Dylan Yeshua Caamal Martín

Expediente 1458/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1458/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
15/12/2017

Partes del expediente

  • Dylan Yeshua Caamal Martín
  • Edilberto Javier Caamal Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veintiocho de noviembre pasado, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó la presente demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la presente demanda de amparo, y que por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    MESA VI.Vista la demanda de cuenta promovida por Edilberto Javier Caamal Rodríguez por sí y en representación de su menor hijo Dylan Yeshua Caamal Martín, contra el acto que reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado y de otra autoridad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que el quejoso reclama de la autoridad señalada como responsable, la orden de restricción 014/2017 dictada por la responsable Juzgado Segundo de Oralidad Familiar turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, el once de noviembre del presente año. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe tenerse en consideración que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no sería factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Tiene aplicación a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Sentado lo anterior, debe decirse que en el caso se advierte que, en relación al acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XVI. Contra actos consumados de un modo irreparable." Se afirma lo anterior, toda vez que la orden de protección impuesta al quejoso, fue con el carácter de emergencia y con una duración de setenta y dos horas; tal y como se advierte de la constancia de notificación, con sello y firma originales, que la parte quejosa anexo a su demanda como prueba. Documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser emitida por una autoridad en uso de sus funciones. Lo cual deja ver que dicha orden fue expedida el once de noviembre del presente año y la misma tuvo una duración de setenta y dos horas, por lo cual se concluye que los efectos de ésta dejaron de existir transcurrido ese término, esto es, a las quince horas del catorce de noviembre del presente año. Por tanto dicho acto consistente en la orden de protección 014/2017, se encuentra consumado de modo irreparable, toda vez que la misma tuvo existencia jurídica de las quince horas del once de noviembre de dos mil diecisiete hasta las quince horas del catorce de ese mismo mes y año. De este modo, resulta evidente que en este caso ha operado la citada causal de improcedencia, toda vez que por lo que respecta al acto reclamado, consistente en la orden de protección 014/2017 emitida por la ordenadora responsable el once de noviembre del presente año, ésta quedó consumada de modo irreparable desde el momento en que feneció su temporalidad. Ello, cuenta habida que de conformidad con el precepto legal en cita, así como con el diverso 77 de la legislación de la materia, se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo, porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra una orden de protección que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación alegada, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle los días que ya han pasado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de amparo, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen los derechos fundamentales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda promovida por Edilberto Javier Caamal Rodríguez por sí y en representación de su menor hijo Dylan Yeshua Caamal Martín, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61, del citado ordenamiento legal. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto en su demanda de amparo y como sus autorizado para tal fin en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Antonio Tzuc Escobedo, no así a Imelda María Pool Estrella y José Francisco Lara Flores, a quienes se les autoriza con las limitaciones que establece el citado numeral, lo anterior, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias inherentes a este asunto.

  3. Principal

    MESA II. Téngase por recibido y agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el original del expediente II.1201/2015, del índice de este Juzgado, y la copia certificada de las resoluciones pronunciadas en los tocas 348/2016 y 349/2014, de su índice, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por las parte quejosa y tercera interesada, contra la sentencia firmada el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, por este órgano jurisdiccional; en la primera ejecutoria en su primer punto resolutivo se advierte que la Superioridad revocó la sentencia recurrida, y en el segundo, ordenó reponer el procedimiento; y por lo que respecta a la segunda resolución se advierte que en su único punto resolutivo declaró sin materia el recurso interpuesto por la parte tercera interesada. En consecuencia, acúsese recibo; háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo; glósese a estos autos el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión en cita, únicamente con las constancias que no obren en autos. Como solicita la Superioridad en su oficio de cuenta, remítase las copias certificadas del testimonio de la sentencia pronunciada por el Tribunal Colegiado revisor, en los tocas 348/2016 y 349/2014 a la autoridad responsable ordenadora, para los efectos legales que correspondan. En acatamiento a la resolución emitida por la citada Superioridad, se fijan como nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Ahora bien, de conformidad con el artículo 5o, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se estima que le recae el carácter de tercero interesado, al Ministerio Público adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz; atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la citada ley de la materia, gírese atento oficio al citado Agente del Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal de origen, para efecto de hacerle saber la admisión de la demanda que nos ocupa, al que se adjuntará copia simple de ella e indíquesele que con tal carácter puede comparecer a juicio si a sus intereses conviniere, comunicándole la fecha y hora de la celebración de la audiencia constitucional precisada en párrafos anteriores.

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