Edgar A. Garcia Ariza

Expediente 1223/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1223/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Edgar A. Garcia Ariza
  • Eduardo Garcia Sanchez
  • Juez de Control, Juicio Oral Y Ejecucion de Sanciones de Primera Instancia del Unico Distrito Judicial Con Sede En Cuautla, Morelos, Maestro En Derecho Tomas Mateo Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, la suspensión definitiva se determinó negarla. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Eduardo A. García Ariza y Eduardo Garcia Sánchez solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de Primera Instancia del Único Distrito Judicial con sede en Cuautla, Morelos. Acto reclamado. ".orden contenida en el acuerdo de fecha trece de noviembre de dos mil veinte dictado en el expediente JCC/234/2020, en el cual se ordena llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación, vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares." SEGUNDO. El dieciocho de diciembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1223/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que los promoventes del amparo reclaman de la autoridad responsable la orden de citación de trece de noviembre de dos mil veinte, así como la posterior de quince de febrero de dos mil veintiuno, ya que fue la misma determinación, simplemente se señaló una nueva data. TERCERO. Análisis de la existencia del acto reclamado. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable denominada Juez de Primera Instancia, de Control, de Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañaron; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia y en consecuencia el sobreseimiento a que se refieren las fracciones XXI, del artículo 61, y 63, fracción V de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". De la trascripción se colige que el juicio biinstancial es improcedente cuando los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos y legítimos de las partes; asimismo, se advierte que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante su tramitación sobreviene alguna causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues a ninguna finalidad práctica llevaría el ejercicio constitucional cuando el acto que reclama el impetrante en esta sede no le cause perjuicio alguno. En el presente caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que a criterio de este juzgador, la citación girada, dentro de la causa penal JCC/234/2020, por la probable comisión del delito de fraude, no afecta directamente la esfera jurídica del quejoso. En efecto, el artículo 5° de la Ley de Amparo prevé que el quejoso tiene ese carácter cuando aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que la norma, acto u omisión reclamada afecte de manera real y actual su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en razón de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, en el presente caso, para acreditar el interés jurídico del quejoso respecto de la citación que reclama, se requiere la existencia del perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular, de forma que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto que se reclama. Es este principio el que inspira la noción de "interés jurídico", el cual constituye el requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que está conformado en primer lugar por la existencia de un derecho legítimamente tutelado y, por otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione a tal derecho. Así pues, hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal a exigir de la autoridad una conducta determinada, sea de acción u omisión, es decir, que el interés jurídico reputado como un derecho reconocido por la ley no es sino lo que la doctrina jurídica reconoce con el nombre de derecho subjetivo, o lo que es lo mismo, la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. Más aún, debe decirse que, para que la acción constitucional proceda no basta que exista el acto reclamado, sino que se requiere que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos tutelados, siendo necesario que tal interés descanse en un derecho reconocido por la ley. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el quejoso reclama la citación a audiencia de formulación de imputación, dentro de la causa penal JCC/234/2020, por la probable comisión del delito de fraude. En primer término, es menester citar lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), con registro digital 2018828, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Por tanto, atendiendo a dicho criterio, se estima que la orden de citación para que los quejosos comparezcan ante el Juez responsable para la celebración de la audiencia de imputación dentro de la causa penal de origen, es un acto de comunicación, fuera de juicio, que no afecta la esfera jurídica del justiciable, al no ser en sí misma violatoria de sus derechos humanos, pues, se repite, el imputado tiene la facultad de decidir si asiste o no a la audiencia a la cual fue citado, y si lo hace, puede abstenerse de declarar, sin que ello resulte incriminatorio, en términos del principio de presunción de inocencia, máxime que como lo sostuvo el Máximo Tribunal del País en la ejecutoria analizada, dicho acto no afecta la libertad personal del quejoso; por ende, es dable concluirse que no le irroga ningún perjuicio que le otorgue procedencia al presente juicio de amparo Por lo anteriormente fundado y expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eduardo A. García Ariza y Eduardo Garcia Sánchez, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy veintinueve de julio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Cuautla, Morelos, mediante el cual informa que la fiscalía retiró su petición de formular imputación contra Edgar A. García Ariza y Eduardo García Sánchez, por el motivo que ahí expone. En tales condiciones, fórmese el cuadernillo correspondiente y agréguese al mismo para que obre como corresponda el oficio de cuenta; visto su contenido, póngase a la vista del secretario encargado de elaborar el proyecto de resolución, toda vez que el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Estado; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se imponga de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecidas a favor de la autoridad de mérito las pruebas documentales que anexa y el DVD, mismas que se desahogaran por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

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