Eder Rafael Cuevas Rodríguez
Expediente 1293/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1293/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Eder Rafael Cuevas Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que en el presente juicio que se revisa, se observan motivos de improcedencia que reúne las características de notoriedad suficientes para que se dicte el sobreseimiento fuera de audiencia, al ser este un motivo manifiesto e indudable. Para puntualizar lo anterior, se indica que la parte quejosa ********************, en su carácter de Procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF Morelos, reclamó en el presente juicio de amparo la resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, mediante la cual se resolvió desechar de plano el recurso de revocación interpuesto dentro de la causa de ejecución ********************. Ahora, debe señalarse que la autoridad responsable al rendir su informe con justificación señaló lo siguiente: ". * Con fecha nueve de agosto del año dos mil veintitrés, se dictó acuerdo por medio del cual se citó a las partes para la Audiencia de Cumplimiento de medida sancionador, en relación a la causa de ejecución ********************, señalándose las trece horas con treinta minutos del día once de agosto del año en curso, acuerdo en donde se solicitó, girar oficio al Procurador de Protección de niños, niñas, adolescentes y la familia del Estado de Morelos, a efecto de que designara un representante del sistema para que representara al sentenciado ********************. El once de agosto del dos mil veintitrés, tuvo verificativo la Audiencia de cumplimiento de la medida sancionadora, dentro de la carpeta ********************, sin embargo no compareció representante alguno de la Procuraduría de Protección de niños, niñas, adolescentes y la familia del Estado de Morelos, a pesar de encontrarse debidamente notificado. El catorce de agosto del año en curso, se recibió en este Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, oficio número ********************, signado por el licenciado ********************, Procurador de Protección de niños, niñas adolescentes y familia de sistema DIF Morelos, por medio del cual designa a los licenciados en derecho ********************, ********************, ******************** y ********************, ello para que brindar la representación coadyuvante o en suplencia en favor de niños, niñas y adolescentes de manera conjunta o indistintamente como representantes coadyuvantes del sentenciado, señalando que en caso de que el sentenciado ya no sea niño, niña o adolecente corresponderá a otro instancia ejercer la asistencia de este, toda vez que tendrían una imposibilidad jurídica. Con data dieciséis de agosto del año dos mil veintitrés se dictó acuerdo, por parte del Juez de Ejecución, en atención al oficio número ********************, por medio del cual entre otras cosas se señala que es improcedente su solicitud en que sea otra autoridad quien ejerza la representación en suplencia o coadyuvancia a favor del joven adulto, solo por ser mayores de edad, ello en atención a que la carpeta ********************, se encuentra en etapa de ejecución. Con data veintiuno de agosto del año dos mil veintitrés, el licenciado ********************, Procurador de Protección de niños, niñas, adolescentes y familia de sistema DIF Morelos, presentó RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra del auto dictado el dieciséis de agosto del año en curso. Por ende, el veintitrés de agosto del dos mil veintitrés, se resolvió el recurso de revocación desechándose de plano por ser notoriamente improcedente, confirmándose el acuerdo de dieciséis de agosto del año en curso." Posteriormente, el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, en la referida audiencia se resolvió desechar el recurso de revocación interpuesto, sin que pase por desapercibido que el once de agosto de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia de cumplimiento de la medida sancionadora sin que haya comparecido representante alguno de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas, Adolecentes y la Familia del Estado de Morelos. De lo anterior, se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, 5, 6 y 7, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la parte quejosa carece de legitimación para impugnar el acto de autoridad motivo del presente sumario. Los preceptos legales en comento, establecen: LEY DE AMPARO. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene como objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]" "Artículo 7o. La Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cunado la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. [.]" CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" El artículo 61 de la Ley de Amparo establece las causas de improcedencia expresas, es decir, los supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución Federal o de la misma ley; con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal y el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, de acuerdo al artículo 6° de la ley de la materia, el juicio de amparo puede promoverse por el propio quejoso o por su representante o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha ley. Asimismo, el artículo 7° de la Ley de Amparo dispone que la Federación, los Estados, la Ciudad de México, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Es decir, tratándose de personas morales públicas (oficial), la única posibilidad de que puedan promover juicio de amparo es cuando lo hagan en defensa de sus intereses patrimoniales respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, toda vez que lo que les otorga legitimación en el juicio de amparo es el perjuicio que les ocasione el acto o la ley que reclamen. Por lo tanto, excluye que acudan en defensa de una función o potestad pública, como en el caso acontece, derivada de la administración de la institución a la que pertenecen, o bien, respecto de los que hubieren actuado como autoridad, dotando excepcionalmente al Estado de acceso al juicio de amparo, las siguientes condiciones: a) Cuando aquél obra como persona moral de derecho privado (equiparándose); y, b) Se trate de actos que afecten su patrimonio. De lo que se entiende que las personas morales oficiales únicamente pueden acudir al amparo a combatir actos que menoscaben su presupuesto directo, o que afecten los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que sean titulares dichas corporaciones (bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones), excluidos aquellos actos en que actúen como autoridad o que tengan su origen en el ejercicio de potestades públicas. Sirve de fundamento por analogía, la jurisprudencia número XX.1o. J/57, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 729, tomo IX, enero de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 194871, del rubro y texto siguientes: "PERSONAS MORALES OFICIALES. PUEDEN OCURRIR EN DEMANDA DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO PERSONAS DE DERECHO PRIVADO, PERO NO CUANDO PRETENDEN DEFENDER ACTOS QUE EMITIERON EN SU CARÁCTER DE PERSONAS MORALES DE DERECHO PÚBLICO. Es de explorado derecho que el juicio constitucional tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad pública que violen las garantías individuales; y que éstas, como derechos subjetivos públicos, sólo se otorgan a las personas físicas o morales y no a las autoridades; y aun cuando el artículo 9o. de la Ley de Amparo establece que las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo, es claro que se refiere a los intereses jurídicos del Estado cuando actúa como persona de derecho privado, pero se excluye el acceso al juicio constitucional a éste cuando pretende defender sus actos que emitió en su carácter de persona moral de derecho público, porque entonces ese es acto de autoridad, en tanto que se produce de manera unilateral e imperativa." Así como la jurisprudencia número II.1o.A. J/17 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, consultable en la página 817, tomo XII, noviembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 190889, del rubro y texto: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDAD. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; esto es por el agraviado, por su representante o por su defensor. Por su parte, el artículo 9o. de la propia Ley de Amparo establece que también las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales, lo que no ocurre cuando en un juicio contencioso administrativo se demanda a las autoridades administrativas con motivo de actos emitidos en ejercicio de sus facultades como autoridad, ya que en dicho supuesto el acto reclamado se dicta en ejercicio de una facultad conferida a la autoridad. Por tanto, en esta hipótesis carecen de legitimación las autoridades administrativas, para promover el juicio de amparo, aun cuando hayan sido parte en el juicio ordinario." Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa ********************, en su carácter de Procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF Morelos, acude a la presente instancia constitucional, en su carácter de autoridad, a efecto de controvertir la resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, en la cual se determinó desechar el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso auto de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, en el que solicitó sea otra autoridad quien ejerza la Representación en suplencia o coadyuvancia a favor del sentenciado. De esta forma, se considera que la citada determinación no afecta el patrimonio de la parte quejosa, como ente público, condición inexcusable para que pueda instar la acción de amparo, en términos del artículo 7° de la ley de la materia, por lo cual la parte promovente carece de legitimación para promover la presente vía. Tampoco se advierte, que el citado acuerdo, le vulnere algún derecho humano como persona física, pues el citado acuerdo y oficio, no le causan perjuicio alguno a su esfera personal, como ente privado, pues la resolución fue dirigida a quien representa la figura jurídica de Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia del Sistema DIF Morelos; aunado, a que del acuerdo de dieciséis de agosto y audiencia de once de agosto, ambos de dos mil veintitrés, no se desprende que dicha parte participe como designado para brindar acompañamiento al sentenciado; por ello, se insiste el acto reclamado no le depara perjuicio alguno. De ahí que se reitera como moral quejosa, en su carácter de institución pública dotada de autonomía, que recibe y ejerce recursos públicos, no cuenta con legitimación para la promoción del juicio de amparo que se resuelve, lo que hace patente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 128/2017 (10a.), publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, octubre de 2017, Tomo II, Página: 1022, Décima Época, Registro: 2015321, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." Por último, igualmente es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 171/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 467, tomo XXIII, correspondiente al mes de enero de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio". Así, debe indicarse que lo anterior trae como consecuencia la improcedencia de este juicio de garantías ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, 5, 6 y 7, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la parte quejosa carece de legitimación para impugnar el acto de autoridad motivo del presente sumario, lo que autoriza a sobreseer dicho juicio constitucional fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de esa ley. En consecuencia, se deja sin efecto la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Juez de Ejecución de Sanciones Especializada en Justicia Penal para Adolecentes del Estado, con residencia en Xochitepec, Morelos. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Con fundamento en el ordinal 28 de la Ley de la Materia, se tiene por señalado el domicilio que indica. Asimismo, téngase por formulada la causal de improcedencia que hace valer la autoridad oficiante, la cual podrá ser tomada en consideración en el momento procesal oportuno. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecidas a favor de la autoridad de mérito la prueba documental y disco compacto versátil que anexa, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Por cuanto a los diversos juicios de amparo a que alude y la confidencialidad que refiere, se tiene por hecha la comunicación para los efectos legales a que hay lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, el estado procesal que guardan los autos, y como hecho notorio se desprende el aviso de suspensión de plazos y términos procesales, emitido por los coordinadores de Jueces y Magistrados del Décimo Octavo Circuito con residencia en esta ciudad, mediante el cual se declaró inhábil el día dieciocho de octubre de dos mil veintitrés; y de conformidad con lo previsto en las Circulares 28/2023 y 29/2023, emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativas a la prolongación del "paro nacional", del jueves diecinueve al domingo veintinueve de octubre de dos mil veintitrés; retomándose de manera regular las actividades laborales a partir del treinta de octubre de dos mil veintitrés; lo anterior, con la finalidad de defender los derechos adquiridos y prestaciones laborales de los trabajadores del Poder Judicial Federación; por lo anterior, es que se ordena la reanudación en el trámite del presente juicio de amparo. Ahora, dado que la autoridad señalada como responsable fue notificada el veintiocho de septiembre del año en curso, como se observa de autos, y tomando en consideración lo expuesto en el párrafo que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la responsable para efectos de que rinda su informe con justificación; por tal motivo, se difiere la audiencia señalada para hoy, y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Erik Calderón Ocampo, que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, mediante acuerdo de veintiséis de julio del año en curso, se ordenó reservar el escrito de la autoridad responsable Oficial 01 del Registro Civil de Jojutla, Morelos, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la sentencia de amparo; en consecuencia, téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dése vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Finalmente, agréguese a los autos el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime Cesar Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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