Édgar Flores Trigos

Expediente 1766/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1766/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Édgar Flores Trigos

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los oficios de cuenta, con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, téngase a la Directora General de Reinserción Social del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, informando sobre la suspensión de plano del quejoso... dictada el veinte de diciembre de dos mil diecinueve; asimismo, manifiestan que no son ciertos los actos reclamados, y acompañan constancias para justificar su dicho. (VIII)

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta, con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, téngase al Director del Centro de Reinserción Social para Varones de Aguascalientes y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario adscrito a dicha dependencia, informando sobre la suspensión de plano del quejoso Édgar Flores Trigos dictada el veinte de diciembre de dos mil diecinueve; asimismo, manifiesta que no son ciertos los actos reclamados, y acompaña constancias para justificar su dicho. (VIII)

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Édgar Flores Trigos, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes y otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese su ingreso en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado con el número 1766/2019-VIII. De lo expuesto en el escrito de demanda de, analizado en forma integral, se desprende que la parte quejosa reclama en forma destacada lo siguiente: ". la TORTURA FISICA ...." Al respecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Sobre el alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se cita la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". Ahora bien, en principio, es de indicar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional y de legalidad, que se ejerce por medio de acción ante un órgano jurisdiccional, mediante el cual el gobernado solicita la intervención del Poder Judicial de la Federación para que invalide, nulifique, o deje sin efectos un acto de autoridad que supone arbitrario, y lo restituya en el uso y goce de sus garantías individuales violadas para que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación. Sin embargo, dicha instancia constitucional se rige por diversos principios fundamentales, entre los que se encuentra el de definitividad, que impone como presupuesto para la procedencia de la acción constitucional, la obligación a la parte quejosa de previamente a interponer el juicio de amparo, agotar los medios de defensa concedidos por la ley que rija al acto reclamado, para reparar la violación contenida en el mismo. En ese sentido, el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), Constitucional, y el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que expresan: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; ..." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... En el texto de los preceptos legales transcritos con antelación se consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar el acto reclamado. En esa tesitura, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las propias leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos jurisdiccionales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o medios de impugnación ante la autoridad responsable a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades de la administración pública. Le resulta cita a la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número de registro: 187,016, visible en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. " Ahora bien, de las manifestaciones que en forma de "antecedentes" del acto reclamado son narrados por la parte quejosa, las cuales constituyen una confesión expresa en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo, se advierte esencialmente, de forma manifiesta y notoria, que la tortura física y psicológica que el promovente aduce recibir, así como la "infamia" y la proscripción al módulo de máxima seguridad en que se encuentra recluido, derivan estrictamente de las condiciones de internamiento impuestas por el centro penitenciario. Lo anterior se corrobora, cuando el impetrante afirma medularmente, que le han asignado a un módulo de máxima de seguridad, con cadenas y/o esposas de pies y manos; que la criminóloga le ha precisado que sus peticiones de reasignación de modulo serán infructuosas y se revisaran hasta dentro de seis meses; que su estancia en ese modulo afectara su salud, catalogándolo como una persona de alto riesgo a pesar de sus características particulares -primodelincuente , del principio de presunción de inocencia, así como de las condiciones que guarda la mayoría de la población penitenciaria, cuyas consecuencias -que no precisa serán irreversibles o fatales, por encontrarse en riesgo; por lo que -estima debió ser ubicado en un nivel más bajo de seguridad, a fin de que lo anterior no se traduzca en tratos crueles, inhumanos o degradantes Sobre el particular, abordando el tema de la suspensión, la Primera Sala del Alto Tribunal ha precisado que por tormento, debe entenderse no cualquier molestia, justificada o no, que derive de la reclusión en un centro penitenciario, sino actos y omisiones que afecten gravemente a la dignidad e integridad personales, como pueden ser, por mencionar algunos ejemplos, los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuestión que deberá determinar el juez de distrito en cada caso particular. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia 26/2018, visible con el registro 2017718, en la página 965 del Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor literal: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. POR REGLA GENERAL, NO ES PROCEDENTE CONCEDERLA DE PLANO Y DE OFICIO TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA DE PROVEER A LOS INTERNOS ROPA Y ZAPATOS EN BUEN ESTADO. ." De esta guisa, es claro que las inconformidades expuestas por el quejoso, sintetizadas con antelación, no pueden calificarse de tormento, ni constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, dado que tales actos de molestia, derivan exclusivamente de las condiciones de reclusión que la autoridad penitenciaria ha impuesto, de manera justificada o no, al quejoso; lo que no puede ser analizado en el juicio de amparo indirecto de manera inmediata, sin agotar el medio de defensa ordinario que la ley de la materia disponer para casos como el que se precisa, como se desarrolla a continuación. En efecto, de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dicho procedimiento, como ya se indicó, contiene un mecanismo de control -de peticiones administrativas- que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual las personas privadas de su libertad se encuentran facultadas para reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento y que estima vulneran sus derechos. Del mismo modo, el mecanismo dispone la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, establece que si la solicitud es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el juez dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la respuesta, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes. Asimismo, contempla la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez correspondiente a demandar esta omisión. De igual manera, la persona privada de su libertad tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la citada Ley, en caso de que considere que la resolución emitida por el juez vulnera sus derechos. Finalmente, el mecanismo otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real de que el acto de ser positivo sea suspendido e, incluso, que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias, con la finalidad de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir, en términos de lo dispuesto en el numeral 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Todo lo anterior cumple con el requisito exigido por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues si la parte quejosa desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenando a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Consecuentemente, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que esta última consigna para concederla y tampoco un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, el citado mecanismo ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones que están reclamando atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Otorgando con ello la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato de la omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. Por lo tanto, se actualiza notoriamente la causa de improcedencia invocada, dado que las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar omisiones inherentes con sus condiciones de internamiento, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como los medios de impugnación previstos en la ley referida, el cual inicia con la formulación de una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Por lo que, si la persona privada de su libertad promueve la acción constitucional sin que previamente haya agotado dicho mecanismo de control, atento al principio de definitividad, esto provocará que en el juicio de amparo se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala, tesis 79/2018, con registro digital 2018548, publicada en la página 230 del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título, subtítulo y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ." Sin que se oponga a lo anterior, la mención del quejoso en el sentido de que el recurso rápido y sencillo descrito con antelación, le fue negado, así como a su defensa, respecto a la clasificación de módulo con la que se encuentra inconforme, pues como se ha visto, la omisión y/o negativa de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, legitima al promovente para acudir ante el Juez correspondiente a demandar esta omisión o negativa. De igual manera, la persona privada de su libertad tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la citada Ley, en caso de que considere que la resolución emitida por el juez vulnera sus derechos. Sin que pueda estimarse que las condiciones de su reclusión se rigen por la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Aguascalientes -que no contempla medio de defensa o recurso ante las autoridades ahora responsables-, toda vez que de conformidad con el artículo 2° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, sus disposiciones son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal -el quejoso indica que el delito por el que se sigue su causa es de orden federal, portación de arma de fuego de uso exclusivo- y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Máxime que a partir de la entrada en vigor de la normativa en examen, por disposición de su artículo tercero transitorio, quedaron abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas. En conclusión, por virtud del principio rector del juicio de amparo ya expuesto, la parte quejosa tenía la obligación de agotar el recurso procedente, porque mediante el acto de autoridad, a decir del recurrente, se le causó una lesión o perjuicio en sus derechos o intereses; perjuicio que no solamente la legitima sino que la obliga a interponer en contra de ese acto lesivo, los recursos o medios de defensa ordinarios que resulten procedentes. En efecto, una de las finalidades del principio de definitividad es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia, y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridades distintas de las judiciales, después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Le resulta cita a la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número de registro: 187,016, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.." Máxime que de la normativa relatada en supra líneas, se advierte que la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones es clara respecto a su procedencia, oportunidad y requisitos, por lo que no se sujeta a una interpretación adicional que permitiera estimarlo como una excepción más al principio de definitividad, pues dicho medio de defensa existe en el texto legal de la materia aplicable y su interpretación no admite diversos sentidos contrarios u opuestos aun en términos racionales u objetivos, al ser claras sus hipótesis de procedencia. Luego, si como quedó evidenciado, no se agotó el medio de defensa ordinario en contra de la ausente o ilegal notificación que se estima irregular, al no haberse observado el principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo y, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que se presenta por notoriamente improcedente. Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 15, 17, fracción IV, 33, fracción V, 107, 109, 112, segundo párrafo, 115, 116, 117, 125, 126 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos. Tramítese sin incidente de suspensión de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto del restante acto reclamado relativo a la incomunicación, en términos de los numerales 125, 126, 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, respecto de los actos reclamados para los siguientes efectos: Incomunicación, tortura y cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, es decir de las penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, privación de alimentos y agua, y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales: para el efecto de que cesen de inmediato todos los actos prohibidos de referencia, en contra de la parte quejosa. La suspensión otorgada, no tiene el alcance de impedir el ejercicio de las facultades de la autoridad penitenciaria para reclasificar o ubicar a la persona privada de su libertad, en el área, estancia, dormitorio o espacio que conforme a la normatividad del centro de reclusión, sea el más idóneo para el quejoso, por razones personales, de hábitos, educación, sexo, antecedentes, situación jurídica o de seguridad; siempre y cuando tal ubicación o clasificación se verifique en el marco del respeto a la dignidad del quejoso y de los derechos que le asisten en su calidad de persona privada de la libertad, de conformidad con el artículo 18 de la Constitución, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 31 y 33, fracción XIII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; y 62, 63 y 64, del Reglamento del Sistema Penitenciario en el Estado de Aguascalientes. La autoridad responsable deberá informar de inmediato la observancia que dé al presente mandato; apercibida que de no dar cumplimiento se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos de los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; que de conformidad con el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil diecinueve, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero del año en curso; que arroja el importe de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional). Con independencia de lo anterior, hágase saber a la responsable que de no obedecer la anterior determinación se dará vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262.". Además, en caso de que la responsable no cumpla con la suspensión decretada, el Actuario levantará el acta respectiva y con ella se hará la denuncia ante la representación social Federal, en términos del artículo 237, fracción III, de la Ley de Amparo. Pídase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días improrrogables, de conformidad con el último precepto citado, en la inteligencia de que deberán exhibir copias certificadas legibles, completas y ordenadas del acto reclamado y sus antecedentes. Apercibidas que, en caso de ser omisas a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 117 y 260 fracción II de la ley de la materia, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, acorde con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de conformidad con el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), misma que es vigente a partir del día uno de febrero del presente año; cantidad que multiplicada por las cien unidades de medida que podrían imponerse como multa, resulta un importe de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional). En caso de no rendir el informe solicitado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los Derechos Humanos y garantías a que se refiere el artículo 1°., de la Ley de Amparo. Se señalan las nueve horas con veintisiete minutos del veinte de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio, lo anterior atento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo. De igual manera con fundamento en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que tengan conocimiento de alguna causal de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional; apercibidas que, en caso de no hacerlo, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), que corresponde a treinta unidades de medida y actualización, conforme a lo señalado en párrafos que anteceden. Por otra parte, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5, fracción IV, de la ley reglamentaria. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Téngase como autorizados legales en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a Enrique Lomas Torres, Carlos Enrique Pimentel Trigos y César Iván Flores Trigos por haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de derecho o abogado, conforme al Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a Alejandro Flores López y Oscar Ramírez Molina, esto con base en el artículo 12 último párrafo de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado la quejosa. Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Del mismo modo, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General. Se autoriza a los Secretarios y Actuarios para que firmen los oficios de este juicio de amparo.

  4. Principal

    Se notifica por lista al quejoso auto de veinte de diciembre de dos mil diecinueve...Vista la demanda de amparo promovida por., contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes y otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese su ingreso en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado con el número 1766/2019-VIII. -Análisis integral de la demanda- De lo expuesto en el escrito de demanda de, analizado en forma integral, se desprende que la parte quejosa reclama en forma destacada lo siguiente: ". la TORTURA FISICA de la que he sido objeto al restringirme el tránsito en el interior del cereso, al igual que tener restringido el derecho a salir al aire libre por tan solo aproximadamente 40 minutos por 24 horas de encierro en celda y área cerrada, haciéndolo esposado de manos y pies, la TORTURA PISCOLÓGICA que ha efectuado sobre mi la propia criminóloga del lugar diciéndome que estaré en el modulo de máxima seguridad por los siguientes 6 meses mientras me dictan sentencia, que incluso por lo que a ella respecta me dejara ahí en ese modulo en caso de ser condenado y por cuanto dure mi pena, diciéndome que mejor me acostumbre al encierro por el resto de mi vida, la INFAMIA de hacerme pasar frente a la población del cereso, así como de los propios policías penitenciarios, la sociedad en general, familiares, pareja y amigos, por una persona que representa un peligro para la seguridad del cereso; PROSCRITO a un modulo de máxima seguridad con limitaciones de deambular en tan solo un espacio de 9 metros cuadrados aproximadamente compartiéndolo con personas sentenciadas por delitos de homicidio, violación, Corrupción de Menores e Incapaces, Abuso Sexual, Secuestro, etc., sin actividad alguna en todo el día, constituyéndose así en actos crueles, inhumanos y degradantes." -Desechamiento por notoria improcedencia- Al respecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Sobre el alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se cita la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". Ahora bien, en principio, es de indicar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional y de legalidad, que se ejerce por medio de acción ante un órgano jurisdiccional, mediante el cual el gobernado solicita la intervención del Poder Judicial de la Federación para que invalide, nulifique, o deje sin efectos un acto de autoridad que supone arbitrario, y lo restituya en el uso y goce de sus garantías individuales violadas para que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación. Sin embargo, dicha instancia constitucional se rige por diversos principios fundamentales, entre los que se encuentra el de definitividad, que impone como presupuesto para la procedencia de la acción constitucional, la obligación a la parte quejosa de previamente a interponer el juicio de amparo, agotar los medios de defensa concedidos por la ley que rija al acto reclamado, para reparar la violación contenida en el mismo. En ese sentido, el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), Constitucional, y el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que expresan: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; ..." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". En el texto de los preceptos legales transcritos con antelación se consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar el acto reclamado. En esa tesitura, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las propias leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos jurisdiccionales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o medios de impugnación ante la autoridad responsable a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades de la administración pública. Le resulta cita a la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número de registro: 187,016, visible en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, de las manifestaciones que en forma de "antecedentes" del acto reclamado son narrados por la parte quejosa, las cuales constituyen una confesión expresa en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo, se advierte esencialmente, de forma manifiesta y notoria, que la tortura física y psicológica que el promovente aduce recibir, así como la "infamia" y la proscripción al módulo de máxima seguridad en que se encuentra recluido, derivan estrictamente de las condiciones de internamiento impuestas por el centro penitenciario. Lo anterior se corrobora, cuando el impetrante afirma medularmente, que le han asignado a un módulo de máxima de seguridad, con cadenas y/o esposas de pies y manos; que la criminóloga le ha precisado que sus peticiones de reasignación de modulo serán infructuosas y se revisaran hasta dentro de seis meses; que su estancia en ese modulo afectara su salud, catalogándolo como una persona de alto riesgo a pesar de sus características particulares -primodelincuente , del principio de presunción de inocencia, así como de las condiciones que guarda la mayoría de la población penitenciaria, cuyas consecuencias -que no precisa serán irreversibles o fatales, por encontrarse en riesgo; por lo que -estima debió ser ubicado en un nivel más bajo de seguridad, a fin de que lo anterior no se traduzca en tratos crueles, inhumanos o degradantes Sobre el particular, abordando el tema de la suspensión, la Primera Sala del Alto Tribunal ha precisado que por tormento, debe entenderse no cualquier molestia, justificada o no, que derive de la reclusión en un centro penitenciario, sino actos y omisiones que afecten gravemente a la dignidad e integridad personales, como pueden ser, por mencionar algunos ejemplos, los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuestión que deberá determinar el juez de distrito en cada caso particular. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia 26/2018, visible con el registro 2017718, en la página 965 del Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor literal: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. POR REGLA GENERAL, NO ES PROCEDENTE CONCEDERLA DE PLANO Y DE OFICIO TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA DE PROVEER A LOS INTERNOS ROPA Y ZAPATOS EN BUEN ESTADO. De esta guisa, es claro que las inconformidades expuestas por el quejoso, sintetizadas con antelación, no pueden calificarse de tormento, ni constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, dado que tales actos de molestia, derivan exclusivamente de las condiciones de reclusión que la autoridad penitenciaria ha impuesto, de manera justificada o no, al quejoso; lo que no puede ser analizado en el juicio de amparo indirecto de manera inmediata, sin agotar el medio de defensa ordinario que la ley de la materia disponer para casos como el que se precisa, como se desarrolla a continuación. En efecto, de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dicho procedimiento, como ya se indicó, contiene un mecanismo de control -de peticiones administrativas- que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual las personas privadas de su libertad se encuentran facultadas para reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento y que estima vulneran sus derechos. Del mismo modo, el mecanismo dispone la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, establece que si la solicitud es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el juez dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la respuesta, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes. Asimismo, contempla la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez correspondiente a demandar esta omisión. De igual manera, la persona privada de su libertad tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la citada Ley, en caso de que considere que la resolución emitida por el juez vulnera sus derechos. Finalmente, el mecanismo otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real de que el acto de ser positivo sea suspendido e, incluso, que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias, con la finalidad de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir, en términos de lo dispuesto en el numeral 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Todo lo anterior cumple con el requisito exigido por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues si la parte quejosa desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenando a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Consecuentemente, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que esta última consigna para concederla y tampoco un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, el citado mecanismo ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones que están reclamando atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Otorgando con ello la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato de la omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. Por lo tanto, se actualiza notoriamente la causa de improcedencia invocada, dado que las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar omisiones inherentes con sus condiciones de internamiento, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como los medios de impugnación previstos en la ley referida, el cual inicia con la formulación de una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Por lo que, si la persona privada de su libertad promueve la acción constitucional sin que previamente haya agotado dicho mecanismo de control, atento al principio de definitividad, esto provocará que en el juicio de amparo se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala, tesis 79/2018, con registro digital 2018548, publicada en la página 230 del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título, subtítulo y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Sin que se oponga a lo anterior, la mención del quejoso en el sentido de que el recurso rápido y sencillo descrito con antelación, le fue negado, así como a su defensa, respecto a la clasificación de módulo con la que se encuentra inconforme, pues como se ha visto, la omisión y/o negativa de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, legitima al promovente para acudir ante el Juez correspondiente a demandar esta omisión o negativa. De igual manera, la persona privada de su libertad tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la citada Ley, en caso de que considere que la resolución emitida por el juez vulnera sus derechos. Sin que pueda estimarse que las condiciones de su reclusión se rigen por la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Aguascalientes -que no contempla medio de defensa o recurso ante las autoridades ahora responsables-, toda vez que de conformidad con el artículo 2° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, sus disposiciones son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal -el quejoso indica que el delito por el que se sigue su causa es de orden federal, portación de arma de fuego de uso exclusivo- y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Máxime que a partir de la entrada en vigor de la normativa en examen, por disposición de su artículo tercero transitorio, quedaron abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas. En conclusión, por virtud del principio rector del juicio de amparo ya expuesto, la parte quejosa tenía la obligación de agotar el recurso procedente, porque mediante el acto de autoridad, a decir del recurrente, se le causó una lesión o perjuicio en sus derechos o intereses; perjuicio que no solamente la legitima sino que la obliga a interponer en contra de ese acto lesivo, los recursos o medios de defensa ordinarios que resulten procedentes. En efecto, una de las finalidades del principio de definitividad es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia, y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridades distintas de las judiciales, después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Le resulta cita a la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número de registro: 187,016, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Máxime que de la normativa relatada en supra líneas, se advierte que la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones es clara respecto a su procedencia, oportunidad y requisitos, por lo que no se sujeta a una interpretación adicional que permitiera estimarlo como una excepción más al principio de definitividad, pues dicho medio de defensa existe en el texto legal de la materia aplicable y su interpretación no admite diversos sentidos contrarios u opuestos aun en términos racionales u objetivos, al ser claras sus hipótesis de procedencia. Luego, si como quedó evidenciado, no se agotó el medio de defensa ordinario en contra de la ausente o ilegal notificación que se estima irregular, al no haberse observado el principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo y, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que se presenta por notoriamente improcedente. -Admisión- Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 15, 17, fracción IV, 33, fracción V, 107, 109, 112, segundo párrafo, 115, 116, 117, 125, 126 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos. Tramítese sin incidente de suspensión de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo. -Suspensión de plano- Ahora bien, respecto del restante acto reclamado relativo a la incomunicación, en términos de los numerales 125, 126, 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, respecto de los actos reclamados para los siguientes efectos: Incomunicación, tortura y cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, es decir de las penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, privación de alimentos y agua, y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales: para el efecto de que cesen de inmediato todos los actos prohibidos de referencia, en contra de la parte quejosa. La suspensión otorgada, no tiene el alcance de impedir el ejercicio de las facultades de la autoridad penitenciaria para reclasificar o ubicar a la persona privada de su libertad, en el área, estancia, dormitorio o espacio que conforme a la normatividad del centro de reclusión, sea el más idóneo para el quejoso, por razones personales, de hábitos, educación, sexo, antecedentes, situación jurídica o de seguridad; siempre y cuando tal ubicación o clasificación se verifique en el marco del respeto a la dignidad del quejoso y de los derechos que le asisten en su calidad de persona privada de la libertad, de conformidad con el artículo 18 de la Constitución, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 31 y 33, fracción XIII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; y 62, 63 y 64, del Reglamento del Sistema Penitenciario en el Estado de Aguascalientes. - Obligación de la autoridad responsable de informar cumplimiento a la suspensión de plano - La autoridad responsable deberá informar de inmediato la observancia que dé al presente mandato; apercibida que de no dar cumplimiento se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos de los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; que de conformidad con el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil diecinueve, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es.., vigente a partir del uno de febrero del año en curso; que arroja el importe de. Con independencia de lo anterior, hágase saber a la responsable que de no obedecer la anterior determinación se dará vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta o quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III.- No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra (.)". Además, en caso de que la responsable no cumpla con la suspensión decretada, el Actuario levantará el acta respectiva y con ella se hará la denuncia ante la representación social Federal, en términos del artículo 237, fracción III, de la Ley de Amparo. -Informe Justificado- Pídase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días improrrogables, de conformidad con el último precepto citado, en la inteligencia de que deberán exhibir copias certificadas legibles, completas y ordenadas del acto reclamado y sus antecedentes. Apercibidas que, en caso de ser omisas a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 117 y 260 fracción II de la ley de la materia, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, acorde con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de conformidad con el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es misma que es vigente a partir del día uno de febrero del presente año; cantidad que multiplicada por las cien unidades de medida que podrían imponerse como multa, resulta un importe de . En caso de no rendir el informe solicitado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los Derechos Humanos y garantías a que se refiere el artículo 1°., de la Ley de Amparo. -Audiencia constitucional- Se señalan las nueve horas con veintisiete minutos del veinte de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio, lo anterior atento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo. -Causas de improcedencia- De igual manera con fundamento en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que tengan conocimiento de alguna causal de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional; apercibidas que, en caso de no hacerlo, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de .que corresponde a treinta unidades de medida y actualización, conforme a lo señalado en párrafos que anteceden. -Ministerio Público- Por otra parte, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5, fracción IV, de la ley reglamentaria. -Domicilio- De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Autorizados- Téngase como autorizados legales en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a. por haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de derecho o abogado, conforme al Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a, esto con base en el artículo 12 último párrafo de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado la quejosa. -Habilitación de días y horas inhábiles- Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Del mismo modo, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General...(VIII)

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