Édgar Flores Trigos
Expediente 1774/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1774/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Édgar Flores Trigos
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta, con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, téngase al Director del Centro de Reinserción Social para Varones de Aguascalientes y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del mencionado centro, informando sobre la suspensión de plano del quejoso... dictada el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve; asimismo, manifiestan que no son ciertos los actos reclamados, y acompañan constancias para justificar su dicho. (VIII)
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que el quejoso Edgar Flores Trigos ratificó la demanda de amparo... -Desechamiento por notoria improcedencia- Al respecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente, respecto de los siguientes actos:... -Admisión- Con fundamento... se admite únicamente por los actos de incomunicación y tortura. -Incidente de suspensión- No ha lugar a aperturar el incidente de suspensión que solicita el quejoso, toda vez que el acto reclamado lo es la incomunicación y tortura de que afirma es objeto, siendo precisamente dicho acto respecto del cual se concedió la suspensión de plano conforme a lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo; resultando innecesario el trámite de la citada incidencia. -Informe Justificado- Pídase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días improrrogables, de conformidad con el último precepto citado, en la inteligencia de que deberán exhibir copias certificadas legibles, completas y ordenadas del acto reclamado y sus antecedentes. Apercibidas que, en caso de ser omisas a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 117 y 260 fracción II de la ley de la materia, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización... En caso de no rendir el informe solicitado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los Derechos Humanos y garantías a que se refiere el artículo 1°., de la Ley de Amparo. -Audiencia constitucional- Se señalan las nueve horas con doce minutos del veintitrés de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio, lo anterior atento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo. -Causas de improcedencia- De igual manera con fundamento en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que tengan conocimiento de alguna causal de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional; apercibidas que, en caso de no hacerlo, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de... Por otra parte, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5, fracción IV, de la ley reglamentaria.(VIII)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso auto de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve...Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que el quejoso... ratificó la demanda de amparo presentada a su favor; en consecuencia, se le tiene promoviendo juicio de amparo, en contra de actos del Director del Centro de Reinserción Social para Varones de Aguascalientes y otra autoridad, por lo que se ordena proveer el escrito inicial de demanda. - Análisis integral de demanda - De lo expuesto en el escrito de demanda, analizado en forma integral, se desprende que la parte quejosa reclama en forma destacada lo siguiente: ".la TORTURA FISICA Y PSICOLÓGICA que se me causa al haberme ubicado las autoridades responsables dentro del CERESO sin haber efectuado un sistema de clasificación en criterios de igualdad, integridad y seguridad sobre mi persona, privándome de todos los derechos previstos por la constitución y los tratados internacionales, de forma arbitraria, porque el haberme asignado a un área de Máxima Seguridad sin que exista alguna resolución judicial, atenta contra todo orden legal; incluso sin ser aun informado a la fecha de porque fui proscrito a tal área, limitando mi derecho a un modulo abierto como lo es el modulo 12 que si es afín a una clasificación adecuada mi edad, estado de salud, duración de proceso hasta la sentencia, situación jurídica, y convivencia con personas de mi nivel cultural, que me garanticen un internamiento digno y seguro en mi persona, desatendiéndose entonces los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad. TORTURA en específico que ejecuta el comité técnico, ya que no me ha hecho participe de mi asignación ni mucho menos del diseño, autorización y evaluación de los planes de actividades en mi internamiento que garanticen una vida digna y segura dentro del CERESO, ya que las ahora responsables están obligadas a instrumentar una clasificación obedeciendo a criterios específicos (sic), pero que los de máxima seguridad son aquellas personas de delincuencia organizada o que requieran medidas especiales, y que en ningua (sic) de las dos se encuentra mi persona. Lo que como consecuencia me provoca daño grave y contundente porque cada hora que transcurre se convierten en afectaciones irreparables físicas mentales, y emocionales; por ello la urgencia de para la TORTURA de la que soy objeto, ya que en mi vida personal, familiar, laboral, deportiva, cultural, social; es la de un empresario de alto nivel en la ciudad de Aguascalientes, vida de la que gozaba hace más de veintitrés días, y de la que ahora, además de estar coartada injustamente, encima me es aplicada la máxima pena dentro del CERESO, por razones que ni siquera (sic) me han informado como ya dije. Ahora bien no estoy pidiendo NI ROPA NI ZAPATOS EN BUEN ESTADO, ni siquiera es una petición para MODIFICAR LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, en específico solicito se ordene a las ahora responsables a efecto de que parén con la TORTURA FISICA Y MENTAL de la que soy objeto todos los días al estar más de 23 horas del día en una celda pequeña con tres reclusos quienes creen que en esta vida solo se puede ganar dinero si vendes drogas o eres político, creen que el quitar la vida humana es como aplastar a un mosco, creen que es normal tomar el cuerpo de otro sin su consentimiento para satisfacer sus necesidades fisiológicas, creen que estar en la cárcel es como algo normal y rutinario, hasta la nueva oportunidad de salir para continuar con lo suyo eludiendo de mejor manera a la policía. Que las ahora responsables parén con la TORTURA FISICA Y MENTAL, de la que soy objeto al solo poder estar al exterior lapsos cortos de tiempo que en total sumaran cuarenta minutos por las políticas de máxima seguridad, haciéndolo esposado de manos y pies, la INFAMIA de hacerles creer a la población del cereso, así como de los propios policías penitenciarios, la sociedad en general, familiares, pareja y amigos, por una persona que representa un peligro para la seguridad del cereso; incluso que la propia criminóloga del lugar me dijo que estaré en el módulo de máxima seguridad por los siguientes seis meses sin remedio alguno, que por lo que a ella respecta me dejara ahí en ese modulo, diciéndome que mejor me acostumbre a las sombras. Así su señoría me encuentro PROSCRITO sin actividad alguna en todo el día, constituyéndose así en actos crueles, inhumanos y degradantes, actos prohibidos por el artículo 22 de la CPEUM, así como de los artículos 15 y 20 de la Ley de Amparo, porque no se me clasifico correctamente conforme a mi edad, estado de salud, duración de proceso, situación jurídica, y convivencia. Además de que se me ha negado el derecho a un recurso un recurso eficaz, oportuno y expedito, como detallare en esta demanda de amparo." -Desechamiento por notoria improcedencia- Al respecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente, respecto de los siguientes actos: Ejecutar sistema de clasificación, en relación con los demás internos. Información de por qué fue cambiado de área (respecto de lo que utiliza la palabra proscrito). Por qué se le limita a un módulo abierto, como lo es el módulo doce. Convivencia con personas de su mismo nivel cultural. No hacerlo participe de su asignación, diseño, autorización de planes de actividades en su internamiento. No tener en cuenta que su vida familiar, social, cultural, económica, son de empresario de alto nivel. La negativa de tener derecho a un recurso eficaz, oportuno y expedito. Esto es así, tomando en consideración el contenido del alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". Ahora bien, en principio, es de indicar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional y de legalidad, que se ejerce por medio de acción ante un órgano jurisdiccional, mediante el cual el gobernado solicita la intervención del Poder Judicial de la Federación para que invalide, nulifique, o deje sin efectos un acto de autoridad que supone arbitrario, y lo restituya en el uso y goce de sus garantías individuales violadas para que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación. Sin embargo, dicha instancia constitucional se rige por diversos principios fundamentales, entre los que se encuentra el de definitividad, que impone como presupuesto para la procedencia de la acción constitucional, la obligación a la parte quejosa de previamente a interponer el juicio de amparo, agotar los medios de defensa concedidos por la ley que rija al acto reclamado, para reparar la violación contenida en el mismo. En ese sentido, el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), Constitucional, y el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que expresan: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; ..." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". En el texto de los preceptos legales transcritos con antelación se consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar el acto reclamado. En esa tesitura, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las propias leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos jurisdiccionales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o medios de impugnación ante la autoridad responsable a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades de la administración pública. Le resulta cita a la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número de registro: 187,016, visible en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Ahora bien, de las manifestaciones que en forma de "antecedentes" del acto reclamado son narrados por la parte quejosa, las cuales, al ser ratificados por el quejoso, constituyen una confesión expresa en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo, se advierte esencialmente, de forma manifiesta y notoria, que la tortura física y psicológica que el promovente aduce recibir, así como la "infamia" y la proscripción al módulo de máxima seguridad en que se encuentra recluido, derivan estrictamente de las condiciones de internamiento impuestas por el centro penitenciario. Lo anterior se corrobora, cuando el impetrante afirma medularmente, que le han asignado a un módulo de máxima de seguridad; que su estancia en ese modulo afectara su salud, catalogándolo como una persona de alto riesgo a pesar de sus características particulares -primodelincuente , del principio de presunción de inocencia, así como de las condiciones que guarda la mayoría de la población penitenciaria, cuyas consecuencias -que no precisa serán irreversibles o fatales, por encontrarse en riesgo; por lo que -estima debió ser ubicado en un nivel más bajo de seguridad, a fin de que lo anterior no se traduzca en tratos crueles, inhumanos o degradantes Sobre el particular, abordando el tema de la suspensión, la Primera Sala del Alto Tribunal ha precisado que por tormento, debe entenderse no cualquier molestia, justificada o no, que derive de la reclusión en un centro penitenciario, sino actos y omisiones que afecten gravemente a la dignidad e integridad personales, como pueden ser, por mencionar algunos ejemplos, los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuestión que deberá determinar el juez de distrito en cada caso particular. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia 26/2018, visible con el registro 2017718, en la página 965 del Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor literal: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. POR REGLA GENERAL, NO ES PROCEDENTE CONCEDERLA DE PLANO Y DE OFICIO TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA DE PROVEER A LOS INTERNOS ROPA Y ZAPATOS EN BUEN ESTADO. De esta guisa, es claro que las inconformidades expuestas por el quejoso, sintetizadas con antelación, no pueden calificarse de tormento, ni constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, dado que tales actos de molestia, derivan exclusivamente de las condiciones de reclusión que la autoridad penitenciaria ha impuesto, de manera justificada o no, al quejoso; lo que no puede ser analizado en el juicio de amparo indirecto de manera inmediata, sin agotar el medio de defensa ordinario que la ley de la materia disponer para casos como el que se precisa, como se desarrolla a continuación. En efecto, de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dicho procedimiento, como ya se indicó, contiene un mecanismo de control -de peticiones administrativas- que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual las personas privadas de su libertad se encuentran facultadas para reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento y que estima vulneran sus derechos. Del mismo modo, el mecanismo dispone la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, establece que si la solicitud es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el juez dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la respuesta, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes. Asimismo, contempla la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez correspondiente a demandar esta omisión. De igual manera, la persona privada de su libertad tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la citada Ley, en caso de que considere que la resolución emitida por el juez vulnera sus derechos. Finalmente, el mecanismo otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real de que el acto de ser positivo sea suspendido e, incluso, que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias, con la finalidad de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir, en términos de lo dispuesto en el numeral 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Todo lo anterior cumple con el requisito exigido por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues si la parte quejosa desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenando a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Consecuentemente, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que esta última consigna para concederla y tampoco un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, el citado mecanismo ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones que están reclamando atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Otorgando con ello la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato de la omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. Por lo tanto, se actualiza notoriamente la causa de improcedencia invocada, dado que las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar omisiones inherentes con sus condiciones de internamiento, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como los medios de impugnación previstos en la ley referida, el cual inicia con la formulación de una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Por lo que, si la persona privada de su libertad promueve la acción constitucional sin que previamente haya agotado dicho mecanismo de control, atento al principio de definitividad, esto provocará que en el juicio de amparo se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala, tesis 79/2018, con registro digital 2018548, publicada en la página 230 del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título, subtítulo y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De igual manera, se invoca por las razones que la contienen la Tesis de Jurisprudencia número XXII.P.A. J/1 (10a.), sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en la página 2187, del Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en Materias Común, Penal, de la Décima Época, con número de Registro: 2019932 y con el siguiente rubro y texto: "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. Sin que se oponga a lo anterior, la mención del quejoso en el sentido de que el recurso rápido y sencillo descrito con antelación, le fue negado, así como a su defensa, respecto a la clasificación de módulo con la que se encuentra inconforme, pues como se ha visto, la omisión y/o negativa de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, legitima al promovente para acudir ante el Juez correspondiente a demandar esta omisión o negativa. De igual manera, la persona privada de su libertad tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la citada Ley, en caso de que considere que la resolución emitida por el juez vulnera sus derechos. Sin que pueda estimarse que las condiciones de su reclusión se rigen por la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Aguascalientes -que no contempla medio de defensa o recurso ante las autoridades ahora responsables-, toda vez que de conformidad con el artículo 2° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, sus disposiciones son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal -el quejoso indica que el delito por el que se sigue su causa es de orden federal, portación de arma de fuego de uso exclusivo- y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Máxime que a partir de la entrada en vigor de la normativa en examen, por disposición de su artículo tercero transitorio, quedaron abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas. En conclusión, por virtud del principio rector del juicio de amparo ya expuesto, la parte quejosa tenía la obligación de agotar el recurso procedente, porque mediante el acto de autoridad, a decir del recurrente, se le causó una lesión o perjuicio en sus derechos o intereses; perjuicio que no solamente la legitima sino que la obliga a interponer en contra de ese acto lesivo, los recursos o medios de defensa ordinarios que resulten procedentes. En efecto, una de las finalidades del principio de definitividad es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia, y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridades distintas de las judiciales, después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Le resulta cita a la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número de registro: 187,016, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Máxime que de la normativa relatada en supra líneas, se advierte que la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones es clara respecto a su procedencia, oportunidad y requisitos, por lo que no se sujeta a una interpretación adicional que permitiera estimarlo como una excepción más al principio de definitividad, pues dicho medio de defensa existe en el texto legal de la materia aplicable y su interpretación no admite diversos sentidos contrarios u opuestos aun en términos racionales u objetivos, al ser claras sus hipótesis de procedencia. Luego, si como quedó evidenciado, no se agotó el medio de defensa ordinario en contra de la ausente o ilegal notificación que se estima irregular, al no haberse observado el principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo y, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que se presenta por notoriamente improcedente. - En trámite diverso juicio de amparo - No se desconoce que en este juzgado de Distrito se tramita el diverso juicio de amparo número 1766/2019-VIII, en el que el quejoso reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes y otras autoridades, como actos destacados: ". la TORTURA FISICA de la que he sido objeto al restringirme el tránsito en el interior del cereso, al igual que tener restringido el derecho a salir al aire libre por tan solo aproximadamente 40 minutos por 24 horas de encierro en celda y área cerrada, haciéndolo esposado de manos y pies, la TORTURA PISCOLÓGICA que ha efectuado sobre mi la propia criminóloga del lugar diciéndome que estaré en el modulo de máxima seguridad por los siguientes 6 meses mientras me dictan sentencia, que incluso por lo que a ella respecta me dejara ahí en ese modulo en caso de ser condenado y por cuanto dure mi pena, diciéndome que mejor me acostumbre al encierro por el resto de mi vida, la INFAMIA de hacerme pasar frente a la población del cereso, así como de los propios policías penitenciarios, la sociedad en general, familiares, pareja y amigos, por una persona que representa un peligro para la seguridad del cereso; PROSCRITO a un módulo de máxima seguridad con limitaciones de deambular en tan solo un espacio de 9 metros cuadrados aproximadamente compartiéndolo con personas sentenciadas por delitos de homicidio, violación, Corrupción de Menores e Incapaces, Abuso Sexual, Secuestro, etc., sin actividad alguna en todo el día, constituyéndose así en actos crueles, inhumanos y degradantes." Y que ante ello, eventualmente podría actualizarse la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; sin embargo, de la lectura de la demanda que ahora interesa, se observa que por lo que hace a los actos que reclama, se trata de actos de tracto sucesivo que según el quejoso acontece todos los días; de ahí que hasta este estadio procesal no pueda estimarse que deban ser considerados como los mismos actos reclamados en ambos juicios de amparo. -Admisión- Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 15, 17, fracción IV, 33, fracción V, 107, 109, 112, segundo párrafo, 115, 116, 117, 125, 126 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite únicamente por los actos de incomunicación y tortura. -Incidente de suspensión- No ha lugar a aperturar el incidente de suspensión que solicita el quejoso, toda vez que el acto reclamado lo es la incomunicación y tortura de que afirma es objeto, siendo precisamente dicho acto respecto del cual se concedió la suspensión de plano conforme a lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo; resultando innecesario el trámite de la citada incidencia. -Informe Justificado- Pídase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días improrrogables, de conformidad con el último precepto citado, en la inteligencia de que deberán exhibir copias certificadas legibles, completas y ordenadas del acto reclamado y sus antecedentes. Apercibidas que, en caso de ser omisas a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 117 y 260 fracción II de la ley de la materia, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, acorde con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de conformidad con el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es misma que es vigente a partir del día uno de febrero del presente año; cantidad que multiplicada por las cien unidades de medida que podrían imponerse como multa, resulta un importe de. En caso de no rendir el informe solicitado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los Derechos Humanos y garantías a que se refiere el artículo 1°., de la Ley de Amparo. -Audiencia constitucional- Se señalan las nueve horas con doce minutos del veintitrés de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio, lo anterior atento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo. -Causas de improcedencia- De igual manera con fundamento en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que tengan conocimiento de alguna causal de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional; apercibidas que, en caso de no hacerlo, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de...que corresponde a treinta unidades de medida y actualización, conforme a lo señalado en párrafos que anteceden. -Ministerio Público- Por otra parte, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5, fracción IV, de la ley reglamentaria...(VIII)
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica por Edgar Flores Trigos, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social para Varones de Aguascalientes y otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese su ingreso en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado con el número 1774/2019-VIII. Con fundamento en los artículos 3 y 9 de la Ley de Amparo, se da el trámite que corresponde a la demanda recibida en línea aunque carezca de la firma electrónica certificada del promovente del Poder Judicial de la Federación (FIREL). En consecuencia, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 15, 17, fracción IV, 33, fracción IV, 107, 109, 112, segundo párrafo y 126, de la Ley de Amparo; previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda, se ordena a cualesquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este juzgado: se constituya en el lugar donde se encuentra recluido el directo quejoso Edgar Flores Trigos, Centro de Reinserción Social para Varones Aguascalientes. En el supuesto de que el agraviado se encuentre detenido en ese lugar, y los encargados o custodios se nieguen a ponerlo ante su presencia, o permitirle el acceso para cerciorarse si se encuentra en los mismos, se deberá apercibir a dichos encargados o custodios que, de persistir en su conducta, se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito con tales hechos que pudieran tipificar el delito de desobediencia a un mandato de suspensión. En el caso de que el buscado no se encuentre en los citados separos, y se le informe al Actuario que se encuentra en diverso lugar, o él advierta o tenga conocimiento que le indique que se encuentra en sitio distinto; se autoriza a dicho funcionario para que se traslade al lugar que considere necesario para cumplir con el presente mandamiento. Una vez que el Actuario localice al directo quejoso deberá notificarle este proveído y requerirlo para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, manifieste por sí o por su representante legal si ratifica o no el escrito con que se da cuenta, apercibido en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, que de no ratificar la demanda se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias que se hubieran dictado; igualmente deberá asentar en la razón que levante: 1. El estado general de la integridad física del quejoso; 2. Las condiciones de las instalaciones en que se encuentre privado el quejoso, o donde sea entrevistado por el Actuario; 3. Si observa o tiene conocimiento de actos de tortura física o psicológica o tratos inhumanos sufridos por el quejoso, cuestionando sobre ello al afectado, así como respecto a cualquier otra circunstancia relevante sobre el particular. -Suspensión de plano- En términos de los numerales 125, 126, 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, respecto del acto reclamado consistente en la incomunicación, tortura y cualquier acto prohibido en el artículo 22 Constitucional, para los siguientes efectos: ? Incomunicación, tortura y cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, es decir de las penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, privación de alimentos y agua, y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales: para el efecto de que cesen de inmediato todos los actos prohibidos de referencia, en contra de la parte quejosa. Por lo que se refiere a los diversos actos que señala en su demanda, como son: Ejecutar sistema de clasificación, en relación con los demás internos. Información de por qué fue cambiado de área (respecto de lo que utiliza la palabra proscrito). Por qué se le limita a un módulo abierto, como lo es el módulo doce. Convivencia con personas de su mismo nivel cultural. No hacerlo participe de su asignación, diseño, autorización de planes de actividades en su internamiento. No tener en cuenta que su vida familiar, social, cultural, económica, son de empresario de alto nivel. La negativa de tener derecho a un recurso eficaz, oportuno y expedito. Todos estos actos, no son de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, ni tampoco por el artículo 15 de la Ley de Amparo, sino que se trata de actos vinculados con las condiciones de internamiento impuestas por el Centro Penitenciario, no procede conceder la suspensión de plano de los mismos, por lo que en el particular, como se precisó, al carecer de firma la demanda, respecto de dichos actos, se proveerá en su caso en el auto inicial correspondiente a ellos. Sobre el particular, la Primera Sala del Alto Tribunal ha precisado que por tormento, debe entenderse no cualquier molestia, justificada o no, que derive de la reclusión en un centro penitenciario, sino actos y omisiones que afecten gravemente a la dignidad e integridad personales, como pueden ser, por mencionar algunos ejemplos, los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuestión que deberá determinar el juez de distrito en cada caso particular. De esta guisa, es claro que las inconformidades expuestas por el quejoso, sintetizadas con antelación, no pueden calificarse de tormento, ni constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, dado que tales actos de molestia, derivan exclusivamente de las condiciones de reclusión que la autoridad penitenciaria ha impuesto, de manera justificada o no, al quejoso; por lo que respecto a ellos no procede decretar la suspensión de plano y de oficio. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia 26/2018, visible con el registro 2017718, en la página 965 del Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor literal: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. POR REGLA GENERAL, NO ES PROCEDENTE CONCEDERLA DE PLANO Y DE OFICIO TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA DE PROVEER A LOS INTERNOS ROPA Y ZAPATOS EN BUEN ESTADO.... - Obligación de la autoridad responsable de informar cumplimiento a la suspensión de plano - La autoridad responsable deberá informar de inmediato la observancia que dé al presente mandato; apercibida que de no dar cumplimiento se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización... Con independencia de lo anterior, hágase saber a la responsable que de no obedecer la anterior determinación se dará vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta o quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III.- No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra (.)". Además, en caso de que la responsable no cumpla con la suspensión decretada, el Actuario levantará el acta respectiva y con ella se hará la denuncia ante la representación social Federal, en términos del artículo 237, fracción III, de la Ley de Amparo. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Téngase como autorizados legales en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a Enrique Lomas Torres, Carlos Enrique Pimentel Trigos y César Iván Flores Trigos por haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de derecho o abogado, conforme al Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a Alejandro Flores López y Oscar Ramírez Molina, esto con base en el artículo 12 último párrafo de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado la quejosa. A efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este juicio de amparo se habilitan días y horas inhábiles, con base en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se autoriza a los Secretarios y Actuarios para que firmen los oficios de este juicio de amparo. Notifíquese; de manera personal e inmediata al directo quejoso y autoridades responsables. (VIII)
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