Edgar de la Cruz Lopez Ku

Expediente 537/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
537/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
19/05/2022

Partes del expediente

  • Edgar de la Cruz Lopez Ku

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de once de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por las autoridades responsables sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así mismo, en el referido auto se apercibió a la quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del término que se le concedió, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Ahora bien, la notificación del acuerdo de mérito, se hizo personalmente a la parte quejosa el doce de mayo del año en curso; por lo que, a la fecha ha fenecido el término de tres días hábiles que se le concedió para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que lo hiciera. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra cumplido o no. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En el caso, el ocho de abril de dos mil veintidós se dictó sentencia, en la cual, en su primer punto resolutivo, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y al actuario de su adscripción, residente en esta capital, para el efecto siguiente: "el actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, realice de inmediato el emplazamiento de la parte demandada, notificándole de la próxima fecha de audiencia acordada. Así mismo, la citada autoridad Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, deberá vigilar que el actuario de su adscripción, de inmediato, lleve a cabo el emplazamiento de la parte demandada o, en su caso, señale la imposibilidad jurídica que tenga para ello." Posteriormente, por auto de dos de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En tal virtud, a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el diez de mayo del año en curso, la Presidenta de la Junta responsable, remitió copia certificada de las diligencias de treinta y treinta y uno de marzo del presente año, con la que se emplazó a juicio a la parte demandada, negociación RESTAURANTE LA PEQUEÑA SUSANA y LUIS ALEJANDRO HERRERA HERRERA, notificando el acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós. Circunstancia que si bien en forma errónea la autoridad responsable realizó antes de solicitársele el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo cierto es, que de considerarse que debe dejar insubsistente el emplazamiento y ordenar realizarse de nueva cuenta a fin de cumplirse la ejecutoria de amparo en términos de ley; ello causaría un mayor perjuicio al quejoso, ante la demora del procedimiento. De ahí que si el sentido de la ejecutoria de amparo fue para que se realizara ese emplazamiento y ello ya ocurrió debe considerarse que la sentencia constitucional ha quedado cumplida. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, once de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: agréguense a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, los oficios suscritos por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y por el actuario adscrito a dicha junta, ambos con residencia en esta ciudad, junto con el anexos que acompaña al primer oficio, que remiten en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con lo informado por las autoridades responsables, por el plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, éste Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el ocho de abril del presente año. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, en cuyo primer punto resolutivo, se CONCEDIÓ A LA PARTE QUEJOSA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a las autoridades responsables Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y al actuario de su adscripción, para que cumpla cabalmente con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acuerdo. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós y dos pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y lo de cuenta, agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta con sus anexos. Con relación a la misiva signada por el Consejero Jurídico, como representante del Gobernador del Estado de Yucatán, mediante la cual en atención al requerimiento que le fue formulado en autos, informa que la Directora Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas mediante oficio SAF/DJ/0209/2022 le dio contestación a las solicitudes que le fueron realizadas por el Presidente Municipal de Tixkokob, Yucatán, respecto a la ampliación de presupuesto o implementación de una partida presupuestal a fin de realizar el pago adeudado a la hoy quejosa. Por su parte, téngase a la Directora Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, informando a este juzgador federal que en cumplimiento al requerimiento otorgado en autos, le brindó la asesoría que le fue requerida por el Presidente Municipal y la Secretaria Municipal de Tixkokob, Yucatán, con relación a la ampliación de presupuesto o implementación de una partida presupuestal para el pago del laudo condenatorio dictado en el expediente laboral número 11/2007, a través del manejo de su patrimonio conforme lo dispone la ley, esto es, que cada municipio administrara libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezca, así como de las contribuciones y otros ingresos que establezcan a su favor las legislaturas, a través de la aprobación de su ley de ingresos para cada uno. En esa misma tesitura, respecto a la misiva signada por la Directora Jurídica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, se le tiene informando que en atención al requerimiento que le fue realizado en autos, otorgó respuesta a las solicitudes formuladas por el Presidente Municipal y la Secretaria Municipal de Tixkokob, Yucatán, con relación a la ampliación de presupuesto o implementación de una partida presupuestal a fin de realizar el pago adeudado a la hoy quejosa; remitiendo copia de los oficios en comento. De los que se desprende que el Congreso del Estado afirmó que el Ayuntamiento responsable está en posibilidad de gravar las situaciones de hecho que en su jurisdicción y competencia sean viables, a fin de obtener ingresos que le permita realizar adecuaciones a presupuestarias en sus egresos, con el fin de destinar recursos para hacer frente a diversas obligaciones legales, como podría ser las derivadas del cumplimiento de resoluciones judiciales que impliquen una erogación, mismas que deberán estar contempladas en su presupuesto de egresos correspondientes, en equilibrio con lo autorizado en su respectiva Ley de Ingresos, derivado de sus propias fuentes de captación tales como impuestos, derechos y contribuciones de mejoras Y para el caso de que el Municipio necesitara la obtención de otros ingresos para poder cumplir con sus obligaciones, podría presentar una iniciativa para modificar o reformar su Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal en curso para su análisis y aprobación. En consecuencia de lo anterior, se ordena requerir al Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán, para que en el término de TRES DÍAS legalmente computado informe a este Juzgado Federal las gestiones que ha realizado en atención a las directrices señaladas por las autoridades oficiantes, para la presentación de la iniciativa de su Ley de Ingresos, para que en ella se contemple el destino de recursos para hacer frente a sus obligaciones legales, como las derivadas del cumplimiento de resoluciones judiciales que impliquen una erogación - como en el caso- para estar en aptitud de cumplir en su totalidad con el laudo dictado en el juicio laboral de origen. Con el apercibimiento, que de no atender lo anterior, se le impondrá una multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos cero centavos, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al tribunal Colegiado o a la Segunda Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En apoyo de lo anterior, por analogía cabe citar la tesis de jurisprudencia 178, visible en la página 145, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registrada con el número 917,712, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." También es aplicable la tesis relacionada en quinto lugar con la jurisprudencia 735, visible en la página 1208, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO, AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, TIENEN OBLIGACIÓN DE REALIZAR LOS ACTOS QUE REQUIERA SU EFICACIA. Todas las autoridades, aunque no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, si tienen o deben tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, y para que el fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica." Notifíquese y cúmplase.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano