Edgar Casique Ordaz
Expediente 86/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 86/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Edgar Casique Ordaz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de los autos y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de dos de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó de plano su demanda de garantías, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción I del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo de cuenta que promueve EDGAR CASIQUE ORDAZ, contra actos del Juez de Garantía en Materia Penal, con sede en esta ciudad y otras autoridades; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora bien, es menester señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, primeramente se analizará si la demanda de amparo está afecta a alguna de las causales de improcedencia que previene el artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, por disposición de su artículo 62 que dice: .. La recta intelección de los preceptos legales transcritos, debidamente correlacionados en su aspecto integral, conducen a concluir que el plazo genérico con que cuenta un gobernado que se siente agraviado por un acto de autoridad, para reclamarlo en la vía de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; con la consecuencia procesal que de no hacerlo dentro del indicado plazo, entonces el juicio de amparo resultará improcedente por haberse consentido tácitamente el acto. Sentada la premisa de que para la procedencia del ejercicio de la acción constitucional, se requiere que ésta se promueva dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se concluye que el amparo pedido por el quejoso EDGAR CASIQUE ORDAZ, contra los actos reclamados señalados en su demanda de amparo, resulta improcedente en términos de los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por haberse promovido la demanda de amparo fuera del plazo de quince días, siguientes al día en que el quejoso se hizo sabedor del acto reclamado. Al respecto, de un análisis al libelo de garantías, se advierte que en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, el promovente refirió bajo protesta de decir verdad: "2.- Hago mención a esta autoridad federal que con fecha veintiocho de junio del 2012, la autoridad aquí responsable Juez de Garantías de Salina Cruz Oaxaca, dictó en mi contra la ORDEN DE APREHENSION dentro de la causa penal número 210/2012, razón por la cual al considerar que dicha resolución era violatoria de mis derechos humanos, promoví un juicio de amparo indirecto, mismo que le tocó conocer al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, dentro del expediente de amparo de número 1104/2011, mismo juicio que fue declinado por incompetencia y fue radicado en la población de Salina Cruz Oaxaca bajo el número de amparo 81/2013, donde se resolvió parcialmente favorable para el suscrito y se me concedió el AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNION, pero únicamente para el efecto de que la responsable Juez de garantías de Salina Cruz Oaxaca, dejara insubsistente la orden de aprehensión dictada en mi contra con fecha veintiocho de junio de 2012 y en su lugar dictara una nueva resolución con libertad de jurisdicción de manera fundada y motivada, aclarando que dentro de dicho juicio de garantías aquí señalado únicamente se hizo un estudio de fundamentación sin poder en ese momento llevar a cabo el estudio de forma y fondo planteado por el suscrito. Es el caso como ya lo he precisado nuevamente la responsable juez de garantía de esta población de Salina Cruz Oaxaca dicta con fecha DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL TRECE orden de aprehensión en mi contra dentro de la causa penal número 210/2012 tramitada ante ese Juzgado, donde argumenta tener por acreditados los lineamientos exigidos por el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en consecuencia me considera PROBABLE RESPONSABLE de la comisión de delito de HOMICIDIO CULPÓSO Y LESIONES CULPOSAS por tránsito de vehículo lo cual considero violatorio de mis garantías constitucionales, por lo que recurro ante usted mediante el presente juicio." Ahora, de las constancias que integran el juicio de amparo 81/2013, las cuales fueron consultadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal como se advierte de la certificación de cuenta, se encuentran el oficio número JGSC/461/2013-J, signado por el Juez de Garantía de esta ciudad, con el cual cumple con la ejecutoria de amparo y remite copia certificada de la orden de aprehensión dictada el diez de junio de dos mil trece, contra EDGAR CASIQUE ORDAZ, como probable responsable en la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas, el primero cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de JULIO CESAR REYES GUTIÉRREZ y el segundo en agravio de RAÚL CRUZ CRUZ y SERGIO REYES GUTIÉRREZ, dentro de la causa penal 210/2012 de su índice; de igual manera, existe el acuerdo de doce de junio de dos mil trece, del que se advierte se ordenó dar vista al aquí quejoso EDGAR CASIQUE ORDAZ, por el plazo de tres días, con la documental remitida por la autoridad responsable, quedando notificado el trece siguiente. Por lo que mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil trece, se dictó el acuerdo correspondiente al cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en dicho juicio, sin que el quejoso realizara manifestación alguna; finalmente se ordenó el archivo del juicio de amparo el siete de enero de dos mil catorce; en consecuencia, se ordena agregar a los autos las constancias relativas del expediente de referencia, para ser invocadas como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y tesis XIII.3o.4 K, sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 2679, materia Común, Tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: .. De lo anterior, es claro que el trece de junio de dos mil trece (fecha posterior a la emisión del acto reclamado), el quejoso tuvo conocimiento de la orden de aprehensión dictada el diez de junio de dos mil trece, toda vez que es la fecha con la cual se le notificó y dio vista con dicha orden de aprehensión, sin que realizara manifestación alguna. En ese tenor, al existir las constancias ya mencionadas así como de las manifestaciones realizadas por el quejoso en su demanda de amparo, las cuales realizo bajo protesta de decir verdad, en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, párrafo segundo, constituye una confesión expresa del quejoso, respecto del conocimiento de la fecha de la emisión del acto reclamado, resulta evidente que, la acción constitucional entablada en contra de los actos reclamados, resulta improcedente de conformidad con lo señalado por los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la nueva Ley de Amparo. Se considera así, en la medida que, el plazo de quince días con que contaba el quejoso para promover demanda de amparo en contra de los actos reclamados, empezó a transcurrir a partir del día hábil siguiente en que tuvo conocimiento de la existencia de los actos reclamados, esto es, el diecisiete de junio de dos mil trece y feneció dicho plazo el cinco de julio de ese mismo mes y año, sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de junio de dos mil trece, por ser inhábiles. De lo anterior, se sigue que, si el agraviado hasta el uno de marzo de dos mil diecisiete, promovió demanda de amparo contra los actos reclamados, resulta claro que, el plazo de quince días que tenía para ello, transcurrió en exceso, pues como se dijo, tuvo hasta el cinco de julio de dos mil trece, para presentar su demanda de amparo. .. Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 17, 61, fracción XIV, y 217 de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve contra actos del Juez de Garantía en Materia Penal, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Como la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, y el artículo 29 de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publican en los estrados del Juzgado; por consiguiente, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aun las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdo. Por otra parte, se tiene a LEONCIO VICTOR SANTIAGO SANTIAGO, MARICELA MORALES MENA y CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ ESTRADA, como autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos toda vez que no se encuentran registrados en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, tal como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo. Hágase saber a las partes que el presente auto y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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