Eder Jesís Domínguez Perez

Expediente 454/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
454/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • Eder Jesís Domínguez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de veintitrés de junio de dos mil veintidós, en los autos del conflicto competencial 20/2022 signado por el Secretario adscrito al Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el cual determinó lo siguiente: "ÚNICO. Es competente el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para seguir conociendo de la demanda amparo materia del juicio de amparo indirecto 697/2022 de su índice.". Sin que sea necesario acusar recibo. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso k) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se resolvió el conflicto competencial formulado por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que, en el término de tres días, contados a partir del momento en que queda legalmente notificada del presente proveído, remita copia íntegra y certificada de la resolución que emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de mayo de dos mil veintidós Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el Apoderado Legal de Teléfonos de México, Sociedad Anónima, Bursátil de Capital Variable , mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos; al respecto, se le tiene por hecha la comunicación aludida. Por cuanto al domicilio que proporciona, resérvese lo relativo hasta en tanto obre en autos la totalidad de la información requerida a las diversas dependencias morales oficiales. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a doce de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 24304/2022 con anexo del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en le Ciudad de México, mediante el cual remite el juicio de amparo 697/2022, promovido por Yasmin Rosales Muñoz, a nombre de Gabriela Pérez García, como representante del menor de iniciales E.J.D.P., mismo que contiene el proveído de fecha cinco de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, y en su lugar declina la competencia en favor del Juez de Distrito en turno en esta entidad federativa, de conformidad con los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo; al respecto, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda; ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en los citados ordinales, se procede a determinar sobre la competencia de este Juzgado para conocer de los actos reclamados por la peticionaria de amparo. Ahora bien, de una lectura integral de la demanda se advierte que la promovente señala, únicamente, como autoridades responsables, tanto ordenadoras como ejecutoras, con residencia en la Ciudad de México. Y como acto reclamado, en esencia: La omisión de llevar a cabo el registro y la aplicación urgente de la vacuna contra el Virus SARS-COV-2 Pfizer BioNtech al menor de iniciales E.J.D.P. Actos que considera el juez declinante, tendrán ejecución material en el Estado de Morelos, ya que estima, que el menor quejoso, tiene su domicilio en el esta entidad federativa, derivado de los documentos que anexa a su demanda. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, todos de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, NO ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por el juez oficiante; lo anterior en base a las siguientes consideraciones: En efecto, los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Ahora bien, al caso es dable destacar, que de una lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa tiene su domicilio en la Ciudad de México, pues así fue manifestado y precisado en su escrito inicial de demanda, bajo protesta de decir verdad, al dar cumplimiento a uno de los requisitos establecidos por el ordinal 108 de la Ley de Amparo; tan es así que fue deseo de la promovente presentar su demanda en dicha Ciudad. Asimismo este Juzgado Federal considera que, no se desprende, como lo menciona el Juez que previno, que, ".la afectación a los derechos fundamentales a la salud y al bienestar social que claramente se actualizan en la demarcación territorial en la que se encuentra el domicilio de la parte quejosa- Jiutepec, Morelos., pues es en dicho lugar en el que se ejecutaran los actos reclamados." Pues se estima, que el acto reclamado destacado, consistente en la omisión de llevar a cabo el registro y la aplicación urgente de la vacuna contra el Virus SARS-COV-2 Pfizer BioNtech al menor de iniciales E.J.D.P. de la que se duele la parte quejosa, puede tener ejecución en su domicilio ubicado en Calle Bucareli número 22 y 24, Colonia centro, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06040 de la Ciudad de México; es decir, no puede tener ejecución en esta entidad federativa, sino que debe llevarse a cabo la misma en la capital del país, donde la impetrante del amparo aduce, tiene su domicilio y en donde hace referencia se le notifique, por tratarse de un menor en extrema vulnerabilidad. Además, de las constancias que obran en autos y con las que se apoya el Juez declinante para afirmar que el menor quejoso tiene su domicilio en el Estado de Morelos, no se comparte dicha situación, ya que por un lado la primera de ellas se trata del acta de nacimiento del menor quejoso fechada en el dos mil catorce, y la diversa de una constancia de incapacidad del año dos mil diecinueve, sin que de las mismas se desprenda categóricamente que actualmente el menor quejoso, tenga su domicilio en esta entidad federativa; ya que, de lo que si se tiene certeza, es que la peticionaria de amparo afirmó tener su domicilio en la ciudad de México, tan es así, que fue en dicho lugar donde presentó su demanda; y si tomamos además la situación vulnerable de su menor hijo, y las manifestaciones vertidas de su parte en la demanda de amparo; con mayor razón se afirma que lo que menos quiere la promovente es mover a su hijo de un lado a otro y busco presentar su demanda en el lugar más cercano a su domicilio a fin de conseguir el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, es indudable que se surten los extremos de competencia al juez declinante, al ser ante él ante quien que se presentó la demanda de amparo promovida por la quejosa, tal y como lo establece el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ello aunado además al hecho de que incluso, no fue señalada ninguna autoridad ejecutora como responsable que tenga residencia en esta entidad federativa. Por ello se estima que el Juez de Distrito que debe conocer, y en su caso resolver sobre la demanda de amparo, es el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. A mayor abundamiento, cabe precisar que el hecho de que se tramite el juicio promovido por el quejoso en el lugar de residencia de las autoridades señaladas como responsables, y que además es el lugar donde tiene su domicilio la promovente, tiene evidentes ventajas, toda vez que evita dilaciones procesales en detrimento de lo establecido por el ordinal 17 constitucional, ello derivado de las notificaciones que en su momento se llevaran a cabo en el juicio a las citadas autoridades, que por estar en su jurisdicción, se podrán realizar de manera más ágil y por ende, se podrá llevar a cabo la integración del citado expediente de manera más eficaz, lo que conllevara que se resuelva de manera pronta la demanda de amparo formulada por la peticionaria de amparo; aunado al hecho de que se le facilita el acceso a la justicia, ello tomando una interpretación conforme y pro persona del artículo 37 de la Ley de Amparo, aunado a la situación vulnerable de su menor hijo. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razones, la tesis consultable en la página 983, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. TRATÁNDOSE DE LA EJECUCIÓN DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EN DIVERSAS ZONAS CONURBADAS, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Cuando dos juzgadores federales entran en conflicto competencial por razón de territorio, y se advierte que en ambas demarcaciones podría llevarse a cabo la captura del quejoso por incluir lugares o zonas del desenvolvimiento personal y laboral cotidiano de éste, dada la jurisdicción territorial de cada uno de los contendientes y las facultades de las autoridades involucradas, podría comenzar a ejecutarse el acto reclamado en cualquiera de sus ámbitos competenciales, al tratarse de las llamadas zonas conurbadas de las grandes ciudades o urbes colindantes; por lo que de una interpretación sistemática, progresiva, teleológica e integral del artículo 36 de la Ley de Amparo, en relación con el 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela la pronta impartición de justicia, en casos como éste, ante la falta de datos que hagan aplicable otra regla específica, es posible, incluso por igualdad de razones, acudir al criterio de prevención inicial como forma alternativa de resolver el conflicto, designándose al Juez de Distrito que previno para fincar en su favor la competencia respectiva y así evitar la gestión de conflictos competenciales innecesarios que redundan en perjuicio de la pronta y expedita administración de justicia." Lo anterior es así, máxime que en caso de duda del domicilio del menor quejoso y señalamiento en su caso, de autoridades ejecutoras, se pudo haber prevenido a la promovente a fin de contar con mayores elementos para resolver en relación a la competencia plateada, ello acorde a al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1ª./J.52/2013 (10ª.), publicada en la página 383, del Seminario Judicial de la federación y su Gaceta, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, materia común décima época, con el rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE.-Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En ese sentido, es inconcuso que este juzgado federal con residencia en Cuernavaca, carece de competencia para conocer del juicio de que se trata, pues, se estima, no se actualiza el supuesto competencial hecho valer por la autoridad declinante. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo, NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA planteada por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en le Ciudad de México; por ello, sin proveer trámite alguno, devuélvase la demanda al juez que previno, para los efectos legales consiguientes; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Con copia de la demanda y demás constancias que se estimen necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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