Edgar Escobedo Rodríguez
Expediente 136/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 41 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 136/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 18/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Edgar Escobedo Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
El dieciocho de julio de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del cuatro al diecisiete de julio del año en curso, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de veintinueve de junio de la misma anualidad (fojas 131 a la 138), dictada por este Juzgado, dentro del juicio de amparo número 136/2017. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Que sí existen pruebas por devolver a la autoridad responsable Juez Especializada en Materia de Justicia Para Adolecentes del Estado, consistentes en un legajo de copias certificadas. De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión y que no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse; además, no existe recurso pendiente por resolver dentro del referido incidente. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha el Secretario licenciado Juan García Trejo da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el veintinueve de junio del año en curso en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del mencionado acuerdo, se determina que el expediente original del incidente de suspensión relativo al expediente principal en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable Juez Especializada en Materia de Justicia Para Adolecentes del Estado, las constancias que remitió en su momento como justificación de sus actos, consistentes en un legajo de copias certificadas. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 136/2017, estando en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el Secretario que autoriza y da fe, licenciado Francisco Javier Soto Moreno, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta con los pedimentos signados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, registrados con los folios 8915, 8916, 8917, 8918, 8919 y 8920; y, procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Tiene aplicación a la tesis siguiente: PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han -quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas. En vista de lo anterior, la Juez acuerda: Ténganse por recibidos los pedimentos de cuenta y, en atención a su contenido, acuérdese lo conducente en la etapa correspondiente de esta audiencia; asimismo se tiene por hecha la relación de constancias y por rendido el informe justificado de las autoridades responsables procurador General de Justicia del Estado (foja 14), Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar (fojas 16 y 19), Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento (foja 20), Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (foja 22), todos con residencia en Jerez de García Salinas, Zacatecas y Jueza Especializada en Materia de Justicia para Adolescentes del Estado, con sede en esta ciudad (foja 87). A continuación, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales remitidas junto al informe justificado de la citada autoridad responsable, consistentes en copias certificadas de la carpeta administrativa formada con motivo de la causa penal 06/2017 (foja 91), así como de las diversas que remitió dicha autoridad (foja 100 a 104); constancias que se desahogan por su propia y especial naturaleza, conforme a lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, siendo todos los medios de prueba ofrecidos por las partes, por lo que se cierra esta etapa. En el período de alegatos, el Secretario da cuenta con los formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional en sus pedimentos de cuenta y en los que obran de foja 42 a 43, 71 a 74 y 107 a 108, siendo todas las manifestaciones de las partes, por lo que se concluye esta fase. Ahora, como lo solicita la representante social, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia la presente resolución, previa toma de razón y recibo que se deje en autos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, díctese la resolución que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 136/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil diecisiete, ante la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en el Estado de Zacatecas, Edgar Escobedo Rodríguez y Carlos Andrés Fragosa Rodríguez demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas. Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas. Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas. Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas. Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en Jerez de García Salinas. Acto reclamado: A). A las primeras dos de las autoridades señaladas como ordenadoras en el punto señalado como a), del capítulo correspondiente, les reclamo la ilegal e inconstitucional orden restrictiva de libertad con efectos de orden de aprehensión que han librado en mi contra. b). A la segundas autoridades responsables les reclamo el haber trascrito y ordenado al resto de ellas la ejecución de tal orden de detención con efectos de aprehensión, así como, le reclamo cualquier acto habido y por haber tendiente a ejecutar la orden restrictiva de libertar con efectos de orden de aprehensión librada en mi contra por cualquiera de las primeras de ellas, con el fin de privarme de mi libertad. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este juzgado, cuya titular por acuerdo de nueve de febrero de dos mil diecisiete (fojas 6 a la 9) admitió a trámite la demanda, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, ordenó emplazar al tercero interesado, dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de veinte de abril de dos mil diecisiete (foja 67) se tuvo al licenciado José Alberto Zarate Juárez aceptando el cargo de representante especial de los quejosos que le fe conferido por este órgano judicial, toda vez que son menores de edad. En veintiséis de abril de dos mil diecisiete (fojas 83 y 84) se tuvo al citado representante legal ampliando la demanda de amparo respecto del Juez Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta capital. Finalmente, el veintinueve de junio de dos mil diecisiete dio inicio la audiencia constitucional, al tenor de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la orden de aprehensión se reclama de autoridades judiciales que radican en el Estado de Zacatecas y pretende ejecutarse en dicha entidad federativa. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio; consiste en: -La orden de aprehensión girada contra los quejosos en la causa penal 6/2017 y su ejecución. TERCERO. Sobreseimiento respecto de autoridades que no les corresponde el carácter de responsables. Al rendir sus informes justificados, los jueces Primero (foja 16) y Segundo (foja 19) de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas; Juez de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas (foja 20); así como el Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas, negaron los actos reclamados. No obstante, no es conducente decretar la inexistencia de la orden de aprehensión y su ejecución, ya que aunque no son atribuibles a ellos, éstos resultan ciertos, como se explicará más adelante. De ahí que respecto de las autoridades destacadas, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que su participación en los actos reclamados no se encuentra acreditada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por analogía, la Jurisprudencia número I.5o.P. J/3, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, perteneciente a la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo vigésimo segundo, septiembre de dos mil cinco, página 1363, del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento. Por tanto, se sobresee en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 63, fracción IV, del mismo ordenamiento, por cuanto a dichas autoridades concierne. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Al rendir informe de justificado, la Juez Especializada en Materia de Justicia para Adolescentes del Estado de Zacatecas (foja 87), negó la existencia de la orden de aprehensión reclamada, pues adujo que la solicitud de ejercicio de la acción penal ejercitada por la representación social contra los quejosos, radicada bajo la causa penal 6/2017, fue negada. No obstante, en su informe de ley, la autoridad referida precisó que dicha resolución fue revocada en segunda instancia y en su lugar, se libró orden de aprehensión en contra de los quejosos. Luego, no obstante que la autoridad referida negó el acto reclamado, enseguida afirmó que en la causa penal 6/2017, en efecto, se libró orden de aprehensión contra los quejosos y, por tanto, dicho acto es cierto. Apoya a lo anterior el criterio emitido en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Por otro lado, es cierto el acto reclamado consistente en la ejecución de la orden de aprehensión en la causa penal 6/2017, pues el Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en Jerez de García Salinas, lo aceptó en su informe justificado (foja 22). En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante pliego de consignación presentado el cuatro de febrero de dos mil diecisiete ante el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, pidió audiencia privada para solicitar orden de aprehensión contra Edgar Escobedo Rodríguez, Carlos Andrés Fragoza Rodríguez (quejosos) y otro, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, en prejuicio de Karen Dayana Vargas Orozco (foja 1 del cuaderno de pruebas). 2. El cuatro de febrero de dos mil diecisiete, la Juez Especializada en Materia de Justicia para Adolescentes del Estado de Zacatecas radicó la causa penal 6/2017 y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia privada (foja 2 del cuaderno de pruebas). 3. En resolución de cuatro de enero de dos mil diecisiete, la juez de la causa negó la orden de aprehensión contra los inculpados (fojas 5 a la 13 del cuaderno de pruebas). 4. Inconforme con lo anterior, la representación social interpuso recurso de apelación, del cual conoció el Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Zacatecas. El nueve de febrero de dos mil diecisiete dictó resolución en la revocó la de primera instancia y libró orden de aprehensión contra los quejosos (fojas 29 a la 32 del cuaderno de pruebas). La orden de aprehensión y su ejecución constituyen los actos reclamados en la presente instancia constitucional. SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo. Debe sobreseerse en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En efecto, el primer párrafo de la fracción citada dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de garantías relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:... contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable. De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de garantías concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. En esta instancia constitucional el quejoso combate la orden de aprehensión girada en su contra, lo que se concretó el nueve de febrero de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 6/2017, en segunda instancia. Sin embargo, mediante oficio 1162 (fojas 91), la Juez Especializada en Materia de Justicia para Adolescentes del Estado de Zacatecas, envió copias certificadas de la carpeta formada con motivo de la causa penal en comento. De la carpeta en comento, se advierte que el catorce de febrero de dos mil diecisiete (fojas 58 a la 53), la juez de la causa determinó vincular a proceso a los hoy quejosos, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio. Lo expuesto trae como consecuencia un cambio de situación jurídica en el juicio de origen que impide el análisis del acto reclamado, porque con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, como quedó asentado, se decretó la vinculación a proceso de los amparistas. De ahí que las posibles violaciones contenidas en la orden de aprehensión reclamada se encuentren irreparablemente consumadas, ya que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de ésta sin afectar la situación jurídica autónoma creada en el juicio de origen (vinculación a proceso). En ese contexto, si los quejosos fueron decretados formalmente vinculados a proceso, ello imposibilita el examen de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión girada en su contra, dado que tales actos tuvieron lugar en la preinstrucción, la cual concluyó con aquella determinación, de tal forma que no sería posible analizarlos sin afectar la nueva situación jurídica que impera. Por identidad jurídica, es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página: 270: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE., que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Por tanto, al ser patente que fue decretada la vinculación a proceso de los quejosos, se genera una situación en la cual no es posible decidir ya sobre la constitucionalidad del acto reclamado (orden de aprehensión). Luego, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada, lo que impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 70, octubre de 1993, correspondiente a la octava época, cuyo rubro texto dicen: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. En conclusión, se sobresee en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto consistente en a la ejecución de la orden aprehensión, ya que no reclamado por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELOVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Edgar Escobedo Rodríguez y Carlos Andrés Fragosa Rodríguez, respecto de los Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas; Juez de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas (foja 20); y Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas; por las razones expuestas en los considerandos tercero de la presente resolución. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Edgar Escobedo Rodríguez y Carlos Andrés Fragosa Rodríguez, respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión girada contra los quejosos en la causa penal 6/217 y su ejecución, por las razones, expuestas en el considerando sexto del presente fallo. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida del licenciado Francisco Javier Soto Moreno, Secretario que autoriza. Doy fe.
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Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de mayo de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las nueve horas del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Jorge Martín Zamora González En la misma fecha, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos y con un pedimento con folio 6757. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que mediante auto de nueve de mayo del año en curso, se tuvieron por recibidas las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Especializada en Materia de Justicia Para Adolescentes en el Estado, con residencia en esta ciudad, consistentes en la carpeta de investigación 06/2017, en apoyo a su informe justificado; luego, a fin de dar oportunidad a que las partes se impongan de su contenido, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Por último, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el pedimento 385/2017, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a sus contenidos, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno; y, una vez que se emita la sentencia en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PERSONALMENTE AL LICENCIADO JOSÉ ALBERTO ZARATE JUÁREZ, REPRESENTANTE ESPECIAL DE LOS MENORES QUEJOSOS Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Luis. En la misma fecha se giraron los oficios 12134, 12135, 12136, 12137, 12138 y 12139
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En dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Secretaria encargada del despacho del Juzgado con un oficio con folio 6425. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Jueza Especializada en Materia de Justicia para Adolescentes del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención a lo solicitado por este Juzgado en nueve de mayo del año en curso, remite copia certificada de la resolución de dos de mayo del propio año, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad; en atención a lo anterior, téngasele por dando cumplimiento al mencionado requerimiento. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, según oficio CCJ/ST/0506/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Luis.
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