Edgar Antonio Renteria Ramos

Expediente 733/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 25 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
733/2017
Año
2017
Actuaciones
25
Última actuación
08/05/2018

Partes del expediente

  • Edgar Antonio Renteria Ramos
  • EDGAR ANTONIO RENTERIA RAMOS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; ocho de mayo de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el telegrama de cuenta, que remite el Juez Vigésimo Primero de lo Civil, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo; en atención a su contenido, hágasele de su conocimiento que el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete se sobreseyó en el presente asunto, asimismo, mediante oficio 903/2018 de fecha dieciocho de enero del año en curso, se le notificó a la citada autoridad que el presente asunto causó ejecutoria, ordenándose el archivo como asunto totalmente concluido, así como la devolución de los tomos de pruebas del índice de la citada autoridad responsable, y con fecha treinta y uno de enero de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio mediante el cual nos acusó recibo del oficio de referencia. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; doce de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Elí Pineda Díaz, aen su carácter de apoderado legal del tercero interesado Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero, personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial que al efecto exhibe; en atención a su contenido, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; por autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Tomás Barrientos Juárez, Viviana Guevara Pacheco, María del Rocío Alarcón Muñiz y Maritza Santos Mendoza, cuyas cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que se mencionan, por así haberlo solicitado. Asimismo, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase el citado instrumento notarial que pide, previa copia certificada y razón de recibido que se deje en autos para debida constancia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 733/2017 CEIS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, siendo las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 733/2017, promovido por Edgar Antonio Rentería Ramos, por su propio derecho, se procede a celebrarla encontrándose en audiencia pública el licenciado Fabián Alejandro Leyva Monroy, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido del licenciado César Israel Santes Quevedo, Secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. A CONTINUACIÓN, EL SECRETARIO HACE CONSTAR QUE SE DIO LECTURA DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE: Sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas, en atención a las consideraciones contenidas en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, publicada en la página 185, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, aplicada analógicamente que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." ACTO SEGUIDO, EL SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, ENCARGADO DEL DESPACHO POR VACACIONES DEL TITULAR ACUERDA: Téngase por hecha la relación de constancias y por leídas las mismas para los efectos legales conducentes. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas por el juez responsable como apoyo a su informe con justificación, con la que se formó un tomo de pruebas. A LO ANTERIOR EL SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, ENCARGADO DEL DESPACHO POR VACACIONES DEL TITULAR ACUERDA: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por admitida la documental de referencia, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza. Al no haber medios de convicción pendientes por desahogar se cierra el periodo probatorio. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS: el Secretario hace constar que las partes no ejercieron ese derecho ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló pedimento. ENSEGUIDA EL SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, ENCARGADO DEL DESPACHO POR VACACIONES DEL TITULAR ACUERDA: En virtud de que las partes no formularon alegatos ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló pedimento alguno, se da por concluida la presente etapa. Al no haber diligencias pendientes por desahogar, se procede a dictar la resolución. VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 733/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO.- Por escrito recibido el once de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Edgar Antonio, Ulises y Armando, todos de apellidos Rentería Ramos, por su propio derecho, presentaron demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se menciona: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Vigésimo Primero de lo Civil, con sede en la Ciudad de México. ACTOS RECLAMADOS: "Se reclama la falta de llamamiento a la audiencia de remate en nuestro carácter de acreedores realizada en autos del expediente 937/2007, del índice del Juzgado Vigésimo Primero de lo Civil en la Ciudad de México Distrito Federal, así como todas y cada una de las actuaciones posteriores." SEGUNDO.- Mediante proveído de catorce de agosto de dos mil diecisiete, se radicó la demanda de garantías en comento bajo el número de expediente 733/2017, y se formuló una prevención, la cual sólo fue desahogada por Edgar Antonio Rentería Ramos, mientras que por acuerdo de ocho de septiembre siguiente se desechó la demanda de amparo respecto de Ulises y Armando, de apellidos Rentería Ramos, y se admitió a trámite respecto del señalado en primer término; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O COMPETENCIA PRIMERO.- Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama la afectación de un bien raíz que se ubica en la jurisdicción de este juzgado de Distrito, dentro de un juicio hipotecario en su etapa de ejecución, en el que se aprobó su remate y adjudicación, respecto del cual el quejoso acude como tercero extraño, dada la calidad de acreedor alimentario que tiene respecto del demandado en aquel juicio, quien garantizó con dicho inmueble e pago de pensiones alimenticias atrasadas. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que Edgar Antonio Rentería Ramos acude a la presente instancia como acreedor de Armando Rentería López, al tenor del convenio de veintinueve de octubre de dos mil trece, ratificado el quince de enero de dos mil catorce, ante el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares; para reclamar la falta de llamamiento a la audiencia de remate dentro del juicio especial hipotecario 937/2007, ya que el inmueble afecto le fue dado en pago por el demandado Armando Rentería López por concepto de pensión alimenticia. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO TERCERO.- ES CIERTO el acto reclamado a la autoridad responsable ya que al rendir su informe con justificación, el Juez Vigésimo Primero de lo Civil en la Ciudad de México, así lo reconoció expresamente; manifestación que basta para tener a dicha conducta por plenamente evidenciada, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º. Certeza que se robustece con las constancias que como sustento a dicho informe allegó relativas a las actuaciones que integran el expediente 937/2007, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del invocado código adjetivo federal, habida cuenta que de su contenido se advierte que el dos de septiembre de dos mil dieciséis tuvo lugar la audiencia de remate en tercera almoneda del bien raíz hipotecado identificado como lote de terreno número 11, manzana 327, sección Q, colonia Santa Cruz, en esta ciudad, registrado en el Folio Registral Electrónico 47887, del Distrito Judicial de Tabares, mientras que en interlocutoria de veintiuno de junio de dos mil diecisiete se aprobó el remate y adjudicación en favor de la institución bancaria actora. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA CUARTO.- Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo; en ese sentido, se advierte oficiosamente que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio de garantías. Para arribar a tal determinación, debe tenerse presente el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5º, fracción I, de su Ley Reglamentaria, en su orden establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)". Las citadas disposiciones conforman el llamado interés jurídico, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causal de improcedencia en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia. Dicho precepto en lo que interesa dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia" Así, tratándose de actos emanados de tribunales judiciales, el interés jurídico aludido reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto autoritario que estime violatorio de garantías en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular. Luego, para que proceda el juicio de garantías es necesario que la afectación del interés jurídico se concrete de manera cierta, directa y actual, pues se presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que se transgrede por una ley o acto de autoridad, de modo que, una persona tiene interés jurídico para acudir al juicio constitucional cuando el acto que reclame le causa un agravio personal y directo, que se entiende como todo menoscabo u ofensa a la persona, ya sea física o moral, el cual puede o no ser patrimonial, pero siempre apreciable objetivamente, es decir, real y no de carácter subjetivo o incierto, siempre que el acto reclamado emane de un tribunal judicial. De igual modo, es importante destacar que el interés jurídico del quejoso es aquel con el que acredita la titularidad de los derechos que se ven afectados con motivo del acto reclamado; de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona diversa. Por consiguiente, cuando un acto autoritario emanado de un tribunal judicial no afecte los intereses jurídicos del quejoso, el amparo que contra éste se promueva será improcedente, según lo previene la fracción XII del numeral 61 de la ley aplicable en estudio. A efecto de explicar por qué se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia en cita, es necesario primeramente identificar cuál es el derecho sustantivo que pretende defenderse en esta instancia constitucional, de cuya afectación o no, se derivará la comprobación del interés jurídico, lo que en el caso debe ponderarse en función del carácter de acreedor alimentario de uno de los demandados en el juicio especial hipotecario 937/2007, con el que se ostenta Edgar Antonio Rentería Ramos. Sobre el particular es factible afirmar que en la etapa de ejecución de los juicios en los que el derecho del que obtuvo sentencia firme favorable a sus intereses deba hacerse efectivo mediante la afectación del patrimonio del perdidoso, cuando ello se realiza sobre bienes inmuebles, necesariamente tiene que observarse una formalidad esencial previa para que pueda válidamente decretarse la adjudicación directa de los bienes afectos, o en su defecto, efectuarse la venta judicial, consistente en la exhibición de los certificados de libertad de gravámenes de los bienes sujetos a remate; esto es, que por virtud de la subasta pública efectuada por el juez de la causa, se haga efectivo el derecho de pago de la parte actora que le fue reconocido en una sentencia emitida por un tribunal judicial competente, mediante la traslación de dominio de los bienes afectos -aun sin la voluntad del deudor-, a favor de la propia parte ejecutante o del mejor postor, y obtener la escrituración correspondiente. Es ilustrativa la tesis aislada 1a. XXXIII/2014 (10a.), que integró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 629, del Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LOS BIENES EMBARGADOS. EL PARÁMETRO DE VALIDEZ DEL ARTÍCULO 1412 BIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO QUE LA PREVÉ, SE SUJETA A LOS DERECHOS DE DEBIDO PROCESO Y DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 1412 Bis del Código de Comercio regula una cuestión procesal al interior de la etapa de ejecución de una sentencia con valor de cosa juzgada en un procedimiento ejecutivo mercantil que sigue los principios contradictorio y adversarial, consistente en que el ejecutante pueda optar por la adjudicación directa de los bienes embargados en lugar de proceder a su remate, siempre que: a) el monto líquido de la condena sea superior al valor de los bienes embargados; b) los bienes materia de adjudicación se encuentren previamente valuados; y, c) del certificado de gravámenes no aparecieren otros acreedores. En este sentido, la medida legislativa no puede evaluarse desde la perspectiva del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no debe encuadrarse como una afectación al derecho de propiedad del ejecutado, respecto de la que deba determinarse si se encuentra fundamentada en razones del interés público o de beneficio social, sino que, por el contrario, se justifica en un conjunto de razones de naturaleza distinta, al tratarse de una medida de ejecución de una sentencia cuyo sentido es reconocer la validez de un título del actor por resultar vencedor en un juicio en donde se acreditaron los extremos de su acción, esto es, se trata de la obligación refleja del Estado de cumplir con los derechos interdependientes de acceso a la justicia y debido proceso, desde la perspectiva de quien insta la función jurisdiccional -quien tiene derecho de hacer valer sus pretensiones en igualdad de condiciones procesales-, de ahí que su parámetro de validez debe ajustarse a los estándares de los derechos al debido proceso y de acceso a la justicia contenidos en los artículos 14 y 17 constitucionales. Por tanto, no cabe reprochar a la norma legal la cancelación de la posibilidad de que el bien ejecutado salga a remate con la posibilidad de obtener una hipotética ganancia superior, pues este argumento que reclama la protección del derecho de propiedad, no es oponible al derecho de ejecución de la parte actora quien, en todo caso, tiene el derecho de pago." De ese modo, si se parte del hecho de que la hipoteca constituye un gravamen, que se traduce en una limitación al derecho que tiene una persona para usar, disfrutar o disponer libremente del bien afecto, habida cuenta que tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de una obligación garantizada precisamente con un derecho real, de ello se sigue que la transmisión posterior de los derechos del bien gravado no destruye la carga impuesta previamente, la cual es ineludible incluso para un eventual nuevo propietario, quien en su caso tendría que soportarla por ser consubstancial al bien afecto y por ende, oponible en su perjuicio. De esto último también puede afirmarse que aquello se traduce en el reconocimiento de un derecho en favor del acreedor de asegurar el pago de la obligación que demanda del deudor, sea real o personal, en la medida y prelación que le corresponde, conforme a la regulación que sobre el particular establezca la ley aplicable a cada caso. Consecuentemente, puede concluirse que la exhibición de aquellos certificados de libertad de gravámenes tiene por objeto verificar que en torno a los bienes sujetos a un gravamen no existan otros acreedores, pues de tener conocimiento de su existencia el juez que llevará a cabo su venta judicial, previo a ello deberá ordenar su citación a la audiencia de remate, a fin de que hagan valer el derecho de prelación que les corresponda, sin lo cual no puede procederse al remate de los bienes afectos. Es ilustrativa en lo conducente, la tesis aislada con número de registro 809371, que emitió la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1400, del Tomo XLI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "REMATES, OBJETO DEL CERTIFICADO DE GRAVAMENES EN LOS. Si en la primera almoneda citada para un remate, se presenta un certificado de libertad de gravámenes y, posteriormente, en la segunda, se presenta otro, de tal manera que sólo falta el correspondiente al período comprendido entre una y otra almoneda, no debe considerarse violado el procedimiento, por el hecho de no exigirse un certificado relativo al período de tiempo transcurrido entre cada una de las dos almonedas efectuadas para llevar a cabo el remate decretado; porque lo que la ley quiere, es que, en vista del certificado, pueda el Juez citar a los acreedores que del mismo aparezcan, a fin de que éstos ejerciten sus derechos, y si este requisito fue llenado en el caso, no puede estimarse que la autoridad responsable haya violado la ley." Asimismo, conviene citar la tesis aislada I.8o.C.217 C, que sustentó el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1781, del Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "REMATE, NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL ESTADO DE EJECUCIÓN A LOS ACREEDORES EN EL PROCEDIMIENTO DE. De la interpretación armónica de los artículos 567 y 568 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se concluye que debe notificarse personalmente el estado de ejecución de sentencia a los acreedores que del certificado de libertad de gravámenes se desprendan, tanto para que intervengan en el procedimiento de avalúo y subasta, como para que en la diligencia de remate hagan valer sus derechos; todo ello, en acatamiento a la garantía de audiencia, que debe respetárseles." Ahora bien, la parte quejosa se ostenta como tercera extraña al juicio hipotecario; calidad que ciertamente le reviste en tanto que de las constancias relativas al citado proceso el quejoso no figura como parte procesal, es decir, como actora o demandada, y tampoco existe dato alguno de que hubiere sido legalmente llamada a juicio o haya tenido participación alguna dentro del mismo; y para demostrar el interés jurídico que le asiste en esta instancia constitucional en atención a la calidad de acreedor alimentario del demandado y respecto al inmueble gravado en dicho juicio, debía demostrar que efectivamente, previamente a tal afectación era necesario que el Juez de la casusa lo citara a efecto de que hiciera valer el derecho de pago reconocido a su favor mediante convenio ratificado en sede judicial. Luego, se sostiene que el amparista no acredita que el acto reclamado le cause agravio en virtud de que para acreditar la afectación al interés jurídico, se deben colmar ciertos requisitos, siendo éstos los siguientes: a) una persona determinada, b) un derecho legítimo de ésta, c) un acto de autoridad, y d) la afectación del citado derecho a través del acto autoritario. Precisado lo anterior, resulta que la quejosa no demostró tener un derecho legítimamente tutelado que haya sido lesionado por el acto reclamado; esto es, que previamente a la afectación del inmueble que el deudor alimentario dio en pago para asegurar las pensiones alimenticias pasadas y futuras, debía asegurarse el derecho de pago del quejoso. Lo anterior se estima así, partiendo del hecho de que el artículo 2981 del Código Civil para el Distrito Federal, dispone: "Artículo 2,981.- Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios, no necesitan entrar en concurso para hacer el cobro de sus créditos. Pueden deducir las acciones que les competan en virtud de la hipoteca o de la prenda, en los juicios respectivos, a fin de ser pagados con el valor de los bienes que garanticen sus créditos." Conforme a dicho precepto legal, puede advertirse con meridiana claridad que los acreedores hipotecarios no necesitan entrar en concurso o prelación con otros acreedores de carácter distinto para hacer el cobro de sus créditos hipotecarios, de modo que las pensiones alimenticias garantizadas con el bien inmueble hipotecado no pueden ser consideradas preferentes ni mucho menos se actualiza la exigencia de que deban ser llamados acreedores de distinta naturaleza, ya que la hipoteca se erige como un gravamen privilegiado que permite hacer efectiva la garantía con preferencia a otros acreedores. Es ilustrativa por identidad jurídica la tesis aislada VI.4o.19 C que integró el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 822, del Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ALIMENTOS. LOS CRÉDITOS POR CONCEPTO DE, NO SON PREFERENTES FRENTE A UN ACREEDOR HIPOTECARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2887 del Código Civil del Estado de Puebla, en tratándose de un crédito hipotecario, el acreedor de esta naturaleza tiene preferencia para el pago de su crédito, sobre cualquier otro acreedor, por disposición de la ley, pues así lo establece dicho precepto; inclusive, no está obligado a entrar al concurso de acreedores, ya que el artículo 2971 del mismo código, define que los acreedores hipotecarios no entrarán en concurso, y pueden deducir las acciones que les competen en virtud de la hipoteca, en el juicio respectivo, a fin de ser pagados con el valor de bienes que garanticen sus créditos; inclusive los acreedores hipotecarios tienen preferencia sobre los créditos de alimentos, porque no existe precepto alguno en contrario, en el que se establezca que los alimentos tienen preferencia sobre cualquier otro crédito. Aún más, por el contrario, en el capítulo de graduación de acreedores que se contiene en el Código Civil en cita (artículos 2959 a 2984), se establece quiénes son los acreedores preferentes, sobre determinados bienes, y se advierte en el artículo 2980 que tienen en primer lugar preferencia los adeudos fiscales, con el valor de los bienes que los hayan causado, y después de otros ocho acreedores preferentes en su orden, aparecen en décimo lugar los créditos anotados en el Registro Público de la Propiedad en virtud de mandamiento judicial por embargo, que es la hipótesis en la cual se ubican los embargos por alimentos, pues el embargo deriva de un mandamiento judicial, sin que interese que sea por alimentos, porque en las ocho fracciones anteriores no aparecen los créditos para garantizar alimentos. Además, para que jurídicamente pudiera admitirse lo contrario, o sea, que los créditos de alimentos tienen preferencia en el pago sobre cualquier otro crédito es indispensable un texto expreso de la ley que así lo establezca, como el referente a los salarios de los trabajadores, o a la protección del patrimonio familiar, que se contienen en el artículo 123, apartado A, fracciones XXIII y XXVIII, de la Constitución. Cabe agregar que el artículo 507 del Código Civil del Estado de Puebla, sólo establece que el deudor alimentario deberá asegurar, conforme al artículo 31 el pago de los alimentos; y este último precepto establece la forma en que puede otorgarse la garantía; pero ninguno de esos preceptos establece que los créditos alimenticios tengan preferencia sobre un crédito hipotecario. Sostener lo contrario, equivaldría a minar y desorganizar el sistema de crédito inmobiliario, y a dar margen a multitud de litigios simulados por alimentos." Por tanto, es inconcuso que la adjudicación del bien raíz del demandando en favor del actor hipotecario, no depara perjuicio alguno al quejoso como acreedor alimentario de este aquél, máxime si se toma en consideración que la inscripción del gravamen hipotecario data del once de febrero de dos mil tres, mientras que la constitución de la garantía de pago de la pensión alimenticia otorgada por el demandado en el juicio especial hipotecario 937/2007, mediante el inmueble hipotecado data del quince de enero de dos mil catorce, esto es, cuando dicho predio fue dado como garantía de pago de las pensiones alimenticias, el mismo ya estaba gravado, sobre lo cual el artículo 2894 del Código Civil para el Distrito Federal, dispone: "Articulo 2,894.- Los bienes hipotecados quedan sujetos al gravamen impuesto, aunque pasen a poder de tercero." Mas aun, no debe soslayarse que mediante sentencia ejecutoriada dictada en el diverso juicio de amparo 762/2016, del índice de este mismo Juzgado de Distrito, se negó la protección de la justicia federal que solicitó el deudor alimentario Armando Rentería López, en contra de todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 937/2007 con motivo de su emplazamiento, al considerarse dicho llamamiento a juicio ajustado a los parámetros de legalidad; de ahí que no puede considerarse al quejoso sino como subrogado a las consecuencias del juicio natural. Es aplicable por identidad jurídica, la tesis aislada VII.2o.C.123 C, que integró el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 1752, del Tomo XXXIII, junio de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "REMATE EN JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO. CARECE DE INTERÉS JURÍDICO QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EN SU CARÁCTER DE ACREEDOR ALIMENTISTA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Atento a lo preceptuado en los artículos 2914 y demás relativos del Código Civil, así como el 451-M del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Veracruz, quien alega violación a la garantía de audiencia en un remate derivado de un juicio hipotecario, debe acreditar que debía ser llamado a éste y, en este tenor, solamente pueden ser requeridos los acreedores con un crédito definido y reconocido. Entonces, cuando el quejoso se ostente como tercero extraño al juicio especial hipotecario, aduciendo inaudición, haciendo depender su derecho en la existencia de inscripción de no movimiento del inmueble hipotecado para proteger sus derechos alimentarios en un juicio ordinario civil, tal supuesto no encuadra en alguna de las hipótesis normativas de los que deben ser llamados a la audiencia de remate, al no tener el carácter de acreedor hipotecario y, por ende, no existe obligación de notificarle de la existencia de la sección de ejecución; de ahí que no acredite su interés jurídico para los efectos del juicio de amparo." En consecuencia, no se advierte que la actuación de la autoridad judicial responsable dentro del juicio hipotecario 937/2007 haya provocado afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso, pues es inconcuso que una eventual sentencia amparadora sólo tendría como consecuencia otorgar al quejoso la oportunidad de que en la audiencia de remate hiciera valer el derecho de pago de las pensiones alimenticias con la prelación que le corresponde, lo que en el caso no acontece al tratarse de una garantía hipotecaria que por su naturaleza y especial regulación, no exige el concurso del acreedor hipotecario para hacer valer su derecho de pago, precisamente por ser considerado preferente por disposición legal, frente a otros de distinta clase. Es aplicable la tesis aislada VI.4o.20 C que integró el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 818, del Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ALIMENTOS, ACREEDOR DE. NO AFECTA SU INTERÉS JURÍDICO LA ADJUDICACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE, EN UN JUICIO HIPOTECARIO EN FAVOR DEL ACREEDOR DE ESTA NATURALEZA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2887 del Código Civil del Estado de Puebla, en tratándose de un crédito hipotecario, el acreedor de esta naturaleza tiene preferencia para el pago de su crédito, sobre cualquier otro acreedor, por disposición de la ley, pues así lo establece dicho precepto; inclusive, no está obligado a entrar al concurso de acreedores, ya que el artículo 2971 del mismo código, define que los acreedores hipotecarios no entrarán en concurso, y pueden deducir las acciones que les competen en virtud de la hipoteca, en el juicio respectivo, a fin de ser pagados con el valor de bienes que garanticen sus créditos; inclusive los acreedores hipotecarios tienen preferencia sobre los créditos de alimentos, porque no existe precepto alguno en contrario, en el que se establezca que los alimentos tienen preferencia sobre cualquier otro crédito. Aún más, por el contrario, en el capítulo de graduación de acreedores que se contiene en el Código Civil en cita (artículos 2959 a 2984), se establece quiénes son los acreedores preferentes, sobre determinados bienes, y se advierte en el artículo 2980 que tienen en primer lugar preferencia los adeudos fiscales, con el valor de los bienes que los hayan causado, y después de otros ocho acreedores preferentes en su orden, aparecen en décimo lugar los créditos anotados en el Registro Público de la Propiedad en virtud de mandamiento judicial por embargos, que es la hipótesis en la cual se ubican los embargos por alimentos, pues el embargo deriva de un mandamiento judicial, sin que interese que sea por alimentos, porque en las ocho fracciones anteriores no aparecen los créditos para garantizar alimentos. Además, para que jurídicamente pudiera admitirse lo contrario, o sea, que los créditos de alimentos tienen preferencia en el pago sobre cualquier otro crédito es indispensable un texto expreso de la ley que así lo establezca, como el referente a los salarios de los trabajadores, o a la protección del patrimonio familiar, que se contienen en el artículo 123, apartado A, fracciones XXIII y XXVIII, de la Constitución. Cabe agregar que el artículo 507 del Código Civil del Estado de Puebla, sólo establece que el deudor alimentario deberá asegurar, conforme al artículo 31 el pago de los alimentos; y este último precepto establece la forma en que puede otorgarse la garantía; pero ninguno de esos preceptos establece que los créditos alimenticios tengan preferencia sobre un crédito hipotecario. Sostener lo contrario, equivaldría a minar y desorganizar el sistema de crédito inmobiliario, y a dar margen a multitud de litigios simulados por alimentos. En conclusión, si el acreedor hipotecario, para hacer efectivo su crédito, no tiene necesidad de llamar al juicio que promueva a otros acreedores interesados, y el acreedor de alimentos no tiene preferencia en el pago, aun cuando tenga, para garantizar los alimentos un embargo en su favor sobre el mismo bien hipotecado; por ende, a éste no le irrogan agravio alguno los actos de adjudicación e inscripción del bien inmueble en el Registro Público de la Propiedad en favor del acreedor hipotecario, decretados en un juicio de esta naturaleza, pues no tiene ningún derecho tutelado por alguna norma legal para poder intervenir en los actos que se realizan en un juicio hipotecario en el que es ajeno, por ende, carece de interés jurídico, por lo que es incuestionable que los actos que reclama no pueden afectar un interés jurídico inexistente, y en consecuencia se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo." Por tanto, al no haber demostrado plenamente la parte quejosa el derecho del que se dice afectada, lo que tampoco se puede deducir con base en presunciones por tratarse de una cuestión que atañe al interés jurídico, a efecto de establecer que el acto reclamado incidió en su esfera jurídica, ello trae como consecuencia la actualización de la improcedencia del juicio invocada, y por consiguiente, lo que procede es decretar el sobreseimiento del juicio, en términos de lo ordenado por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Encuentra apoyo a lo antes expuesto, la tesis VIII.2º. J/14, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado Del Octavo Circuito, visible en la página 43, tomo 69, septiembre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Sirve de apoyo a la anterior determinación, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J.1/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." También tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 853, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, página 581, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de garantías 733/2017, promovido por Edgar Antonio Rentería Ramos, por su propio derecho, en contra de la autoridad y actos que precisados en el considerando segundo, y por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó el requerimiento formulado mediante proveído de treinta de noviembre del presente año, en el sentido de que manifestara si era su deseo señalar como nueva autoridad responsable al Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad; por ello, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia, y al efecto continúese el trámite del presente juicio únicamente respecto de los actos y autoridades señalados en el escrito inicial de demanda. Notifíquese.

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