Edgar Antonio Santiago

Expediente 245/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
245/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
30/06/2017

Partes del expediente

  • Edgar Antonio Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de veinte de junio de dos mil diecisiete (fojas 16-17), mediante el cual se tuvo por no presentada su demanda amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de les expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción 1, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción 1, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se advierte que Edgar Antonio Santiago, no cumplió dentro del plazo de cinco días hábiles que se le concedió para tal efecto, con el requerimiento formulado en auto de ocho de junio de dos mil diecisiete, por el que se le previno para que aclarara su demanda de amparo; no obstante haber sido legalmente notificado para ello, el nueve del mes y año en curso, según se desprende de autos (foja 14). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por Edgar Antonio Santiago, contra actos del juez de Control del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, y de otras autoridades. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. Por último, hágase saber a la parte quejosa que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, /a unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición i puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8° para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista a la parte quejosa, como se encuentra ordenado en proveído de ocho de junio de dos mil diecisiete (fojas 12¬13).

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Edgar Antonio Santiago, contra actos del juez de Control del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, y de otras autoridades; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora, a fin de proveer lo que conforme a derecho proceda respecto de su admisión o no, con fundamento en los artículos 112, 114, fracción IV y V en relación con el 108, fracción III y IV, 110, primer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, con el número de copias suficientes, una para cada una de las autoridades que señala como responsables, una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, y dos más para el incidente de suspensión respectivo, regularice su demanda en los siguientes términos: 1. Aclare si señala también como acto reclamado la orden de detención, y de ser así a qué autoridad le atribuye tal acto, toda vez que en el capítulo correspondiente señala como tal "la posible orden de aprehensión a ejecutar fuera de todo procedimiento...", y en el capítulo de los antecedentes de los actos reclamados, refiere "1.- Manifiesto a usted que el suscrito Quejoso no ha cometido delito alguno que merezca sanción corporal, sin embargo la Autoridad Ordenadora, presumiblemente ha dictado orden de detención en mi contra, misma que tratan de consumar las Autoridades Ejecutoras, ya que los Agentes Estatales de Investigación han hecho rondines por el domicilio del Quejoso, con el propósito de privarme de mi libertad sin expresar el motivo que tengan para ello, pasando lentamente en su vehículo oficial por el domicilio del suscrito, por lo que tenido (sic) la necesidad de mantenerme oculto en mi domicilio y derivado de ello me veo obligado a promover la presente demanda de AMPARO..." 2. Aclare la denominación exacta de las autoridades que señaló corno Agencia Estatal de Investigaciones, Policía Preventiva Estatal, y Policía Municipal, residentes en Matías Romero, Oaxaca, toda vez que tales denominaciones corresponden a una dependencia gubernamental; sin embargo, las citadas dependencias actúan a través de diversos servidores públicos. Cabe aclarar que, una dependencia gubernamental, por regla general, está conformada por una serie de órganos de autoridad, integrados en una organización con distintos niveles de jerarquía y con ámbitos de competencia establecidos en reglamentos interiores o manuales de organización, con la circunstancia de que por sus funciones, no todos ellos reúnen los requisitos para ser considerados corno autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior, es una carga procesal que el artículo 108, fracción III y IV, de la Ley de Amparo, imponen a la parte quejosa de designar con claridad a la autoridad o autoridades responsables, y de señalar nítidamente el acto que de cada una de las autoridades reclame, y exhibir sendas copias para correr traslado a cada una de las demás partes en el juicio, a fin de que este tribunal esté en condiciones de dirigirse a ellas para solicitarle su informe justificado. En el caso de que señale a varios servidores públicos, deberá exhibir copia de la demanda para cada uno de ellos. 3. Exhiba dos copias más de su escrito de demanda, toda vez que únicamente exhibió seis, siendo que en el caso son necesarias ocho, a distribuir de la siguiente manera: dos para formar el incidente de suspensión; una para cada una de las autoridades que señala como responsables, y una más para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Sin que obste el anterior requerimiento, que en el caso se trate de asunto donde se reclama una orden de aprehensión y su ejecución, dado que de la lectura integral de la demanda de amparo, no se advierte que el quejoso esté en condiciones de pobreza o marginación, y que por ello se encuentre en clara desventaja social para emprender el proceso constitucional, y que por ello, no deba aplicársele la regla general contenida en el párrafo segundo de la fracción V del arábigo 114 de la Ley de Amparo; pues como ya se dijo, de la demanda de amparo no se advierte que se encuentre en tal supuesto, por ello es dable el requerimiento antes formulado. Apercíbase a la parte quejosa que de no cumplir con el requerimiento que en este auto se le formula, o de no exhibir las copias requeridas de su escrito aclaratorio, dentro del plazo que se le ha concedido, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente. Criterio jurisprudencial aplicable al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Como el quejoso señala los estrados de este juzgado, como domicilio para oír y recibir notificaciones, y los artículos 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en este juzgado; por consiguiente, por ser esa la voluntad del quejoso y estar ajustada a derecho, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en este asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Asimismo, téngase por autorizado con todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Daniel Cruces Álvarez y Gabriela Hernández Iglesias, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a las restantes personas que refiere, toda vez que no acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogados o licenciados en derecho, circunstancia a la cual están obligados en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia penal, aunado a que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no se encontró registro alguno a su nombre en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, lo mismo que en los Libros de Registros de Cédulas Profesionales que se llevan en este juzgado.

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