Edgar Gaytán Martínez
Expediente 2058/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 22 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2058/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 29/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Edgar Gaytán Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, residente en esta ciudad, por el cual da respuesta al requerimiento que le fue realizado el diecisiete de agosto del año en curso, agrega que la cantidad de $22,476.00 (veintidós mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional) que fue devuelta al quejoso, corresponde a la cantidad que pagó en excedente por el servicio prestado, ello en apego a la sentencia en la que se ordenó la devolución de la diferencia de tasa pagada de más y la prevista como monto mínimo; que, además, determinó que el quejoso no solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el cobro de la tarifa menor por cancelación de inscripción o anotación, calificación registral o embargo judicial o administrativo. En atención a su contenido y toda vez que, como correctamente lo precisa la autoridad responsable, en la ejecutoria de amparo efectivamente se determinó que el quejoso no solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el cobro de la tarifa menor por cancelación de inscripción o anotación calificación registral o embargo judicial o administrativo; se analiza el cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio. En sentencia de cuatro de febrero de dos mil dieciséis (fojas 204 a 217) se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Edgar Gaytán Martínez, para los siguientes efectos: "a) No apliquen al quejoso en el presente y en el futuro el precepto reclamado; y, b) Las autoridades Recaudador de Rentas adscrito al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Zacatecas, dependiente de la Secretaría de Finanzas, hagan la devolución del importe que el quejoso hubiere pagado, correspondiente a la diferencia en la tasa pagada de más, y la prevista como monto mínimo con motivo del servicio correspondiente, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar por el citado servicio, siempre y cuando lo haga conforme a la cuota mínima aplicable a aquellos sujetos que se encontraban en la misma situación que el quejoso frente a la ley tributaria. (.) Dicha concesión debe hacerse extensiva respecto de la aplicación de los artículos 21 al 27 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, toda vez que constituyen una consecuencia directa e inmediata de lo previsto por el artículo 52 fracciones I, IX y XVII de la Ley de Hacienda del Estado. En la inteligencia de que, si bien la protección federal se concede contra las autoridades responsables Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno, Director del Periódico Oficial, todas del Estado de Zacatecas, debe decirse que el cumplimiento del presente juicio recaerá, por lo pronto, en la autoridad mencionada en párrafos anteriores, recaudador de rentas de Zacatecas, pues respecto de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la norma, no es de exigirse cumplimiento especial alguno, ya que la concesión otorgada no tiene los alcances de ordenar a aquellas la formulación de una norma precisa para el quejoso, pues dicha facultad es propia de las mismas autoridades y no del Poder Judicial de la Federación. (.) A mayor abundamiento, es de indicarse que los argumentos de la Legislatura expuestos en su informe carecen de sustento jurídico por lo siguiente: En el presente caso, el quejoso no solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal contra el cobro de la tarifa menor por cancelación de inscripción o anotación, calificación registral o embargo judicial o administrativo; aspectos que son totalmente distintos a lo resuelto en el amparo 415/2010, pues en dicho juicio lo que se impugnó fue la inconstitucionalidad de los artículos 51, fracciones I, IX y XVII de la Ley de Hacienda del Estado, toda vez que se le cobra la tarifa menor. Mientras que en el presente amparo 2058/2015, se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 51, fracciones I, IX y XVII de la Ley de Hacienda del Estado, pues se reclama el cobro de la tarifa acorde al valor del bien (no se cobra tarifa mínima).". En cumplimiento a la ejecutoria anterior, la autoridad responsable Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante oficio PF/0663/16 remitió copia del oficio por el que acreditó haber devuelto al quejoso Edgar Gaytán Martínez $22,476.00 (veintidós mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), que fue la cantidad pagada de más. Ahora bien, el quejoso a su escrito de demanda anexó el original del recibo de pago No. F 2068 759 expedido por la Secretaría de Finanzas por los conceptos siguientes: ADICIONAL UAZ 5% $1,100.00 REG. CED. HIPOTECARIO Y EMB. JUD. $22,000.00 ADICIONAL UAZ 5% $7.00 CANCELACIONES DE INSCRIPCIÓN O ANOTACIÓN $132.00 ADICIONAL UAZ 5% $2.00 EXAMEN DE DOC. (CALIFICACIÓN REGISTRAL X TESTIM) $33.00 Total $23,274.00 Precisado lo anterior tenemos que el quejoso solo se inconformó respecto de los dos primeros conceptos, esto es, adicional UAZ 5% y Registro de cédula hipotecario y embargo judicial, quedando intocados los conceptos restantes, esos dos conceptos arrojan un total de $23,100.00 (veintitrés mil cien pesos 00/100 moneda nacional). Así, de conformidad con el artículo 52, fracción IX, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, la tarifa mínima del derecho declarado inconstitucional es de $594.00 (quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) y el cinco por ciento adicional a la UAZ de tal monto, es de $29.70 (veintinueve pesos 70/100 moneda nacional), los que sumados arrojan un total de $623.70 (seiscientos veintitrés pesos 70/100 moneda nacional) los que se representan de la siguiente manera: Tarifa mínima 5% adicional UAZ Total a pagar. $594.00 $29.704 $623.70 Por lo que si el quejoso realizó un pago de $23,100.00 (veintitrés mil cien pesos 00/100) por los conceptos impugnados y le fueron devueltos $22,476.00 (veintidós mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), es evidente que el pago efectivamente realizado es de $624.00 (seiscientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), el cual corresponde a la tarifa mínima más el cinco por ciento de la UAZ. Pago realizado Cantidad devuelta Cantidad pagada $23,100.00 $22,476.00 $624.00 De lo anterior se concluye que se encuentra debidamente cumplida la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por haberse concedido el amparo; con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes."
- Principal
En veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, el licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la Juez con el oficio registrado con el número 15003. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, residente en esta ciudad, por el cual da respuesta al requerimiento que le fue realizado el diecisiete de agosto del año en curso, agrega que la cantidad de $22,476.00 (veintidós mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional) que fue devuelta al quejoso, corresponde a la cantidad que pagó en excedente por el servicio prestado, ello en apego a la sentencia en la que se ordenó la devolución de la diferencia de tasa pagada de más y la prevista como monto mínimo; que, además, determinó que el quejoso no solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el cobro de la tarifa menor por cancelación de inscripción o anotación, calificación registral o embargo judicial o administrativo. En atención a su contenido y toda vez que, como correctamente lo precisa la autoridad responsable, en la ejecutoria de amparo efectivamente se determinó que el quejoso no solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el cobro de la tarifa menor por cancelación de inscripción o anotación calificación registral o embargo judicial o administrativo; se analiza el cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio. En sentencia de cuatro de febrero de dos mil dieciséis (fojas 204 a 217) se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Edgar Gaytán Martínez, para los siguientes efectos: "a) No apliquen al quejoso en el presente y en el futuro el precepto reclamado; y, b) Las autoridades Recaudador de Rentas adscrito al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Zacatecas, dependiente de la Secretaría de Finanzas, hagan la devolución del importe que el quejoso hubiere pagado, correspondiente a la diferencia en la tasa pagada de más, y la prevista como monto mínimo con motivo del servicio correspondiente, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar por el citado servicio, siempre y cuando lo haga conforme a la cuota mínima aplicable a aquellos sujetos que se encontraban en la misma situación que el quejoso frente a la ley tributaria. (.) Dicha concesión debe hacerse extensiva respecto de la aplicación de los artículos 21 al 27 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, toda vez que constituyen una consecuencia directa e inmediata de lo previsto por el artículo 52 fracciones I, IX y XVII de la Ley de Hacienda del Estado. En la inteligencia de que, si bien la protección federal se concede contra las autoridades responsables Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno, Director del Periódico Oficial, todas del Estado de Zacatecas, debe decirse que el cumplimiento del presente juicio recaerá, por lo pronto, en la autoridad mencionada en párrafos anteriores, recaudador de rentas de Zacatecas, pues respecto de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la norma, no es de exigirse cumplimiento especial alguno, ya que la concesión otorgada no tiene los alcances de ordenar a aquellas la formulación de una norma precisa para el quejoso, pues dicha facultad es propia de las mismas autoridades y no del Poder Judicial de la Federación. (.) A mayor abundamiento, es de indicarse que los argumentos de la Legislatura expuestos en su informe carecen de sustento jurídico por lo siguiente: En el presente caso, el quejoso no solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal contra el cobro de la tarifa menor por cancelación de inscripción o anotación, calificación registral o embargo judicial o administrativo; aspectos que son totalmente distintos a lo resuelto en el amparo 415/2010, pues en dicho juicio lo que se impugnó fue la inconstitucionalidad de los artículos 51, fracciones I, IX y XVII de la Ley de Hacienda del Estado, toda vez que se le cobra la tarifa menor. Mientras que en el presente amparo 2058/2015, se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 51, fracciones I, IX y XVII de la Ley de Hacienda del Estado, pues se reclama el cobro de la tarifa acorde al valor del bien (no se cobra tarifa mínima).". En cumplimiento a la ejecutoria anterior, la autoridad responsable Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante oficio PF/0663/16 remitió copia del oficio por el que acreditó haber devuelto al quejoso Edgar Gaytán Martínez $22,476.00 (veintidós mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), que fue la cantidad pagada de más. Ahora bien, el quejoso a su escrito de demanda anexó el original del recibo de pago No. F 2068 759 expedido por la Secretaría de Finanzas por los conceptos siguientes: ADICIONAL UAZ 5% $1,100.00 REG. CED. HIPOTECARIO Y EMB. JUD. $22,000.00 ADICIONAL UAZ 5% $7.00 CANCELACIONES DE INSCRIPCIÓN O ANOTACIÓN $132.00 ADICIONAL UAZ 5% $2.00 EXAMEN DE DOC. (CALIFICACIÓN REGISTRAL X TESTIM) $33.00 Total $23,274.00 Precisado lo anterior tenemos que el quejoso solo se inconformó respecto de los dos primeros conceptos, esto es, adicional UAZ 5% y Registro de cédula hipotecario y embargo judicial, quedando intocados los conceptos restantes, esos dos conceptos arrojan un total de $23,100.00 (veintitrés mil cien pesos 00/100 moneda nacional). Así, de conformidad con el artículo 52, fracción IX, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, la tarifa mínima del derecho declarado inconstitucional es de $594.00 (quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) y el cinco por ciento adicional a la UAZ de tal monto, es de $29.70 (veintinueve pesos 70/100 moneda nacional), los que sumados arrojan un total de $623.70 (seiscientos veintitrés pesos 70/100 moneda nacional) los que se representan de la siguiente manera: Tarifa mínima 5% adicional UAZ Total a pagar. $594.00 $29.704 $623.70 Por lo que si el quejoso realizó un pago de $23,100.00 (veintitrés mil cien pesos 00/100) por los conceptos impugnados y le fueron devueltos $22,476.00 (veintidós mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), es evidente que el pago efectivamente realizado es de $624.00 (seiscientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), el cual corresponde a la tarifa mínima más el cinco por ciento de la UAZ. Pago realizado Cantidad devuelta Cantidad pagada $23,100.00 $22,476.00 $624.00 De lo anterior se concluye que se encuentra debidamente cumplida la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por haberse concedido el amparo; con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Juez con un oficio y anexo registrados con el número 14867. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Coordinador General Jurídico, representante legal del Gobernador del Estado de Zacatecas, en su carácter de superior jerárquico, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de diecisiete de agosto del año en curso, e informa que requirió al Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, para que dé cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. *Amci
- Principal
En diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, el licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la Juez con el oficio registrado con el número 14370. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, por el cual dice, que la cantidad de $22,476.00 (veintidós mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), devuelta al quejoso corresponde a la que pagó en excedente por el servicio prestado, que en el cálculo realizado por este Juzgado hizo en proveído de uno de junio del año en curso, no se tomó en cuenta el pago del 5% de la UAZ, tomado de los $594.00 (quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), que es la tasa mínima y tampoco se tomó en cuenta el pago por concepto de examen de documentos y las cancelaciones de inscripción o anotación, las cuales contemplan la tasa única y que no están sujetas a devolución, por lo que se debe tener por cumplida la sentencia dictada en este juicio. Dígase a la autoridad oficiante que no ha lugar acordar de conformidad su petición en el sentido de que se tenga por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, virtud a que, como se advierte del auto de uno de junio de dos mil dieciséis, el cual le fue notificado mediante oficio 27588/2016 y recibido en esas oficinas al día siguiente, este Juzgado determinó la cantidad que debe ser devuelta al quejoso, por lo que, si esa autoridad no estaba de acuerdo con ello debió haber combatido ese proveído, máxime que este Juzgado no puede revocar sus propias determinaciones. En consecuencia, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que tenga conocimiento del presente proveído, dé total cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa, es decir devuelva al quejoso la cantidad restante que lo es de $204.00 (doscientos cuatro pesos 00/100 M.N.). Bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, se le impondrá la multa decretada en auto de treinta de marzo de dos mil dieciséis, esto es cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México en términos del diverso numeral 258, de la Ley Reglamentaria en consulta y además SE REMITIRÁ EL PRESENTE EXPEDIENTE AL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, PARA SEGUIR EL TRÁMITE DE INEJECUCIÓN, QUE PUEDE CULMINAR CON LA SEPARACIÓN DE SU CARGO Y CONSIGNACIÓN. Asimismo, requiérase al Gobernador del Estado de Zacatecas, a efecto de que en su carácter de superior jerárquico del Secretario de Finanzas del Gobierno del estado de Zacatecas, lo conmine a cumplir con la ejecutoria dictada en el presente asunto, en los términos establecidos mediante auto de ocho de marzo de dos mil dieciséis, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, en términos del artículo 258, de la Ley de Amparo vigente, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la referida potestad. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe.
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