Edgar Alejandro Lira Duarte

Expediente 1308/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1308/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
13/03/2019

Partes del expediente

  • Edgar Alejandro Lira Duarte

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio signado por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, con el que devuelve debidamente diligenciado el despacho con número de orden 254/2018-I-A, y número de origen 151/2018-D-AMP-ADM-I-A, del índice de este juzgado. Ahora bien, de la comunicación oficial de cuenta se advierte que el catorce de enero del año en curso, notificó por medio de lista de estrados al quejoso **, sin que haya señalado en estos autos domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. En consecuencia, toda vez que ya transcurrió el término concedido para tal efecto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho, y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el presente proveído y las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, POR MEDIO DE LISTA que se fije en los estrados de este juzgado. Tomando en consideración lo anterior y vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de trece de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, once de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el telegrama de la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, que remite en cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante proveído de veintiséis de febrero último, e informa que el despacho con número de orden 254/2018-I-A del índice de este juzgado, fue devuelto el seis de marzo en curso. En consecuencia, resérvese proveer lo que legalmente corresponda hasta que sea recibida en este juzgado la comunicación oficial de mérito. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Visto: toda vez que el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, hasta la presente fecha no ha devuelto el despacho 151/2018-D-ADM-I-A, con número de orden 254/2018-I-A, librado el trece de noviembre de dos mil dieciocho, para que en auxilio de este órgano jurisdiccional, notifique al quejoso Edgar Alejandro Lira Duarte, en los términos insertos en dicha comunicación oficial. En atención a lo anterior, prevéngase al indicado Juez, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio que derive de este acuerdo, devuelva a este juzgado el despacho de mérito, con todo lo actuado al respecto, o bien, en su caso, informe las gestiones que se encuentra realizando en relación a la notificación del quejoso, ordenado en estos autos. Se apercibe a dicha autoridad, que de no cumplir con lo anterior, podría hacerse acreedora a una medida de apremio, consistente en una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por *******contra el acto que reclama al Comandante de la Novena Zona Naval de la Armada de México, con sede Yucalpetén, Yucatán, que hace consistir en: "La iniciación del trámite administrativo para decretar la procedencia o no de su baja del servicio activo de la Armada de México, con motivo de la terminación de su contrato de prestación de servicios, comunicado mediante oficio 4512/2018 de quince de octubre del año en curso, en el expediente ZN9/YUC/11/2018." Se acuerda: fórmese expediente y regístrese con el número 1308/2018-I-A, en el Libro de Gobierno correspondiente. Ahora bien, en el presente asunto procede desechar de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A consideración del suscrito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracciones III inciso b, y V, interpretadas a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. De los preceptos antes citados se colige que el amparo indirecto procede, entre otros casos, contra actos intraprocesales cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos. A contrario sensu, el juicio biinstancial será improcedente contra actos intraprocesales que no revistan una ejecución de naturaleza irreparable, entendiéndose por ellos los que no los afecten materialmente. En tal sentido, de conformidad con el nuevo sistema interpretativo en materia de derechos humanos y con las directrices técnico jurídicas con las que se han instrumentado su defensa y protección a través del amparo, dadas mediante reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis y el diez de junio de dos mil once, que en todo acto de autoridad, ninguna persona puede ser molestada ni privada de sus derechos (libertad, propiedad, tránsito, educación, salud, vivienda). Para ello, debe partirse de que el Constituyente ha precisado en relación con los derechos sustantivos en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo siguiente: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. ..." El primer párrafo del artículo 1o. de la Carta Magna, incorpora como materia de protección por parte del Estado a los derechos humanos reconocidos por la misma y por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, entendiéndose por éstas todos los mecanismos, medios y procedimientos establecidos para lograr la efectiva salvaguarda de los derechos en cuestión. Asimismo, el referido párrafo primero de la Constitución Federal pone de relieve que para el Constituyente Permanente los derechos y sus garantías no son lo mismo, y que éstas se otorgan para proteger los derechos humanos. Así lo ilustra la tesis 2a. LXXXVIII/2018 (10a.), de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS. SUS DIFERENCIAS. Conforme al artículo 1o., primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. A diferencia de los derechos humanos, en sí mismos considerados, las garantías se erigen como instrumentos o herramientas para su protección y tutela, reforzando su vigencia y salvaguardando su eficacia dentro del sistema normativo. En síntesis, las garantías operan como medidas jurídicas que tienen como finalidad lograr la consecución, vigencia y efectividad de los derechos humanos al tiempo que aseguran la conservación de su carácter ontológico como límites jurídicos infranqueables para la potestad de la autoridad como lo ordena el primer párrafo del artículo 1o. constitucional." (Época: Décima Época, Registro: 2017890, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 21 de septiembre de 2018 10:30 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 2a. LXXXVIII/2018 (10a.)) Con todo, aun cuando resulte válido hablar de una relación de subordinación entre ambos conceptos, pues las garantías sólo existen en función de los derechos que protegen y aquéllos pueden existir sin éstos pero no a la inversa; entonces las citadas categorías (derechos humanos y sus garantías) engloban lo que el legislador ha identificado en la Ley de Amparo como derechos sustantivos. Ello, en el entendido de que los derechos sustantivos a que se hace alusión en el artículo 107, fracción V, de la citada ley son aquellos derechos humanos previstos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como sus garantías, siendo un requisito indispensable para estimarlos así que éstos puedan tener una infracción directa a través del acto de autoridad posiblemente transgresor del sistema protector de derechos fundamentales. En consecuencia, los derechos sustantivos a que alude el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo son la suma de los derechos humanos a que alude el artículo 1o. de la Carta Magna, que comprenden tanto los reconocidos en la propia Constitución como aquellos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, constituyendo junto con sus garantías un parámetro de control de regularidad constitucional. En ese sentido, el Pleno del Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", determinó que partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". Estableció que la primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, inciso b), dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; y, la segunda, está prevista en su fracción V, cuya intención es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, nuestro Máximo Tribunal del País estableció que podía afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica, en cuanto a la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que deberían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación, según fue explicando nuestro Más Alto Tribunal, se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos". Tal expresión es antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que dependen de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De modo que, en los juicios iniciados conforme la Ley de Amparo vigente, uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva. En esa línea de pensamiento, si conforme a las manifestaciones vertidas en la demanda, a la presente fecha, el Comandante de la Novena Zona Naval de la Armada de México, con sede Yucalpetén, Yucatán aún no ha emitido la determinación que en derecho corresponda en el expediente administrativo de origen -en el que se dio inicio el quince octubre último-, todavía no se patentiza una afectación material y directa en contra del aquí quejoso respecto de las violaciones que destaca, pues no existe un acto de autoridad concreto que así lo indique, que se insiste en la especie, sería la resolución final en la que se determine su baja del servicio activo de la Armada de México. Ya que contra lo que argumenta, no pasa inadvertido que de la lectura integral del oficio 4512/2018, en forma alguna se advierte que lo hayan suspendido temporalmente del servicio, sino que en todo caso, sería materia de la resolución correspondiente. A mayor abundamiento, debe decirse que conforme al artículo 107 fracción III inciso a, de la ley de la materia, tratándose de actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo biinstancial sólo procede contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en ella o durante el procedimiento; consecuentemente, el juicio de amparo es improcedente en contra del acuerdo en el que se inicia tal procedimiento, porque no se está en el caso de una resolución definitiva emitida por la autoridad administrativa en la que se determine la situación jurídica del incoado, ya que se trata de un acto de trámite o instrumental que no pone fin a la vía administrativa, pues sólo sirve para ilustrar y aportar todos los datos necesarios para que recaiga una decisión final que, en su caso, se manifestará con el establecimiento de su reenganche contractual o su baja del servicio activo de la Armada de México. Sirve de apoyo, por ilustrativa y por analogía, la jurisprudencia I.5o.C. J/29, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACION DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a ésta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione." (Época: Octava Época, Registro: 218725, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 56, Agosto de 1992, Materia(s): Común, Tesis: I.5o.C. J/29, Página: 41) Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por EDGAR ALEJANDRO LIRA DUARTE. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." No es óbice para considerar las cosas de esta manera, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa respecto a la materia de derechos humanos, conocido como pro personae o pro homine, que indica que éstos deben interpretarse favoreciendo la protección más amplia posible y limitando del modo más estricto posible las normas que los menoscaban; toda vez que tales principios serían aplicables para el caso de que se abordara el fondo del asunto, lo que en el caso no ocurrió, ya que se determinó la actualización de una causa de improcedencia. En apoyo de lo expuesto se cita la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 1587, del Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 2002179, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." La diversa 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 530, del Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 2002359, que precisa: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Además, la tesis VII.2o.C.30 C (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la foja 1306, del Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 2002270 "CONTROL EX OFFICIO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona, y de conformidad con el párrafo 339 de la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2009 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) en el caso "Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos", las autoridades judiciales deben efectuar un control de convencionalidad ex officio en el marco de sus atribuciones y, por ende, deberán inaplicar las normas generales que, a su juicio, consideren transgresoras de los derechos humanos contenidos en la propia Constitución Federal y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. En este contexto, los Tribunales Colegiados de Circuito, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, máxime si deriva de un planteamiento específico de las partes, sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo." Ahora bien, el citado quejoso señala un domicilio para oír y recibir notificaciones en Progreso, Yucatán, es decir, fuera de la residencia de este juzgado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, tercer párrafo del artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la referida Ley de Amparo, GÍRESE DESPACHO al Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán. Lo anterior, para que en auxilio de las labores de este Juzgado se sirva notificar personalmente el presente acuerdo al quejoso Edgar Alejandro Lira Duarte, en el domicilio ubicado en el predio cuatrocientos doce, de la calle treinta y siete, por ciento dieciocho y ciento veinte, de la colonia Vicente Guerrero de Progreso, Yucatán, entregándole copia autorizada del mismo. Además prevéngasele para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Apercibido que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aun las personales, se practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Téngase como autorizadas de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que designa para ese efecto. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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