Eddye Daniel Perera Cortés

Expediente 482/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 27 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
482/2020
Año
2020
Actuaciones
27
Última actuación
22/07/2021

Partes del expediente

  • Eddye Daniel Perera Cortés
  • Marvin Abraham Pinto Azueta y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra del auto de dos de julio de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella resolución ha causado estado para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo, de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    MESA I. Mérida, Yucatán, siete de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y toda vez que no ha sido devuelto el exhorto número 18/2021-E-I-AMPARO, con número de orden 46/2021, del índice de este Juzgado, deducido del presente juicio de amparo, girado para emplazar a la tercera interesada Jessica de Jesús Briceño Balam; ahora bien, toda vez que el dos de julio del presente año, en el presente juicio se sobreseyó fuera de audiencia, y en virtud de que la finalidad de esa comunicación oficial era la de emplazar a juicio a la tercera interesada antes señalada, la cual ya no resulta necesaria; en consecuencia, dese de baja el exhorto de referencia y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno. Notifíquese. (...)

  3. Principal

    MESA I. Mérida, Yucatán, dos de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le hizo en proveído de tres de junio del presente año. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesados los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;." La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita obedece a la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que aun cuando subsiste, ya no está surtiendo sus efectos y que por consecuencia haría ociosa la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. En efecto se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán la omisión de contestar el oficio 2796/2019 de fecha doce de diciembre de dos mil diecinueve, del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, emitido en el expediente 127/2019 relativo al procedimiento para la ejecución de convenio transaccional de desocupación y entrega, que se le giró a efecto de que otorgara el auxilio de la fuerza pública, para el desalojo del predio número doscientos veintinueve, de la calle dieciséis letra "D", por treinta y nueve letra "C" y treinta y nueve letra "F", fraccionamiento San Pedro Cholul, en Cholul, Yucatán. Sin embargo, de las copias certificadas que la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, adjuntó al oficio de cuenta, a la que este órgano de control constitucional le confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte: Que en proveído de siete de diciembre de dos mil diecinueve se tuvo a la aquí parte quejosa por desistida en el expediente 127/2019 relativo al procedimiento para la ejecución de convenio transaccional de desocupación y entrega del predio número doscientos veintinueve, de la calle dieciséis letra "D", por treinta y nueve letra "C" y treinta y nueve letra "F", fraccionamiento San Pedro Cholul, en Cholul, Yucatán, posteriormente la Juez giró oficio 1248/2021 de veintiocho de junio del presente año, al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, para comunicarle que se dejó sin efectos la solicitud de otorgamiento de la fuerza pública, el cual fue recibido en fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno por la autoridad responsable. En ese contexto, es evidente que este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se ha actualizado una causa notoria y manifiesta de improcedencia, pues el objeto o materia del acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos. Se afirma lo anterior, en la medida de que la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, giró oficio 1248/2021 de veintiocho de junio del presente año, al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, para comunicarle que se dejó sin efectos la solicitud de otorgamiento de la fuerza pública, lo que se acredita del sello de recibido de fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno, actualizándose la improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues al haberse girado el oficio correspondiente a la autoridad responsable informando que se dejó sin efectos la solicitud de la fuerza pública, cuyo efecto se produjo por el desistimiento de la aquí parte quejosa, es evidente que aun cuando subsisten los actos reclamados, no pueden surtir efecto legal alguno, por no poderse concretar ni en perjuicio de la quejosa, ni de los terceros interesados. Al caso, por similitud de razón, resulta conveniente citar la tesis 2ª XLVIII/98, sustentada por el Segunda Sala de nuestro Más alto Tribunal, publicada en la página 241, Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Asimismo, por encontrar una aplicación en lo conducente, se cita la tesis VI.2ºT.38 L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en la página 829, Tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SUBSISTE, PERO SU OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR POR HABERSE CELEBRADO Y CUMPLIDO ANTE LA AUTORIDAD DE INSTRUCCIÓN, UN CONVENIO ENTRE LAS PARTES. Subsistiendo el laudo que constituye el acto reclamado, si el demandado, hoy quejoso, convino con el actor, dirimiendo y satisfaciendo las pretensiones de éste, ante la potestad de la autoridad laboral competente, es incuestionable que su objeto y materia quedaron sin efecto jurídicamente pues, de otra manera, si se resolviera el fondo del juicio de garantías y se concediera la protección constitucional a favor de la demandada, ello resultaría estéril, en virtud de que al existir un acuerdo de voluntades entre los contendientes del juicio, el cual ha sido cumplido en todos sus términos, la ejecución del laudo no tendría razón de ser cuando ésta tiene por efecto satisfacer los derechos subjetivos del trabajador, los cuales ya se vieron cumplidos a través del convenio aludido. En esas condiciones, es inconcuso que se surte la improcedencia del juicio contenida en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer en el mismo, acorde a lo dispuesto por la diversa fracción III del artículo 74 de la legislación referida." En efecto, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones al derecho humano que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo del goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegara a emitirse pudiera concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las trece horas del trece de julio de dos mil veintiuno. Sin que sea obstáculo a lo anterior que aún no obre constancia de emplazamiento a la tercera interesada Jessica de Jesús Briceño Balam, toda vez que por el sentido en que se resuelve el presente asunto, es evidente que no se le vulnera derecho alguno. Es aplicable la tesis P. V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Notifíquese personalmente. (...)

  4. Principal

    MESA I. Mérida, Yucatán, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que aún no transcurre el término concedido al Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado a efecto de que remita las constancias solicitadas; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las trece horas del trece de julio de dos mil veintiuno, para su celebración. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables de este asunto, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002576, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. (...)

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