Edgar Esaúl Macías Falcón

Expediente 72/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
72/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
08/04/2016

Partes del expediente

  • Edgar Esaúl Macías Falcón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En ocho de abril de dos mil dieciséis, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del diez al treinta de marzo del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el siete de marzo de dos mil dieciséis dentro del juicio de amparo número 72/2016-2.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta a la Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el siete de marzo de dos mil dieciséis, que sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Devuélvase a la autoridad responsable las constancias que remitió en su informe justificado. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de haberse decretado el sobreseimiento, toda vez que éste Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Cecy*

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las DOCE HORAS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 72/2016, estando en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa con el Secretario que autoriza y da fe, licenciado Jorge Martín Zamora González, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Tiene aplicación a la tesis siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han -quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, la Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y por legalmente emplazado el tercero interesado. A continuación, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales remitidas por la responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, consistentes en las copias certificadas del expediente laboral 479/III/2012, las cuales dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas; luego, al no haber más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrado el período probatorio, y se pasa a la etapa de alegatos. En el período de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes las formulo, por lo cual se cierra esta etapa. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, ni pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se dicta la siguiente sentencia: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 72/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, EDGAR ESAÚL MACÍAS FALCÓN formuló demanda de amparo indirecto, contra la autoridad y acto que a continuación se precisa: AUTORIDAD RESPONSABLE La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. ACTO RECLAMADO La omisión de pronunciar laudo dentro del juicio ordinario laboral número 479/III/2012. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su Titular en auto de veintidós de enero de dos mil dieciséis, ordenó su admisión y registro con el número 72/2016; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una omisión de una autoridad laboral residente dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral número 479/III/2012. TERCERO. Existencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, presunción o certeza, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." No obstante que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en su informe justificado, manifiesta que son ciertos los actos que se le atribuyen, de las constancias que la propia autoridad remitió como justificación de sus actos, consistentes en copia certificada del expediente laboral 479/III/2012, a las que se les otorga pleno valor probatorio, conforme lo disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de ésta legislación; se desprende su inexistencia. Efectivamente, se afirma lo anterior, atendiendo a lo siguiente: Como quedó precisado en párrafos precedentes, del análisis integral de la demanda de garantías, la cual fue presentada el veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se advierte que EDGAR ESAÚL MACÍAS FALCÓN, reclama la omisión en que ha incurrido la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, debido a que no ha emitido, dentro del término legal, el laudo correspondiente en el juicio laboral 479/III/2012. Por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que ya se hizo referencia, se desprende la existencia, entre otras, del acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil quince, mediante el cual la junta responsable determinó, que en atención a que no quedaba prueba pendiente de desahogar, con fundamento en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, se concedía a las partes el término perentorio de TRES DÍAS hábiles a fin de que manifestaran por escrito sus correspondiente alegatos, apercibiéndolos de que, en caso de no hacerlo dentro del término señalado, se les tendría por perdido su derecho que para tal efecto se les concedió. Así pues, de lo expuesto se desprende que, para la fecha en que el quejoso Edgar Esaúl Macías Falcón, presentó su demanda, que como ya se dijo, lo fue el veintiuno de enero de dos mil dieciséis, no existía la omisión de dictar laudo que atribuye a la autoridad responsable, pues como se precisó en líneas precedentes, mediante proveído de diecinueve de marzo del año pasado, dicha autoridad concede término a las partes en el juicio laboral 479/III/2012, en el que la quejosa es la actora, para que formulen alegatos, apercibiéndolas que de no hacerlo, se les tendría por perdido el derecho que para el efecto se les concedió; por lo que será hasta que se declare cerrada la instrucción que la responsable tendrá la obligación de emitir el laudo correspondiente, dentro del término de diez días como lo dispone el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Lo que significa que, contrario a lo que aduce la parte quejosa, la junta responsable, todavía no estaba en condiciones de emitir el laudo cuya omisión reclama, sin que constituya obstáculo para ello, lo manifestado por la promovente del amparo, en el único concepto de violación de su demanda, en el sentido de que una vez que se encuentra en etapa de instrucción, ya que no aportó prueba alguna para demostrar esa circunstancia; además, no obstante que por auto de doce de febrero de dos mil dieciséis, se le dio vista con las constancias remitidas por la mencionada junta, cuyo acuerdo le fue notificado por lista publicada el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, como se aprecia a fojas 16 de autos, no hizo manifestación alguna al respecto. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado en el presente juicio de garantías, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos, 73, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE, en el juicio de amparo número 72/2016, promovido por EDGAR ESAÚL MACÍAS FALCÓN, por los motivos indicados en el considerando último de esta resolución. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza. DOY FE.

  3. Principal

    CERTIFICACIÓN: EL SUSCRITO LICENCIADO JORGE MARTÍN ZAMORA GONZÁLEZ, SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE MEDIANTE OFICIO SEADS/455/2016, DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL SECRETARIO EJECUTIVO DE ADSCRIPCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL INFORMÓ QUE EL PLENO, EN SESIÓN CELEBRADA POR EL PROPIO DÍA, ACORDÓ LA ADSCRIPCIÓN DE LA LICENCIADA ISAURA ROMERO MENA, COMO TITULAR DE ESTE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, CON EFECTOS A PARTIR DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS; LO QUE SE ASIENTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. DOY FE. EL SECRETARIO. LIC. JORGE MARTÍN ZAMORA GONZÁLEZ. 459 doce de enero de dos mil dieciséis En tres de marzo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, a tres de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/455/2016, de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción de la licenciada ISAURA ROMERO MENA, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de marzo del año en curso, ello para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Cecy*

  4. Principal

    En veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Faustino Rodríguez Flores, doy cuenta al secretario en funciones de Juez con el estado de autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el proveído de doce de febrero de dos mil dieciséis, en el cual se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable, fue notificado a la parte quejosa el dieciocho del mes y año en cita. En atención a lo anterior, para dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de dicho informe y no se les deje en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las DOCE HORAS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Finalmente, conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 421/2015. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE y POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe. *María del Carmen*

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