Edgar Gaytan Martinez
Expediente 2312/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2312/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 12/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Edgar Gaytan Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
En doce de septiembre de dos mil dieciséis, la licenciada Teresa Rosado de Loza, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, CERTIFICO: Que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados por la autoridad responsable para cumplir con la sentencia protectora.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta a la Juez, con el estado de autos y la certificación que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a doce de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos es procedente resolver sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, a la ejecutoria de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, pronunciada por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en auxilio a este órgano jurisdiccional; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)" Emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con registro 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en la sobreseyó, se negó y, a su vez, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Edgar Gaytán Martínez, para los siguientes efectos: Se desincorporen de la esfera jurídica del quejoso las imposiciones que se establecen a su cargo por motivo del pago de derechos registrales previstos por el artículo 52, fracciones I, IX y XVII, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas contenido en el recibo oficial F2020128; y, Quede a cargo de los entes estatales facultados para su recaudación, la devolución del importe respectivo; esto es, una vez que cause ejecutoria el presente fallo deberá requerirse al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas y a la Recaudadora de Rentas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, o a cualquier otra autoridad dependiente de esa Secretaría que conforme a sus atribuciones quede vinculada, para que ordene la devolución del importe que el quejoso haya erogado, correspondiente a la diferencia en la tasa pagada de más y la prevista como monto mínimo con motivo del servicio correspondiente, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar por el citado servicio, siempre y cuando lo haga conforme a la cuota mínima aplicable a aquellos sujetos que se encontraban en la misma situación que el inconforme frente a la ley tributaria. [.] c) Además, a fin de restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado, conforme a los dispositivos legales de la Ley de Amparo invocados en párrafos precedentes, el efecto de la protección federal también implica que la autoridad fiscal estatal competente, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, devuelva al quejoso la cantidad pagada en exceso debidamente actualizada, lo cual implica que después de calcular el pago de los derechos por la inscripción de los documentos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio deberá devolverse al inconforme la cantidad pagada en exceso debidamente actualizada en términos del artículo 16 A del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, en virtud de que sólo de esa manera se logrará restituir al solicitante del amparo en el goce del derecho violado; en la inteligencia de que esa devolución no deberá comprender el pago de intereses por indemnización al tratarse de un concepto ajeno a la razón por la cual se declaró la inconstitucionalidad de la norma jurídica impugnada. [.] d) Finalmente, no pasa inadvertido que si el monto del derecho pagado por el quejoso constituye a su vez la base para determinar otro tipo de contribuciones, como es el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, previsto por los artículos 21 al 27 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; entonces, a fin de restituir al agraviado plenamente en el derecho violado, la autoridad fiscal estatal competente, una vez establecido el monto de los derechos por los servicios prestados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, también deberá recalcular las cantidades que el inconforme debe cubrir por esas otras contribuciones y devolver las cantidades excedentes debidamente actualizadas en los términos expuestos en párrafos precedentes; en el entendido que el alcance de la protección federal no implica liberar al quejoso de la obligación tributaria derivada de esos últimos preceptos legales, en tanto que no fue declarada su inconstitucionalidad. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. Posteriormente, por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la mencionada resolución y se requirió a las autoridades responsables Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas y Recaudador de Rentas adscrito a la misma, para que dentro del término de tres días acataran el fallo protector e informaran sobre su cumplimiento. Luego, en virtud a que no hubo contestación por parte de las responsables, mediante acuerdos de tres de junio y seis de julio de dos mil dieciséis, nuevamente se les requirió para efecto de que dieran cabal cumplimiento a la sentencia dictada en autos. Así, en acatamiento a lo anterior, mediante oficio PF/1496/2016, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, allegó a este juzgado federal copia certificada del recibo de pago del que se advierte que la parte quejosa recibió la cantidad de $6,201.00 (seis mil doscientos un pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pago de lo indebido, siendo esto lo correspondiente a los derechos de Examen de Documentos, Cancelaciones, Registro de Cédula Hipotecario y Embargo Judicial, así como el Impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas. En virtud de lo anterior, se ordenó dar vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria informado por la responsable, dicho acuerdo le fue notificado por medio de lista el veinticinco de julio del presente año sin que a la fecha en que se actúa haya realizado manifestación alguna. No obstante, la omisión del quejoso, mediante proveído de veinticuatro de agosto pasado, se requirió de nueva cuenta al Secretario de Finanzas del Estado, para que informara a este órgano jurisdiccional si la cantidad que devolvió al quejoso, se encontraba debidamente actualizada, en términos del artículo 16-A del Código Fiscal del Estado de Zacatecas. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio PF/1751/16, la responsable informó que la cantidad devuelta al quejoso en cumplimiento al fallo protector, se encuentra debidamente actualizada conforme a las reformas y adiciones realizadas a la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, por lo que nuevamente, se ordenó dar vista al quejoso para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho correspondiera, dicho acuerdo le fue notificado por lista el dos de septiembre actual, sin que a la fecha haya desahogado la vista referida. En virtud de lo anterior, considerando que en la sentencia de mérito, se otorgó la protección de la justicia federal solicitada, para los efectos precisados y toda vez que existe constancia en autos de que en treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se restituyó a la parte quejosa de la cantidad cubierta por concepto de derechos de Examen de Documentos, Cancelaciones, Registro de Cédula Hipotecario y Embargo Judicial, así como el Impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, SE DECLARA CUMPLIDA la ejecutoria que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la nueva Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente juicio, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos y, en su caso, de la ejecutoria correspondiente. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistida de la Secretaria que autoriza, licenciada Teresa Rosado de Loza.- DOY FE. /manuelcc.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Visto el estado de autos es procedente resolver sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, a la ejecutoria de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, pronunciada por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en auxilio a este órgano jurisdiccional; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)" Emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con registro 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en la sobreseyó, se negó y, a su vez, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Edgar Gaytán Martínez, para los siguientes efectos: Se desincorporen de la esfera jurídica del quejoso las imposiciones que se establecen a su cargo por motivo del pago de derechos registrales previstos por el artículo 52, fracciones I, IX y XVII, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas contenido en el recibo oficial F2020128; y, Quede a cargo de los entes estatales facultados para su recaudación, la devolución del importe respectivo; esto es, una vez que cause ejecutoria el presente fallo deberá requerirse al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas y a la Recaudadora de Rentas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, o a cualquier otra autoridad dependiente de esa Secretaría que conforme a sus atribuciones quede vinculada, para que ordene la devolución del importe que el quejoso haya erogado, correspondiente a la diferencia en la tasa pagada de más y la prevista como monto mínimo con motivo del servicio correspondiente, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar por el citado servicio, siempre y cuando lo haga conforme a la cuota mínima aplicable a aquellos sujetos que se encontraban en la misma situación que el inconforme frente a la ley tributaria. [.] c) Además, a fin de restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado, conforme a los dispositivos legales de la Ley de Amparo invocados en párrafos precedentes, el efecto de la protección federal también implica que la autoridad fiscal estatal competente, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, devuelva al quejoso la cantidad pagada en exceso debidamente actualizada, lo cual implica que después de calcular el pago de los derechos por la inscripción de los documentos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio deberá devolverse al inconforme la cantidad pagada en exceso debidamente actualizada en términos del artículo 16 A del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, en virtud de que sólo de esa manera se logrará restituir al solicitante del amparo en el goce del derecho violado; en la inteligencia de que esa devolución no deberá comprender el pago de intereses por indemnización al tratarse de un concepto ajeno a la razón por la cual se declaró la inconstitucionalidad de la norma jurídica impugnada. [.] d) Finalmente, no pasa inadvertido que si el monto del derecho pagado por el quejoso constituye a su vez la base para determinar otro tipo de contribuciones, como es el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, previsto por los artículos 21 al 27 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; entonces, a fin de restituir al agraviado plenamente en el derecho violado, la autoridad fiscal estatal competente, una vez establecido el monto de los derechos por los servicios prestados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, también deberá recalcular las cantidades que el inconforme debe cubrir por esas otras contribuciones y devolver las cantidades excedentes debidamente actualizadas en los términos expuestos en párrafos precedentes; en el entendido que el alcance de la protección federal no implica liberar al quejoso de la obligación tributaria derivada de esos últimos preceptos legales, en tanto que no fue declarada su inconstitucionalidad. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. Posteriormente, por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la mencionada resolución y se requirió a las autoridades responsables Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas y Recaudador de Rentas adscrito a la misma, para que dentro del término de tres días acataran el fallo protector e informaran sobre su cumplimiento. Luego, en virtud a que no hubo contestación por parte de las responsables, mediante acuerdos de tres de junio y seis de julio de dos mil dieciséis, nuevamente se les requirió para efecto de que dieran cabal cumplimiento a la sentencia dictada en autos. Así, en acatamiento a lo anterior, mediante oficio PF/1496/2016, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, allegó a este juzgado federal copia certificada del recibo de pago del que se advierte que la parte quejosa recibió la cantidad de $6,201.00 (seis mil doscientos un pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pago de lo indebido, siendo esto lo correspondiente a los derechos de Examen de Documentos, Cancelaciones, Registro de Cédula Hipotecario y Embargo Judicial, así como el Impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas. En virtud de lo anterior, se ordenó dar vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria informado por la responsable, dicho acuerdo le fue notificado por medio de lista el veinticinco de julio del presente año sin que a la fecha en que se actúa haya realizado manifestación alguna. No obstante, la omisión del quejoso, mediante proveído de veinticuatro de agosto pasado, se requirió de nueva cuenta al Secretario de Finanzas del Estado, para que informara a este órgano jurisdiccional si la cantidad que devolvió al quejoso, se encontraba debidamente actualizada, en términos del artículo 16-A del Código Fiscal del Estado de Zacatecas. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio PF/1751/16, la responsable informó que la cantidad devuelta al quejoso en cumplimiento al fallo protector, se encuentra debidamente actualizada conforme a las reformas y adiciones realizadas a la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, por lo que nuevamente, se ordenó dar vista al quejoso para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho correspondiera, dicho acuerdo le fue notificado por lista el dos de septiembre actual, sin que a la fecha haya desahogado la vista referida. En virtud de lo anterior, considerando que en la sentencia de mérito, se otorgó la protección de la justicia federal solicitada, para los efectos precisados y toda vez que existe constancia en autos de que en treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se restituyó a la parte quejosa de la cantidad cubierta por concepto de derechos de Examen de Documentos, Cancelaciones, Registro de Cédula Hipotecario y Embargo Judicial, así como el Impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, SE DECLARA CUMPLIDA la ejecutoria que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la nueva Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente juicio, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos y, en su caso, de la ejecutoria correspondiente. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes."
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la autoridad responsable SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, por el cual, en cumplimiento a lo requerido por auto de veinticuatro del presente mes y año, informa que la cantidad devuelta a la parte quejosa por concepto de pago en excedente por el servicio prestado, se encuentra debidamente actualizada conforme a las reformas y adiciones realizadas a la Ley e Hacienda para el Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis; con lo anterior, DESE VISTA a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado con base a los documentos que obren en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento por parte de las autoridades responsables al fallo constitucional."
- Principal
En veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Luz Adriana Puga Magaña, doy cuenta a la Juez, con el oficio registrado con el número 15002.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la autoridad responsable SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, por el cual, en cumplimiento a lo requerido por auto de veinticuatro del presente mes y año, informa que la cantidad devuelta a la parte quejosa por concepto de pago en excedente por el servicio prestado, se encuentra debidamente actualizada conforme a las reformas y adiciones realizadas a la Ley e Hacienda para el Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis; con lo anterior, DESE VISTA a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado con base a los documentos que obren en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento por parte de las autoridades responsables al fallo constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada Luz Adriana Puga Magaña, Secretaria que autoriza.- DOY FE. /manuelcc
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