Eddy David Díaz Hernández
Expediente 1062/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1062/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Eddy David Díaz Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver, los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1062/2023-III, promovido por ***, defensor del directamente agraviado ***, y; RESULTANDO PRIMERO. Recepción de la demanda inicial. El catorce de noviembre del año en curso, se recibió en este juzgado la demanda promovida por *** defensor del directamente agraviado ***, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad en funciones de Juez de Control. SEGUNDO. En auto de quince de noviembre del año en curso, se admitió la demanda, se ordenó la tramitación de este incidente de suspensión, se solicitó informe previo a las autoridades responsables y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicable supletoriamente a la materia incidental, se realiza la fijación de los actos reclamados. En el caso, del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que la impetrante reclama de las autoridades responsables lo siguiente: La resolución emitida el siete de noviembre de dos mil veintitrés que recayó al recurso de revocación interpuesto en la que resolvió: en las relatadas consideraciones, no ha lugar a revocar ni se revoca el auto de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés; en consecuencia, se confirma en sus términos. Se atiende, por analogía, el contenido de la Jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad en funciones de Juez de Control, manifestó que es cierto el acto reclamado. CUARTO. Determinación sobre la suspensión definitiva. Ahora bien, a efecto de resolver sobre la suspensión provisional, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por el quejoso consiste en lo siguiente: "La resolución emitida el siete de noviembre de dos mil veintitrés que recayó al recurso de revocación interpuesto en la que resolvió: en las relatadas consideraciones, no ha lugar a revocar ni se revoca el auto de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés; en consecuencia, se confirma en sus términos." En esa tesitura debe señalarse que la reforma constitucional en materia de amparo de seis de julio de dos mil once, incorporó al texto del artículo 107, fracción X, de la Constitución dispone lo siguiente: 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo a las bases siguientes: [...] X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. [...] Luego, el artículo 147 de la Ley de Amparo vigente, regula los efectos de la suspensión y reconoce que éstos pueden ser restitutorios. Al respecto, indica: [...] 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. [...] La redacción anterior es necesario vincularla con lo que establecen los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo que expresan lo siguiente: [...] 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. [...] Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." 131. [...] En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." [...] 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." [...] Del artículo 107, fracción X, constitucional deriva un deber a cargo de los juzgadores de amparo, el cual se traduce en realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, al momento de decidir sobre la suspensión del acto reclamado. Entonces, las normas de la Ley de Amparo reproducidas, corresponde interpretarlas a la luz del mencionado principio constitucional; de ahí que las reglas técnicas que de éstos derivan para resolver sobre la suspensión, en principio, no otorgan un margen de discreción a los Jueces de Distrito en cuanto a si se debe o no realizar el estudio ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social al momento de resolver. Ello con independencia de que en virtud de la dogmática jurídica los actos puedan tener el carácter de positivos, negativos u omisivos para efectos del juicio de amparo, porque la Constitución y Ley de Amparo no llevan a cabo una distinción sobre el particular. De acuerdo a lo expuesto, se advierte que tratándose de omisiones de la autoridad responsable, siendo que la actuación que debía llevar a cabo, tiene una previsión específica en la ley, la suspensión provisional puede participar de los posibles efectos restitutorios de la sentencia definitiva, puesto que es exigible para el juzgador de amparo estudiar la naturaleza del acto reclamado y hacer uso de la herramienta argumentativa de ponderación de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y contravención de disposiciones de orden público. En ese sentido, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, la suspensión de los actos reclamados sí puede tener efectos restitutorios provisionales y además, es dable concederla en contra de actos omisivos y/o negativos. Lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de ser procedente la suspensión, y atendiendo a la naturaleza del acto, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material y jurídicamente, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se falla el juicio en lo principal, y el órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia en el juicio de amparo. De ahí que atendiendo a cada caso concreto, y sin importar si el acto reclamado tiene carácter omisivo y/o negativo, podrá conceder la medida cautelar y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional al quejoso en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada. Lo anterior, atiende a un fin garantista que es acorde con la reforma al artículo 1° constitucional, de diez de junio de dos mil once, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas. En ese orden de ideas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018, en lo que aquí interesa, sostuvo: "De entrada, es importante recordar que la suspensión en el juicio de amparo exige ciertos requisitos (44) y un presupuesto, (45) fuera de los casos en que procede de oficio. Los primeros se constriñen a: (i) solicitud de parte agraviada; y, (ii) no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El presupuesto consiste en la apariencia del buen derecho. En esa línea, conviene tener presente la contradicción de tesis 306/2016,(46) en la que esta Primera Sala sostuvo que la Ley de Amparo vigente, para la procedencia de la suspensión, eliminó el requisito relativo a los daños y perjuicios de difícil reparación que anteriormente exigía la ley abrogada, pues ahora se privilegia la discrecionalidad de las y los jueces, con la única condición de realizar un análisis ponderado entre el interés social, el orden público y la apariencia del buen derecho. Al respecto, el artículo 147 de la Ley de Amparo establece: [.] Al resolver las contradicciones de tesis 255/2015(47) y 442/2016,(48) esta Primera Sala sustentó que los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios). Sobre este último supuesto, precisó que se trata de un amparo provisorio, identificado por la Segunda Sala como adelanto provisional,(49) en el que el órgano jurisdiccional debe considerar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) el interés social; y, (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgarlo. Las citadas contradicciones dieron lugar a las jurisprudencias 1a./J. 21/2016 (10a.)(50) y 1a./J. 15/2018 (10a.).(51) La primera explica que tratándose de un lanzamiento ejecutado (acto positivo) procede restituir la posesión de la parte quejosa sobre la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la posibilidad jurídica y material. La segunda tesis concluye que la suspensión aplica igualmente en materia penal y es posible que tenga efectos restitutorios cuando el acto reclamado consista en la citación para comparecer a la audiencia inicial de formulación de imputación o respecto de la negativa de desahogo de pruebas en la averiguación previa, pues la medida cautelar, en general, tiene efectos restitutorios. [.] Al respecto, existen varios tipos de actos reclamados, lo que origina que éstos se clasifiquen en atención a diversos criterios. Así, atendiendo a su naturaleza pueden ser positivos, declarativos o negativos. Los positivos son aquellos que contienen una decisión o un hacer por parte de la autoridad, imponen obligaciones o se traducen en un acto de molestia o privación. Los declarativos se limitan a evidenciar una situación jurídica. Los negativos pueden ser simples, prohibitivos u omisivos, según resulte que a través de ellos la autoridad se rehúse a hacer algo, imponga a las personas una obligación de no hacer o se abstenga de actuar en perjuicio de las personas. Para esta Primera Sala, la naturaleza omisiva de los actos no es el factor que determina la concesión o negativa de la medida cautelar, pues ello dependerá de la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, para posteriormente analizar si deben mantenerse las cosas en el estado en que se encuentran o bien, si es necesario una tutela anticipada del derecho violado mientras dura el juicio. Aquí es donde entra en juego dicha naturaleza omisiva, condicionando no la procedencia de la medida, sino el tipo de medidas que deberán ordenarse como parte de la suspensión del acto reclamado. En efecto, la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el párrafo segundo del artículo 147 de la Ley de Amparo, no debe entenderse como una condición que permita o proscriba la suspensión en función de que el acto sea calificado como omisivo, sino como un elemento que define el tipo de medida suspensiva que se requiere precisamente ante ese carácter. Esto quiere decir que las consecuencias que caso a caso puedan producir ese tipo de actos serán consideradas para decidir si las cosas deben mantenerse en el estado que se encuentran o si debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. De este modo, lo relevante está en que exista o no una imposibilidad jurídica o material para otorgar la suspensión, lo cual no obtiene un resultado distinto en función de la naturaleza -omisiva o no- del acto reclamado. A partir de lo anterior, se afirma que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito entiende en forma imprecisa los efectos restitutorios que comprende la suspensión definitiva y de los que se ocupa la sentencia principal, pues pierde de vista que un acto reclamado de naturaleza omisiva respecto de un actuar de la autoridad que no se agota en un único momento (el incumplimiento de pagar pensión por viudez, en ese caso) produce consecuencias momento a momento, esto es, durante el procedimiento y después de concluido, ante lo cual resultaba irrelevante destacar si el acto es omisivo, pues lo determinante consistía en definir si el pago de la pensión, mientras duraba el juicio, prejuzgaba o impedía un pronunciamiento sobre el pago de pensiones después de concluido. Para esta Primera Sala, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar si la medida suspensiva debe consistir en el mantenimiento de las cosas en su estado actual o si debe restituirse provisionalmente en el goce de un derecho violado, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no, que es lo que estaba a debate en los casos que dieron lugar en los criterios contendientes. Así, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior". [Énfasis añadido]. Como puede verse, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que: I. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas, o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: a).- La apariencia del buen derecho; b).- Las posibles afectaciones al interés social; c).- La posibilidad jurídica y material de conceder la medida. II. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa (simples, prohibitivos, omisivos), no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la ley de amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. III. En esos términos, la naturaleza de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión pero no para determinar si la medida cautelar procede o no, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocar a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo o lo ocurrido después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincide exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. La ejecutoria antes trascrita, dio origen a la Jurisprudencia 70/2019, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2021263, con rubro y texto: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Así, tomando en cuenta que la quejosa reclamó en el amparo lo siguiente: La determinación de fecha siete de noviembre de dos mil veintitrés, donde al resolver el recurso de revocación, el Juez de Control responsable confirmó el auto que desechó la solicitud de revisión de medida cautelar, planteada ante la autoridad responsable (acto negativo). Solicitó la suspensión para los efectos siguientes: " Con fundamento en los artículos 125, 128 y 129 de la Ley de Amparo se solicita la suspensión provisional del acto reclamado y en su momento la definitiva para el efecto que el Juez de Control señale de manera inmediata fecha y hora para la celebración de audiencia de debate de revisión de medidas cautelares MISMA QUE SE NEGÓ A FIJAR, atendiendo al acto privativo de la libertad con carácter permanente que ocasiona que la parte quejosa siga privada de la libertad hasta que se resuelva el proceso penal o bien hasta que se dicte sentencia en este juicio constitucional que hoy se instaura afectando gravemente la posibilidad de recobrar su libertad. (...)" En el caso se trata de actos de naturaleza negativo respecto del cual efectivamente no conlleva de facto la improcedencia de la medida suspensional. Sin embargo, a pesar de que en algunos casos sea posible conceder efectos restitutorios a la suspensión definitiva solicitada contra omisiones y/o actos negativos de las autoridades, para determinar la procedencia de la medida cautelar, es preciso hacer una ponderación de la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora, cerciorarse de que se mantenga viva la materia del juicio y que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, en atención a lo dispuesto por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 138 de la Ley de Amparo. En la especie, una vez realizado ese análisis con base en la descripción del acto reclamado y la información proporcionada en la demanda constitucional, se arriba a la conclusión de que no es material ni jurídicamente viable restituir al quejoso en el goce del derecho vulnerado por el acto negativo que combate, a través de la concesión de esa medida cautelar, porque se agotaría la materia que debe resolverse en el fondo del amparo. De ahí que en el caso no sea posible conceder la suspensión solicitada, ya que de otorgarse, traería como consecuencia, que a través de una medida cautelar se restituya totalmente a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que aduce vulnerado. Ello, porque el efecto de la suspensión sería que admitiera la solicitud de revisión de medida cautelar planteada, lo que automáticamente coincide con el fondo y dejaría sin materia el juicio de amparo en lo principal. En consecuencia, atento a lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Amparo, y a su interpretación por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmada en la aludida jurisprudencia 70/2019, se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, pues se encuentra como imposibilidad jurídica, el que se dejaría sin materia el juicio de amparo, lo cual no es lógico ni jurídico, porque atento a la técnica que rige en el juicio constitucional, la misma debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. SE NIEGA a ***, la suspensión definitiva que se solicitó respecto de las autoridades precisadas en el considerando tercero, en términos del mismo. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Agréguense a los autos el oficio signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; en atención a su contenido, téngasele formulando los alegatos que deja vertidos en el oficio de cuenta, los que serán tomados en cuenta en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otro lado, respecto a la solicitud de las copias, indíquesele que deberá estarse a lo acordado en el auto de admisión de demanda, en el que autorizó la expedición a las partes, de copias de las constancias que integran el presente expediente. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Informe previo Agréguese a los autos el informe previo del el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad en funciones de Juez de Control, con su contenido dese vista a las partes para que estén en posibilidad de objetar su contenido, tal como lo dispone el artículo 140 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con el numeral 144 de la legislación en cita. Admite queja Ahora, agréguese a los autos los oficios enviados por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que recibió las constancias que integran el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ********************/2023. De igual forma, se le tiene informando que el tribunal de alzada admitió a trámite tal medio de impugnación, mismo que quedó registrado como recurso de queja ********************; lo cual queda enterado este juzgado federal. Lo previo de conformidad con el numeral 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad en funciones de Juez de Control; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Vista con discos Asimismo, se ordena dar vista a las partes con los discos compactos remitidos por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Notifíquese por lista electrónica y personalmente. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.
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