierte que mediante proveído de dos de enero del año en curso, se tuvo al Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Medellín, Veracruz, remitiendo diversas constancias vía informe justificado; por tanto, toda vez que este juzgado estima innecesario conservar dichas documentales, devuélvase a su lugar de origen el tomo I que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, tres de marzo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente único de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de cinco de enero de dos mil veintitrés (fojas 69-74), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, de autos se advierte que mediante proveído de dos de enero del año en curso, se tuvo al Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Medellín, Veracruz, remitiendo diversas constancias vía informe justificado; por tanto, toda vez que este juzgado estima innecesario conservar dichas documentales, devuélvase a su lugar de origen el tomo I que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese sin que se emita mayor pronunciamiento, el oficio del Juez Municipal en Alvarado Veracruz, por medio del cual devuelve sin diligenciar el despacho 01/2023/D/IV/AP (orden 03/2023) de dos de enero del año en cita, del índice de este juzgado, a través del cual se encomendó emplazar a la parte tercero interesado Manuel González García; lo anterior es así, pues el catorce de febrero pasado se emitió la sentencia dentro del presente juicio, en la que se sobreseyó a la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Ahora bien, dese de baja la presente comunicación oficial en el libro de gobierno de comunicaciones de este Juzgado. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
En Boca del Río, Veracruz, siendo las diez horas con treinta minutos del catorce de febrero de dos mil veintitrés, fecha y hora señaladas para celebrar la audiencia constitucional (foja 49) en el juicio de amparo 1114/2022 promovido por Edgar Lagunes Navarrete; el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la licenciada Leonor Hernández Ortiz, secretaria quien da fe, con quien actúa y da fe, la declara abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria da cuenta con el estado de autos, informa las constancias que integran el expediente y certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del último informe rendido por las responsables, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El Juez acuerda: téngase por formulada la relación de constancias y, en razón que no existe obstáculo alguno, continúese con esta audiencia. ABIERTO EL PERÍODO PROBATORIO, la secretaria da cuenta con las documentales que remitió la autoridad responsable 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz al rendir su informe justificado (fojas 31-32) formándose un cuaderno de pruebas. Atento a lo anterior, el juez acuerda: ténganse por desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales ofrecidas por la autoridad responsable de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda; finalmente, al no existir prueba pendiente de relacionar, se declara cerrado el período probatorio. ABIERTO EL PERÍODO DE ALEGATOS, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la citada ley, el secretario hace constar que las partes no formularon manifestaciones por esta vía, ni la representación social de la Federación formuló pedimento. A lo anterior el Titular del Juzgado acuerda: Vista la certificación secretarial que antecede de la que se aprecia que las partes no formularon manifestaciones en esta vía, por lo que se da por concluido este período de la audiencia constitucional. A continuación, el Juez procede a dictar sentencia. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 1114/2022, promovido por Edgar Lagunes Navarrete y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el uno de diciembre de dos mil veintidós y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa Edgar Lagunes Navarrete promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 1-14). SEGUNDO. Trámite. Mediante auto de dos de diciembre de dos mil veintidós se acordó admitir la demanda; dar la intervención al Fiscal Federal de la adscripción; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional; requerir a las autoridades responsables su informe justificado (fojas 15-18). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 23, 26, 27, 28 y 31) tuvo verificativo la audiencia constitucional quedando el expediente en estado de resolución, a pesar de la falta de notificación del tercero interesado Manuel González García por las razones que se expondrán posteriormente. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, en virtud de que se reclaman actos, que se dice son susceptibles de afectar de manera directa e irreparable derechos fundamentales del gobernado, tales como la libertad personal, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, pues la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que los actos reclamados consiste en: "Orden de reaprehensión librada contra el quejoso Edgar Lagunes Navarrete, dentro de los autos de la causa penal 204/2017 el índice del Juzgado Primero de Primera Instancia con sede en Medellín, Veracruz, así como su ejecución." Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables: 1. Jueza de Control del Juzgado de Procesos, Procedimiento Penal y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Veracruz, zona norte, 2. Juez de Control del Juzgado de Procesos, Procedimiento Penal y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Veracruz, 3. Juez de Control del Juzgado de Procesos, Procedimiento Penal y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Veracruz, 4. Juez de Control del Juzgado de Procesos, Procedimiento Penal y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Veracruz, 5. Juez de Control del Juzgado de Procesos, Procedimiento Penal y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Veracruz, Zona Vista Mar y 6. Jueza de Control del Juzgado de Procesos, Procedimiento Penal y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Veracruz, Zona Vista Mar, todas con residencia en Veracruz, Veracruz, al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado consistentes en la: Orden de reaprehensión, así como su ejecución que se les reclamó, tal como se advierte del contenido de los mismos (fojas 23 y 26). Negativa de las autoridades que no fue desvirtuada por la parte quejosa, aportando medio de convicción alguno, a efecto de demostrar la existencia de los mismos a la fecha de promoción de su demanda. Por ende, tomando en consideración que la negativa antes señalada no fue desvirtuada, SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo por lo que hace a las autoridades citadas en los párrafos que anteceden por los referidos actos reclamados, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, además con apoyo en la jurisprudencia VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , que se cita de acuerdo a lo estipulado en el artículo Sexto transitorio del Decreto que expide la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de actos. El 7. Juez Primero de Primera Instancia con sede en Medellín, Veracruz, 8. Coordinador de Unidad de Detectives zona centro Veracruz y 9. Coordinador de División de Detectives de la Policía Ministerial zona centro Veracruz, al rendir su informe justificado, reconocieron el acto que se les reclama (foja 108). Lo que se corrobora, pues el Juez responsable remitió copia certificada de las constancias del proceso penal 204/2017 (foja 102 cuaderno de pruebas) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la medida en que cesaron los efectos del acto reclamado. MARCO NORMATIVO Para sostener lo anterior es preciso establecer que en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emite una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; y la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Hasta aquí las premisas normativas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable y del cuaderno de pruebas: El tres de octubre de dos mil doce, la autoridad responsable tuvo por recibida la consignación 43/2012 y las diligencias de investigación ministerial 1127/2012 del Agente Segundo del Ministerio Público Investigador de la ciudad de Veracruz, Veracruz, ejercitando acción penal entre otro, en contra de Edgar Lagunes Navarrete como probable responsable del delito de robo previsto por el artículo 202 fracción I, párrafo primero en relación con el 205, fracción II, incisos a) y b) del Código Penal del Estado de Veracruz, cometido en agravio de Manuel González García (fojas 1-2 cuaderno de pruebas). . Mediante resolución de nueve de octubre de dos mil doce, se dictó auto de formal prisión, entre otro, en contra del quejoso Edgar Lagunes Navarrete por el delito de robo agravado (fojas 54-64 cuaderno de pruebas). Mediante proveído de nueve de mayo de dos mil trece, se giró orden de reaprehensión en contra del quejoso Edgar Lagunes Navarrete, en virtud de que no dio cumplimiento al auto de diez de octubre de dos mil doce, en el cual se le ordenó acudir a firmar en el Libro de reos bajo fianza los días viernes de cada semana, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se le giraría orden de reaprehensión (foja 102 del cuaderno de pruebas acto reclamado). El nueve de enero de dos mil veintitrés, el Juez responsable declaró extinguida la acción persecutoria del quejoso Edgar Lagunes Navarrete y dictó sobreseimiento en la causa penal 204/2017 por haber operado en favor de dicho quejoso la prescripción de la acción persecutoria (foja 57 de autos). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa hizo consistir como acto reclamado la Orden de reaprehensión librada contra el quejoso Edgar Lagunes Navarrete, dentro de los autos de la causa penal 204/2017 el índice del Juzgado Primero de Primera Instancia con sede en Medellín, Veracruz, así como su ejecución. Descrito el acto reclamado, como se anticipó, el suscrito estima que en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, cesó en sus efectos. Ello es así, puesto que del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que el nueve de enero de dos mil veintitrés, el Juez responsable declaró extinguida la acción persecutoria en contra del quejoso Edgar Lagunes Navarrete y dictó sobreseimiento en la causa penal 204/2017 por haber operado en su favor la prescripción de la acción persecutoria (foja 57 de autos). Por ende, con lo anterior se evidencia que el acto reclamado en el presente juicio de amparo (orden de reaprehensión) fue sustituida por el acuerdo de nueve de enero de dos mil veintitrés en el que el Juez responsable declaró extinguida la acción persecutoria del quejoso Edgar Lagunes Navarrete y dictó sobreseimiento en la causa penal 204/2017 por haber operado en favor de dicho quejoso la prescripción de la acción persecutoria (foja 57 de autos). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." No obsta que la anterior jurisprudencia fue integrada conforme a la ley de amparo anterior, pues la misma continúa vigente y aplicable, en tanto que no se opone a la nueva de Ley de Amparo, conforme lo establece su artículo Sexto Transitorio del decreto que la expidió, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. CONCLUSIÓN En las anteriores condiciones, por los razonamientos expuestos con antelación, al haber cesado los efectos del acto reclamado, el juicio de amparo es improcedente, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, se decreta el sobreseimiento en el juicio con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sin que sea necesario analizar los argumentos alegados por la impetrante de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Sin que obste a lo anterior, que dentro del presente juicio se haya ordenado emplazar al tercero interesado Manuel González García, y no obre la requisitoria que se envió para realizar lo anterior, dado que a nada práctico conllevaría esperar dicho emplazamiento, en virtud del sentido de la presente resolución, esto es que operó una causal de sobreseimiento por el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y contenido dispone: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." SEXTO. Supresión de datos sensibles. Tomando en consideración que las partes no manifestaron su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Edgar Lagunes Navarrete, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución.Notifíquese en términos de ley.
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