Edgar Gerardo Carranza Mercado

Expediente 771/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
771/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
04/08/2022

Partes del expediente

  • Edgar Gerardo Carranza Mercado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    En cuatro de agosto de dos mil veintidós, certifico: que en el libro de promociones de la Oficialía de Partes de este juzgado, no obra escrito alguno tendente a recurrir el auto pronunciado el veintidós de junio de dos mil veintidós. Además, que el plazo previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el proveído de referencia, transcurrió del treinta de junio al seis de julio, ambos del presente año. Con la anterior certificación se da cuenta, así como con el estado procesal de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja, el auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del cinco de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  2. Principal

    ... CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito mediante el cual Edgar Gerardo Carranza Mercado, parte quejosa en el presente expediente da cumplimiento con el requerimiento formulado el v veintiuno de junio del presente año, y del cual se provee lo siguiente. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: Autoridad responsable: Oficial Adán Haro González y el Policía Segundo José Alberto Zapata Espinoza, pertenecientes a la Policía Estatal Preventiva del Estado de Zacatecas. Actos reclamados: Tortura e intimidación del que suscribe, cometidos en mi perjuicio por el Oficial Adán Haro González y el Policía Segundo José Alberto Zapata Espinoza, pertenecientes a la Policía Estatal Preventiva del Estado de Zacatecas. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En el presente asunto, se considera que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, dado que el acto reclamado por el quejoso, no tiene una ejecución de imposible reparación. Esto es así, porque los numerales en comento disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo. 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]" Se estima lo anterior, toda vez que en el caso concreto, el acto reclamado en el juicio de amparo lo constituyen los actos de tortura que refiere haber sufrido la parte quejosa; sin embargo, de la propia narrativa de antecedentes de los actos reclamados tanto en la demanda inicial, así como de los escritos aclaratorios el quejoso refiere bajo protesta de decir verdad que el juez de control dictó sentencia, y que la misma fue recurrida mediante recurso de apelación ante el Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, y que dicho medio de impugnación ya fue resuelto, por lo cual, se insiste, los actos que reclama, no tienen una ejecución de imposible reparación, pues podrá combatir dicho acto reclamado como conceptos de violación, al impugnarse el fallo definitivo en vía de amparo directo, si para ello se considere que las violaciones de que se trate han trascendido al sentido del fallo, que le sea adverso, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; ya que cualquier violación procesal que le haya generado desaparece, como si no hubiera generado huella en su esfera jurídica. En relación con el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en principio, sostuvo que el alcance de esta última disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; y que, por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado en el caso de que obtenga sentencia favorable, y porque en caso contrario ese acto aún es susceptible de no dejar huella, en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser impugnada en amparo directo, como violación procesal. A lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia 43, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos noventa y uno, tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: Registro digital: 207343 Instancia: Tercera Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 3a. 43 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, página 291 Tipo: Jurisprudencia EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." En ese tenor, los actos de tortura que refiere haber sufrido, de los cuales como él mismo lo refiere, el juez de control ya dictó sentencia, y que dicho fallo fue recurrido ante el Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, por lo cual constituye una violación procesal que puede ser reparada en caso de promover la demanda de amparo directo, de conformidad con el artículo 173 fracción XIX de la Ley de Amparo, en su apartado B. Además, la legislación vigente de la materia precisa como actos en el juicio de imposible reparación, aquellos que sus efectos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; lo que de suyo implica que la violación que se afirma cometida en perjuicio del quejoso, no constituye un acto de esa naturaleza, sino uno procesal. De igual forma, la jurisprudencia 3a.40, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Materia Común, Página 280, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el epígrafe: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en e procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Es también aplicable la tesis de jurisprudencia número IV.2o. J/13, del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996 correspondiente a la Novena Época, página 538, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." Asimismo, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XI, Mayo de 1993, Octava Época, página 280, del tenor literal siguiente: "ACTOS DE EJECUCION IRREPARABLE, CASO EN QUE NO SE DA LA HIPOTESIS DE. Para que el acto de autoridad tenga las características de un acto de imposible reparación, es necesario que el acto reclamado tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose que los actos procesales tienen esa característica, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Constitución Federal, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata; lo que no acontece cuando se ordena el desahogo de la prueba documental mediante el informe que deba rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros sobre las quejas presentadas contra el demandante del amparo, pues se trata de hechos que no afectan ningún derecho fundamental de este último." En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Nes En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintitrés de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintisiete de junio de dos mil veintidós, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 590/2017, se encuentra en audiencia pública Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Jaime Santillán Chávez, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario da lectura de la demanda de amparo, a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y demás constancias que integran el expediente. Asimismo, el secretario hace constar que en el juicio de amparo en que se actúa no han sido emplazados los terceros interesados Ma. Eva y Román, Gustavo y Abel, todos de apellidos Mercado Vargas. A lo anterior, el Juez provee: téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes; por otra parte, no impide la celebración de la presente audiencia la circunstancia de que no hayan sido emplazados los terceros interesados de referencia, toda vez que acorde con el sentido que regirá en el fallo definitivo, ningún perjuicio le irrogará. Funda en lo conducente, por identidad jurídica, la tesis P. V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de a negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con las ofrecidas por los terceros interesados Ma. Guadalupe y Ricardo, de apellidos Mercado Vargas, así como Hilda Mercado Esparza. A lo que el Juez provee: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, la cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver. En el periodo de alegatos, El secretario da cuenta con los formulados por la fiscal federal adscrita. A lo que el juez provee: en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por expresados los alegatos de cuenta y por perdido el derecho de las demás partes para formular alegatos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo, que firman quienes intervinieron. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 590/2017; y, . RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Pablo Mercado Vargas, contra los actos y autoridades que se indicaron en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y consideraciones que quedaron plasmadas en el correlativo último de la misma. Notifíquese. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintiocho de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

  4. Principal

    El quince de junio de dos mil veintidós, Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El término de quince días que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso, sin que hubieren interpuesto recurso de inconformidad contra el proveído que declaró cumplida la ejecutoria de amparo. No existe recurso pendiente de resolver. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a quince de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído, en el cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por el numerales 202 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DEPURABLE, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del dieciséis de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

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