Edgar Cecilio Leyva Mendoza

Expediente 1282/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1282/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Edgar Cecilio Leyva Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Estado de los autos. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente de ésta, este juzgador determina que el este expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado ordenamiento. De conformidad con el artículo 21 del citado Acuerdo General, este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años después de ser conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional, una vez destruido deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, se tiene por hecha la certificación secretarial, relativa a que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes en los términos a que se refiere el artículo 3, fracción XVIII del aludido acuerdo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón del actuario llevador de este expediente, toda vez que informa las causas que le impidieron notificar el proveído de veintiocho de octubre de este año al quejoso EDGAR CECILIO LEYVA MENDOZA; con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena notificarle dicha determinación por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes que surjan, aún las de carácter personal, hasta en tanto designe nuevo domicilio para recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Inserción de auto...Número de expediente: 1282/2022 Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Radicación Vista la demanda de amparo que promueve EDGAR CECILIO LEYVA MENDOZA, contra actos de la Sexta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, que hace consistir en: La resolución de doce de julio de dos mil veintidós, dictada en el toca penal JOTPAI/14/2022, por la referida Sexta Sala Penal Unitaria, en la que confirma la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictada por la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, en la que declara procedente el incidente de nulidad planteado por la defensa del imputado, respecto de algunos medios de prueba, así como la exclusión y admisión de otros ofertados por ésta. Fórmese expediente impreso y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo; regístrese con el número 1282/2022. Desechamiento de la demanda Examinada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la ley en cita, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". El segundo de esos numerales establece qué se entiende por actos cuyos efectos son de imposible reparación aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, mediante una fórmula legal, el legislador secundario estableció, que para ser calificados como irreparables, los actos en juicio necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. En la ejecutoria que dio vida a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte analizó los antecedentes legislativos relacionados con la procedencia del amparo indirecto y estimó que éstos evidenciaron la necesidad de abreviar el procedimiento, ante la demanda social de eliminar la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, lo que constituye un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la sustanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios naturales. Establecido lo anterior, el acto reclamado consiste en la resolución de la Sala responsable que confirma en apelación, la decisión de Juez de instancia, en la etapa intermedia, que declara procedente el incidente de nulidad planteado por la defensa del imputado solicitando la nulidad de algunos medios de prueba, la exclusión y admisión de otros diversos ofertados por ésta. En este orden de ideas, conviene traer a colación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 907/2016, en sesión de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, aun cuando atendió al Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, actualmente abrogado, hizo un análisis del procedimiento penal acusatorio y oral, análogo al previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico de la etapa intermedia o de preparación a juicio oral, y se planteó la siguiente interrogante: ¿Es procedente el juicio de amparo indirecto contra la determinación dictada dentro de la audiencia intermedia de un procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral que admite medios de prueba? Adujo que la respuesta a dicha interrogante es que, el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí mismo implique un acto de imposible reparación. Agregó que no es factible referir una afectación inmediata y actual que conlleve a considerar que la admisión de medios de prueba constituyan un acto de imposible reparación en contra del quejoso. Incluso, mencionó que declarar procedente el amparo indirecto contra actos que no causan una afectación irreparable, conlleva una afectación a los principios rectores del juicio oral. Como se aprecia, el Alto Tribunal consideró que contra la determinación dictada en la audiencia intermedia en un procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral que admite medios de prueba, por regla general es improcedente el juicio de amparo indirecto, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal. De acuerdo con lo expuesto, en el caso, la resolución que confirma la declaración de procedencia del incidente de nulidad planteado por la defensa del imputado, así como la exclusión y admisión de diversos medios probatorios ofertados por ésta, aún no repercute negativamente en su esfera jurídica como víctima dentro del proceso penal, pues su valoración, una vez desahogada, se encuentra supeditada a la apreciación que sobre las mismas realice el juez oral en audiencia de juicio, quien evidentemente en uso de su arbitrio judicial puede determinar su eficacia probatoria. De ahí que, se trate de un acto que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, no sustantivos contenidos en la Constitución General, por tanto, no se ubica dentro de los actos de imposible reparación que como categoría excepcional se prevé para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis, con apoyo en el arábigo 113, de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Materias(s): Penal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1319, Registro digital: 2023906, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." Domicilio Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizados para esos efectos a las personas que indica; y, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Samuel Feria Martínez, Raúl Monzón González, Roberto Ordoñez Sánchez y Uriel López Cárdenas, ya que de la certificación de cuenta se advierte tienen registrada su cédula profesional en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho REGPROF del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a tramitar el asunto en línea En atención al artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Así también, las autoridades sean responsables o terceras interesadas deberán señalar en la siguiente promoción, correo electrónico en el que se les harán las subsecuentes notificaciones vía electrónica. Habilitación de horas Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Juicio en línea De conformidad con el Acuerdo General 21/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, SE EXHORTA A LAS PARTES A QUE DE SER POSIBLE Y NO OBSTANTE LAS PROBABLES DIFICULTADES PARA ACCEDER A LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA ELLO, CONTINÚEN LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO MEDIANTE EL ESQUEMA DE JUICIO EN LÍNEA; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Integración del expediente electrónico Atendiendo a lo establecido en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones, para su debida integración; por lo que se instruye al secretario de juzgado encargado de su trámite, al oficial judicial, al actuario judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo conforme a las actividades que les competen. Lo anterior, a fin de que tanto el expediente impreso como el electrónico coincidan y, una vez concluido el asunto, se realice la certificación correspondiente. Protección de datos personales Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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