Edgar Eduardo Garza Murillo
Expediente 1026/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1026/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 08/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Edgar Eduardo Garza Murillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y en su caso al tercero interesado para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el once de octubre de dos mil dieciséis por este juzgado, se concedió el amparo para los siguientes efectos: "a) Deje insubsistente el auto de plazo constitucional de veintidós de febrero de dos mil trece dictado en los autos de la causa penal..., instruida en contra del quejoso y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio doloso calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en agravio de ... alias "El Pilo". b) Con plenitud de jurisdicción, pero atendiendo las consideraciones vertidas a lo largo de este fallo, se emita una nueva resolución en la que conforme a los parámetros que ya han quedado explicados, realice lo siguiente: b.1.) Determine la licitud o ilicitud de las pruebas sometidas a su conocimiento, que tengan relevancia a los hechos materia de la causa penal, en especial aquéllas que tengan un contenido perjudicial para el ahora quejoso, así como aquellas derivadas del arraigo, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la inconstitucionalidad del artículo 291 de la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, pronunciándose sobre el posible efecto corruptor de aquéllas; de igual forma, realice lo necesario para determinar con precisión los términos de la medida cautelar de arraigo a que se encontraba sujeto el coimputado del impetrante ... y una vez establecido extremo, proceda en los términos antes expuestos; b.2.) Se abstenga de atender al contenido demostrativo material de las declaraciones ministeriales de coimputados provenientes de averiguaciones previas diferentes a la que motiva el proceso penal en cita, para asignarles únicamente el valor de prueba documental pública con los alcances probatorios que han quedado definidos en este fallo, esto es, se abstenga de atender a su contenido demostrativo material; b.3.) Prescinda de atender al contenido demostrativo y otorgar valor probatorio de confesión a la declaración ministerial del quejoso ..., rendida ante el agente del Ministerio Público investigador, por incumplir los requisitos del artículo 188 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes; b.4.) Reconozca la imposibilidad de conferirle valor probatorio alguno a los dictámenes periciales considerados en el auto de formal prisión reclamado, hasta en tanto los mismos no sean ratificados por los peritos oficiales que los hayan rendido y resolver en consecuencia. b.5.) Excluya de la valoración probatoria que realice en el análisis del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso, la prueba ilícita que ha quedado precisada en este fallo, relativa a las declaraciones ministeriales de los coinculpados ... alias "El Chucho y/o El Profe" y ... alias "El Karateka y/o El Sensei", al existir una incompatibilidad para su defensa durante la etapa de averiguación previa, por un mismo defensor." Inconforme con tal determinación, la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mismo que mediante sentencia emitida en la sesión de doce de mayo de este año, modificó la sentencia recurrida, determinando sobreseer respecto del Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca y conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso para los efectos señalados únicamente en los incisos a) y b) puntos b.1), b.2), b.3) y b.5), del último considerando de la sentencia impugnada (fojas 231 a 295). Mediante proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, se requirió al Juez Mixto de Primera Instancia de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes el cumplimiento al fallo protector (fojas 296 a 298). Por oficio recibido en este Juzgado el treinta de mayo de dos mil diecisiete, la citada autoridad judicial informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora y remitió copia certificada de la resolución con lo que se dio vista. De las documentales que remitió la responsable para demostrar el cumplimiento con valor probatorio pleno, se advierte que: El veintinueve de mayo del año en curso la autoridad judicial dictó la resolución de plazo constitucional correspondiente al inculpado ... dentro del expediente..., en la que ordenó dejar insubsistente el auto de formal prisión de fecha veintidós de marzo de dos mil doce, dictado en su contra por el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México (inciso a). Procedió a dictar una nueva resolución de plazo constitucional, en la que siguió los lineamientos expuestos en la sentencia amparadora; analizó el cúmulo del material probatorio determinando cuáles de las probanzas incorporadas tenían el carácter de ilícitas, por haber sido obtenidas con violación a los derechos humanos del inculpado y estudio la posible exclusión probatoria derivada del arraigo al que se sometió a los coinculpados (inciso b y b.1.); Valoró conforme a la sentencia que se cumple, el alcance probatorio de las documentales públicas que en copia certificada fueron agregadas durante la etapa de averiguación previa y que derivaban de diversas averiguaciones previas, consistentes en las declaraciones rendidas por los coinculpados del quejoso ... alias "El can-can" y ... alias "El Beto y/o El Primo y/o El Sicario Mayor", sin tomar en consideración el contenido material de tales narraciones (inciso b.2.); Analizó el alcance demostrativo de la declaración ministerial de Héctor Oscar Rodríguez Bueno, negándole eficacia probatoria al contravenir lo dispuesto en el artículo 188 del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado de Aguascalientes (inciso b.3.); Excluyó de la valoración probatoria las declaraciones ministeriales de los coinculpados ... alias "El Chucho y/o El Profe" y ... alias "El Karateka y/o El Sensei", en virtud de haber sido emitidas con la asistencia del mismo defensor, no obstante el conflicto de intereses que se revela de su contenido (inciso b.5.); y Decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del aquí quejoso por el delito de homicidio doloso calificado con premeditación, ventaja y alevosía. En tales condiciones este Juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dése aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: 1. El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo vigésimo primero, en razón de que el once de octubre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución y la demanda. 4. El cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos a revisión es destruible en términos del artículo vigésimo fracción I, señalando como fecha probable de destrucción el ocho de diciembre dos mil diecisiete; mientras tanto, guárdese en el archivo de este Juzgado en el legajo correspondiente; previo desglose de las actuaciones posteriores al envío de los autos al referido Tribunal Colegiado, las cuales deberán integrarse al expediente principal para que obren como corresponda. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica. Se notifica personalmente a la tercero interesada. (VII)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso...Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y en su caso al tercero interesado para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el once de octubre de dos mil dieciséis por este juzgado, se concedió el amparo para los siguientes efectos: "a) Deje insubsistente el auto de plazo constitucional de veintidós de febrero de dos mil trece dictado en los autos de la causa penal..., instruida en contra del quejoso y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio doloso calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en agravio de ... alias "El Pilo". b) Con plenitud de jurisdicción, pero atendiendo las consideraciones vertidas a lo largo de este fallo, se emita una nueva resolución en la que conforme a los parámetros que ya han quedado explicados, realice lo siguiente: b.1.) Determine la licitud o ilicitud de las pruebas sometidas a su conocimiento, que tengan relevancia a los hechos materia de la causa penal, en especial aquéllas que tengan un contenido perjudicial para el ahora quejoso, así como aquellas derivadas del arraigo, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la inconstitucionalidad del artículo 291 de la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, pronunciándose sobre el posible efecto corruptor de aquéllas; de igual forma, realice lo necesario para determinar con precisión los términos de la medida cautelar de arraigo a que se encontraba sujeto el coimputado del impetrante ... y una vez establecido extremo, proceda en los términos antes expuestos; b.2.) Se abstenga de atender al contenido demostrativo material de las declaraciones ministeriales de coimputados provenientes de averiguaciones previas diferentes a la que motiva el proceso penal en cita, para asignarles únicamente el valor de prueba documental pública con los alcances probatorios que han quedado definidos en este fallo, esto es, se abstenga de atender a su contenido demostrativo material; b.3.) Prescinda de atender al contenido demostrativo y otorgar valor probatorio de confesión a la declaración ministerial del quejoso ..., rendida ante el agente del Ministerio Público investigador, por incumplir los requisitos del artículo 188 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes; b.4.) Reconozca la imposibilidad de conferirle valor probatorio alguno a los dictámenes periciales considerados en el auto de formal prisión reclamado, hasta en tanto los mismos no sean ratificados por los peritos oficiales que los hayan rendido y resolver en consecuencia. b.5.) Excluya de la valoración probatoria que realice en el análisis del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso, la prueba ilícita que ha quedado precisada en este fallo, relativa a las declaraciones ministeriales de los coinculpados ... alias "El Chucho y/o El Profe" y ... alias "El Karateka y/o El Sensei", al existir una incompatibilidad para su defensa durante la etapa de averiguación previa, por un mismo defensor." Inconforme con tal determinación, la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mismo que mediante sentencia emitida en la sesión de doce de mayo de este año, modificó la sentencia recurrida, determinando sobreseer respecto del Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca y conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso para los efectos señalados únicamente en los incisos a) y b) puntos b.1), b.2), b.3) y b.5), del último considerando de la sentencia impugnada (fojas 231 a 295). Mediante proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, se requirió al Juez Mixto de Primera Instancia de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes el cumplimiento al fallo protector (fojas 296 a 298). Por oficio recibido en este Juzgado el treinta de mayo de dos mil diecisiete, la citada autoridad judicial informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora y remitió copia certificada de la resolución con lo que se dio vista. De las documentales que remitió la responsable para demostrar el cumplimiento con valor probatorio pleno, se advierte que: El veintinueve de mayo del año en curso la autoridad judicial dictó la resolución de plazo constitucional correspondiente al inculpado ... dentro del expediente..., en la que ordenó dejar insubsistente el auto de formal prisión de fecha veintidós de marzo de dos mil doce, dictado en su contra por el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México (inciso a). Procedió a dictar una nueva resolución de plazo constitucional, en la que siguió los lineamientos expuestos en la sentencia amparadora; analizó el cúmulo del material probatorio determinando cuáles de las probanzas incorporadas tenían el carácter de ilícitas, por haber sido obtenidas con violación a los derechos humanos del inculpado y estudio la posible exclusión probatoria derivada del arraigo al que se sometió a los coinculpados (inciso b y b.1.); Valoró conforme a la sentencia que se cumple, el alcance probatorio de las documentales públicas que en copia certificada fueron agregadas durante la etapa de averiguación previa y que derivaban de diversas averiguaciones previas, consistentes en las declaraciones rendidas por los coinculpados del quejoso ... alias "El can-can" y ... alias "El Beto y/o El Primo y/o El Sicario Mayor", sin tomar en consideración el contenido material de tales narraciones (inciso b.2.); Analizó el alcance demostrativo de la declaración ministerial de Héctor Oscar Rodríguez Bueno, negándole eficacia probatoria al contravenir lo dispuesto en el artículo 188 del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado de Aguascalientes (inciso b.3.); Excluyó de la valoración probatoria las declaraciones ministeriales de los coinculpados ... alias "El Chucho y/o El Profe" y ... alias "El Karateka y/o El Sensei", en virtud de haber sido emitidas con la asistencia del mismo defensor, no obstante el conflicto de intereses que se revela de su contenido (inciso b.5.); y Decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del aquí quejoso por el delito de homicidio doloso calificado con premeditación, ventaja y alevosía. En tales condiciones este Juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dése aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: 1. El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo vigésimo primero, en razón de que el once de octubre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución y la demanda. 4. El cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos a revisión es destruible en términos del artículo vigésimo fracción I, señalando como fecha probable de destrucción el ocho de diciembre dos mil diecisiete; mientras tanto, guárdese en el archivo de este Juzgado en el legajo correspondiente; previo desglose de las actuaciones posteriores al envío de los autos al referido Tribunal Colegiado, las cuales deberán integrarse al expediente principal para que obren como corresponda. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica. Se notifica personalmente a la tercero interesada. (VII)
- Principal
Visto el oficio de la autoridad responsable Juez Mixto de Primera instancia de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, agréguese a los autos para que obre como corresponda, pues informa que da cumplimiento al fallo protector y exhibe las documentales respectivas. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacer pronunciamiento alguno, se resolverá respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos. (III)
- Principal
Téngase por recibido el oficio del Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito con residencia en esta ciudad, por el que remite: a) El testimonio de la resolución pronunciada en sesión de doce de mayo de dos mil diecisiete dentro del amparo penal en revisión 546/2016, b) El expediente 1026/2016-III del índice de este Juzgado y; c) Diez cuadernos de pruebas. Hágase del conocimiento de las partes, acúsese el recibo de estilo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. De la ejecutoria de cuenta se desprende que el Tribunal Colegiado determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo respecto del Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México (hoy Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez) por las razones expuestas e el quinto considerando de esta ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la unión AMPARA y PROTEGE a... contra el acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia del Tercer Partido Judicial, con sede en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, precisado en el resultando primero de la presente resolución, para los efectos señalados únicamente en los incisos a) y b) puntos b.1), b.2), b.3) y b.5), del último considerando dela sentencia impugnada. Notifíquese (.)" Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera instancia de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, dé cumplimiento a la sentencia, o bien, informe los actos realizados para ese efecto. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, en el plazo fijado, o de no manifestar la causa justificada que tuviese para ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización en términos del artículo 192, en relación con el 258 de la Ley de Amparo, y de los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de conformidad con el articulo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medica y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero del presente año, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es... misma que es vigente a partir del primero de febrero de dos mil diecisiete; siendo que dicha cantidad, multiplicada por las cien unidades de medida que podrían imponerse como multa, resulta un importe de... Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. En el entendido que dicha autoridad ordenadora jurisdiccional no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de ejecutorias de amparo, de conformidad a la tesis de jurisprudencia de registro 2007295, del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el 29 de agosto de 2014 del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época que dice: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Por tanto, dése cuenta con todo el expediente una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad en comento para los efectos a que hubiere lugar. Devuélvase a la Juez Mixto de Primera instancia de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, el anexo que acompañó a su informe justificado y el cual se formó en tomo por separado. En atención a que la Superioridad determinó modificar la sentencia impugnada, y conceder la protección constitucional, remítase copia autorizada de la ejecutoria de cuenta a las autoridades responsable, para los efectos precisados con antelación. Apoya lo anterior, la tesis aislada registrada con el número 2013030, del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, 11 de noviembre de 2016, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME AL ARTÍCULO 192, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 26, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RELATIVA A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN, DEBE SER REALIZADA POR OFICIO ACOMPAÑADO DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE CUANDO SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. La interpretación histórico-progresiva de las disposiciones de la Ley de Amparo que han regulado las notificaciones a las autoridades responsables en el juicio de amparo indirecto, revela que la legislación abrogada preveía que las ejecutorias recaídas a los procedimientos seguidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito debían dárseles a conocer por medio de oficio acompañado del testimonio de la resolución, sin importar el sentido de ésta; sin embargo, en la ley vigente se estableció esa obligación sólo por cuanto a las ejecutorias en las que se concede el amparo al quejoso, en aras del pronto cumplimiento de aquéllas. En esas condiciones, conforme al artículo 192, en relación con el diverso 26, fracción II, inciso a), de la propia ley, para los casos en que no se concedió la protección constitucional al quejoso, es innecesario que la notificación a las autoridades responsables de la sentencia dictada en el recurso de revisión, se lleve a cabo por medio de oficio acompañado del testimonio respectivo, toda vez que esa obligación fue excluida de la actual legislación de amparo."(III)
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