Edgar Contreras Enríquez
Expediente 701/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 701/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Edgar Contreras Enríquez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintitrés. Juzgado de Distrito acepta competencia. Agréguese el oficio electrónico procedente del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, por medio del cual, informa que aceptó el conocimiento de la demanda que le fue remitida por incompetencia mediante auto de catorce de julio de dos mil veintitrés, radicando el juicio de amparo con el número 696/2023 de su estadística. Archivo de cuaderno de antecedentes. En tales condiciones, en tanto que en este cuaderno de antecedentes no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni asunto pendiente por diligenciar, se ordena el archivo del mismo. Por tanto, archívese este cuaderno como asunto concluido y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 34 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor al día siguiente; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el artículo 19, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General [Incompetencias], en consecuencia: a) Carece de relevancia documental por no encontrarse dentro de los supuestos del artículo 15 del acuerdo General en cita y, por ende, es susceptible de destrucción; b) Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante seis meses contados a partir del acuerdo de archivo; c) Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, al no ubicarse en alguno de los supuestos de relevancia documental señalados en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Asimismo, hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 357/2023; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Demanda de amparo. Dulce María Cruz Franco, por derecho propio, mediante escrito de demanda presentado el doce de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca; que estimó violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20, Apartado B, fracciones I y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se precisarán en el considerando segundo de este fallo. SEGUNDO. Admisión y trámite. A este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno, le correspondió conocer de la referida demanda, que se registró con el número de juicio 357/2023; y en proveído de catorce de abril de dos mil veintitrés (fojas 7 - 10), se determinó admitir la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se ordenó emplazar a los terceros interesados Pablo Carreño Ortiz, Rosalía Natividad Ortiz, así como a la Fiscal Investigadora de la mesa VII, adscrita al Centro de Servicios de Procuración de Justicia del Sector Metropolitano de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo como se encuentra asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56, fracción I (materia penal), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el mismo medio de difusión el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden de la demanda y demás constancias que obran en el asunto. Este órgano jurisdiccional advierte que la parte quejosa reclama de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, lo siguiente: El auto de vinculación a proceso dictado el uno de abril de dos mil veintitrés, en la causa penal 168/2023, en contra de Dulce María Cruz Franco, por su probable intervención en los hechos que la ley señala como delito de robo calificado, en su modalidad de casa habitación y lesiones, el primero, cometido en perjuicio patrimonial de Rosalía Natividad Ortiz López y el segundo, en agravio de Pablo Carreño Ortiz. La resolución dictada el uno de abril de dos mil veintitrés, en que se impuso a la quejosa, la medida cautelar de prisión preventiva. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Jueza de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia de los actos reclamados (foja 23); lo que se corrobora con los registros de audio y video que contienen las audiencias desahogadas en la causa penal 168/2023, de su índice; al que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, localizable en la página 703, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, con número de registro digital 2004362, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Causas de improcedencia. Antes de estudiar la materia de fondo de la litis constitucional, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir actualizada una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se debe sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, las partes no hicieron valer la existencia de alguna causa de improcedencia; de igual forma, este Juzgado Federal considera que no se actualiza alguna de ellas. En ese sentido, se procede al análisis de fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Son fundados los conceptos de violación, aunque para declararlos así, se atienda a la suplencia de la queja, prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Ello, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 1a./J. 1/2022 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, visible en la página 1719, Tomo II, Libro 11, Marzo de 2022, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2024343, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA EN AUSENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO PENAL. CUANDO EL QUEJOSO ES EL INCULPADO, OPERA TAMBIÉN RESPECTO DE CUESTIONES DE PROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito determinaron si el sobreseimiento decretado en juicio de amparo promovido por el inculpado debe ser estudiado en la revisión -conforme a la suplencia de la queja- o si se requiere de impugnación para su análisis por el órgano de amparo que conozca de la revisión. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, la suplencia de la ausencia de la queja, en amparo en materia penal respecto del quejoso inculpado, opera también en relación con cuestiones de procedencia y sobreseimiento. Justificación: Cuando el quejoso en el amparo sea la persona inculpada, el órgano revisor de amparo, en suplencia de la queja, debe estudiar las cuestiones de sobreseimiento y procedencia que advierta contrarias a derecho y que, de subsanarse, representen un beneficio en la esfera jurídica del inculpado, conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo. Dicho numeral faculta al órgano jurisdiccional a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en diversos supuestos e, incluso, de manera total ante la falta de expresión de los mismos. Este deber se explica en tanto que la suplencia de queja responde a hipótesis normativas que se refieren a situaciones en las que está de por medio la vida, la libertad, la integridad personal y otros bienes jurídicos de capital importancia y que requieren, ante tales situaciones de riesgo, la protección judicial más amplia que pueda darse. Ahora bien, el deber de suplir la ausencia de la queja en amparo penal respecto de cuestiones de procedencia y sobreseimiento no tendrá que reflejarse siempre en la sentencia de revisión, sino únicamente en los casos en que, como expresamente lo dispone la Ley de Amparo, la suplencia derive en un beneficio." En el caso, uno de los actos reclamados en este juicio, es el auto de vinculación a proceso dictado el uno de abril de dos mil veintitrés, a Dulce María Cruz Franco, por los hechos que la ley señala como robo calificado, en su modalidad de casa habitación y lesiones, el primero cometido en perjuicio de Rosalía Natividad Ortiz López y el segundo en agravio de Pablo Carreño Ortiz. Dicho auto de vinculación vulnera los derechos fundamentales de la quejosa una defensa técnica adecuada, así como los principios de oralidad e igualdad entre las partes que rige el proceso penal, previstos en el artículo 20 constitucional. Ahora bien, el acto reclamado deriva de una causa penal del sistema acusatorio adversarial regida por las normas adjetivas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y conforme a los principios previstos en el artículo 20 constitucional, en el que, en su primer párrafo, el legislador normó que el proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Dicha disposición se retoma en el artículo 4°, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se establece que el proceso penal será acusatorio y oral, y en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, así como aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes. En el caso, se vulneró en perjuicio de la quejosa su derecho a una defensa adecuada, consagrado en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del tenor siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: [.] VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y [.]". El precepto transcrito en lo conducente contiene el derecho fundamental del imputado a la defensa adecuada, que incluye la potestad de elegir libremente a su defensor y la de que le sea asignado uno público en caso de que no quiera o no pueda designar uno particular. Dentro de la obligación de carácter positivo a cargo del Estado, respecto al elemento material del derecho fundamental de defensa adecuada, se encuentra la facultad de la cual el legislador dotó al órgano jurisdiccional en el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de remover al defensor cuando advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica de dicho profesionista. El citado texto legal se establece el procedimiento a seguir por el órgano jurisdiccional, a efecto de sustituir al defensor cuando advierta que su actuación demuestra incapacidad técnica manifiesta y sistemática, lo que conlleva la remoción del que se encontraba desempeñando el cargo; momento en el cual el citado órgano debe obrar en los términos siguientes: 1.- Al advertir esa incapacidad técnica, manifiesta y sistemática, prevendrá al imputado para que designe a otro defensor. 2.- Si el removido es un defensor privado, el imputado contará con tres días para nombrar uno nuevo, y si es público, se dará vista al superior jerárquico de éste para que lo sustituya. 3.- En caso de que no designe nuevo defensor dentro del plazo enunciado, le designará un defensor público. La citada facultad de remoción con la que cuenta el órgano jurisdiccional se encuentra directamente relacionada con el derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada, previsto en el artículo 17 del citado Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se norma lo siguiente: "Artículo 17. Derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, no obstante, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su Defensor o a través de éste. El Defensor deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional. Se entenderá por una defensa técnica, la que debe realizar el Defensor particular que el imputado elija libremente o el Defensor público que le corresponda, para que le asista desde su detención y a lo largo de todo el procedimiento, sin perjuicio de los actos de defensa material que el propio imputado pueda llevar a cabo. La víctima u ofendido tendrá derecho a contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable. Corresponde al Órgano jurisdiccional velar sin preferencias ni desigualdades por la defensa adecuada y técnica del imputado." El precepto legal reproducido reconoce, en congruencia con el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, el cual debe ejercer con la asistencia de su defensor o a través de éste, quien precisa ser licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional; asimismo, establece que la defensa técnica es la que debe realizar el defensor particular elegido libremente o el público que le corresponda, para que asista al imputado desde su detención, y por último, tal numeral dispone que al órgano jurisdiccional le corresponde velar sin preferencias ni desigualdades por la defensa adecuada y técnica del imputado. Precisamente en atención al deber mencionado, de velar por la defensa adecuada y técnica del imputado, el legislador dotó al órgano jurisdiccional de la facultad prevista en el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de remover al defensor cuando advierta que éste no cuenta con la capacidad técnica necesaria para desempeñar eficientemente la defensa asignada. Lo expresado conduce a concluir, que el órgano jurisdiccional estará en aptitud de relevar del cargo al defensor en términos del artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solamente cuando al ejercer la defensa que le fue asignada, dicho profesionista cometa errores técnicos en forma patente y clara, a través de una serie de conductas reiteradas que así lo demuestren. Por lo que el órgano jurisdiccional debe ser cuidadoso en cada caso y analizar cuantitativa y cualitativamente los errores cometidos por el defensor, es decir, el número de ellos y la trascendencia que puedan tener en la estrategia de defensa del imputado, colocándolo en riesgo de que quede en estado de indefensión, pues como se vio, la protección del derecho humano de defensa adecuada exige, en su sentido material, que se actualice una real asistencia jurídica. Resulta aplicable la tesis P. XII/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la página 413 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, con número de registro digital 2006152, que dice: "DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS. De la interpretación armónica y pro persona del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en relación con los diversos 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que la defensa adecuada dentro de un proceso penal se garantiza cuando la proporciona una persona con conocimientos técnicos en derecho, máxime que de la normativa internacional citada no deriva la posibilidad de que sea efectuada por un tercero que no sea perito en dicha materia y, por el contrario, permite inferir que la defensa que el Estado deba garantizar será lo más adecuada y efectiva posible, lo cual implica un elemento formal, consistente en que el defensor acredite ser perito en derecho, y uno material, relativo a que, además de dicha acreditación, actúe diligentemente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar que sus derechos se vean lesionados, lo que significa, inclusive, que la defensa proporcionada por persona de confianza debe cumplir con estas especificaciones para garantizar que el procesado pueda defenderse adecuadamente. Lo anterior, sin que se llegue al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos que el defensor emplea para lograr su cometido de representación, toda vez que escapa a la función jurisdiccional el examen sobre si éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses del inculpado, máxime que los órganos jurisdiccionales no pueden constituirse en Juez y parte para revisar la actividad o inactividad del defensor e impulsar el procedimiento, y más aún, para declarar la nulidad de lo actuado sin el debido impulso del defensor." Conforme a ello, es claro que en todo momento debe privilegiarse el derecho fundamental que tiene el imputado, de designar libremente al defensor de su elección para que le proporcione asistencia jurídica en el juicio, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 8.2, inciso d), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3, inciso d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En el caso, durante la continuación de la audiencia de ampliación de término constitucional, celebrada el uno de abril de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 168/2023, en la que la defensa ofreció datos de prueba, y se resolvió la situación jurídica de la imputada, en varios momentos se puso en evidencia la incapacidad técnica de la defensora particular; pese a ello, la Jueza de Control permitió que continuara interviniendo durante la audiencia. En efecto, de la reproducción de la videograbación de la referida audiencia (uno de abril de dos mil veintitrés), se destaca lo siguiente: Minuto 13:46:30 La Jueza de Control, refirió: "[.] Sin embargo, sí exhorto y requiero a la defensa para que en lo subsecuente si va a ofrecer algún otro dato o medio de prueba sea clara, precisa y pertinente desde la primera argumentación que realice, ya que de lo contrario no le será admitido, ya que todos los argumentos los debe dar en el primer momento [.]" Acto continuo confirió el uso de la palabra para que continuara incorporando datos de prueba, y al respecto la defensa y Jueza, refirieron: Minuto 13:47:11 La defensa dijo: "[.] Bueno, el delito de robo previsto en el artículo 349 del Código Penal y la cual hace referencia la Ministerio Público y [.]" Minuto 13:47:25 La Jueza de Control, refirió: "[.] Haber, defensa, ahorita le dí el uso de la voz para que incorpore sus datos de prueba, no para que me realice argumentación jurídica, o ya se va a retirar de su postura de incorporar información [.]" La defensa dijo: "[.] No voy a vertir mis datos de prueba [.]". Minuto 13:50:44 La Jueza de Control, refirió: "[.] Defensa, usted, le pregunto, ¿conoce del sistema de acusación adversarial? La defensa dijo: "sí, sí, permítame, ya que equivoqué." La Jueza de Control, refirió: "Es que está siendo redundante, ya el momento en el que lo ofreció ya pasó, ya se le admitió, no me está incorporando nueva información." La defensa dijo "Si sí conozco del juicio acusatorio adversarial señoría, solamente le estoy virtiendo los datos que contiene las documentales que yo le comenté, y que en su momento haré las proyecciones, ahora sí, sobre la parte que nos interesa donde la señora manifiesta el cual fue objeto de la violencia." La Jueza de Control, adujo: "Es que precisamente ya es ese momento, o sea, vierta la información, o sea, a lo que le interesa pues no." La defensa dijo "Ok, no sé si me puedan dar proyección, autorización para proyección de esas documentales, por favor ." La Jueza de Control, expuso: "No es dato de prueba defensa." La defensa dijo: "Los datos de prueba por favor, para proyectarlos en la pantalla." La Jueza de Control, refirió: "Incorpórelos como corresponde." El asesor jurídico manifestó: "Su señoría, efectivamente, este, no ofreció ningún dato ilustrativo, algún material ilustrativo para que pueda ser proyectado, ofreció unas declaraciones que serán vertidas mediante la oralidad, pero no virtió o no solicitó que se le admitiera algún material ilustrativo, por lo cual solicito que no se le sea admitido o permitido proyectar, porque no lo ofreció su señoría." La Jueza de Control, refirió: "[.] Si, ya me he pronunciado al respecto si lo escuchó, o sea, no se le va a permitir esa situación, dado que no se está en este momento ante el desahogo de un dato de prueba, luego entonces pues la defensa debe proceder de esa manera. Voy a hacerle una prevención a la señora Dulce, para evitar una reposición innecesaria en este procedimiento. Señora Dulce, hasta el momento estoy advirtiendo ciertos detalles que si bien no los puedo tener como una falta de defensa técnica, si vienen a constituir una falta de regularidad en el momento procesal en que nos encontramos para incorporar información en relación a los datos de prueba y esto en algún momento dado puede perjudicarle, entonces le hago la prevención en el sentido siguiente: usted tiene derecho a estar asistida debidamente por una persona que conozca el sistema acusatorio adversarial, que sepa como incorporar la información. Si esto se hace mal, pues tanto puede beneficiarle como puede perjudicarle, con esta prevención le hago saber que si usted decide puede cambiar de defensa, puede elegir otra nueva defensa particular o nueva defensa pública, esta última pues la paga el estado, entonces, le pregunto: ¿Quiere continuar con su abogada o quiere nombrar nueva defensora?, ¿Quiere platicar nuevamente con ella?. Muy bien, les doy tres minutos para que platiquen." Minuto 14:05:20 La Jueza de Control, refirió: "[.] Señora Dulce ¿fue suficiente el tiempo?." La imputada Dulce María Cruz Franco, dijo: "Sí su señoría." La Jueza de Control, refirió: "¿Qué decisión tomó, se queda con ella, o la va a cambiar?" La imputada Dulce María Cruz Franco, dijo: "Me quedo con ella." La Jueza de Control, refirió: "Muy bien, entonces le pido a la abogada que sea clara y precisa, respecto al dato de prueba o datos de prueba que va a incorporar en este momento, para que avancemos con normalidad." Minuto 14:08:45 La defensa dijo "[.] Señoría, solicito que los documentos que hago referencia, sean incorporados dentro de la causa penal en la cual estamos desahogando esta diligencia. Sean tomados en cuenta, para el momento de su desahogo el cual vertiré y diré cual es en la parte que me favorece de estas documentales que exhibo y sean incorporadas dentro de la causa penal de referencia." La Jueza de Control, refirió: "Defensa, la voy a apercibir a que si usted no se centra en el momento en que estamos, voy a tener como una actitud dilatoria por parte de usted ¿por que?, porque ya le he hecho el apercibimiento respectivo a la señora Dulce y ella ha manifestado que se quiere quedar con esta defensa. Entonces si usted me incorpora esas actuaciones en este momento así cual están, lo procedentes es de que ya en esta fase se culmine esa información." La defensa dijo: "De hecho hace rato lo estaba incorporando y le estaba dando lectura, me dijo usted que le de esa lectura me estaba solicitando que yo los incorporara, entonces lo estaba yo incorporando y le dí los datos esenciales primero del oficio, quien lo emitió, qué es lo que [.]" La Jueza de Control, refirió: "Haber abogada, aquí la Jueza, la Juzgadora soy yo, con todo respeto céntrese por favor en la fase en que nos encontramos, si usted recuerda hace un momento me pidió que se le proyectara o se le permitiera la proyección a través de video. No es la forma adecuada de incorporar un dato de prueba si no fue ofertado y no fue admitido en esos términos. Si usted persiste en esa actitud, la voy a tener como renuente en la actividad profesional que usted desempeña. Le estoy hablando con todo el respeto que usted merece y que merecemos todas las partes, entonces le voy a dar cinco minutos, revise su información, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y céntrese por favor en la fase para evitar un retraso innecesario. No tiene caso que la esté apercibiendo, la esté multando, que esté previniendo a la señora Dulce, o que incluso pueda tomar una medida más drástica en el presente proceso. De todas las partes técnicas dependen que el proceso avance, entonces le voy a dar ese receso, para evitar que todos nos retrasemos. Se comienza un receso, cheque su información por favor." Minuto 14:35:09 La Jueza de Control, dijo: "[.] Bien, ahorita nada más le dí el uso de la voz para que incorpore datos, si más adelante va a realizar alguna argumentación, hágalo al concluir [.]" Minuto 14:49:45 El asesor jurídico, dijo: "[.] Sí solicitaría su señoría con todo respeto que se requiera a la defensa para que se concrete en argumentos y no esté leyendo nuevamente datos de prueba que en su momento ya fueron vertidos, en una etapa de argumentos su señoría" La Jueza de Control, refirió: "Si en este momento sí tiene razón el asesor jurídico, efectivamente esta fase es para argumentar, ya no para dar lectura, por favor abogada argumentos y céntrese en el momento." Minuto 14:51:33 El asesor jurídico, dijo: "[.] Nuevamente su señoría que se concrete a argumentos, está dando información, se está desviando de la fase en la que estamos de pura argumentación su señoría." La Jueza de Control, dijo: "Bien, aquí sí abogada ya no encuentro congruencia en lo que pretendía justificar en algún momento dado con estos oficios, que nunca fueron, escúcheme, escúcheme por favor y luego le doy el uso de la voz, que nunca fueron incorporados por la Ministerio Público." La defensa dijo: "Bueno, bueno, voy a continuar con mi argumento entonces [.]." De lo expuesto y narrado en el audio y video, que en líneas precedentes se reprodujo, se desprende que en múltiples ocasiones se puso en evidencia la falta de experticia de la abogada defensora en las técnicas de litigación del sistema penal acusatorio adversarial y oral, mismas que fueron destacadas por la fiscalía y la propia juzgadora durante el desarrollo de la audiencia. Sin embargo, la Jueza de Control omitió llamar al defensor de oficio para que otorgara una defensa técnica a la imputada. En ese sentido, la Jueza debió ceñirse a lo previsto en los numerales 17 y 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales; tomando en consideración que la juzgadora, omitió ejercer su facultada para designar al defensor público para que continuara con la defensa de la imputada ante la notoria falta de "técnica en litigación" del nuevo sistema por parte de su defensora particular que asistió a la imputada durante la audiencia de ampliación de término constitucional. . Por tanto, se estima que se vulneró en perjuicio de la imputada lo previsto en el numeral 121 mencionado, en acatamiento a la obligación que le impone el diverso 17, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé la obligación de velar sin preferencias ni desigualdades por la defensa adecuada y técnica del imputado. En efecto, la omisión en que la Jueza de Control incurrió respecto al procedimiento previsto en el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es violatoria del derecho fundamental defensa adecuada, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que garantizan también los numerales 8.2, inciso d), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3, inciso d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En apoyo a lo anterior, en lo conducente, se cita la tesis I.9o.P.12 P (11a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Undécima Época, consultable en la página 3299 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo IV, con número de registro digital 2023760, de rubro y texto: "AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. DEBE ORDENARSE SU REPOSICIÓN TOTAL O PARCIAL, CUANDO EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ADVIERTE UNA MANIFIESTA Y SISTEMÁTICA INCAPACIDAD TÉCNICA DEL DEFENSOR Y NO ACTÚA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: En la sentencia que constituye el acto reclamado, la Sala Penal responsable inadvirtió que en la audiencia de juicio oral el quejoso no tuvo una defensa adecuada en su vertiente material, por desconocimiento técnico del sistema penal acusatorio de su abogado defensor, por lo que no estuvo en igualdad de condiciones respecto del órgano acusador. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito, al advertir que en la etapa de juicio oral se vulneraron en perjuicio del quejoso el derecho a gozar de una defensa adecuada en su vertiente material, así como los principios de debido proceso y de igualdad procesal tutelados en los artículos 14 y 20, apartados A, fracción V y B, fracción VIII, en relación con el diverso 1o., todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante una falta de pericia y habilidad de su defensor privado en el manejo de las técnicas de litigación, así como un desconocimiento técnico del sistema procesal penal acusatorio, lo que trascendió al resultado del fallo; deficiencias que, aun cuando fueron advertidas por el Tribunal de Enjuiciamiento, se abstuvo de actuar en términos del artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resuelve que debe ordenarse la reposición total o parcial de la audiencia de juicio oral. Justificación: Lo anterior, en atención a las directrices establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria dictada en el amparo directo en revisión 2283/2018, pues las fallas de la defensa, advertidas tanto en el desahogo de la audiencia oral como en el trámite escrito, colocaron al quejoso en una privación del contenido material del derecho fundamental de defensa adecuada, al no darle la posibilidad de hacer frente a la imputación formulada en su contra, fallas ajenas a su voluntad, porque no fueron consecuencia de la estrategia defensiva del defensor privado, ya que obedecieron al desconocimiento de éste de las reglas y principios que rigen el sistema procesal penal acusatorio, lo que trascendió al sentido del fallo. El Tribunal de Enjuiciamiento, pese a que advirtió las deficiencias de la defensa privada, omitió tomar las medidas pertinentes para que el quejoso estuviera en igualdad de condiciones respecto del órgano acusador, lo que impactó en el sentido de la sentencia condenatoria, no obstante que el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales lo faculta para prevenir al peticionario a efecto de que designe otro defensor y, de no hacerlo así, asignar uno público para colaborar en su defensa." Además, del audio y video se advierte que la fiscal que comunicó la imputación y solicitó la vinculación a proceso de la imputada, dio lectura de las actuaciones de la carpeta de investigación formada con motivo de los hechos que se investigan, circunstancia por la que se estima que se vulneró también la oralidad en el proceso de origen 168/2023. Conforme a lo expuesto, resulta que el auto de vinculación a proceso dictado el uno de abril de dos mil veintitrés, en el proceso penal 168/2023, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, por los hechos que la ley señala como delitos de robo calificado, en su modalidad de casa habitación y lesiones, se vulneró la defensa adecuada de la imputada Dulce María Cruz Franco, al no observarse y hacer cumplir las disposiciones adjetivas que rigen el proceso penal acusatorio y oral, relativas al principio de defensa adecuada previstas en los artículos 17 y 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, al resultar violatorio del derecho de defensa, el auto de vinculación reclamado, la resolución dictada el uno de abril de dos mil veintitrés, en que la Jueza de Control decretó la medida de prisión preventiva a la quejosa, también resulta violatoria de derechos, pues ante la falta de defensa adecuada le fue impuesta dicha medida, no obstante que la ahora quejosa manifestó que tiene a su cuidado a menores. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Jueza de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, realice lo siguiente: 1.- Deje sin efectos el auto de vinculación a proceso dictado en contra de Dulce María Cruz Franco el uno de abril de dos mil veintitrés, en el proceso penal 168/2023, por los hechos que la ley señala como delitos de robo calificado, en su modalidad de casa habitación y lesiones. 2. Deje insubsistente la diversa resolución de uno de abril de dos mil veintitrés, en que se decretó la medida de prisión preventiva a la quejosa. 3. Señale nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia inicial, debiendo citar a las partes para su desahogo. En el entendido que el Juez o Jueza de Control que desahogue la audiencia, como rector del proceso deberá vigilar y hacer cumplir las disposiciones adjetivas que rigen el proceso penal acusatorio y oral, relativas al principio de oralidad y defensa adecuada previstas en los artículos 17 y 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los derechos fundamentales de la imputada al debido proceso y deberá garantizar la defensa técnica adecuada, y principios de oralidad en el proceso penal acusatorio e igualdad entre las partes, previstos en los artículos 14 y 20 constitucionales. Para ello, la Jueza o Juez de Control deberá vigilar que durante la audiencia, las partes intervinientes se apeguen a las formalidades y lineamientos que rigen el proceso penal acusatorio y oral, en especial el cumplimiento al principio de oralidad que, por lo que prevendrá al Fiscal para que al momento de solicitar la vinculación a proceso, lo haga con estricto apego a dicho principio y se abstenga de leer documentos completos para realizar su solicitud, así como en las subsecuentes intervenciones que efectúe. Además, respecto a la imputada, el Juez o Jueza de Control deberá requerir y cerciorarse de que quien lo represente en la audiencia como su abogado, cumpla con el perfil adecuado para ello, es decir, que sea licenciado en derecho, que cuente con conocimientos técnicos y experticia para ejercer el cargo de defensor, lo que deberá manifestar y acreditar ante el órgano jurisdiccional. En caso de advertir insuficiencia técnica por parte del abogado defensor, deberá proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 4. Sin que con la reposición ordenada se permita al Agente del Ministerio Público modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación, en observancia a los principios de "non reformatio in peius" y de igualdad entre las partes. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2011698, del Pleno del Decimoctavo Circuito, Décima Época, consultable en la página 1571 del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo III, con número de registro digital 2011698, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE SE CONCEDE, POR CONSIDERAR QUE CON LA LECTURA DE LAS CONSTANCIAS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, AL FORMULAR LA IMPUTACIÓN, SE INFRINGE EL PRINCIPIO DE ORALIDAD. Si un órgano de justicia federal, al resolver un juicio de amparo indirecto, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y con libertad de jurisdicción, considera que se infringe el principio de oralidad cuando el Ministerio Público expone los antecedentes del caso con la lectura de las constancias de la carpeta de investigación, al formular la imputación, debe otorgar la protección constitucional para el efecto de que se deje insubsistente el auto de vinculación a proceso y se reponga el procedimiento hasta la audiencia de imputación a fin de que el órgano acusador subsane tal irregularidad; sin que con la reposición ordenada se permita al agente ministerial modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación, ello en observancia a los principios de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74, 77, fracción II, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Dulce María Cruz Franco, contra los actos reclamados de la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, precisados en el considerando segundo de la presente resolución, para el efecto especificado en la parte final del último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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