Edgar Alfonso Flores Gutiérrez

Expediente 16/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
16/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
20/01/2017

Partes del expediente

  • Edgar Alfonso Flores Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA AL QUEJOSO EDGAR ALFONSO FLORES GUTIÉRREZ, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Acapulco, Guerrero; veinte de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa anexó a su demanda diversos documentos originales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlos, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa...."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA DIEZ DE ENERO DE LA PRESENTE ANUALIDAD...

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinte de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa anexó a su demanda diversos documentos originales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlos, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EDGAR ALFONSO FLORES GUTIÉRREZ, EL AUTO DE DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE DICE... "Acapulco, Guerrero; diez de enero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Edgar Alfonso Flores Gutiérrez, contra actos del Congreso del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, y de otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 16/2017, y fórmese expediente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al examinar la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: El proceso legislativo de la Ley de Hacienda Municipal 677, del Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 1, 2, 3, 7, , 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24 y 24 bis, así como también el de la Ley de Catastro Municipal 676, en específico sus artículos 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36; asimismo, la aplicación de la misma ley que se tilda de inconstitucional, materializada en el cobro del impuesto predial mediante recibo de pago F-251823. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos numerales 17, primer párrafo, y 18, de la Ley de Amparo, en virtud de que la promoción de la demanda de amparo debió efectuarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que el peticionario tuvo conocimiento de los actos reclamados. Los citados numerales prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los dispositivos antes transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente; entendiéndose por tales, aquéllos en contra de los cuales no se promueva el amparo dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En consecuencia, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe plantear su demanda dentro del término de quince días siguientes a cualquiera de las tres hipótesis que regula el citado precepto, y si no obstante tenga conocimiento de la existencia de un acto afectatorio, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la Ley de Amparo, tal conducta debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. Ahora bien, tenemos que el juicio de amparo que ahora se intenta, como ya se adelantó deviene improcedente al haberse presentado la demanda de manera extemporánea; pues el cómputo de quince días para su promoción empezó a correr a partir del día siguiente a aquél en el que tuvo conocimiento del acto que reclama, es decir, desde el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, ello es así, pues la parte promovente al narrar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad refirió que fue en esa fecha (veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis) que realizo el pago de impuesto predial relativo al año 2013, lo que constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 96, 199 y 200 del citado Código Adjetivo, para tener por acreditado que a partir de esa fecha, tuvo pleno conocimiento del acto reclamado. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Junio de 1996, página 57, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." De ahí que, el término para instar el juicio de amparo le transcurrió del treinta de noviembre al veinte de diciembre de dos mil dieciséis, descontándose los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho del mes pasado por haber sido inhábiles; por lo que, es indudable que a la fecha en la que deposito la demanda de amparo en la oficina de correos, con sede en la ciudad de México tal como consta del sello de recepción (veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis) ya había fenecido el plazo que otorgan los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo; y por ende, fueron consentidos tácitamente por la parte quejosa; de ahí que para realizar el cómputo del plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, deba tomarse en consideración la fecha en que la parte quejosa señaló haber pagado el monto por dicho concepto. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia que se analiza, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda; e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, lo procedente es desechar la demanda de amparo que nos ocupa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que para ese efecto designa en el escrito de demanda; y por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Claudia Patricia Sandoval Ramírez, Martín Alarcón Ávila y Jorge Alfonso Flores Barbosa, al no contar con cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredite como profesionales del derecho. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones de carácter personal, se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma el licenciado César Israel Santes Quevedo, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil dieciséis, conforme al oficio número CCJ/ST/8589/2016, signado por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistido del licenciado Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario del propio Juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.... LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO A LA CITADA PARTE QUEJOSA EL AUTO CITADO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR...

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