Dyck Ham Jacobo
Expediente 420/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 420/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Dyck Ham Jacobo
- Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y sí obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Finalmente, en vista de que en el presente expediente existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo General citado en los párrafos que anteceden, indíquesele que cuenta con un plazo de noventa días computados a partir del día siguiente al en que quede legalmente notificada del presente proveído, para acudir a este órgano jurisdiccional a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo, éstos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el licenciado **********, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, licenciada *************. Doy fe.
- Principal
SentenciaJuárez, Chihuahua; veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 420/2019-I-1, y Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El cinco de abril de dos mil diecinueve, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se recibió la demanda de ******* la que fue turnada al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien lo radicó bajo el registro *******. El trece de mayo de dos mil diecinueve, el referido juzgador se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda, por lo que, ordenó su remisión a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre. De dicha incompetencia tocó conocer al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esa localidad, juzgador que en auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, determinó no aceptar la competencia, al establecer que el acto no corresponde a su jurisdicción. En auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, consideró no insistir en la incompetencia planteada, y decidió remitir la demanda de amparo a un Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, con morada en Juárez. Así, el cinco de junio de dos mil diecinueve, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, se recibió la demanda de ******* y el juicio de amparo ******* del índice del juzgador declinante, asunto que fue turnado a este juzgado en la misma data. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. Por auto de seis de junio de dos mil diecinueve, este juzgado se avocó al conocimiento del asunto, con la demanda se formó el expediente que registró el amparo indirecto 420/2019-I-1, se admitió el juicio de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia administrativa en el que se reclaman normas generales cuyo acto de aplicación tuvo lugar dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esa forma se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama: 1. Del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la discusión, expedición, aprobación y promulgación de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos, publicadas el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, específicamente el artículo 8, fracciones III y VI, así como el numeral 28, fracciones II, V y VI. 2. Del Secretario de Hacienda y Crédito Público, la aplicación del ordenamiento que se combate. Por ende, se tienen tales actos como los reclamados en esta instancia constitucional, de los que se procederá a su análisis. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, respectivamente, negaron discusión, expedición, aprobación y promulgación de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos, publicada el dieciséis de junio de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, específicamente del artículo 8, fracciones III y VI, así como el ordinal 28, fracciones II, V y VI; y su aplicación. Por su parte el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos negó la existencia de los actos reclamados consistentes en la discusión, aprobación y promulgación de las referidas Disposiciones administrativas de carácter general. La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que cuando las autoridades responsables niegan el acto que se les imputa, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza de los actos de que se trata. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, con la voz: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En la especie, se dio vista a la quejosa con el informe de las autoridades responsables de referencia, empero, omitió aportar algún medio de prueba para acreditar la certeza del acto que a cada una les endilga. Y, aun cuando anexas a la demanda y escrito aclaratorio se ofertaron algunos documentos, los mismos no son aptos e idóneos para acreditar la certeza de los actos reclamados a las autoridades arriba señaladas, de modo que no se prueba su existencia. Además, conviene indicar que es el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos quien cuenta con las atribuciones para regular a través de lineamientos, directrices, criterios y otras disposiciones administrativas de carácter general, de conformidad con la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. En esa medida, dada la inexistencia de los actos analizados, procedente sobreseer en el juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de la norma que se tilda de inconstitucional. El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con residencia en la Ciudad de México; al rendir su informe justificado aceptó la existencia de la emisión de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos, publicadas el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, específicamente del artículo 8, fracciones III y VI, así como el ordinal 28 fracciones II, V y VI. Para corroborar su dicho, la autoridad responsable remitió copias certificadas del expediente que contiene las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos, así como del expediente identificado con homoclave *******, y de diversos anexos y oficios. Sirve de apoyo la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, tomo II, con número de registro 1002815, cuyo rubro y texto son: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. De tal suerte que, se tiene como existente la emisión de las Disposiciones administrativas en comento; además, la certeza deriva no sólo del hecho de que así lo haya reconocido la autoridad responsable que rindió su informe justificado, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los ordenamientos relativos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por el artículo 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no son objeto de prueba, pues basta que estén publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Es aplicable al caso la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 191452, que se encuentra publicada en la página 260, del Tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 233090, publicada en la página 15, del Tomo 65, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del rubro y texto: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. QUINTO. Precisión especial. Este juicio de amparo se promovió en contra de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos, publicadas el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, con motivo de la aplicación concreta del artículo 8, fracciones III y VI, así como del numeral 28, fracciones II, V y VI, en perjuicio de la parte quejosa. De manera que, la técnica con la que se emprenderá el estudio del presente asunto es la que se expone a continuación: 1. En principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario del amparo la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada; y 2. De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Esto, encuentra apoyo en la jurisprudencia 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 235, tomo XII, agosto de dos mil, materia Constitucional, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 191311, que dispone: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. SEXTO. Análisis de las causas de improcedencia. La improcedencia del juicio de amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional, previo a estudiar de fondo la constitucionalidad de los actos reclamados, analiza, por ser una cuestión de orden público, la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, el que resuelve advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que el promovente no acreditó el acto concreto de aplicación de las normas que tilda de inconstitucionales, y que, por tanto, los lineamientos le causen perjuicio. En la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se establece lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.] Para estar en condiciones de analizar si se actualiza dicha causa, este órgano jurisdiccional estima conveniente precisar el contenido de los diversos ordinales 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo que, en lo conducente, disponen: 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. El primer artículo reproducido establece el tipo de interés que debe tener la parte afectada en el juicio de amparo, para que éste prospere, el cual se da en dos supuestos de procedencia: a) Cuando se aduzca ser titular de un derecho (interés jurídico); o b) Se afirme tener un interés legítimo individual o colectivo. En el primer caso, el gobernado alega que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución Federal y, con ello, se afecta su esfera jurídica, lo cual se traduce en que el particular necesariamente debe acreditar la titularidad del derecho que asegura es vulnerado por la autoridad responsable, esto es, debe demostrar su "interés jurídico". El Constituyente Permanente realizó una acotación en relación con los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, consistente en que la quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, deberá acreditar el "interés jurídico", excluyendo de esos casos el "interés legítimo". Lo anterior, se traduce en que la quejosa debe acreditar el "interés jurídico", es decir, demostrar que es titular de un derecho jurídicamente protegido, sin que en esas hipótesis aplique la connotación del "interés legítimo". En cambio, en el segundo supuesto el administrado aduce contar con un interés legítimo, individual o colectivo, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe precisar que a través de esta acción el particular pretende defender, principalmente, derechos difusos o colectivos (materia ambiental, protección al consumidor, etcétera). De esa manera, uno de los principales objetivos pretendidos con la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, fue precisamente permitir el acceso a la justicia, vía juicio de amparo, a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos de autoridad (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran acceder al procedimiento constitucional en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Es importante significar que, al acudir al juicio de amparo, la quejosa debe situarse en alguna de las referidas hipótesis jurídicas, esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, dado que no resultaría lógico ni jurídico que la parte quejosa aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente debe situarse en una hipótesis o en otra, pero no de manera concomitante. Por consiguiente, el órgano de control constitucional del conocimiento debe examinar, en cada caso, la naturaleza de los actos reclamados y la afectación que la parte accionante aduzca que producen en su esfera jurídica, ya sea como titular de un derecho o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; identificando de esa manera si le es exigible acreditar el "interés jurídico" o simplemente demostrar un "interés legítimo". Además, debe acreditar la existencia de una afectación, pues esto también constituye un presupuesto del juicio constitucional, de tal forma que por imperativo legal (artículo 5, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo), esa afectación debe ser real y actual a la esfera jurídica de quien dice ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Efectivamente, la afectación que se resienta en la esfera jurídica de quien promueve el juicio de amparo debe concretarse al quejoso, no ser abstracta, ser de realización pasada, presente o inminente y no simplemente eventual, aleatoria o hipotética, pues los actos probables no otorgan certeza de su realización; así, la afectación real y actual en la esfera de quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, exige un nivel de certidumbre que debe estar plenamente probado pues, se insiste, el imperativo de su existencia conlleva un requisito de procedencia del juicio de amparo. En resumen, la causa de improcedencia de que se trata, se actualiza cuando los actos de autoridad que se combaten en el juicio de amparo no inciden en forma alguna en la esfera jurídica del demandante. Ahora, tratándose de amparo contra leyes, la procedencia del juicio constitucional está sujeta a la existencia de un perjuicio inmediato y directo en los intereses jurídicos del particular, pero para que ello pueda surtir sus efectos es necesario que se acredite ser sujeto de ese derecho debidamente tutelado. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 286, con registro 900286, visible en la página 339, tomo I, del apéndice de 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que señala: INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. A pesar de que el juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en término de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4º. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico. Así como la jurisprudencia 2a./J.16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 206338, visible en la página 17, tomo 82, del mes de octubre de 1994, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la octava época, que establece: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. En ese sentido, para la impugnación de normas a través del juicio de amparo, debe quedar acreditado que se produjeron efectos en la esfera jurídica de quien solicita la protección constitucional, sea porque la entrada en vigor de las mismas los produzca de inmediato o porque dichos efectos se hayan producido por una actuación, por un acto de autoridad, o bien que tratándose de actos de particular vinculen al peticionario a la ley por actualizarse los supuestos de la norma. Así, para que surja el derecho de un particular para solicitar amparo en contra de una ley autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario que se individualice el efecto de la misma en aquel que lo promueve. Apoya lo citado la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 198200, visible en la página 5, tomo VI, del mes de julio de 1997, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época, que a la letra dispone: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. En efecto, tratándose del juicio de amparo indirecto o biinstancial, la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es procedente contra leyes u ordenamientos generales, que por su sola vigencia o con motivo del primer acto de aplicación, provoquen un agravio al quejoso. En esa tesitura, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo contra leyes y estar en condiciones de analizar el aspecto sustantivo de una norma legal, el quejoso debe probar que con la emisión de los preceptos legales controvertidos, se haya irrumpido en su individualidad al grado de ocasionarle un agravio, positivo o negativo, en su esfera jurídica. Agravio que, se reitera, puede causarse por la sola vigencia del ordenamiento legal o puede aplicarse, en su caso, de manera escrita o de hecho y que altere su ámbito de acción; sin embargo, es conditio sine qua non que la ley general, abstracta e impersonal, produzca sus efectos en forma particular, concreta y personal en el destinatario. Por ello, el análisis de la procedencia del juicio de amparo contra normas generales debe partir, necesariamente, del examen de su naturaleza para determinar así la oportunidad y condiciones en que pueden reclamarse. Así, pueden reclamarse en dos distintos momentos: 1. Dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en que entran en vigor, según lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, y 2. Dentro de los quince días siguientes a la actualización de alguna de las hipótesis previstas por el artículo 17 de la legislación en comento. Es decir, las leyes autoaplicativas se caracterizan por contener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen con independencia de la actualización de condición alguna. Las leyes heteroaplicativas se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de aplicación de la misma. Estas normas pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguiente al de su primer acto de aplicación, esto es, sólo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado, y no así con motivo de sus ulteriores aplicaciones. Conforme a lo anterior, la afectación sufrida por el gobernado, que posibilita la promoción del juicio de amparo, debe ser objetiva y actual al momento de la presentación de la demanda, es decir, para que la constitucionalidad de una norma legal pueda ser analizada en el juicio de amparo, debe incidir de manera directa en la esfera de derechos del gobernado, afectando una situación real y concreta. Así, para determinar la procedencia del amparo contra leyes, debe distinguirse entre normas legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquellas que requieren un acto concreto de aplicación para causarle afectación a los gobernados en su esfera jurídica. Sobre el particular, se atiende el criterio contenido en la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 103-108 Primera Parte, Materia Común, visible en la página 167, con registro 800694, que señala: LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por lo tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, únicamente puede reclamarse al través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma. Esta doble distinción de ordenamientos legales que la doctrina y la jurisprudencia de los Tribunales Federales han denominado autoaplicativos y heteroaplicativos, parte del supuesto formal de la obligatoriedad de la norma legal en relación con los gobernados, pues si una norma no produce por sí sola perjuicio en su contra, el ejercicio de la acción de amparo es improcedente, porque, como quedó anotado con antelación, se requiere de la presencia de un perjuicio o daño individual, concreto y directo. Luego, la ley tiene el carácter de autoaplicativa, cuando por su sola expedición es de observancia obligatoria y causa un perjuicio real que afecta la esfera jurídica del gobernado, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad para que el gobernado se encuentre en la situación prevista en la norma, pues su sola vigencia lo obliga. Lo anterior, de conformidad con el criterio de jurisprudencia VI. 2o. J/112, que emitió el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VII, abril de 1991, materia común, que se consulta en la página 107, con registro 223121, de rubro y texto siguientes: LEY AUTOAPLICATIVA. Para considerar una ley como autoaplicativa deben reunirse las siguientes condiciones: a) que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer; y, b) que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad. Por el contrario, la ley es heteroaplicativa cuando el solo inicio de su vigencia no coloca al gobernado en la situación prevista por la norma, sino que exige un acto posterior de aplicación, ya sea de la autoridad o de un particular, para que se genere la afectación en la esfera jurídica del destinatario. Así, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica regulada por determinados preceptos legales, que le otorgan los medios para lograr su defensa y la reparación del perjuicio irrogado por su desconocimiento o violación. En la especie, el accionante del amparo ******* reclama la que dice es la aplicación del artículo 8, fracciones III y VI, así como el numeral 28, fracciones II, V y VI, de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos; tal norma el accionante aduce le fue aplicada el trece de marzo de dos mil diecinueve, cuando realizó el pago de los aprovechamientos. Conviene traer a colación el contenido de las normas reclamadas, que disponen lo siguiente: 8. Los Regulados que busquen desarrollar un Proyecto de Expendio al Público de Gas natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos, deberán contar con la Autorización de la Agencia para implementar el Sistema de Administración en dicho Proyecto, previo al inicio de cualquier actividad considerada en las Etapas de Desarrollo. Para lo anterior, los Regulados deberán presentar a la Agencia la siguiente documentación e información: [.] III. Dictamen emitido por un Tercero autorizado por la Agencia que contenga el resultado de la evaluación técnica del Programa de Implementación aplicado a cada uno de los Proyectos por realizar, la cual deberá considerar lo dispuesto en el Anexo II, columna A de los presentes Lineamientos, así como lo establecido por su propio Sistema de Administración; este Dictamen deberá estar acompañado por el Programa de Implementación del Proyecto y los documentos que lo sustenten; IV. Datos de la persona o personas que integran el área responsable del Sistema de Administración del Regulado; [.] 28. Para obtener la Autorización del Sistema de Administración a implementar en un Proyecto, el Regulado deberá presentar a la Agencia la siguiente documentación: [.] II. Dictamen emitido por un Tercero autorizado por la Agencia que contenga el resultado de la evaluación técnica del Programa de Implementación aplicado al Proyecto por realizar, considerando lo dispuesto en los Anexos III, columna A y IV de los presentes Lineamientos, así como lo establecido por su propio Sistema de Administración; este Dictamen deberá estar acompañado por el Programa de Implementación del Proyecto y los documentos que lo sustenten; [.] V. Copia simple del permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía para realizar alguna o algunas de las actividades señaladas en el artículo 3 de los presentes Lineamientos, y VI. Original del comprobante de pago de derechos o aprovechamiento correspondiente, en su caso. [.] De la anterior transcripción se advierte que los artículos 8, fracciones III y VI, así como 28, fracciones II, V y VI, de las Disposiciones que se analizan son de observancia obligatoria para los regulados que realicen las actividades de expendio al público de gas natural, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo, y distribución y expendio al público de petrolíferos, por lo que, este juzgador estima su carácter es heteroaplicativo; es decir, requieren de un acto de aplicación, pues, para que se actualicen se requiere precisamente la realización de los trámites previstos en las propias Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos, así como, el ejercicio de las facultades de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. En razón de que el presupuesto jurídico que contiene la causa de improcedencia en comento -interés jurídico- representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio, pues si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, entonces no tendrá legitimación para instaurarlo; en consecuencia, cuando acude en demanda de amparo, debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resulta improcedente. Tiene aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 193-198, Primera Parte, Materia Constitucional, Común, que se consulta en la página 180, con registro 232266, que a la letra dice: INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. A pesar de que el juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en término de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico. Así como la diversa tesis de jurisprudencia 321, que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, Tomo: 205-216 Tercera Parte, visible en la página 173, con registro 237,261, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse solamente a base de presunciones. También sirve de apoyo, aplicada en sentido contrario la tesis aislada P. XXXIX/93, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 67, Julio de 1993, Materia Común, que se encuentra en la página 23, con registro 205558, que a continuación se inserta: AMPARO CONTRA LEYES. LA APLICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEMUESTRA SU INTÉRES JURÍDICO PARA RECLAMAR LOS QUE LE HAN SIDO APLICADOS, ASI COMO AQUELLOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPECÍFICO DENTRO DEL QUE SE UBICA. La aplicación a la parte quejosa de determinados preceptos de la ley cuya inconstitucionalidad reclama en el juicio de amparo, demuestra su interés jurídico para combatir tales preceptos, así como aquellos que, por la íntima relación que guardan sus disposiciones, puedan resultarle aplicables como consecuencia, es decir, todos aquellos que regulen el sistema específico dentro del que se ubique. Sin embargo, esto no significa que tenga, necesariamente, interés jurídico para combatir todo el cuerpo legal que contiene los preceptos que le fueron aplicados, pues el mismo puede regular hipótesis diversas, como podrían ser impuestos diferentes o contribuyentes diversos que se rigen por otro sistema, o bien hipótesis excluyentes entre sí, de manera tal que la aplicación de determinados preceptos implique, precisamente, la imposibilidad de aplicación de otros dispositivos del mismo ordenamiento legal. En la parte conducente, también corrobora lo dicho la tesis aislada que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 6, Primera Parte, Materia Común, consultable en la página 147, con registro 233908, del tenor siguiente: LEYES, AMPARO CONTRA LAS. NECESIDAD DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO. No es cierto que tratándose del amparo contra leyes, como el mismo se expide para afectar al patrimonio jurídico de la ciudadanía en general, de ninguna manera se requiera previamente la comprobación de ser titular de un derecho afectado por las mismas, pues ello equivaldría al reconocimiento de la existencia de una acción popular para reclamar la inconstitucionalidad de las leyes, sistema que no acepta nuestro derecho, sino que por el contrario, de acuerdo con la fracción I del artículo 107 constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; y por su parte, el artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o ley que se reclama, lo que significa que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la comprobación del interés jurídico del quejoso. Analizadas las constancias que se exhibieron en la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa no demostró que se hayan aplicado en su perjuicio los artículos 8, fracciones III y VI, así como 28, fracciones II, V y VI, de Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos. Se afirma lo expuesto, ya que la parte promovente tiene la carga de acreditar, de manera fehaciente, el acto concreto de aplicación de los artículos que impugna y que además esa aplicación le cause perjuicio, porque -como se dijo-, esto último constituye el presupuesto indispensable que le otorga la facultad de combatir la ley relativa. En la especie la accionante aportó como prueba los documentos siguientes: a) impresión del recibo de pago con número de operación 907212812895 realizado el trece de marzo de dos mil diecinueve, expedido por BBVA Bancomer; b) impresión del recibo de pago con número de operación 907212812824 realizado el trece de marzo de dos mil diecinueve, expedido por BBVA Bancomer; c) impresión del Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estaciones de Servicio número PL/3374/EXP/ES/2015 con código de respuesta rápida QR y firma electrónica y, d) impresión del Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estaciones de Servicio número PL/3370/EXP/ES/2015 con código de respuesta rápida QR y firma electrónica. En términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según lo estipulado por el numeral 2, de la Ley de Amparo, este juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y para determinar su valor. Las documentales que fueron ofertadas y presentadas como prueba no son idóneas para comprobar el acto de aplicación de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos. Se afirma lo anterior, porque en cuanto a los pagos solamente evidencian que el accionante erogó dos cantidades de dinero por el pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales, y no se puede llegar al conocimiento a qué tipo de contribuciones, productos y aprovechamientos se refiere del extenso catálogo que existe; tampoco se puede apreciar que en el texto de los pagos se establezca que específicamente corresponden a la aplicación de la norma impugnada. No obsta, que el propio quejoso aduzca que esas cantidades corresponden a las especificadas en la solicitud de registro, actualización, modificación y/o cancelación de la información de los trámites en el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios, porque aun cuando coincidiera, lo cierto es que no se tiene algún dato eficaz del que pueda inferirse esa concatenación con las Disposiciones reclamadas. Luego, por cuanto hace a los permisos de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio, únicamente acreditan que la Comisión Reguladora de Energía emitió a favor del quejoso ******* los permisos definitivos ******* y ******* para el expendio de petrolíferos en dos estaciones de servicio ubicadas en Ahumada, Chihuahua. De modo que, los tanto los pagos como los permisos únicamente son aptos para probar lo que en ellos se consigna, sin que prueben de forma fehaciente la aplicación de las disposiciones generales que se impugnan. Aquí conviene precisar que el accionante del amparo, en su demanda ofertó como medio electrónico y hecho notorio los anexos de Solicitud de registro, actualización, modificación y/o cancelación de la información de los trámites en el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios, emitidos con base en lo dispuesto en las Disposiciones reclamadas, sin embargo, tal probanza se desechó por las razones asentadas en el auto admisorio de seis de junio de dos mil diecinueve, sin que hubiese atacado esa determinación, por tanto, solo las pruebas antes analizadas son las que el quejoso tiene para acreditar su interés jurídico y como se ha dicho son ineficaces para tal fin. A mayor abundamiento cabe indicar que el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente a que se refiere el Capítulo III de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, mismos que son de observancia obligatoria para los Regulados que realicen las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos. En el Artículo Quinto Transitorio de las referidas Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos, establece que la Agencia Publicará un Programa para Registro y Autorización de Sistemas de Administración dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la fecha de la publicación de dichas Disposiciones. En razón a ello, es que el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa para el registro y autorización de Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos. En el referido programa, se estableció que todo ente regulado deberá, al ingresar la solicitud de Registro de la Conformación del Sistema de Administración, o la Solicitud de Autorización del Sistema de Administración, contar con los dictámenes correspondientes elaborados por un tercero autorizado. Para ello, disponen que los entes regulados que realicen actividades de expendio al público de Petrolíferos, Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo, que cuenten con permiso de la Comisión Reguladora de Energía antes de los ciento cincuenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividad de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos, deberán presentar simultáneamente y en un solo trámite la solicitud Registro de la Conformación y de Autorización del Sistema de Administración a implementar por cada Proyecto (instalación). De todo lo anteriormente narrado se aprecia que el accionante es omiso precisamente en adjuntar a su demanda la referida solicitud Registro de la Conformación y de Autorización del Sistema de Administración a implementar por cada Proyecto (instalación), para acreditar el acto de aplicación de las normas que reclama. En suma, se estima que el quejoso no demostró que el pago efectuado corresponda al trámite que se establece en las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividad de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos, ya que de su lectura no existe algún dato que así lo corrobore y omitió presentar alguna otra constancia de la que se infiera que tiene relación con el cobro de aprovechamientos descritos en la norma. De acuerdo con las reglas que rigen la procedencia del juicio de amparo contra leyes, lo que permite analizar la regularidad constitucional de una norma, es que efectivamente ésta haya trascendido a la esfera jurídica del particular de tal modo que le cause un perjuicio, pues de lo contrario, es improcedente; por tanto, si el quejoso no acreditó en autos la aplicación concreta en su perjuicio de los preceptos examinados en párrafos anteriores, es patente que carece de interés jurídico para cuestionar su constitucionalidad. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 4/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 194605, publicada en la página 103, tomo IX, febrero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Así como la jurisprudencia 2ª./J. 76/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196955, publicada en la página 374, tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE. Si se reclama la expedición, promulgación y publicación de una ley porque con base en ella se pretende cobrar a la quejosa determinados derechos, aun cuando los actos de las autoridades se hayan tenido por presuntivamente ciertos, si no se señala el acto de aplicación, sino simplemente se expresa que las ejecutoras tratan de aplicar la ley, como no se impugna propiamente el mencionado cuerpo legal por su aplicación concreta al caso especial de la quejosa, sino por su pretendida aplicación, sin que ésta se haya demostrado, debe sobreseerse en el juicio. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en tanto que ******* no acreditó el acto concreto de aplicación de las normas que impugnó relativas a las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividad de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos, lo que procede es sobreseer en el juicio por lo que se refiere a dichos artículos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 3a. LII/91 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Marzo de mil novecientos noventa y uno, página cincuenta, con registro 207025, que señala: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA ÚNICAMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA. No debe confundirse el carácter de autoaplicativa de la ley, con el interés jurídico para reclamarla en amparo, pues mientras que aquél se refiere a la obligatoriedad del mandato legal desde que entra en vigor, el segundo se relaciona con la afectación que el propio mandato origina a la parte quejosa; afectación que debe probarse, tomando en cuenta que el artículo 4o. de la Ley de Amparo previene que el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no es suficiente con que las disposiciones de la ley resulten obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, sino que es indispensable demostrar que el quejoso se encuentra en los supuestos de las normas que pretenda impugnar, ya que sólo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos del solicitante del amparo. Asimismo, el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 285, visible en la página 338, Tomo I, Constitucional, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, con registro 900285, cuyo texto y rubro son: INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA". Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. LVII/96, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, Materia Constitucional, Común, que se consultó en la página 124, con registro 200149, de rubro y texto siguiente: LEYES. EL ACTO DE APLICACIÓN QUE DETERMINA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DEBE CAUSAR PERJUICIO AL QUEJOSO. Para que proceda el amparo contra leyes con motivo de su primer acto de aplicación, no sólo se necesita demostrar la existencia de éste, sino también que tal aplicación sea en perjuicio del quejoso; por tanto, si en una solicitud que eleva como peticionario a la autoridad administrativa respectiva, invoca y se aplica el artículo cuestionado, resulta evidente que dicha autoaplicación es en su beneficio; de manera que será hasta que dicha autoridad conteste negándole lo solicitado cuando el particular sufra el perjuicio, y es a partir de la notificación de la negativa, que se dan las condiciones para promover el amparo conforme a los requisitos que establece el artículo 73, fracción VI, de la ley de la materia. Conviene apuntar que esta determinación no prejuzga sobre la legalidad de los actos reclamados a las autoridades responsables, ni limita la posibilidad de que la parte quejosa acuda ante las instancias competentes para deducir sus derechos, pues la conclusión a que arribó este Juzgado no involucra el estudio de fondo del citado acto reclamado. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por la parte solicitante de amparo. Es aplicable a esta consideración, la tesis II.3o. J/58 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, con registro 214593, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. En este contexto, resulta innecesario abordar el estudio de las diversas causas de improcedencia, pues no modificarían el sentido de la presente resolución. Resulta aplicable al presente caso, la jurisprudencia número 2a./J. 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 414, que señala lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución.Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve:ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 420/2019-I-1, promovido por ******* respecto de los actos reclamados Secretario de Hacienda y Crédito Público, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) por las razones a que se hizo referencia en el considerando tercero y quinto de este fallo.Notifíquese por lista a la parte quejosa, al no haber señalado domicilio en esta ciudad para tal efecto, así como, por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a las autoridades responsables.Lo resolvió y firma *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y de la certificación de cuenta, se advierte que con esta fecha se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, el treinta y uno de julio del año en curso, se dio vista con el informe justificado del Director General de Amparos contra Actos Administrativos en representación de la autoridad responsable Secretario de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México; por lo que, no han transcurrido los ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional, para que las partes tengan cabal conocimiento de dicho informe y puedan ofrecer pruebas y formular alegatos conforme a sus intereses convengan. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del dos de septiembre de dos mil diecinueve, para su desahogo. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época y número de registro 191995, del tenor literal siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de nueve de julio de dos mil diecinueve, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte del Director General de Amparos contra Actos Administrativos en representación de la autoridad responsable Secretario de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de nueve de julio de dos mil diecinueve, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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