Edeiby López Montero
Expediente 675/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 69 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 675/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 69
- Última actuación
- 03/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Edeiby López Montero
- Juez Tercero Penal "A" de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo
- Edeiby López Montero y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 69.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de mayo de dos mil veintidós. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el tres de agosto de dos mil veintiuno, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no haya constancia de notificación realizada a las autoridades señaladas como responsables cuyas residencias se encuentran fuera de jurisdicción de este Juzgado Federal, para que cause ejecutoria la sentencia dictada en autos, dado que no se les vulnera derecho alguno atendiendo al sentido en el que se resolvió el presente juicio de amparo. Ahora bien, toda vez que en la resolución dictada por este Juzgado, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Asimismo, se ordena se agregue copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, tres de mayo de dos mil veintidós. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de veintiuno de mayo de dos diecinueve y por resolución de ocho de julio de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión provisional y definitiva, respectivamente, de los actos reclamados, por lo que deberá conservarse únicamente el acuerdo y resolución relativas a sus otorgamientos, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictado el presente proveído. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Por otra parte, toda vez que en los presentes autos se exhibieron los billetes de depósitos N 703732 y N 725583, se le hace saber a la parte quejosa que se encuentra a su disposición los referidos billetes de depósitos por lo que deberá comparecer ante este Juzgado Federal, en día y hora hábil con identificación oficial vigente para su devolución; con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término de dos años, con fundamento en los artículos 45 y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, dicho documento prescribirá a favor del Fisco Federal. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que para el caso que considere necesario imponerse de los presente autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
MESA VII. En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las nueve horas con veinte minutos del tres de agosto de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 675/2019-VII-II, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante la secretaria Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaría da cuenta con el escrito inicial de demanda, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, con la constancia de notificación de los terceros interesados y con las demás constancias que obran en autos. Acto seguido el Juez acuerda: que se tenga por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaría da cuenta con las constancias que la Secretaria de Acuerdos de Sala en funciones de Juez Tercero Penal "A" de Primera Instancia, con sede en Cancún, Quintana Roo, acompañó a su informe justificado, en copia certificada de la causa penal 31/2017, y el diverso oficio número D-1979/2019 de veintitrés de julio del año en curso, en alcance a su informe justificado, recepcionado mediante acuerdo de uno de agosto de dos mil diecinueve. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de mérito. Con lo anterior se da por terminado el señalado período. Posteriormente se abre el período de alegatos en el que la Secretaría da cuenta que la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado no formuló pedimento alguno; con lo anterior se cierra ese periodo. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 675/2019-VII-II, promovido por Edeiby López Montero contra actos del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida y otras autoridades, por violación a los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el veinte de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Edeiby López Montero, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida y otras autoridades, los cuales los hizo consistir en: "Las injustas órdenes de detención y/o aprehensión que han dictado en mi contra las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, no obstante que no he ejecutado ningún acto en perjuicio de terceras que puedan configurar los elementos de tipo penal alguno sancionado en la legislación penal del Estado de Quintana Roo, y la ejecución que de estas órdenes pretenden realizar las autoridades señaladas como responsables ejecutoras, y posteriormente trasladarme detenida del Estado de Yucatán al Estado de Quintana Roo y ponerme a disposición de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras". Segundo. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual se admitió en acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus correspondientes informes con justificación, mismos que en su oportunidad fueron puestos a la vista de las partes; se dio al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le compete, se emplazó a los terceros interesados y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el presente caso se reclama un acto cuya ejecución podría tener lugar dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo y del informe rendido por la Secretaria de Acuerdos de Sala en funciones de Juez Tercero Penal "A" de Primera Instancia, con sede en Cancún, Quintana Roo, autoridad señalada como responsable, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La orden de reaprehensión de catorce de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Tercero Penal "A" de Primera Instancia, con sede en Cancún, Quintana Roo, el catorce de mayo de dos mil diecinueve, en autos de la causa penal 31/2017, por el delito de fraude genérico, ilícito previsto y sancionado por el articulo 152 párrafo primero y sancionado en el párrafo segundo y 16 fracción I, del Código Penal del Estado de Quintana Roo. Lo anterior es así, pues como ya se señaló los actos que por esta vía se reclaman se fijaron en atención a la lectura integral de la demanda y a la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, es decir, se atendió a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Sirve de apoyo lo anterior, la tesis jurisprudencial número P./J 40/2000, Novena época, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Jurisprudencia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De igual forma, apoya a lo anterior la tesis Jurisprudencial número P. VI/2004, Novena época, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Tercero. Sobreseimiento por negativa de actos. Las siguientes autoridades rindieron sus informes justificados en estos términos: NÚMERO DE ORDEN AUTORIDAD SENTIDO DEL INFORME 1 Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad. NIEGA 2 Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado (en su correcta denominación), con sede en esta ciudad. NIEGA 3 Juez Tercero Penal "B" de Primera Instancia, con sede en Cancún, Quintana Roo. NIEGA 4 Director Jurídico y de Vinculación Institucional de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún. NIEGA 5 Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional, en nombre del Fiscal General del Estado, en ausencia y representación del Director Jurídico y de Vinculación Institucional, Zona Sur, con sede en Chetumal, Quintana Roo. NIEGA 6 Vicefiscal General de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con sede en Playa del Carmen, Solidaridad. NIEGA Ahora bien, toda vez que las autoridades responsables antes relacionadas negaron expresamente los actos que se les atribuyen, sin prueba en contrario de la parte quejosa, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Acto existente. La Secretaria de Acuerdos de Sala en funciones de Juez Tercero Penal "A" de Primera Instancia, con sede en Cancún, Quintana Roo, al rendir su informe justificado admitió la existencia de los actos reclamados, por lo que se tienen por ciertos los mismos. Circunstancia que se acreditó con las copias certificadas de las constancias que la autoridad responsable remitió a estos autos, deducidas de la causa penal 31/2017 de su índice, las cuales tienen pleno valor probatorio al tenor de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, igual consideración debe hacerse respecto de los informes justificados rendidos por: El Encargado de la Dirección de la Policía Ministerial de Investigación de las Zonas Sur y Centro del Estado, con sede en Chetumal (en su correcta denominación). El Encargado del Departamento Jurídico, en suplencia del titular, de la Policía Estatal de Investigación, con sede en esta ciudad. El Titular de la Subsecretaría de la Policía Estatal de Investigación, con sede en esta ciudad. El Secretario de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad. Toda vez que aun cuando en sus informes justificados hayan negado los actos reclamados; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa en razón de que la autoridad señalada como ordenadora Juez Tercero Penal "A" de Primera Instancia, con sede en Cancún, Quintana Roo, aceptó el acto que se le atribuye y que dichas autoridades ejecutoras de acuerdo a sus funciones podrían tener participación, de ahí que dicho acto de ejecución deba tenerse por existente. Quinto. Estudio oficioso de las causas de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez, que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte en esencia que la parte quejosa reclama la orden de reaprehensión de catorce de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Tercero Penal "A" de Primera Instancia, con sede en Cancún, Quintana Roo, el catorce de mayo de dos mil diecinueve, en autos de la causa penal 31/2017, por el delito de fraude genérico, ilícito previsto y sancionado por el artículo 152 párrafo primero y sancionado en el párrafo segundo y 16 fracción I, del Código Penal del Estado de Quintana Roo. Por lo tanto, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales aplicable, que enseguida se transcribe: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. Lo anterior es así, porque del análisis de las constancias que la Secretaria de Acuerdos de Sala en funciones de Juez Tercero Penal "A" de Primera Instancia, con sede en Cancún, Quintana Roo, remitió como justificación de sus actos y del diverso oficio número D-1979/2019 de veintitrés de julio del año en curso, recepcionado mediante acuerdo de uno de agosto de dos mil diecinueve, a las cuales se les otorga el valor probatorio de documento público de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo aplicable, se advierte que en autos de la causa penal 31/2017, mediante oficio D-1974/2019, de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se canceló la orden de reaprehensión dictada en contra de la quejosa Edeyby López Montero, toda vez que la citada quejosa compareció ante el juzgado Tercero Penal "A" de Primera Instancia, con sede en Cancún, Quintana Roo, para la continuación de su proceso, en la propia fecha, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veinte de mayo de dos mil diecinueve. Por tanto, en el caso se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, pues la orden de reaprehensión que se impugna a la autoridad responsable dejó de subsistir y de producir sus efectos, lo cual actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley de la materia aplicable. Tiene aplicación al presente asunto, por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Tercero. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo aplicable, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Edeiby López Montero, en contra de los actos que reclama a las autoridades que han quedado relacionadas y por las razones expuestas en el considerando tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortes Sandoval, que autoriza y da fe
- Principal
MESA VII. Mérida, Yucatán, nueve de julio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el informe justificado rendido por la Vicefiscal General de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con sede en Playa del Carmen, Solidaridad, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, el cual se ordena agregar a este expediente y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Se hace del conocimiento de las partes, que en su caso podrán proporcionar un correo electrónico para la remisión digital del informe de cuenta. Por lo que se refiere a la Agente del Ministerio Público Federal, en caso de que estime necesario imponerse del informe de cuenta, deberá solicitarlo a través del correo institucional 1jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, a efecto de que se ordene la remisión del mismo a su correo electrónico. Notifíquese. (...)
Quedan 65 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes
- Eddie José Lizama Granados1021/2020
- Eddy Adrián Espinosa Jiménez1022/2019
- Eddy Zuñiga Padilla572/2022
- Eddy Zuñiga Padilla1330/2021
- Eddye Daniel Perera Cortés482/2020
- Eddye Evilia Chavira Gutierrez1313/2022
- Eder de Jesus Pat Herrera1470/2021
- Eder Marihno Cortez Medina640/2020
- Eder Moisés Vázquez Cruz1072/2019
- Edgar Aarón Rodríguez1307/2023
- Edgar Adán Medina Sosa2396/2022
- Edgar Alejandro Vargas Acosta110/2021