Edgar Balbuena Herrera

Expediente 683/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
683/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
27/01/2021

Partes del expediente

  • Edgar Balbuena Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que con motivo de la suspensión de labores ordenada mediante la circular CAP/3/2020 signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, por la cual se informó las medidas adoptadas por la Comisión Especial del propio Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de diciembre de dos mil veinte, por el plazo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, entre las que se encuentra el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que no transcurrieron términos y plazos procesales, ni se celebraron audiencias, tampoco se celebraron diligencias (a excepción de los casos que fueron calificados como "urgentes" y los relativos al "juicio en línea", en aquellos en que así procedió). Sin embargo, por diversa circular SECNO/1/2021 signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órgano del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó a partir del doce de enero de este año, la reanudación de los términos y plazos procesales suspendidos; luego, tomando en consideración que el presente juicio de amparo se encuentra en etapa de ejecución, se levanta la suspensión de plazos y términos procesales, y se ordena su reanudación para proveer el oficio de cuenta. En ese sentido, vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental en términos del artículo 15 del referido Acuerdo General; hágase constar lo anterior en la caratula del expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35. Hágase constar lo anterior, en la carátula del expediente principal en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL CONTENIDO DEL AUTO DE ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, MISMO QUE EN SU PARTE MEDULAR DICE: Acapulco, Guerrero; once de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Edgar Balbuena Herrera, por propio derecho, contra actos de la Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Acapulco del Instituto Mexicano del Seguro Social, y otra autoridad, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 683/2020, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En virtud de lo anterior y en acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda de amparo. Luego, en el caso se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en concatenación con lo dispuesto por el diverso numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley. Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, revela que tratándose de actos provenientes de entidades estaduales o incluso provenientes de quienes carecen formalmente de tal naturaleza, para ser considerados como procedentes de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, no solamente debe verificarse si al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitir realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, violen los derechos fundamentales constitucional y convencionalmente protegidos, sino también habrá de confirmarse si las funciones que despliega al realizar tales conductas están determinadas por una norma general. Así, no obstante que la legislación vigente amplió el esquema de procedencia del juicio de amparo en lo que corresponde a actos que con antelación se consideraban como no emitidos por una autoridad exclusivamente para los efectos del juicio de amparo; de ello no se infiere que tal circunstancia implique que a la luz de tales preceptos legales sea procedente dilucidar en esta instancia constitucional conductas desplegadas dentro de relaciones de coordinación, pues se insiste, para que ello ocurra deben producirse actos equivalentes a los de una autoridad, pues de ser lo contrario excluiría la participación de autoridades de jurisdicción ordinaria para dirimir controversias suscitadas, por ejemplo, entre el Estado como patrón y sus servidores, pues si bien la actuación de la primera de ellas, encuentra su origen en una norma general, ésta debe provocar, en ejercicio de las facultades que la ley expresamente le otorgue, la afectación señalada en el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo. En relación con ello, de la interpretación sistemática de los artículos 73, fracción XVIII, y 1, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada, se concluía que el juicio de amparo era improcedente cuando los actos reclamados no provenían de una autoridad; ya que dicha legislación, preveía que era autoridad responsable la que dictaba, promulgaba, publicaba, ordenaba, ejecutaba o trataba de ejecutar la ley o el acto reclamado. En diversas tesis y jurisprudencias, el Máximo Tribunal de la Nación construyó con el devenir histórico la definición del concepto de autoridad para los efectos del amparo, abandonándose el primigenio concepto de fuerza pública para distinguir los actos de autoridad del de los particulares, para arribar a una nueva concepción definida acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Así, durante la vigencia de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Luego de que la indicada legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedó abrogada con motivo de la entrada en vigor de Ley de Amparo a partir del dos de abril de dos mil trece, en la última de las codificaciones en cita se retomó el criterio antes descrito para definir el concepto de autoridad para los efectos del juicio de garantías, ya que sobre el particular el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente prevé que tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior quiere decir que a partir de la entrada en vigor de la llamada Nueva Ley de Amparo, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad con esa naturaleza formal, para los efectos del juicio de amparo, debe considerarse si al dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, el ente u organismo del Estado, viole los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente en su segundo párrafo dispone que "Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Al efecto la jurisprudencia citada indica cuales son las características a tomar en consideración para otorgar el carácter de autoridad para la procedencia del juicio de amparo, en este sentido se puede determinar que en el presente asunto no se está frente a un acto de autoridad, pues no se cumplen los requisitos que han sido delimitados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que lo que el quejoso identifica como un acto inconstitucional por ser de carácter verbal, en realidad fue la comunicación de su empleador para comunicarle su destitución como empleado, es decir, como Director del Hospital Regional 1 "Vicente Guerrero" del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por ello, es factible concluir que dicho acto (despido) no se dio en un plano de supra a subordinación, sino de coordinación, en la medida en que las autoridades designadas como responsables se erigen como patrón frente a su empleado -en este caso el quejoso Edgar Balbuena Herrera, ello partiendo de la confesión señalada en el escrito de demanda y cuyo contexto no da lugar a duda que para rebatir sobre la existencia de un vínculo laboral. En este sentido, es necesario explicar los tipos de relaciones jurídicas que pueden celebrarse, las cuales son las de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución y los Tratados Internacionales establecen una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De igual manera, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Precisado lo anterior, como se indicó de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de los documentos anexados, se pone de manifiesto que los actos reclamados no pueden ser considerados como actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social no deriva de una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la medida en que dicho órgano se erige como patrón frente a su empleado, es decir parte de la existencia de un vínculo laboral entre el quejoso y la autoridad por lo que corresponde a los tribunales del trabajo competentes dirimir esa controversia. De ahí que, si en el caso que se analiza el quejoso quien presta sus servicios como Director del Hospital Regional número 1, Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social, y reclama lo que denomina como la orden verbal de su destitución en el cargo que venía desempeñando; resulta improcedente el juicio de amparo, al no plantearse en el caso un acto de autoridad que vulnere o restrinja en forma directa algún derecho sustantivo protegido por la norma Constitucional. Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. INFORMACIÓN GENERAL Se le comunica a la parte quejosa que de conformidad con el artículo 5, fracción I y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Del mismo modo, se le informa que acorde al numeral 3 del referido acuerdo general, para la consulta del expediente de manera física previamente deberán generar una cita, para lo cual habrán de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema les proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con el artículo 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se le autoriza el trámite del presente expediente, bajo el esquema de juicio en línea, por medio de las cuentas de usuario que proporciona "LIC.CARLOSREYNADA" por lo que déseles de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Quebrada número 12, despacho 16, colonia Centro; en esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Esthela Ramón Peña, Yaneli Bustos Figueroa y Raúl Díaz Escobar, quienes cuentan con su cédula profesional registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Carlos Alberto Reynada Vela, Betsahida Sarahí Ruiz Mandujano, Viridiana Candelario Martínez y Ana Laura Cervantes Díaz, por no cumplir con el requisito anterio. De igual forma, téngasele por proporcionado el número telefónico y de correo electrónico que indica en términos del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio ubicado en calle Quebrada número 12, despacho 16, colonia Centro; en esta ciudad. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

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