Edgar Coronel Aispuro
Expediente 830/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 830/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/06/2018
Partes del expediente
- Edgar Coronel Aispuro
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada en auto de uno de junio de dos mil dieciocho (fojas 07 a 13); en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Carlos Castillo Castillo, en favor del directo quejoso Edgar Coronel Aispuro.
- Principal
V.-Toluca, México; cinco de junio de dos mil dieciocho. Visto el oficio signado por el Coordinador General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiocho de mayo pasado (fojas 1668 a 1669), propone al ingeniero Miguel Ángel Castillo Manjarrez, experto en materia de Grafoscopía, para que funja como perito oficial de este Juzgado de Distrito en materia de Grafoscopía en el presente asunto. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2º, se agrega a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes, se tiene por cumplido el requerimiento y sin efectos el apercibimiento respectivo, decretados en proveído de veintiocho de mayo pasado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 120 de la Ley de Amparo, téngase por propuesto al experto en mención y consecuentemente, téngasele como perito oficial para rendir su dictamen en materia de Grafoscopía dentro del presente juicio de amparo. Así pues, con fundamento en el artículo 147 del código adjetivo citado, requiérase al perito Miguel Ángel Castillo Manjarrez, por conducto del Coordinador General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, comparezca a aceptar y protestar el cargo conferido; bajo el apercibimiento que en caso de ser omiso al respecto, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual forma, se apercibe al Coordinador General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que en caso de incomparecencia del perito oficial Miguel Ángel Castillo Manjarrez, por ser su superior jerárquico, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por Patricia del Carmen Moreno Castañeda en su carácter de autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de los terceros interesados, a través del cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el dieciséis de mayo del año en curso, en el presente juicio de amparo. En conformidad con lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, dése el trámite correspondiente al medio de impugnación de referencia y en su oportunidad ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del artículo 101 de la legislación invocada. Asimismo, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, dése vista a las demás partes por el plazo de tres días, para que señalen las constancias que deberán remitirse en copia certificada al Tribunal de alzada a fin de que este resuelva el medio de impugnación hecho valer. En el entendido que una vez transcurrido el plazo referido, se remitirá el original del escrito de expresión de agravios, copias certificadas que se soliciten y las que se estimen pertinentes, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, a fin de que provea lo conducente; asimismo, se adjuntará copia de los agravios para el Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción. En ese orden de ideas, y a fin de verificar si es necesario suspender el procedimiento en este asunto con motivo del medio de impugnación mencionado, se precisa lo siguiente: El artículo 97, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo establece: "Artículo 97. El recurso de queja procede: I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones: (.) e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional; (.)" El texto legal transcrito sistematizó los supuestos de procedencia del recurso de queja, y en el inciso e) precisó con claridad el objeto de ese medio de impugnación, traducido en las resoluciones dictadas en la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan de forma expresa el recurso de revisión, y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. Concomitante con la interposición del medio de impugnación citado, emerge la obligación del órgano jurisdiccional de pronunciarse sobre la factibilidad de suspender el procedimiento constitucional, facultad que se encuentra estatuida en el artículo 102 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 102. En los casos de resoluciones dictadas durante la tramitación del amparo indirecto que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes, con la interposición de la queja el juez de distrito o tribunal unitario de circuito está facultado para suspender el procedimiento, hecha excepción del incidente de suspensión, siempre que a su juicio estime que la resolución que se dicte en ella pueda influir en la sentencia, o cuando de resolverse en lo principal, se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia." La transcripción precedente revela que la suspensión mencionada dependerá de forma preponderante que la ejecución de la resolución impugnada tenga una naturaleza trascendental y grave, con un perjuicio a alguna de las partes. De ahí que la ejecutividad sea la característica fundamental que debe tener en cuenta el juez constitucional para decidir sobre la suspensión del procedimiento, al tiempo de convertirse en un elemento objetivo para distinguir y determinar si es necesario o no suspender la totalidad del procedimiento, o sólo la ejecución de la resolución impugnada en queja. Pues emerge la posibilidad que, a pesar de la naturaleza trascendental y grave de la resolución recurrida, a juicio del juez resulte innecesario suspender la totalidad del procedimiento, sino únicamente los actos que están relacionados con la materia de su resolución impugnada; y no así aquellos desvinculados de aquélla, o que sean reparables como consecuencia de una queja fundada. De conformidad con lo expuesto, el Juez de Distrito al ejercer su facultad discrecional suspensional del procedimiento deberá suspenderlo solamente si la resolución impugnada o sus consecuencias afectan o menoscaban algún derecho sustantivo. En cambio, si la resolución controvertida es de carácter negativo, o si afecta solamente derechos procesales, como el de defensa o probatorios que la Ley de Amparo concede a las partes, no procederá la suspensión del procedimiento. La negativa a suspender el procedimiento del juicio de amparo guarda identidad incluso, con las características de sencillez, agilidad, concentración y prosecución judicial, que caracteriza al juicio de amparo conforme a lo previsto en el artículo 107, fracción VII, Constitucional, que es del tenor siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" En el punto particular se cita la tesis aislada 1a. XIV/96, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 1996, Tomo IV, pagina 154, número de registro 200410, que establece: "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE QUEJA. CORRESPONDE DECRETARLA AL JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, la interposición del recurso de queja, previsto en el artículo 95, fracción VI, de la propia Ley, suspende el procedimiento en el juicio constitucional de amparo. Ahora bien, no obstante que el recurso en comento se debe interponer por escrito directamente ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, como lo establece el artículo 99 de la Ley de Amparo, es al Juez de Distrito que tramita el juicio a quien corresponde decidir la suspensión del procedimiento, una vez que la parte interesada o el órgano jurisdiccional de alzada le hacen de su conocimiento la interposición del citado medio de defensa, sin que se requiera acuerdo específico en ese sentido del Tribunal Colegiado, ya que éste al conocer de la queja sólo debe actuar en términos del artículo 98, párrafo segundo, del mismo ordenamiento legal, que lo obliga únicamente a requerir el informe con justificación, a dar vista al Ministerio Público y a dictar la resolución que proceda." Precisado lo anterior, en el caso particular, la litis en el recurso de queja interpuesto contra el auto de dieciséis de mayo pasado, versa sobre la admisión de las pruebas en el incidente de nulidad de firmas. Así, este órgano jurisdiccional estima que esa determinación carece de una afectación a un derecho sustantivo a la parte quejosa, ya que solo se vincula con los derechos procesales de las partes, en específico el de defensa que la Ley de Amparo concede a la parte recurrente, razón por la cual es improcedente la suspensión del procedimiento, en este sumario constitucional. Incluso, la naturaleza procesal del derecho afectado se corrobora en el supuesto de que aun si el recurso de queja es declarado fundado, la transgresión alegada se repararía de forma inmediata a través del efecto de reponer el procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Amparo. En consecuencia, comuníquese a las partes que las diez horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de junio de dos mil dieciocho, señalada para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional, continua subsistente.
- Principal
Se tiene por recibido debidamente diligenciado el exhorto 50/2018 número de orden 50/2018. Téngase por notificados a los quejoso de la determinación de veintidós de marzo del año en curso
- Principal
TVII.- Por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en el cual comunica que el recurso de revisión RT. 53/2018, interpuesto por la quejosa M. del Roció Castillo Gómez, será enviado al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México para su resolución, en atención al oficio SECNO/1189/2017, suscrito por el Secretario Técnico "A", en suplencia por ausencia temporal del Titular de la Secretaria Ejecutiva. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes; asimismo, se tiene conocimiento de lo referido y estese en espera de la determinación que emita el Tribunal Constitucional respecto del medio de impugnación en comento.
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