Edgar Fernando Figueroa Ortega

Expediente 1132/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 24 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1132/2017
Año
2017
Actuaciones
24
Última actuación
20/12/2017

Partes del expediente

  • Edgar Fernando Figueroa Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y toda vez que de los mismos se aprecia que mediante acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, ha causado estado el presente juicio de amparo, y se ordenó su archivo como asunto concluido. Sin embargo, se omitió librar el oficio correspondiente al Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; en consecuencia, remítasele con transcripción del presente proveído y del diverso de dieciocho de diciembre del año que transcurre, notificando a la citada autoridad, anexando el legajo de copias certificadas del expediente de origen, que la Juez Cuarto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, remitió a este Juzgado, por tanto, devuélvase los mismos al referido Juzgado Segundo Penal. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió tanto la suspensión la medida cautelar, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que por Acuerdo General número EX13-171027-01 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en su sesión extraordinaria celebrada el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, determinó la conclusión de funciones del Juzgado Cuarto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y estableció en su artículo segundo, que el Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, continuará con el conocimiento de los procesos que se encuentren en trámite y concluidos en dicho Juzgado; por tanto, remítase el oficio correspondiente al referido Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que continúen en la Secretaría de este Juzgado el legajo de copias certificadas del expediente de origen, que la Juez Cuarto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad remitió a este Juzgado, por tanto, devuélvanse los mismos al Juez en turno del Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, EL CUAL ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para que obre como legalmente corresponda el oficio 2388, signado por la JUEZ CUARTO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el veinte de noviembre en curso, en autos de la causa penal número 255/2014, decretó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso EDGAR FERNANDO FIGUEROA ORTEGA, como probable responsable del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, querellado por YESSENIA VIANEY CONTRERAS PEREZ. Lo que acredita con las documentales que adjuntó a su oficio de cuenta, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado por el quejoso, lo hizo consistir esencialmente en lo siguiente: De los JUECES DE CONTROL EN TURNO DE LOS JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, CON SEDE EN MÉRIDA, YUCATÁN; y JUEZ TERCERO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN PROGRESO, YUCATÁN; así como JUEZ CUARTO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL, como ordenadoras del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión. Del DIRECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (DENOMINADA POR EL QUEJOSO COMO DIRECTOR DE LA POLICÍA MINISTERIAL) y SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, AMBOS CON SEDE EN MÉRIDA, YUCATÁN; como ordenadoras del acto reclamado consistente en la orden de detención. Y del FISCAL GENERAL; DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA; VICE FISCAL DE INVESTIGACIÓN Y PROCESOS; JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COLABORACIÓN Y ÓRDENES DE APREHENSIÓN y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS; TODOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON SEDE EN MÉRIDA; como ejecutoras de dichos actos reclamados. Sentado lo anterior, el suscrito Juez advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Así pues, tomando en consideración que el peticionario del amparo EDGAR FERNANDO FIGUEROA ORTEGA, reclamó la orden de aprehensión librada en su contra por la Juez Cuarto Penal de la entidad, en autos de la causa penal 255/2014 y que de la lectura de la resolución que remitió la citada autoridad responsable, dictada el veinte de noviembre del presente año, se advierte que decretó auto de formal prisión en contra del quejoso, por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, querellado por YESSENIA VIANEY CONTRERAS PEREZ, es claro entonces que durante la secuela del presente juicio, ha cambiado la situación jurídica del peticionario de amparo, como consecuencia del auto de término constitucional decretado en su contra. Por lo anterior, debe considerarse consumada irreparablemente la violación que en su caso se hubiere cometido en la orden de aprehensión reclamada, porque no se puede decidir sobre ella sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo del auto de término constitucional indicado, aunque persistieran las violaciones que se aducen. Esto es así, porque ya se vio que el acto reclamado se encuentra regido por el artículo 16 constitucional y, por tanto, no está dentro de alguna de las excepciones que contempla el párrafo segundo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, esto es, los numerales 19 y 20 constitucionales. Bajo esa circunstancia, al actualizarse durante el procedimiento la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo XXVII, Junio de 2008, Tesis 1a./J. 17/2008, en la página 270 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 169410, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." De igual manera resulta aplicable al caso, la jurisprudencia sostenida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Tomo XX, Septiembre de 2004, Tesis I.7o.P. J/3, en la página 1600 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 180706, que dice lo siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados a las restantes autoridades responsables, pues por lo que hace a los JUECES DE CONTROL EN TURNO DE LOS JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, CON SEDE EN MÉRIDA, YUCATÁN; y JUEZ TERCERO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN PROGRESO, YUCATÁN; FISCAL GENERAL; DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA; VICE FISCAL DE INVESTIGACIÓN Y PROCESOS; JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COLABORACIÓN Y ÓRDENES DE APREHENSIÓN y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS; TODOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON SEDE EN MÉRIDA, toda vez que negaron los actos que se les atribuyen; y en cuanto al DIRECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (DENOMINADA POR EL QUEJOSO COMO DIRECTOR DE LA POLICÍA MINISTERIAL) y SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON SEDE EN MÉRIDA, YUCATÁN; en razón de que tienen el carácter de ejecutoras de los actos reclamados a la referida JUEZ CUARTO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia de este juicio de amparo es notoria, manifiesta e indudable, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando la causa de improcedencia es notoria e indudable, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable a la anterior consideración, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con número de registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Para los efectos legales correspondientes, de igual forma se cita la Jurisprudencia 1a./J. 45/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tomo XXVIII, Julio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 103, con número de registro 169372, que dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN CUANDO EN LA DEMANDA INICIAL SE SEÑALÓ COMO ACTO RECLAMADO LA ORDEN DE APREHENSIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, estableció que por cambio de situación jurídica procede decretar el sobreseimiento, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión si del informe justificado de la autoridad responsable aparece que se sustituyó al haberse dictado el auto de formal prisión. Por tanto, es improcedente la ampliación de la demanda de amparo indirecto interpuesta contra el auto de formal prisión, cuando en la demanda inicial se señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, en tanto que la emisión de aquel auto provoca el cambio del estatus jurídico del quejoso. Lo anterior es así, porque no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procesado, generada por el inicio de la etapa de instrucción. Además, sería ocioso admitir dicha ampliación, cuando irremediablemente procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, por la obligación que la Ley impone al juzgador de decretarlo inmediatamente que aparezca la causa de improcedencia mencionada." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan estos autos y toda vez que mediante proveído de dieciséis de los corrientes se recibió el oficio 2360 signado por la Juez Cuarto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompañó, consistente en copia certificada de la declaración preparatoria rendida por el quejoso ************, en la causa penal de origen 255/2014. Y siendo que en el oficio de mérito la citada autoridad esencialmente manifestó que el plazo constitucional para resolver la situación jurídica en la que había de quedar el amparista, vencería el veinte de noviembre en curso, a las trece horas, y que tan pronto se hubiera emitido dicha resolución procedería a enviar a este Juzgado copia de la misma. Al efecto, toda vez que del contenido del oficio y anexo de mérito, se advierte que podría actualizarse una causal de improcedencia, habida cuenta que éstas son de orden público y de estudio preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, y que deben analizarse de oficio, por ende, a efecto de resolver en este asunto lo que en derecho proceda, se reserva acordar lo conducente, al momento de recibir en este Juzgado la citada resolución de la situación jurídica del quejoso, en la causa penal de referencia. Entretanto, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, y se señalan las nueve horas con diez minutos del veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, como nueva hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

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