Eddie David Pool Caamal

Expediente 1715/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1715/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Eddie David Pool Caamal

Actuaciones

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mérida, Yucatán, a las diez horas con once minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1715/2023-II, promovido por EDDIE DAVID POOL CAAMAL; y estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. Seguidamente, la Secretaria hace relación de la demanda de amparo; auto admisorio; asimismo, da cuenta con el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mismo que obra en autos. Acto seguido, la Jueza: Téngase por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad señalada como responsable, para ser relacionado y tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la prueba instrumental de actuaciones ofrecida por la parte quejosa junto con su demanda de amparo; así como con las documentales que remitió la autoridad responsable junto con su informe de Ley; a lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, en virtud de su especial naturaleza jurídica, las cuales serán tomadas en consideración como corresponda; sin más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Acto continuo, en el período de alegatos, se hace constar que la partes no ejercieron este derecho, por lo que la Jueza acuerda tener por cerrada dicha etapa. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar se declara visto el expediente para dictada la sentencia siguiente. ANTECEDENTES PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciocho de octubre del año en curso, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, ********************por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que hizo consistir en la omisión de emitir el laudo en el procedimiento laboral de origen 1285/2020. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de treinta de octubre del año que transcurre, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; asimismo, se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; y, finalmente se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la tiene verificativo el día de hoy, en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral, promovida contra actos de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que derivan del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos se obtiene el siguiente acto reclamado: - La omisión de dictar laudo en el juicio laboral 1285/2020, atribuido a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado del Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado. Lo que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente laboral de origen 1285/2020, que remitió la citada Junta responsable al rendir su informe justificado. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Atento a la técnica que rige el juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, debe, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, analizarse el tema de la procedencia del juicio de amparo, en términos de la parte final del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que a la letra, título y pie, señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, no existe causal de improcedencia propuesta por las partes, ni se advierte alguna que deba estudiarse de manera oficiosa, como lo prevé el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución General de la República, por lo que se procederá enseguida al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, sin que sea necesario transcribirlos, en virtud de que la Ley de Amparo no lo exige así, lo que se efectúa con apoyo en la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010. QUINTO. Estudio de fondo. En su único concepto de violación, la parte quejosa sostiene esencialmente que la autoridad responsable ha dejado de aplicar los artículos previstos en la Ley de Federal de Trabajo, en tanto que se ha excedido en la tramitación del juicio laboral y ha sido omisa en emitir el laudo, en franca violación al artículo 17 Constitucional, al no administrarle justicia pronta y expedita. Ahora bien, para resolver el resumido argumento, se toma en cuenta el contenido de los dos primeros párrafos del artículo 17 de la Constitución, que dicen: "Artículo 17. Ninguna podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial (...)". De la interpretación literal del párrafo segundo del precepto transcrito, se arriba a las siguientes conclusiones: a) Garantiza a los gobernados derechos relacionados con la administración de justicia, entre otros, el relativo a tener un acceso efectivo a la actividad de los tribunales; y, b) Prevé que la impartición de justicia se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. Ahora, el referido precepto constitucional no establece un plazo determinado para que las autoridades emitan sus respectivas resoluciones o realicen sus actuaciones; sin embargo, sí refiere que éstas se deben sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. Por tal motivo, en el caso examinado, la autoridad responsable debe sujetarse a lo dispuesto en la ley secundaria que rige su actuar, principalmente al contenido del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, que establece: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." En lo que interesa, el numeral transcrito prevé que el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esa Ley laboral. En el caso, consta que ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se tramita el juicio 1285/2020, promovido por el quejoso ********************en contra de "HACIENDA-HOTEL SOTUTA DE PEÓN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, desde el treinta de noviembre dos mil veinte. Misma que se radicó y seguido su cauce legal, se llevó a cabo la última actuación el quince de mayo de dos mil veintitrés, y no fue sino hasta que se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable el seis de noviembre del año en curso, que aquélla dictó el auto de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, en el que se declaró cerrada la instrucción. De lo que se evidencia que a la fecha en que se resuelve el presente juicio, no existe certificación de que se haya llevado a cabo el proyecto de resolución de laudo correspondiente, no obstante de que desde el quince de mayo de dos mil veintitrés, podía realizarse. Lo anterior en franca violación a las garantías consagradas en el artículo 17 Constitucional, de que se le imparta justicia conforme a los plazos y términos que fijen las leyes. De ahí que se dejó de acatar lo ordenado en el precepto legal invocado, pues ha transcurrido excesivamente el indicado plazo, sin que se hubiere emitido la resolución correspondiente, aun tomando en consideración los días inhábiles en que la Junta dejó de actuar con motivo de la suspensión de actividades debido al COVID-19, cuenta habida que ha dejado de actuar en el procedimiento de origen, puesto que antes de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, su última actuación fue el quince de mayo de dos mil veintitrés, sin que se advierta que hubiere hecho alguna otra actuación. Bajo esta tesitura, tenemos que dicha omisión por parte de la autoridad del trabajo responsable resulta violatoria de garantías, porque de conformidad con lo preceptuado por el artículo 17 Constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa y expedita, lo que no aconteció en el presente evento, pues la violación de la responsable incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la transgresión a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo. El criterio anterior encuentra apoyo, por las razones que la sustentan, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/2004, visible en la página 226, Tomo XIX, febrero de 2004, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compilada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente reza: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procésales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo." Por consiguiente, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, procede conceder la protección de la Justicia Federal contra el acto que se reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 1285/2020. Efectos de la concesión: Dicha concesión se otorga para el efecto de que, la Junta responsable, proceda de inmediato al dictado del laudo correspondiente en el juicio de origen 1285/2020. Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos del 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 1285/2020. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y un anexo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Se tiene por hecha la certificación de cuenta de la que se advierte que del diecinueve al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como días inhábiles con base en las circulares 28/3023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los avisos de suspensión de labores, emitidos por los Coordinadores de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con motivo del paro y las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos y la segunda certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que, en su único punto resolutivo, declaró que la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la parte quejosa, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; Gobernador del Estado de Yucatán, y a la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia Secretario de Seguridad Pública del Estado, para que en el plazo de tres días, siguientes a la notificación de este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, en los términos previstos en la sentencia. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, en el lapso señalado, se les impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258², en armonía con el diverso ordinal 238³, ambos del citado ordenamiento legal; en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como que se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Finalmente, agréguese a estos autos el escrito signado vía electrónica por Rosa Ángela Coba Cetina autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la ley de Amparo, y en atención a lo que solicita en el mismo, dígasele a la ocusante que se esté a lo acordado en líneas precedentes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

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