Eder Moisés Vázquez Cruz

Expediente 1072/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1072/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
16/10/2019

Partes del expediente

  • Daniel Joel Cruz Cervantes y Otros.
  • Eder Moisés Vázquez Cruz
  • Ángel Israel Vázquez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, aún y cuando se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin embargo por lo que respecta a los actos que consistieron en la incomunicación y actos de tortura que se adujo sufrían los aquí directos quejosos, se concedió de oficio la suspensión de plano, para que cesaran de inmediato dichos actos, en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción III del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, por lo que de acuerdo a las instrucciones de las nuevas disposiciones relacionadas con la destrucción, depuración y transferencia de expedientes, aplicables a partir del martes veintinueve de enero de dos mil trece, en relación al punto número uno, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, pero debiendo conservarse únicamente el acuerdo relativo al otorgamiento de la suspensión de plano; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentado la fecha en que se ordenó el archivo, debiendo conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento y que carece de relevancia documental. Agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que deriva de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretario que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Vista la copia certificada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción III del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que por acuerdo de tres de agosto de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo que deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento, así como el duplicado deberá ser DESTRUIDO una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictado el auto de la suspensión provisional antes citada. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las doce horas con treinta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1072/2019-VI, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. A continuación, la secretaría hizo relación de las constancias que obran en el expediente entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda; auto de tres de agosto del año en curso, en el que se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados y se previno a los directos quejosos para que ratificaran la demanda instaurada en su favor; constancias de notificación en las cuales los directos quejosos ratificaron el ocurso inicial; auto de cinco de agosto del presente año, en el que se admitió a trámite la demanda; constancias de notificación a las autoridades responsables, a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, la secretaria certifica que el término concedido al directo quejoso Daniel Joel Cruz Cervantes en proveído de veintisiete de agosto del año en curso (fojas 67 y 68), para que manifestara si señalaba como acto reclamado la sanción administrativa consistente en un arresto de veinticuatro horas, que le fue impuesto el tres de agosto del año en curso, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y como autoridad responsable al nombrado Director, transcurrió del cuatro al veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto. El Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar; y toda vez que como se advierte de la certificación que antecede, ha transcurrido el término concedido al directo quejoso Daniel Joel Cruz Cervantes en proveído de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, sin que hubiere hecho manifestación alguna de si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de la sanción administrativa consistente en un arresto de veinticuatro horas, que le fue impuesto el tres de agosto del año en curso, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y como autoridad responsable al nombrado Director; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido proveído y, por tanto, se resolverá el presente juicio de amparo, conforme a lo planteado en la demanda de amparo y respecto a las autoridades señaladas inicialmente como responsables, respecto al directo quejoso Daniel Joel Cruz Cervantes. Abierto el período de pruebas, la secretaría da cuenta con las copias certificadas remitidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público el Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado y Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales de referencia, las cuales se desahogan por su propia naturaleza. Con lo anterior se cierra este período. Seguidamente, se abre el período de alegatos la secretaría da cuenta con las manifestaciones vertidas por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en el alegato ministerial 560/2019. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la agente del Ministerio Público de la Federación, para ser tomados en consideración al momento de resolver el presente juicio; con lo cual se concluye con dicho período. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y al encontrarse integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 1072/2019-VI promovido por Carlos Alberto Chable Contreras a favor de Eder Moisés Vázquez Cruz, Ángel Israel Vázquez Cruz y Daniel Joel Cruz Cervantes, contra actos del Fiscal General del Estado y otras autoridades, por violación a los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil diecinueve, ante la Secretaría de Guardia de este Juzgado, Carlos Alberto Chable Contreras solicitó a favor de Eder Moisés Vázquez Cruz, Ángel Israel Vázquez Cruz y Daniel Joel Cruz Cervantes, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público el Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, Fiscal General del Estado y Director de la Policía Estatal de Investigación dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que hizo consistir en la privación ilegal de la libertad personal fuera de procedimiento judicial (detención), incomunicación y actos de tortura. Segundo. Por auto de tres de agosto de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión de plano respecto a las autoridades señaladas como responsables. Tercero. Mediante proveído de cinco de agosto de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó sus correspondientes informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, en proveído de veintisiete de agosto del año en curso, se requirió al directo quejoso Daniel Joel Cruz Cervantes, para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de la sanción administrativa consistente en un arresto de veinticuatro horas, que le fue impuesto el tres de agosto del año en curso, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y como autoridad responsable al nombrado Director, sin que hiciera manifestación alguna al respecto, por lo que en esta misma fecha se hizo efectivo el apercibimiento respectivo. Una vez integrado el presente asunto, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior, porque el acto reclamado tuvo ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo, se puede advertir que la parte quejosa lo que reclama es la privación ilegal de la libertad personal fuera de procedimiento judicial (detención), incomunicación y actos de tortura. Tercero. Sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. Al rendir su informe justificado todas las autoridades señaladas como responsables negaron el acto reclamado respecto a la incomunicación y actos de tortura de los directos quejosos Eder Moisés Vázquez Cruz, Ángel Israel Vázquez Cruz y Daniel Joel Cruz Cervantes. Por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa por la parte quejosa respecto de los mencionados actos reclamados lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público el Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado y Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación, en sus respectivos informes justificados refirieron que son ciertos los actos consistentes en la detención que sufrían los directos agraviados, por lo que se tiene por cierto dichos actos. Quinto. Estudio de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este Órgano Jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto a la detención reclamada por Eder Moisés Vázquez Cruz y Ángel Israel Vázquez Cruz, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, en virtud de haber ocurrido un cambio de situación jurídica. El invocado numeral en lo conducente dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ".XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. .Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.". Lo anterior es así, en razón de que de los informes justificados rendidos por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público el Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado y Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación, se advierte que si bien es cierto, los directos quejosos Eder Moisés Vázquez Cruz y Ángel Israel Vázquez Cruz, se encontraban en flagrante delito, el tres de agosto de dos mil diecinueve, y fueron detenidos y puestos en el área de seguridad de la Policía Estatal de Investigación, primero a disposición de la Fiscalía General del Estado, y de ahí puestos a disposición del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, por hechos posiblemente delictuosos cometidos por los quejosos, y contenidos en la carpeta de investigación número N1/252/2019, posterior a ello, fueron puestos a disposición del Juez de Control en Turno del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal y Acusatorito y Oral del Estado de Yucatán, lo cual correspondió para el conocimiento del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal y Acusatorito y Oral del Estado de Yucatán (hoja 71), lo que se corrobora con las documentales que remitieron las referidas autoridades responsables con sus respectivos informes justificados, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2° de la Ley de Amparo; en consecuencia es incuestionable que las autoridades responsables han dejado de intervenir en la detención que se les imputa desde el momento en que los directos quejosos fueron puestos a disposición de la señalada autoridad judicial; por lo que no existe materia sobre la que pueda versar este juicio. En tal virtud, es evidente que no puede hacerse pronunciamiento alguno respecto del citado acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica de los directos quejosos Eder Moisés Vázquez Cruz y Ángel Israel Vázquez Cruz, por lo que, en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo. En ese sentido, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito lo que procede es sobreseer en el presente asunto, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal de mérito, respecto de los directos quejosos Eder Moisés Vázquez Cruz y Ángel Israel Vázquez Cruz. Respecto al acto reclamado consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial del directo quejoso Daniel Joel Cruz Cervantes, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que anexó, las cuales ameritan valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º. Ahora bien, respecto a dicho acto reclamado consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, con motivo del arresto administrativo por veinticuatro horas que le fue impuesto al directo quejoso Daniel Joel Cruz Cervantes por parte del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en términos de los artículos 263, fracción XIV, 264 y 265 del Reglamento del Código de la Administración Pública; de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5º, fracción II, y 108, fracción III, del mismo ordenamiento, en razón de que la parte quejosa fue omisa en señalar con el carácter de responsable a la autoridad que emitió la orden de arresto, a saber, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad. Dicho lo anterior, es necesario tener en consideración lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.]". Los dispositivos legales transcritos, instituyen que el juicio de control constitucional es improcedente cuando en la demanda de amparo no se señale la autoridad o autoridades responsables a quienes se les atribuya el o los actos reclamados. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que debe sobreseerse el presente juicio de amparo en relación con el acto reclamado consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial con motivo del arresto administrativo por veinticuatro horas que le fue impuesto al directo quejoso Daniel Joel Cruz Cervantes, de la cual derivó la ejecución de tal sanción administrativa en la cárcel pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. En efecto, de las constancias que en copia certificada acompañó la autoridad responsable con su informe justificado (fojas 60 a la 66) y que obran agregadas en autos, relativas al procedimiento administrativo que se instauró en contra del peticionario de amparo Daniel Joel Cruz Cervantes, mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo señalado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que fue el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en términos de los artículos 263, fracción XIV, 264 y 265 del Reglamento del Código de la Administración Pública, la autoridad que instauró el procedimiento que culminó en la imposición de un arresto de veinticuatro horas al quejoso; sin embargo, como se dio noticia en líneas que anteceden, no obstante que este órgano jurisdiccional mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve (fojas 67 y 68), dio vista a la parte quejosa para que si era su deseo ampliara la demanda de amparo respecto a dicho acto y autoridad, ésta se abstuvo de realizar manifestación alguna al respecto, por lo que, en audiencia de esta misma fecha se tuvo por precluido su derecho para hacerlo y se continuó la secuela procesal únicamente por las autoridades y por los actos reclamados en el escrito inicial de demanda. Consecuentemente, tales actuaciones no pueden ser materia de estudio al no haber sido expresamente imputadas a la autoridad que realmente las emitió, por lo que no es posible analizar la constitucionalidad del acto de una autoridad, si ésta no fue llamada a juicio a defender la legalidad de su actuación. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que si bien es cierto, existe el arresto impuesto como medida de apremio a la parte quejosa, también lo es, que no es procedente analizar la legalidad del mismo al no haber sido señalado como autoridad responsable el funcionario que llevó a cabo tal actuación. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 93, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 73, Apéndice 2000, del tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la diversa jurisprudencia VI.2o. J/205, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 468, del tomo II, octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". De igual forma, robustece a la anterior determinación, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia VII.A.T.J/6, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 738, tomo III, correspondiente al mes de junio de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que señala: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal". Por todo lo que antecede, es que, con fundamento en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción II, y 108, fracción III, con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, ha lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa respecto al directo quejoso Daniel Joel Cruz Cervantes. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, según lo dispone la tesis de jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 335 del Tomo VI, Materia Común, del apéndice 1917-1995, que indica: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Séptimo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 76 al 78 y 192 de la Ley de Amparo. Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Alberto Chable Contreras a favor de Eder Moisés Vázquez Cruz, Ángel Israel Vázquez Cruz y Daniel Joel Cruz Cervantes, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Se agrega a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el alegato ministerial número 560/2019 suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, mediante el cual solicita se niegue y sobresea en el juicio de amparo y se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en este juicio. En atención a su contenido, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones vertidas en el oficio de mérito, para ser tomadas en cuenta en la audiencia constitucional. Como lo solicita el representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, una vez que se dicte la sentencia en este juicio, expídasele copia certificada de la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

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