Eddy Alan Villanueva Rodriguez

Expediente 509/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
509/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
18/05/2023

Partes del expediente

  • Eddy Alan Villanueva Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; dieciocho de mayo de dos mil veintitrés Visto el estado procesal de los presentes autos y toda vez que, de la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución constitucional dictada en los presentes autos; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la expresada resolución, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y definitiva; provéase respecto de la destrucción de dicho incidente, tal como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia. De conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, se determina que el incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, día y hora fijados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 509/2023-II promovido por EDDY ALAN VILLANUEVA RODRÍGUEZ. En audiencia pública, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado, ante la Secretaria Hilda Adriana Chan Canto, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. La Secretaria hace relación de las constancias de autos y da cuenta con la demanda, auto admisorio, constancia de notificación a la autoridad responsable, así como su informe justificado y la notificación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguidamente, la Jueza acuerda: se tiene por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la responsable, para ser relacionado y tomado en consideración como corresponda. En el período de pruebas se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa, así como las exhibidas por la responsable con su informe de ley. A lo que la Jueza acuerda: con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las probanzas de mérito, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, para ser tomadas en consideración como corresponda, y no habiendo pruebas pendientes por desahogar se declara cerrado este período. Acto continuo, en el periodo de alegatos, se da cuenta con las manifestaciones de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a lo que la Jueza acuerda: se tienen por formuladas para ser tomadas en consideración al momento de dictar el fallo con lo que se cierra esta etapa. Y al no existir diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo 509/2023-II, promovido por EDDY ALAN VILLANUEVA RODRÍGUEZ, contra el acto que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Estado, EDDY ALAN VILLANUEVA RODRÍGUEZ solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto que atribuyó al Secretario de Seguridad Pública del Estado. SEGUNDO. ADMISION DE LA DEMANDA. Por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés se admitió la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el 53/2013 y reformado y adicionado por el Acuerdo General 28/2016 del propio Pleno del Consejo citado, pues se reclama un acto con ejecución dentro de la circunscripción territorial donde esta juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTOS. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar los actos que por esta vía se reclaman. En ese sentido, la parte quejosa reclama: El aseguramiento del vehículo marca Nissan, tipo Xtrail, modelo 2012, con número de serie JN1AT18T8CW005435 y placas de circulación NMA-9256 del Estado de México, así como documentos y diversos artículos. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS. Es cierto el acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó el Director Jurídico de la aludida dependencia, al rendir su informe justificado, por lo que se tienen por existente. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Asimismo, la jurisprudencia número II.1o. J/5, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, la suscrita juzgadora estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al considerar que la parte quejosa no acredita el interés jurídico para instar el presente juicio de amparo. La fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5° fracción I, de dicho ordenamiento legal dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destaca la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. El interés jurídico plasmado en el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es considerado como uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de garantías, y debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Tales aspectos necesariamente deben conjugarse para cumplir con el presupuesto de procedencia de la causa constitucional por excelencia referida. Esto es, de faltar alguno, se está indefectiblemente en el supuesto de improcedencia descrito. Lo anterior porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, estar disfrutando de ese derecho sí afectado por la autoridad y no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, ya que en este último tópico se estaría en el caso de un interés simple. Por ello, es requisito sine qua non (sin el cual no), se reúnan ambos supuestos". Así como la jurisprudencia VI. 2o. J/87 del entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 364, del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Pues bien, respecto de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que de lo dispuesto por los numerales 5º de la Ley de Amparo, en relación con el reproducido 61, fracción XII, de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, pues, generalmente, la emisión de éste conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así pues, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del mismo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio fundamental (instancia de parte agraviada) se encuentra la prevista en la fracción XII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, el acto de autoridad cuya constitucionalidad se cuestiona no afecta los intereses jurídicos del quejoso, es decir, no lesiona la esfera de derechos de quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 590, del Tomo XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que también se comparte, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia." En este orden de ideas, se afirma que en la especie se actualiza la apuntada causa de improcedencia, ya que el aquí quejoso no aportó medio de convicción eficaz para acreditar fehacientemente el derecho de propiedad sobre el vehículo y demás bienes. Se afirma lo anterior, porque a tal efecto, únicamente exhibió copias simples de la factura ASENVO 2448, de dos de enero de dos mil doce, que ampara el vehículo Xtrail Advance Tela, expedida por Autos Sapporo, Sociedad Anónima de Capital Variable; Tarjeta de circulación expedida por el Gobierno del Estado de México, a nombre de Verónica Rivera Guerrero, del vehículo Nissan, X trail del vehículo con placas NMA 9256; de la licencia de conducir expedida por el Gobierno del Estado de México a favor de Eddy Alan Villanueva Rodríguez, una credencial para votar expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; las cuales, por tratarse de copias de sus originales sin certificación, esto es, copias simples, carece de valor probatorio pleno, por sí solas, para acreditar el extremo pretendido, dada la posibilidad de su alteración a través del empleo de los medios tecnológicos. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 21/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, Abril de 1998, página 213, que establece: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. Ello, porque dichos documentos no son los idóneos para acreditar la titularidad del vehículo que por esta vía defiende, pues las documentales presentadas solamente demuestran indiciariamente la existencia de dicho vehículo, pero no que el aquí quejoso sea el propietario del referido automotor, máxime cuando dicho documento tampoco se encuentra expedido a su favor. Además, respecto de los demás bienes que refiere, tampoco exhibe elemento alguno que arroje convicción a este Juzgadora respecto de su titularidad. En esa tesitura, al no haber justificado el aquí quejoso que efectivamente el vehículo y los bienes asegurados sean de su propiedad, ya que los elementos de convicción que aportó al presente sumario resultaron insuficientes para justificar su interés jurídico, ello trae como consecuencia que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; y por ende, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto a dicho acto reclamado. Amén de que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales, ha sostenido, que para que se pueda tener por acreditado el interés jurídico del quejoso en el juicio de amparo, éste debe acreditar fehacientemente que el acto que reclama trasciende a su esfera jurídica, tendiendo el impetrante de amparo la obligación de demostrar dicha circunstancia, ya que ésta no puede inferirse a base de presunciones. Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del al Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo: 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, cuyo rubro y contenido expresa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Luego, efectivamente se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la invocada ley de la materia. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la causa de improcedencia que se actualizó. Resultan aplicables al caso, la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por EDDY ALAN VILLANUEVA RODRÍGUEZ, contra el acto que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en el aseguramiento del vehículo marca Nissan, tipo Xtrail, modelo 2012, con número de serie JN1AT18T8CW005435 y placas de circulación NMA-9256 del Estado de México, así como documentos y diversos artículos, por los motivos expresados en el considerando cuarto de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado, asistida de Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    MESA VII. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de diecisiete de marzo en curso, contemplado en el artículo 97, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo. En consecuencia, se declara que dicho auto en el que se declaró prescrito el derecho de la parte quejosa para exigir la devolución del billete de depósito N-725906, por la cantidad de diez mil pesos, expedido por el entonces del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Por ende, en acatamiento a lo dispuesto en el punto seis de la circular II/2007, emitida el once de julio de dos mil siete, y signada por la entonces Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, por la que se precisa el procedimiento que se ha autorizado para la constitución y el manejo de los depósitos en dinero o en valores que se efectúen ante esos órganos Jurisdiccionales, en términos de lo previsto por la fracción III, del artículo 225 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás disposiciones aplicables, así como de conformidad con el primer párrafo del artículo 31, del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, el cual fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión de dos mayo de dos mil siete; remítase al Tesorero de la Federación, junto con el oficio que se le dirija, el billete de depósito en cuestión, debidamente endosado al Fisco Federal, así como copia certificada del auto de diecisiete de este propio mes y año, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea necesario dar aviso de la remisión del billete de depósito de que se trata a la Dirección General de Tesorería, ni a la Secretaría Técnica del Fondo, ambas del Consejo de la Judicatura Federal, debiéndose en cambio, comunicar dicho movimiento al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, con el fin de que haga el registro correspondiente en el mencionado sistema, para los efectos legales correspondientes, esto, en atención a lo establecido en el tercer párrafo del citado numeral 31 del mencionado Acuerdo General 17/2007, y en el punto siete de la referida circular II/2007. Finalmente, en cumplimiento a lo establecido en el citado Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su artículo 52, fracción V, extráigase copia del billete de que se trata, a fin de dejar constancia en el presente expediente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    MESA VII Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de diecisiete de marzo en curso, contemplado en el artículo 97, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo. En consecuencia, se declara que dicho auto en el que se declaró prescrito el derecho de la parte quejosa para exigir la devolución del billete de depósito N-862352, por la cantidad de cien pesos, expedido por el entonces del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Por ende, en acatamiento a lo dispuesto en el punto seis de la circular II/2007, emitida el once de julio de dos mil siete, y signada por la entonces Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, por la que se precisa el procedimiento que se ha autorizado para la constitución y el manejo de los depósitos en dinero o en valores que se efectúen ante esos órganos Jurisdiccionales, en términos de lo previsto por la fracción III, del artículo 225 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás disposiciones aplicables, así como de conformidad con el primer párrafo del artículo 31, del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, el cual fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión de dos mayo de dos mil siete; remítase al Tesorero de la Federación, junto con el oficio que se le dirija, el billete de depósito en cuestión, debidamente endosado al Fisco Federal, así como copia certificada del auto de diecisiete de este propio mes y año, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea necesario dar aviso de la remisión del billete de depósito de que se trata a la Dirección General de Tesorería, ni a la Secretaría Técnica del Fondo, ambas del Consejo de la Judicatura Federal, debiéndose en cambio, comunicar dicho movimiento al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, con el fin de que haga el registro correspondiente en el mencionado sistema, para los efectos legales correspondientes, esto, en atención a lo establecido en el tercer párrafo del citado numeral 31 del mencionado Acuerdo General 17/2007, y en el punto siete de la referida circular II/2007. Finalmente, en cumplimiento a lo establecido en el citado Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su artículo 52, fracción V, extráigase copia del billete de que se trata, a fin de dejar constancia en el presente expediente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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