Edgar Alonso Sifuentes Escobedo

Expediente 761/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 29 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
761/2016
Año
2016
Actuaciones
29
Última actuación
05/12/2017

Partes del expediente

  • Edgar Alonso Sifuentes Escobedo
  • Edgar Alonso Sifuentes Escobedo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Vistos los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que la parte quejosa quedó legalmente notificada de lo determinado en proveído de siete de noviembre del año en curso, en el que se declaró la imposibilidad legal para cumplir la sentencia de amparo, sin que al efecto hubiera interpuesto el recurso de inconformidad dentro del término de quince días a que se contrae el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo vigente; en tal virtud, es de estimarse que consintió tácitamente el proveído de que se trata. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración; en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se concedió la medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo, así como la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar, y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio de cuenta y sus anexos, suscrito por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social No. 13 CPS Oaxaca, únicamente para que obre como corresponda; sin que haya lugar a proveer al respecto, toda vez que en auto de siete de noviembre de dos mil diecisiete se acordó al respecto. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta signado por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social numero Trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual, remite copia certificada del acta administrativa número 384/2017, de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, relativo al egreso del quejoso LEONARDO JESÚS TENORIO GONZALEZ, al haber obtenido el beneficio de libertad por cumplimiento de pena; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Por otra parte, visto el estado de los autos, se desprende el acto que reclamó el quejoso LEONARDO JESÚS TENORIO GONZALEZ, en el presente juicio de amparo, al Director General y a la Encargada del Departamento de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS Oaxaca, es la falta de atención medica y falta de otorgar tratamiento médico para su enfermedad de hepatitis C. Por tanto, al haber egresado el agraviado LEONARDO JESÚS TENORIO GONZALEZ de ese Centro Federal, por los motivos expuestos en el primer párrafo; asimismo, toda vez que mediante oficio SEGON/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS13/DG/21336/2017, de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece, "CPS-OAXACA", informó que en los archivos de ese centro de reclusión, no existe persona privada de su libertad con el nombre de LEONARDO JESÚS TENORIO GONZALEZ, por tanto, se advierte, dejó de existir el acto reclamado por dicho quejoso, y ante ello, existe imposibilidad real y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis III/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XVII, Febrero de 2003, visible a página 216 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." En ese sentido, este órgano jurisdiccional declara que existe imposibilidad legal para cumplir con la sentencia de amparo. NOTIFÍQUESE.

Quedan 25 actuaciones en este expediente

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