Edgar Daniel Espinosa Montalvo

Expediente 170/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 33 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
170/2017
Año
2017
Actuaciones
33
Última actuación
09/11/2017

Partes del expediente

  • Edgar Daniel Espinosa Montalvo
  • Martha Beatriz Cisneros López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    I.- Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, por medio del cual transcribe el proveído de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, en virtud del cual el titular de dicho órgano jurisdiccional, solicita se le remita copia certificada de diversas constancias relativas al presente sumario. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto legal 2°, agréguese el comunicado en trato para que obre como corresponda y acorde a lo solicitado por el oficiante, remítanse a éste las copias que peticiona para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    I.- Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, por medio del cual transcribe el proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en virtud del cual el Secretario encargado del despacho de dicho órgano jurisdiccional, solicita se le remita copia certificada de diversas constancias relativas al presente sumario y se le informe el estado procesal de éste. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto legal 2°, agréguese el comunicado en trato para que obre como corresponda y acorde a lo solicitado por el oficiante, remítanse a éste las copias que se peticiona para los efectos legales correspondientes; asimismo, hágase de su conocimiento que mediante proveído de veinticuatro de octubre actual (fojas 510 a la 513), se tuvo por cumplida la sentencia de amparo emitida en el juicio en que se actúa.

  3. Principal

    I.- La certificación de cuenta evidencia que el quejoso y la parte tercero interesada no desahogaron la vista que se les formuló en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete (foja 502), a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviene en relación con la forma en que la Segunda Sala Civil de Toluca, Estado de México, dio cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, se les hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito de manera oficiosa procede a examinar si el fallo protector está cumplido o no. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 247, publicada en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro establece: Ahora, con la finalidad de apreciar si la protección constitucional concedida al quejoso ha sido cumplida, se estima necesario hacer una relación de los antecedentes que conforman este asunto, en los términos siguientes: 1. Mediante escrito el quejoso Edgar Daniel Espinosa Montalvo, promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: ".III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- TIENEN TAL CARÁCTER COMO ORDENADORA LOS C.C.MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA SEGUNDA SALA CIVIL DE TOLUCA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. IV.- ACTO RECLAMADO.- SE RECLAMA DE LA AUTORIDAD QUE HE SEÑALADO COMO RESPONSABLE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DICTADA EN FECHA NUEVE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO EN REVISIÓN NUMERO 55/2016, RADICADO ANTE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO." 2. Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete (fojas 33 a la 47), el suscrito emitió la sentencia correspondiente, en la que se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Edgar Daniel Espinosa Montalvo, contra los actos emitidos por las autoridades señaladas en los considerandos segundo y quinto y para los efectos precisados en la parte final de la presente sentencia.". 3. Inconforme con la determinación anterior, el tercero interesado Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por conducto de su apoderada legal Mónica Yamile Contreras Dimas, interpuso recurso de revisión (fojas 53 a la 78); del cual por razón de turno correspondió su conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien lo radicó bajo el amparo en revisión 126/2017 y previa substanciación, en sesión celebrada el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete resolvió (fojas 123 a 141): "PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Edgar Daniel Espinosa Montalvo, contra la autoridad y por los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria". El seis de junio de abril de dos mil diecisiete (fojas 142 a la 144), se tuvo por recibida dicha ejecutoria y se declaró que la sentencia emitida en el juicio de amparo en que se actúa causó ejecutoria por ministerio de ley, por lo que se requirió a la Sala responsable para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento a ésta. 4. Ahora, los efectos de la concesión de amparo son los siguientes (foja 46): Que la Sala responsable deje sin efectos la resolución de nueve de enero de dos mil diecisiete; Que hecho que sea lo anterior, determine la idoneidad de los peritajes rendidos por los peritos de cada una de las partes y de ser necesario requiera para que subsanen las deficiencias apreciadas previo a su valoración dentro de un término especifico; Cumplido el requerimiento anterior, dicte resolución que estime pertinente con plenitud de jurisdicción, tomando en consideración el principio de interés superior del menor en beneficio del infante JMEP. Ahora, en acatamiento al citado fallo protector, el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil de Toluca, Estado de México, mediante oficios registrados con los números de promisión 12997 (fojas 121 a la 129) y 22085 (fojas 473 a la 501), informó la manera en que dicho tribunal de alzada dio cumplimiento al fallo protector y para acreditar su dicho, remitió copia certificada del proveído de ocho de junio, así como de la resolución de veinticinco de septiembre, ambos de dos mil diecisiete, emitidos en autos del toca de apelación 391/2015 de su estadística. De dichas constancias, las cuales por ser documentos públicos alcanzan pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto legal 2°, se advierte que la Sala responsable mediante proveído de ocho de junio del año en curso (foja 122 a la 128), realizó lo siguiente: Dejó sin efectos la sentencia que pronunció el nueve de enero de dos mil diecisiete, por ésta vía tildada de inconstitucional; Determinó la idoneidad de los peritajes rendidos por los peritos de cada una de las partes y ordenó subsanar las deficiencias apreciadas en éstos; y, Una vez cumplimentado lo anterior, dicho tribunal colegiado con plenitud de jurisdicción dictó la resolución que estimó pertinente, tomando en consideración el principio de interés superior del menor en beneficio del infante JMEP. En esa tesitura, toda vez que la concesión del amparo y la protección de la justicia federal, fue para el efecto de que la Sala responsable dejara sin efectos la resolución de nueve de enero de dos mil diecisiete y determinara la idoneidad de los peritajes rendidos por los peritos de cada una de las partes y de ser necesario requiera para que subsanaran; y, acontecido lo anterior, con libertad de jurisdicción dictara la resolución que estimara pertinente, pero tomando en consideración el principio de interés superior del menor en beneficio del infante JMEP; y, toda vez que de las constancias de mérito se advierte que ello aconteció, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia que nos ocupa ha quedado cumplimentada en sus términos. Lo anterior, habida cuenta que se restituyó al quejoso en el goce de sus derechos fundamental violado, pues la Sala responsable dejó sin efectos la resolución de nueve de enero de dos mil diecisiete por ésta vía tildada de inconstitucional; asimismo, se pronunció en relación a la idoneidad de los peritajes rendidos por los peritos de cada una de las partes y ordenó subsanar las deficiencias apreciadas en éstos; y finalmente, con plenitud de jurisdicción dictó la resolución que estimó pertinente, en la que tomó en consideración el principio de interés superior del menor en beneficio del infante JMEP, pues al emitir ésta valoró y analizó la clase social a la que pertenece dicho menor, así como sus necesidades a fin de fijar la indemnización de carácter económico a título de reparación del daño causado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

  4. Principal

    I.-como se ordenó se notifica a la parte tercero interesada el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete el cual dice; La certificación de cuenta evidencia que el quejoso y la parte tercero interesada no desahogaron la vista que se les formuló en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete (foja 502), a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviene en relación con la forma en que la Segunda Sala Civil de Toluca, Estado de México, dio cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, se les hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito de manera oficiosa procede a examinar si el fallo protector está cumplido o no. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 247, publicada en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro establece: Ahora, con la finalidad de apreciar si la protección constitucional concedida al quejoso ha sido cumplida, se estima necesario hacer una relación de los antecedentes que conforman este asunto, en los términos siguientes: 1. Mediante escrito el quejoso Edgar Daniel Espinosa Montalvo, promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: ".III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- TIENEN TAL CARÁCTER COMO ORDENADORA LOS C.C.MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA SEGUNDA SALA CIVIL DE TOLUCA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. IV.- ACTO RECLAMADO.- SE RECLAMA DE LA AUTORIDAD QUE HE SEÑALADO COMO RESPONSABLE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DICTADA EN FECHA NUEVE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO EN REVISIÓN NUMERO 55/2016, RADICADO ANTE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO." 2. Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete (fojas 33 a la 47), el suscrito emitió la sentencia correspondiente, en la que se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Edgar Daniel Espinosa Montalvo, contra los actos emitidos por las autoridades señaladas en los considerandos segundo y quinto y para los efectos precisados en la parte final de la presente sentencia.". 3. Inconforme con la determinación anterior, el tercero interesado Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por conducto de su apoderada legal Mónica Yamile Contreras Dimas, interpuso recurso de revisión (fojas 53 a la 78); del cual por razón de turno correspondió su conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien lo radicó bajo el amparo en revisión 126/2017 y previa substanciación, en sesión celebrada el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete resolvió (fojas 123 a 141): "PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Edgar Daniel Espinosa Montalvo, contra la autoridad y por los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria". El seis de junio de abril de dos mil diecisiete (fojas 142 a la 144), se tuvo por recibida dicha ejecutoria y se declaró que la sentencia emitida en el juicio de amparo en que se actúa causó ejecutoria por ministerio de ley, por lo que se requirió a la Sala responsable para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento a ésta. 4. Ahora, los efectos de la concesión de amparo son los siguientes (foja 46): Que la Sala responsable deje sin efectos la resolución de nueve de enero de dos mil diecisiete; Que hecho que sea lo anterior, determine la idoneidad de los peritajes rendidos por los peritos de cada una de las partes y de ser necesario requiera para que subsanen las deficiencias apreciadas previo a su valoración dentro de un término especifico; Cumplido el requerimiento anterior, dicte resolución que estime pertinente con plenitud de jurisdicción, tomando en consideración el principio de interés superior del menor en beneficio del infante JMEP. Ahora, en acatamiento al citado fallo protector, el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil de Toluca, Estado de México, mediante oficios registrados con los números de promisión 12997 (fojas 121 a la 129) y 22085 (fojas 473 a la 501), informó la manera en que dicho tribunal de alzada dio cumplimiento al fallo protector y para acreditar su dicho, remitió copia certificada del proveído de ocho de junio, así como de la resolución de veinticinco de septiembre, ambos de dos mil diecisiete, emitidos en autos del toca de apelación 391/2015 de su estadística. De dichas constancias, las cuales por ser documentos públicos alcanzan pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto legal 2°, se advierte que la Sala responsable mediante proveído de ocho de junio del año en curso (foja 122 a la 128), realizó lo siguiente: Dejó sin efectos la sentencia que pronunció el nueve de enero de dos mil diecisiete, por ésta vía tildada de inconstitucional; Determinó la idoneidad de los peritajes rendidos por los peritos de cada una de las partes y ordenó subsanar las deficiencias apreciadas en éstos; y, Una vez cumplimentado lo anterior, dicho tribunal colegiado con plenitud de jurisdicción dictó la resolución que estimó pertinente, tomando en consideración el principio de interés superior del menor en beneficio del infante JMEP. En esa tesitura, toda vez que la concesión del amparo y la protección de la justicia federal, fue para el efecto de que la Sala responsable dejara sin efectos la resolución de nueve de enero de dos mil diecisiete y determinara la idoneidad de los peritajes rendidos por los peritos de cada una de las partes y de ser necesario requiera para que subsanaran; y, acontecido lo anterior, con libertad de jurisdicción dictara la resolución que estimara pertinente, pero tomando en consideración el principio de interés superior del menor en beneficio del infante JMEP; y, toda vez que de las constancias de mérito se advierte que ello aconteció, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia que nos ocupa ha quedado cumplimentada en sus términos. Lo anterior, habida cuenta que se restituyó al quejoso en el goce de sus derechos fundamental violado, pues la Sala responsable dejó sin efectos la resolución de nueve de enero de dos mil diecisiete por ésta vía tildada de inconstitucional; asimismo, se pronunció en relación a la idoneidad de los peritajes rendidos por los peritos de cada una de las partes y ordenó subsanar las deficiencias apreciadas en éstos; y finalmente, con plenitud de jurisdicción dictó la resolución que estimó pertinente, en la que tomó en consideración el principio de interés superior del menor en beneficio del infante JMEP, pues al emitir ésta valoró y analizó la clase social a la que pertenece dicho menor, así como sus necesidades a fin de fijar la indemnización de carácter económico a título de reparación del daño causado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

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