Edgar Bonilla Martínez
Expediente 1495/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1495/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 19/06/2017
Partes del expediente
- Edgar Bonilla Martínez
- Magistrado de la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
7 Toluca, México; diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete (fojas 98 a 100), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Así las cosas, del estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que no existe nada pendiente por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como un asunto total y definitivamente concluido. a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio de amparo concedido. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales deberán ser digitalizadas. e) De conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrá serán depurados y en su momento destruidos junto con éste. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Grecia Astrid Villa Curti, que autoriza, firma y da fe. jvg
- Principal
VII) (AVISO PARTE QUEJOSA). Toluca, México; diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete (fojas 98 a 100), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Así las cosas, del estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que no existe nada pendiente por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como un asunto total y definitivamente concluido. a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio de amparo concedido. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales deberán ser digitalizadas. e) De conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrá serán depurados y en su momento destruidos junto con éste. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Grecia Astrid Villa Curti, que autoriza, firma y da fe. jvg
- Principal
En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes.
- Principal
7 Vista la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no recurrieron la sentencia firmada el cinco de abril de dos mil diecisiete, en la cual ampara y protege a la parte quejosa en el juicio constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria; en el libro de gobierno realícense las anotaciones respectivas. Devuélvase a la responsable las constancias que adjuntó a su informe justificado y requiérasele para que dentro del término de tres días contados legalmente, acuse el recibo correspondiente; apercibida que de ser omisa, se hará acreedor a una multa que podrá ser de cincuenta y hasta mil días de la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Ahora, en acatamiento a la ejecutoria de mérito y con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la responsable Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, dé cumplimiento a la ejecutoria, y remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Apercibida que de hacer caso omiso, o no informar la imposibilidad jurídica o material que tenga para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, podrá hacerse acreedora a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 en relación con el diverso 258 de la ley de la materia, así como el Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Liliana Lozano Mendoza, Secretario Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, por licencia otorgada al titular en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/0506/2017 de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; asistida de la Secretario Dulcinea Judith González Gómez, que autoriza y da fe. jvg
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 12,830 expedientes
- Edgar Ariel Salazar Flores728/2020
- Edgar Aron Chavira Gomez1640/2015
- Edgar Aurelio Bernadez Nava758/2022
- Edgar Becerril Valencia1152/2015
- Edgar Benites Carvajal1137/2016
- Edgar Bibiano Amado491/2016
- Edgar Carvajal Benitez447/2016
- Edgar Corone Aispuro996/2019
- Edgar Coronel Aispuro1688/2016
- Edgar Coronel Aispuro830/2018
- Edgar Daniel Bocanegra Rangel1650/2015
- Edgar Daniel Bocanegra Rangel630/2020