Edén López Mendoza
Expediente 468/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 468/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Edén López Mendoza
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de la autorizada del quejoso Edén López Mendoza, ..., devuélvase a la promovente, las documentales que señala en su ocurso, mismas que obran a fojas ...; lo anterior, previa copia autorizada que de las mismas se deje en autos, identificación del promovente y toma de razón que de su recibo se glose al presente expediente.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 1603/2018, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual informa que el recurso de queja 16/2018, se turnó a la ponencia de la licenciada Ángela Moreno González, secretaria en funciones de magistrada, para que formule el proyecto de resolución que corresponda. Así también informa que la Comisión de Adscripción, en sesión ordinaria de diez de enero citado, por unanimidad de votos aprobó el dictamen mediante el cual se determinó la comisión temporal de la magistrada Dalila Quero Juárez, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, a ese Tribunal Colegiado, en sustitución de la magistrada Rosa Iliana Noriega Pérez (toda vez que dicha Comisión aprobó por unanimidad, su cambio de ponencia a la plaza de la que era titular la magistrada María de Fátima Isabel Sámano Hernández), en la plaza de la que es titular el magistrado Constancio Carrasco Daza, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho, por el término de seis meses o hasta en tanto lo determine el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por lo tanto, llegada la citada fecha de incorporación a ese Tribunal de la mencionada magistrada Dalila Quero Juárez, el asunto quedará a su cargo, para que formule el proyecto de resolución que corresponda.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 75/2018, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del oficio 3757, con el que se rindió informe en relación al recurso de queja interpuesto por el quejoso Edén López Mendoza, en contra del proveído de siete de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 28-34), y se le remitió un cuadernillo de copias certificadas deducidas de este juicio de amparo 468/2017; mismo que informa fue admitido y quedó registrado con el número 16/2018. Por otra parte, como lo solicita la Superioridad, remítasele copia certificada del proveído de quince de diciembre de dos mil diecisiete (foja 55), en el que se tuvo por interpuesto el recurso de queja.
- Principal
Agréguese el escrito de Edén López Mendoza y anexo que acompaña, con el cual desahoga el requerimiento formulado mediante proveído de cuatro de diciembre del año en curso (fojas 20-21). Ahora, vista la demanda de amparo que promueve Edén López Mendoza y el escrito de cuenta, contra actos del Superintendente de Zona Tehuantepec, División Sureste de la Comisión Federal de Electricidad y el agente Comercial de Salina Cruz, Oaxaca, División Sureste de la Comisión Federal de Electricidad; a efecto de acordar lo que en derecho corresponda respecto de la admisión o desechamiento de la presente demanda, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. De dicho precepto se advierte que este órgano jurisdiccional se encuentra facultado para desechar la demanda de amparo cuando, al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia VI.2o.J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número ochenta, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, octava época, página sesenta y cuatro, cuyos rubro y texto son: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo. En este sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados al Superintendente de Zona Tehuantepec, División Sureste de la Comisión Federal de Electricidad y el agente Comercial de Salina Cruz, Oaxaca, División Sureste de la Comisión Federal de Electricidad. En efecto, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio que prevé el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1º, fracción I, de la propia ley de la materia, toda vez que no le reviste el carácter de autoridad responsable a las señaladas en el párrafo que antecede. El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El primero de los numerales transcritos, instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, es decir, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que, señala en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 61 de la Ley de la materia; por lo cual, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. De igual manera, la fracción I del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Asimismo, el artículo 1° de la Ley de Amparo dispone: Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales;[.] Ahora, la fracción I del artículo 103 constitucional, establece la facultad de los tribunales federales para conocer y resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad, que transgredan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección, por la Constitución, así como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el artículo 1º de la Ley de Amparo, fracción I, estatuye que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De los artículos invocados se advierte que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad, que violen los derechos humanos del quejoso; y si bien es cierto, la fracción II, párrafo segundo del numeral 5° de la Ley de Amparo, dispone que para los efectos de dicha legislación, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos humanos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, se estima que, en el caso, el acto reclamado no reviste esas características. En efecto, el juicio de amparo constituye un medio de control extraordinario, que se inicia mediante la acción de una persona física, jurídico colectiva, e incluso oficial, por sí o en representación de persona diversa, contra leyes o actos de autoridad, ante la posible transgresión de sus derechos fundamentales, estatuidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, del cual, por razón de competencia, conoce un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, que tiene como objeto la calificación de la constitucionalidad de tales actos o leyes, con la finalidad de la restitución en el goce de sus derechos fundamentales, atendiendo para su procedencia a los artículos 103 y 107 de la norma suprema, así como los principios rectores del procedimiento del amparo, establecidos en la propia ley de la materia. Ello, en el entendido que autoridad es el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. En otras palabras, autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias, de imperio y coercitivas, que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Así, resulta indispensable establecer las características que reviste un acto de autoridad. Para ello, se atiende a la clasificación que la teoría general del derecho hace de: Las relaciones jurídicas de coordinación; Las de supra a subordinación; y, Las relaciones jurídicas de supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de vínculos se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio estado, en las que éstos actúan en un plano de superioridad, por encima de los particulares, los cuales se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. Conforme a lo anterior, para entender el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas señaladas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Con motivo de esa relación emite actos unilaterales, a través de los cuales, crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, que afectan la esfera legal del particular. d) Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Todo acto de autoridad es unilateral, imperativo y coercitivo. Así, el acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa "motu proprio"; es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente y es coercitivo puesto que a través de la infraestructura del estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público; circunstancia que no acontece con la emisión de los avisos recibo, pues la nota distintiva del concepto jurídico de "autoridad responsable" consiste en el ente público que actuando unilateral y obligatoriamente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, visible en la página 1089, del tenor siguiente: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, la parte quejosa atribuyó al Superintendente de Zona Tehuantepec, División Sureste y del Agente Comercial de Salina Cruz, Oaxaca, División Sureste, ambos de la Comisión Federal de Electricidad, la orden de corte del suministro de energía eléctrica contenida en el aviso recibo correspondiente a la cuenta 25DK14D092510130 y número de servicio 721110340221, la ejecución material de dicha orden en su domicilio particular y el cálculo arbitrario del monto a pagar; sin embargo, se advierte que el actuar de dichas responsables no se encuentra revestido de imperio frente al particular, porque el acto impugnado carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad. Lo anterior, porque en la emisión de los actos materia del presente asunto, las responsables dependientes de la Comisión Federal de Electricidad, no actúan en calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma de carácter general; por lo que si su actuación no está regulada en ninguna ley, ni existe una relación de supra subordinación, sino que su interactuación con la parte quejosa lo es atendiendo a la libre autodeterminación de su voluntad, basada en el contrato de suministro de energía eléctrica, es evidente que no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. A fin de evidenciar lo anterior, se precisa cuál ha sido el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al carácter que ostenta la Comisión Federal de Electricidad en tratándose de la prestación del servicio de energía eléctrica. En ese sentido, tenemos que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J.167/2011 (9a.), de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL AJUSTE EN EL MONTO DEL CONSUMO DERIVADO DE ÓRDENES DE VERIFICACIÓN, COBRO O CORTE DE DICHO SUMINISTRO Y SU EJECUCIÓN, NO SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN O DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ACLARACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J.167/2011 [9a.])"; dijo que la determinación de ajuste en el monto del consumo de energía eléctrica efectuada por la Comisión Federal de Electricidad con motivo de la verificación a los medidores, las órdenes de verificación, cobro o corte del suministro de dicho fluido y su ejecución, así como el aviso recibo expedido por concepto de suministro eléctrico, no son actos de autoridad, pues la relación jurídica entre los particulares como usuarios del servicio de energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad quien presta dicho servicio, no son de supra a subordinación, sino de coordinación. Idéntico sentido sostuvo al emitir la jurisprudencia 2a./J.168/2011 (9a.), de epígrafe: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACIÓN QUE EMITE EN RELACIÓN CON LA RECLAMACIÓN FORMULADA CONTRA UN AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA , del contenido de dicha jurisprudencia se tiene que en esencia consideró que el aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica, inclusive cuando contenga una advertencia del corte del servicio, no constituye acto de autoridad, toda vez que su origen se encuentra en un acuerdo de voluntades entre particulares, naturaleza que no varía cuando se resuelve la aclaración que se formule en relación con dicho recibo. Criterio que reiteró en las jurisprudencia 43/2014 (10a.) y 44/2014 (10a.), de rubros: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) y COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) , en donde precisó que, en tratándose de la determinación y cobro del servicio de suministro de energía eléctrica, corte o suspensión del fluido por falta de pago oportuno, la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, debido a que dichos actos derivan de la relación contractual entre la compañía abastecedora y el usuario. Posteriormente, con la emisión de la tesis 2a.CVI/2014 (10a.), de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OTORGA EN EXCLUSIVA, PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMEN NORMAS GENERALES [INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.) (*)] , así como la diversa 2a. CVII/2014 (10a.), de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO DEBEN CONSIDERARSE COMO CELEBRADOS ENTRE PARTICULARES, SINO COMO VERDADEROS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" , la Segunda Sala interrumpió las tesis de jurisprudencia citadas en el rubro del primero de los criterios citados, señalando que la Comisión Federal de Electricidad es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, es un ente del Estado que tiene a su cargo la distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva; por lo que todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, por lo que contra los mismos, procede el recurso de revisión, previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o el juicio de nulidad; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales. Mientras que del contenido de la segunda tesis citada señaló que en la suscripción del contrato de suministro de energía eléctrica no existe un plano de igualdad y, por ende, no se genera una relación de coordinación, razón con base en la cual, concluyó que los acuerdos de voluntades deben considerarse como verdaderos contratos administrativos. Por último, en oposición a los criterios y razonamientos citados en los dos párrafos precedentes, la Segunda Sala emitió la tesis 2a.XLII/2015(10a.), que reza: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común . Con base en el criterio anterior es dable sostener que además de que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país abandonó la idea de que los contratos celebrados entre los usuarios del servicio de energía eléctrica y la empresa suministradora constituyen contratos administrativos y sostener que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad son impugnables en la vía ordinaria mercantil, en dicha tesis se precisó, sin lugar a dudas, que los actos jurídicos celebrados con tal motivo son diversos a los de una autoridad para efectos del juicio de amparo; de ahí que, se reitere, el Superintendente de Zona Tehuantepec, División Sureste y Agente Comercial de Salina Cruz, Oaxaca, División Sureste, ambos de la Comisión Federal de Electricidad, no son autoridades para efectos del amparo. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción II de la propia ley, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la presente demanda de amparo, por ser manifiesta y notoria la causa de improcedencia señalada.
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